Fotografía de archivo de policías arrestando a indocumentados. (Foto: EFE/Kamil Krzaczynski)

Nueva York, EE.UU.– Una coalición de organizaciones en Nueva Jersey presentó una propuesta para convertir en ley la política de no cooperación de las autoridades locales con las de federales de inmigración, con miras a que sea un estado seguro para los miles de inmigrantes residentes.

Los grupos hicieron un llamado a los legisladores a apoyar la plataforma «Todos Bienvenidos a Nueva Jersey», que propone que las escuelas, hospitales y juzgados sean más seguros sin acceso para los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), y se aprueben políticas de confidencialidad para que no se compartan datos con ellos.

También que se eliminen términos «dañinos» como «alien” (extranjero o extraño) del lenguaje estatal para que las leyes afirmen el derecho a la pertenencia y la inclusión.

«Nueva Jersey tiene la responsabilidad de ir más allá en su afirmación de que los inmigrantes son bienvenidos», indicaron.

De acuerdo con datos de la New Jersey Alliance for Immigrant Justice, más de 1.000 inmigrantes han sido deportados de Nueva Jersey en cada uno de los últimos cuatro años.

Según esos datos, Nueva Jersey tiene la quinta mayor acumulación de casos pendientes ante los tribunales de inmigración con 69.788 casos esperando audiencia, lo que puede tardar meses o años.

A febrero de este año, el tiempo promedio que los casos han estado esperando una decisión de la corte de inmigración era de 1.053 días, casi tres años.

Aunque los inmigrantes han arriesgado sus vidas como trabajadores esenciales durante la pandemia, las detenciones y deportaciones han continuado, comprometiendo la salud pública, separando familias y desestabilizando comunidades, denunciaron.

Aseguraron durante la conferencia de prensa, en la que inmigrantes como Juli o familiares de detenidos contaron sus historias, que a pesar de que en 2018, el fiscal general del estado, Gurbir Grewal, limitó la cooperación con las autoridades federales de inmigración, algunos policías no han cumplido esa disposición.

«Llamé a la policía para pedir ayuda por una discusión con mi hija y el policía me presentó cargos, aunque ella no quería, y me arrestó», recordó Juli, y aunque el juez desestimó posteriormente los cargos, fue detenida por el ICE en la corte y llevada a un centro de detención.

«Después de lo que me pasó con la policía local, no sé a quién llamar cuando necesito ayuda», afirmó.

La propuesta busca que se corrijan las lagunas en la directriz de la Fiscalía y que se convierta en ley para evitar situaciones como esa.

«En Nueva Jersey, todos los residentes deben sentirse seguros yendo a la escuela, luchando por sus derechos en los tribunales o buscando atención en los hospitales», afirmó Amy Torres, directora ejecutiva de New Jersey Alliance for Immigrant Justice.

Indicó que cada residente debe verse incluido en el lenguaje estatal sin palabras como «extranjero» ni temer por su seguridad porque sus líderes locales reciben dinero de los contratos del ICE con prisiones locales.

La coalición busca que otra propuesta que presentaron y que ya está en manos de la legislatura, y se espera esta semana sea llevada a votación, sea aprobada para que no se renueven los contratos del ICE con las cárceles en los condados de Elizabeth y Essex.

El estado cuenta con otra cárcel usada por el ICE, la del condado de Hudson, y en las tres, aseguran, se violan los derechos humanos de los inmigrantes. Sin embargo, la de Hudson no está incluida en la propuesta de ley porque el contrato no tiene fecha de expiración.

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