“Los inmigrantes no agarran de Pennsylvania, nosotros le damos a Pennsylvania” Johanny Cepeda–Freytiz

“Nadie está por encima de la ley”, dice Alina Habba, fiscal interina de los Estados Unidos para el distrito de New Jersey, en su cuenta de X al comentar la detención de Ras Baraka, alcalde de Newark, NJ.

Para Ed Gainey, amigo de Baraka y alcalde de Pittsburgh “Estas tácticas se están utilizando para intimidar y silenciar a alcaldes, jueces y otros funcionarios locales que defienden a sus comunidades al obstaculizar el secuestro de residentes legales, la deportación de ciudadanos estadounidenses y la separación de familias”.

Baraka, demócrata postulante a gobernador de New Jersey, ignoró el 9 de mayo las advertencias del Departamento de Seguridad Nacional para retirarse del centro de detención de ICE en Newark, NJ durante una protesta, siendo detenido –y cinco horas después puesto en libertad– (el 15 de mayo se celebró audiencia judicial al respecto).

Delaney Hall, lugar de los hechos, es el establecimiento de reclusión de inmigrantes más grande de la costa este de Estados Unidos y fue reabierto en 2021.

Baraka, quien en marzo prometió cerrar las instalaciones, acudió al centro acompañado de tres congresistas demócratas de New Jersey (Rob Menéndez, LaMonica McIver y Bonnie Watson Coleman) y de un grupo de personas con megáfonos y carteles de protesta, para inspeccionar las instalaciones, que según la ciudad, están violando múltiples leyes. Tres días después –12 de mayo–, funcionarios de la ciudad regresaron al lugar para entregar notificaciones de infracción a los propietarios del centro.

Christopher Ferreira, portavoz de Geo Group, empresa que gestiona esta cárcel (y demandada por la ciudad de Newark), sostiene que este “es otro ejemplo lamentable de una campaña politizada por parte de políticos defensores de las ciudades santuario y de fronteras abiertas en New Jersey para interferir con los esfuerzos del gobierno federal para arrestar, detener y deportar a extranjeros ilegales peligrosos y delincuentes, de acuerdo con la ley federal establecida”.

La actual ley federal faculta, entre otros los pactos de ICE con la policía local, como el que se concretó en Camden, DE, donde la policía local firmó un acuerdo 287 (g) con ICE el 29 de abril permitiéndole aplicar las leyes federales de inmigración durante el curso de su trabajo normal.

En Delaware hay varios proyectos de ley pendientes en la legislatura estatal que protegerían a las comunidades inmigrantes del acoso en lugares sensibles, de la extracción de datos por parte de las autoridades migratorias federales.

Esta ha sido la primera vez que un municipio del Primer Estado firma un acuerdo de este tipo y el rechazo generado –incluyendo el de ACLU–ha sido tal, que el Departamento de Policía de Candem ha dado marcha atrás, rescindiendo el acuerdo apenas una semana después de firmado.

Según el rastreador de cooperación local con ICE elaborado por The Markup ni Delaware (después de la revocación de Candem), ni New Jersey tienen suscritos acuerdos de colaboración 287 (g) con ICE.

Pensilvania, sin embargo, tiene seis acuerdos 287 (g) activos y cuatro pendientes.

Bajo el programa 287 (g) hay tres modalidades de acuerdo entre las agencias de fuerzas de orden locales y ICE: Modelo de Control Penitenciario (“Jail Enforcement Model”) diseñado para identificar y procesar a extranjeros deportables, con cargos penales o pendientes, arrestados por agencias policiales estatales o locales. Modelo de Grupo de Trabajo (“Task Force Model”), sirve como multiplicador de fuerza para que las agencias policiales ejerzan su autoridad migratoria limitada bajo la supervisión de ICE durante sus labores policiales rutinarias y Programa de Oficiales de Servicio de Órdenes Judiciales (permite a ICE capacitar, certificar y autorizar a agentes policiales estatales y locales para entregar y ejecutar órdenes administrativas contra extranjeros en las cárceles de su agencia).

Los acuerdos activos en Pensilvania comprenden las oficinas de los alguaciles de los condados de Bradford y Franklin. Mientras el condado de Bradford solo tiene acuerdo tipo Programa de Oficiales de Servicio de Órdenes Judiciales (“Warrant Service Officer”), el condado de Franklin tiene acuerdo doble en el que además del anterior (“Warrant Service Officer»), tiene acuerdo bajo el modelo de Grupo de Trabajo (“Task Force”).

Según este mismo reporte, se encuentran pendientes de acuerdo en la Mancomunidad (en todos los casos bajo el modelo de “Task Force”) las oficinas del alguacil del condado de Bucks, y las oficinas de los alguaciles de los municipios de Derry, Preston y Sewickley.

Con el fin de influir en la toma de decisiones (o en su caso revocación) el pasado 5 de mayo más de 20 organizaciones comunitarias y funcionarios electos se dieron cita en el Capitolio de Pensilvania para exigir al gobernador Shapiro que tome medidas para proteger a las comunidades de inmigrantes de Pensilvania cesando la colaboración con ICE.

La representante estatal por el condado de Berks, Johanny Cepeda–Freytiz dijo en el acto que los inmigrantes son una parte vital de todas nuestras comunidades en todo el estado, desempeñando funciones esenciales, impulsando la innovación, la cultura y la comunidad. “Los inmigrantes no agarran de Pennsylvania, nosotros le damos a Pennsylvania”, dijo, animando a la concurrencia al grito de “Pa’lante, por un mundo más unido, más fuerte y más orgulloso”.

También defensores de los derechos de los inmigrantes se manifestaron el 7 de mayo en el Centro de Justicia del condado de Bucks, ubicado en Doylestown, exigiendo que el alguacil del condado se retire inmediatamente del programa 287 (g). Los asistentes comentaban que no se necesita que las fuerzas del orden locales ayuden a ICE a separar familias, sino que lo que realmente se necesita es una política de “Condado de Bienvenida”.

Esa misma idea estuvo presente el 15 de mayo en la manifestación realizada en Norristown durante la reunión de comisionados del condado en la que durante los comentarios públicos se pidió a los comisionados del condado que apoyasen los derechos de los inmigrantes con la aprobación de una política de «Condado de Bienvenida».

Organizaciones convocantes como Pennsylvania Immigration Coalition (PIC) justifican sus demandas en que la promulgación de una política de “Condado de Bienvenida” garantizará que los órganos de gobierno y empleados del condado no se comuniquen, compartan datos ni colaboren con ICE.

Para los líderes proinmigrantes del condado de Bucks el alguacil debe dejar de participar en el programa 287 (g) de ICE. También apoyan que el condado sea un “Condado de Bienvenida”.

Alex Domingos, estratega de defensa y políticas de ACLU-PA, señala que “Rechazamos rotundamente la dualidad entre buenos inmigrantes y malos inmigrantes”, añadiendo que “seguiremos asegurándonos de que nuestros recursos no se utilicen para alimentar la maquinaria de deportación y que, en cambio, permanezcan en nuestras comunidades”.