Vista de inmigrantes que han cruzado ilegalmente la frontera. EFE/Rick Loomis / Archivo

San Diego. – Una coalición de organizaciones civiles denunció en un informe este lunes que el centro de detenciones de Otay Mesa en California agrava el sufrimiento de los inmigrantes durante la pandemia de COVID-19 con el fin de obtener ganancias.

El Comité de Servicios de los Amigos Americanos (AFSC), Pueblo Unido y la Resistencia a las Detenciones indicaron en el informe “Agravar el sufrimiento durante una pandemia: un estudio sobre las fallas de detención del ICE” que tanto el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) como la empresa privada propietaria del centro de detenciones, CoreCivic, “exacerban el sufrimiento de las personas detenidas”.

La coalición integró en su informe testimonios de detenidos y prácticas de ese centro de detenciones, cerca de la frontera con México, en el cual pereció el primer inmigrante víctima de COVID 19 en detención, el salvadoreño Carlos Escobar Mejía, en mayo pasado.

Señala que pese a la pandemia, a menudo a Otay Mesa son trasladados detenidos contagiados de otras instalaciones y que es “imposible mantener una sana distancia” en el interior.

Pero también incluye testimonios de casos como el de un detenido que necesitaba su silla de ruedas, que le fue retirada por el ICE presuntamente por recomendación médica, “y como los detenidos tienen prohibido tocarse entre sí, el hombre pasaba las noches y los días sentado en el piso”.

El informe también se refiere al uso de la fuerza como represalia. Indica que el 10 de abril un grupo de guardias de CoreCivic ingresó a una unidad femenil de Otay Mesa a rociar con gas pimienta a las detenidas, quienes lejos de representar riesgo para las celadoras solo trataban de fabricarse mascarillas para protegerse de contagios.

“Entre las recomendaciones, pedimos que el estado de California deje de transferir presos de las cárceles del estado a los centros de detenciones y que Otay Mesa ofrezca alternativas a las detenciones para prevenir los contagios de COVID 19”, dijo a Efe el director del Proyecto Fronterizos de AFSC, Pedro Ríos.

Mencionó como alternativa a la detención que los detenidos puedan salir en libertad condicional y sigan sus procesos migratorios en las cortes.

Vanessa Ceceña, asistente de Derechos Humanos Fronterizos de AFSC, declaró que “la pandemia dejó claro que los legisladores deben hacer más para mantener a las agencias gubernamentales responsables del sufrimiento que fomentan y deben poner fin de inmediato a la detención”.

De acuerdo con datos del ICE, este lunes en Otay Mesa había 170 detenidos contagiados de COVID 19.

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