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Siguen las protestas por el mal manejo de NPSD ante el asalto brutal a una estudiante de 12 años, mientras se complica el caso de quien la atacó

Este martes 23 de abril, por la mañana se manifestaron frente al edificio de la oficina central del Distrito Escolar de North Penn, pidiendo respuestas. (Foto: Impacto staff)

Siguen las protestas por el mal manejo de NPSD ante el asalto brutal a una estudiante de 12 años, mientras se complica el caso del atacante

REPORTE ACTUALIZADO

La adolescente de 13 años, que se identifica como mujer, acusada de atacar brutalmente a otra estudiante en el Distrito Escolar de North Penn (NPSD) ahora puede enfrentar otra acusación.

El lunes, durante su primera audiencia en el tribunal de menores, la adolescente arrojó una gran jarra de agua, según el jefe de policía de Upper Gwynedd Township, David Duffy.

El acto de violencia supuestamente se produjo después de que un juez dictaminara que la acusada de golpear brutalmente a una niña de 12 años, debía ser detenida en el Centro de Detención Juvenil del Condado de Montgomery en Eagleville debido al violento ataque en la escuela.

“El juez ordenó que el menor fuera detenido en el Centro Juvenil”, dijo el jefe de policía de Upper Gwynedd, David Duffy, en respuesta a una consulta de la prensa por correo electrónico el lunes por la noche. “Al escuchar esto, agarró una jarra de agua cercana, se la arrojó a los agentes del sheriff y se resistió a ser esposado”. Duffy dijo que el adolescente fue rápidamente inmovilizado y nadie resultó herido y que no estaba seguro si el estudiante de secundaria enfrentará nuevos cargos por el incidente del lunes.

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Montgomery ha dicho a la prensa que no puede revelar detalles sobre la audiencia del lunes porque el estudiante acusado es un menor.

“Si el menor recibe cargos adicionales por eso, depende del departamento del sheriff y de la oficina del fiscal del distrito”, reveló Duffy.

La mañana del martes 23, se hizo pública una orden restrictiva para no dar a conocer la identidad del estudiante atacante ni la de sus familiares.

Durante el primer procedimiento judicial del caso, el juez del condado de Montgomery emitió una orden de protección para salvaguardar la identidad del menor.

El fallo se produjo luego de la audiencia de detención en la división juvenil del Tribunal de Apelaciones Comunes del Condado de Montgomery.

«Ninguna parte, individuo o entidad puede publicar información de identificación… el nombre de nacimiento, el nombre elegido, si corresponde, los nombres de los miembros de la familia, la fecha de nacimiento, la dirección residencial o cualquier otra información que pueda conducir razonablemente a la identificación del menor y/o o la familia del menor», dice la orden. «Esta Orden protectiva se ingresa para salvaguardar la protección del menor, incluidos, entre otros, el bienestar, la seguridad y la privacidad emocional, física y mental del menor».

«El menor se encuentra actualmente bajo custodia en el Centro Juvenil del Condado de Montgomery» y Duffy agregó que se someterá a una evaluación en aproximadamente una semana para determinar si su estadía en el centro será más larga.

No está claro exactamente qué cargos se presentarán contra la atacante y aún no se ha anunciado la próxima fecha de la audiencia.

El asalto por el cual está siendo procesada, ocurrió alrededor de las 13:20 horas del pasado miércoles 17 de abril durante el almuerzo de séptimo grado en Pennbrook Middle School.

La policía y los funcionarios escolares dijeron que la víctima, una niña de 12 años, estaba caminando cuando la atacante corrió hacia ella y comenzó a golpearla repetidamente en la parte posterior de la cabeza con el vaso de metal.

La víctima fue atendida por personal de emergencia en el lugar y luego trasladada en ambulancia al hospital, donde fue tratada con puntadas en la cabeza y se recupera en casa bajo el protocolo de conmoción cerebral.

Al día siguiente, durante la reunión pública de Junta Escolar de NPSD estudiantes dijeron que habían advertido al distrito que se avecinaba el ataque y los padres están indignados porque el distrito no hizo lo suficiente para detener el asalto.

Captura de pantalla durante la audiencia pública de la Junta Escolar de NPSD.

Las cámaras de vigilancia de ese día mostraron a la víctima siendo atacada por detrás, tomada por el cabello golpeándola repetidamente en la mesa y en la nuca con un vaso de metal.

Un guardia de seguridad se abalanzó sobre quien la agredió y retuvo a la víctima durante varios segundos más. Una vez que la niña fue liberada, en el video se puede ver a una maestra protegiéndola y acompañándola hacia un pasillo. Otros niños en la cafetería parecieron atónitos al presenciar todo.

“Estaba almorzando y, de repente, escuché todos esos gritos y a todos corriendo”, dijo una estudiante, en la audiencia de la junta escolar del jueves pasado. «Veo a XXX corriendo detrás de alguien, y todos gritan y corren… Tuvimos que sentarnos allí y verlos limpiar la sangre de esas mesas y el suelo, y tuvimos que verlos sacarla con sangre goteando por su cara, y nunca lo olvidaré».

Según testimonios de varios estudiantes y padres de familia, informaron a la escuela sobre las amenazas del atacante, e inclusive horas antes del asalto, haciendo referencia a una específica lista de objetivos en la cual no se encontraba la niña que fue agredida.

Según un testimonio de un estudiante que estaba presente, la agresora había estado retenida en las oficinas de la escuela, pero a la hora del almuerzo estaba lamentandose, cuando llegaron por ella y se la llevaron de vuelta, pero poco tiempo después regresó y fue cuando se le abalanzó a la estudiante de séptimo grado.

«Esto era evitable y el distrito realmente no logró proteger a los estudiantes de Pennbrook», dijo un padre en la reunión. «¿Qué se supone que debemos decirles a nuestros hijos después de esto? ¿Cómo lo envío de regreso a la escuela?»

«Simplemente no sé qué salió mal. ¿Cómo se llegó a este punto? Me gustarían respuestas al respecto», añadió otro padre.

El distrito escolar no respondió a ninguna de las preguntas de los padres en la reunión, porque están impedidos por el momento a hacerlo por las implicaciones legales.

El día del ataque, el director de la escuela, Nick Taylor, envió una carta a los padres para avisar sobre “un altercado físico que involucro a dos estudiantes” que dice en parte: «La seguridad de nuestros estudiantes es de suma importancia… Pido que los padres hablen con sus hijos sobre las consecuencias de las peleas». Y envió el código de disciplina de NPSD.

“Esto no es una pelea, fue un asalto” replicaron varios padres, quienes reportaron que sucedió después de que el presunto atacante llevaba solo tres días en la escuela y desde el día uno, varios alumnos acudieron con la consejera Colleen Fattori a denunciar las amenazas, pero según los reportes, aunque ella aseguró que estaba bajo control, evidentemente no fue así.

El superintendente Todd Bauer, negó que la estudiante haya sido transferida a esta escuela luego de haber sido expulsada por comportamiento violento en otra escuela, pero según varios testimonios de padres y otros estudiantes, si había estado recorriendo varias escuelas alternativas en el distrito, que tienen alumnos con diversos problemas, entre ellos de conducta, para que tuviera acceso al ambiente y al personal especializado en las dificultades específicas que enfrenta.

En algo en lo que coincidan casi todos los manifestantes es en la necesidad de que renuncien todos los que de alguna u otra manera tomaron las decisiones para que este ataque prevenible, no se evitara. (Foto: Impacto/Staff)

Según un  reporte  de ABC6, Stefan Ross dice que su hijo fue a la escuela anterior del estudiante. «La persona salió de los árboles y blandió un cuchillo contra mi hijo y su amigo», dijo sobre un incidente que supuestamente ocurrió fuera del recinto escolar.

El lunes, los estudiantes de la escuela vestían de rojo en solidaridad con la víctima, y el martes padres, alumnos y hasta abuelos, protestaron junto al edificio del distrito, sosteniendo carteles con mensajes como «Nuestros niños merecen algo mejor».

(Foto: Impacto/Staff)

La protesta fue convocada desde las redes sociales, y por un par de horas estuvieron dando entrevistas a la presa, y demandando que NPSD haga los cambios que se necesitan para priorizar la seguridad de los alumnos sobre cualquier asunto, y reforzar la disciplina en todos los niveles, sin hacer diferencias ni preferencias.

Padres y alumnos aseguran que no es la primera vez que han tolerado conductas inaceptables para otros alumnos, pero no para quienes forman parte de grupos específicos como los que forman parte de la comunidad LGBTQ+.

Una de las protestantes quien se identifica como hombre, dijo que no importa de que género seas, si no lo que hagas, y que reprobaba el ataque del que fue víctima la niña, y dijo sentirse inseguro en la escuela y ahora más.

En algo en lo que coincidían casi todos los manifestantes es en la necesidad de que renuncien todos los que de alguna u otra manera tomaron las decisiones para que este ataque prevenible, no se evitara, en especial a  Dra. Megan McGee-Heim responsable de educación especial del distrito.

El superintendente escolar de North Penn, Todd Bauer, emitió una declaración al respecto: «Por supuesto, somos conscientes de la protesta planeada y queremos escuchar sus inquietudes. Nuestro superintendente ha hablado con el organizador, se ha ofrecido a reunirse en persona y esa reunión está programada. La única información que podemos publicar en este momento sobre el incidente de la semana pasada en particular se publica en nuestro sitio web. Si hay más información, detalles o actualizaciones, también lo publicaremos en npenn.org».

La protesta fue convocada desde las redes sociales, y por un par de horas estuvieron dando entrevistas a la prensa, y demandando que NPSD haga los cambios que se necesitan para priorizar la seguridad de los alumnos sobre cualquier asunto. (Foto: Impacto/Staff)

Anteriormente había comunicado que: «El distrito está colaborando con las autoridades locales y su investigación mientras trabajamos para garantizar que algo como esto no pueda volver a suceder en nuestras escuelas. Tal comportamiento no tiene lugar en nuestras escuelas». «Ustedes esperan algo mejor, nosotros esperamos algo mejor y ciertamente yo también».

El pasado domingo en la carta más reciente del superintendente de North Penn a las familias, reconoció que hay muchos detalles que no puede compartir, señalando que podrían ser frustrantes, pero citando el derecho al debido proceso y la confidencialidad.

Detalló diez pasos que tomará la escuela para evitar que la historia se repita.

Entre ellos: contratar un investigador externo, organizar un foro de seguridad escolar y sesiones de escucha, utilizar recursos nacionales y del condado, reforzar la capacitación y desarrollar comités de seguridad estudiantil, así como un grupo para identificar áreas de mejora.

Además, dijo que todos los departamentos de policía locales estaban ansiosos por apoyar la solicitud de visitar los edificios con mayor regularidad.

Dice que estos esfuerzos se discutirán en la reunión del comité de escuelas seguras el próximo lunes 29 de abril por la tarde.

Autoridades dicen que la masacre en el norte de México está ligada al tráfico de personas

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Fotografía que muestra a migrantes en la frontera con Estados Unidos, el 20 de abril de 2024 en Ciudad Juárez (México). EFE/Luis Torres

Ciudad Juárez (México).- Masacre de nueve cuerpos que fueron encontrados desnudos y apilados al norte de la ciudad de Chihuahua (noroeste) pueden estar vinculados a la lucha por controlar el tráfico de migrantes en la zona, según advirtieron autoridades del estado de Chihuahua.

“Lo que tenemos de antecedentes de casos donde hemos encontrado personas sin vida en esa zona puede estar relacionado directamente al tráfico de personas, no queremos adelantarnos, pero hay un dato que sí nos da esa posibilidad”, indicó Gilberto Loya Chávez, secretario de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, en declaraciones periodistas.

Loya subrayó que el problema es tan grave que más de la mitad de los homicidios ocurridos en Juárez están relacionados con el tráfico de personas y agregó que no se descarta la presencia del grupo criminal venezolano Tren de Aragua, lo que estaría generando la pelea por el tráfico de migrantes en la región.

El domingo, a las 7:30 hora local (13:30 GMT), la policía estatal recibió un reporte de varios cuerpos apilados a la orilla de la carretera de Chihuahua a Juárez. Aunque en un principio se informó de ocho, las autoridades elevaron este lunes la cifra a nueve, todos ellos aún sin identificar.

Uno de los cuerpos tenía un mensaje clavado en el pecho con un puñal que decía: “Chihuahua tiene dueño”.

“Esa pugna la estamos diciendo desde hace tiempo, inclusive lo decíamos en Ciudad Juárez, más del 50 % de los homicidios están relacionado a esta pugna de delincuentes por el tráfico de personas”, subrayó Loya.

En este sentido, indicó que la autoridad federal debe intervenir ante el cada vez mayor impacto de la migración sobre la inseguridad en el estado fronterizo con Estados Unidos.

Por su parte, el fiscal general del Estado de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, dijo que estas personas podrían estar vinculadas con un reporte de secuestro de migrantes que se dio a conocer desde el jueves pasado.

“Parece indicar que detrás del evento estamos ante la presencia de nuevo de la disputa por el tráfico de personas, vamos a ver si se robustece con los elementos que están saliendo tanto de la identificación como de los otros datos que se están saliendo en la investigación”, aseveró.

También dijo que los datos colectados en el lugar de los hechos ya les permiten suponer qué grupo perpetró la masacre.

“Tenemos elementos que nos dicen a qué grupo del crimen organizado pueden pertenecer las personas que perpetraron estos hechos, no me voy a adelantar, pero una vez que se robustezca la hipótesis que tenemos vamos a dar a conocer la información”, aseguró Jáuregui Moreno.

El fiscal ha señalado varias veces que el aumento de los secuestros y los asesinatos en Chihuahua tienen mucho que ver con el fenómeno migratorio y el hecho de que el crimen organizado ha tomado el tráfico de personas como otro de sus negocios.

What to know in the Supreme Court case about immunity for former President Trump

Supreme Court
Members of the Supreme Court sit for a new group portrait following the addition of Associate Justice Ketanji Brown Jackson, at the Supreme Court building in Washington, on Oct. 7, 2022. Bottom row, from left, Associate Justice Sonia Sotomayor, Associate Justice Clarence Thomas, Chief Justice of the United States John Roberts, Associate Justice Samuel Alito, and Associate Justice Elena Kagan. Top row, from left, Associate Justice Amy Coney Barrett, Associate Justice Neil Gorsuch, Associate Justice Brett Kavanaugh, and Associate Justice Ketanji Brown Jackson. The core issue being debated before the Supreme Court on April 25, 2024, boils down to this: Whether a former president is immune from prosecution for actions taken while in office — and, if so, what is the extent of the immunity? (Photo: AP/J. Scott Applewhite)

The Supreme Court has scheduled a special session to hear arguments over whether former President Donald Trump can be prosecuted over his efforts to undo his 2020 election loss to President Joe Biden.

The case, to be argued Thursday, stems from Trump’s attempts to have charges against him dismissed. Lower courts have found he cannot claim for actions that, prosecutors say, illegally sought to interfere with the election results.

The Republican ex-president has been charged in federal court in Washington with conspiring to overturn the 2020 election, one of four criminal cases he is facing. A trial has begun in New York over hush money payments to a porn star to cover up an alleged sexual encounter.

The Supreme Court is moving faster than usual in taking up the case, though not as quickly as special counsel Jack Smith wanted, raising questions about whether there will be time to hold a trial before the November election, if the justices agree with lower courts that Trump can be prosecuted.

The justices ruled earlier this term in another case that arose from Trump’s actions following the election, culminating in the Jan. 6, 2021, attack on the U.S. Capitol. The court unanimously held that states could not invoke a provision of the 14th Amendment known as the insurrection clause to prevent Trump from appearing on presidential ballots.

Here are some things to know:

WHAT’S THE ISSUE?

When the justices agreed on Feb. 28 to hear the case, they put the issue this way: “Whether and if so to what extent does a former President enjoy presidential immunity from criminal prosecution for conduct alleged to involve official acts during his tenure in office.”

That’s a question the Supreme Court has never had to answer. Never before has a former president faced criminal charges so the court hasn’t had occasion to take up the question of whether the president’s unique role means he should be shielded from prosecution, even after he has left office.

Both sides point to the absence of previous prosecutions to undergird their arguments. Trump’s lawyers told the court that presidents would lose their independence and be unable to function in office if they knew their actions in office could lead to criminal charges once their terms were over. Smith’s team wrote that the lack of previous criminal charges “underscores the unprecedented nature” of what Trump is accused of.

NIXON’S GHOST

Richard Nixon resigned the presidency in disgrace nearly 50 years ago rather than face impeachment by the House of Representatives and removal from office by the Senate in the Watergate scandal.

Both Trump’s lawyers and Smith’s team are invoking Nixon at the Supreme Court.

Trump’s team cites Nixon v. Fitzgerald, a 1982 case in which the Supreme Court held by a 5-4 vote that former presidents cannot be sued in civil cases for their actions while in office. The case grew out of the firing of a civilian Air Force analyst who testified before Congress about cost overruns in the production of the C-5A transport plane.

“In view of the special nature of the President’s constitutional office and functions, we think it appropriate to recognize absolute Presidential immunity from damages liability for acts within the ‘outer perimeter’ of his official responsibility,” Justice Lewis Powell wrote for the court.

But that decision recognized a difference between civil lawsuits and “the far weightier» enforcement of federal criminal laws, Smith’s team told the court. They also invoked the high court decision that forced Nixon to turn over incriminating White House tapes for use in the prosecutions of his top aides.

And prosecutors also pointed to President Gerald Ford’s pardon of Nixon, and Nixon’s acceptance of it, as resting “on the understanding that the former President faced potential criminal liability.”

TIMING IS EVERYTHING

The subtext of the immunity fight is about timing. Trump has sought to push back the trial until after the election, when, if he were to regain the presidency, he could order the Justice Department to drop the case. Prosecutors have been pressing for a quick decision from the Supreme Court so that the clock can restart on trial preparations. It could take three months once the court acts before a trial actually starts.

If the court hands down its decision in late June, which would be the typical timeframe for a case argued so late in the court’s term, there might not be enough time to start the trial before the election.

WHO ARE THE LAWYERS?

Trump is represented by D. John Sauer, a former Rhodes Scholar and Supreme Court clerk to Justice Antonin Scalia. While serving as Missouri’s solicitor general, Sauer won the only Supreme Court case he has argued until now, a 5-4 decision in an execution case. Sauer also filed legal briefs asking the Supreme Court to repudiate Biden’s victory in 2020.

In addition to working for Scalia early in his legal career, Sauer also served as a law clerk to Michael Luttig when he was a Republican-appointed judge on the Richmond, Virginia-based federal appeals court. Luttig joined with other former government officials on a brief urging the Supreme Court to allow the prosecution to proceed. Luttig also advised Vice President Mike Pence not to succumb to pressure from Trump to reject some electoral votes, part of Trump’s last-ditch plan to remain in office.

The justices are quite familiar with Sauer’s opponent, Michael Dreeben. As a longtime Justice Department official, Dreeben argued more than 100 cases at the court, many of them related to criminal law. Dreeben was part of special counsel Robert Mueller’s investigation of Russian interference in the 2016 election and joined Smith’s team last year after a stint in private practice.

In Dreeben’s very first Supreme Court case 35 years ago, he faced off against Chief Justice John Roberts, then a lawyer in private practice.

FULL BENCH

Of the nine justices hearing the case, three were nominated by Trump — Amy Coney Barrett, Neil Gorsuch and Brett Kavanaugh. But it’s the presence of a justice confirmed decades before Trump’s presidency, Justice Clarence Thomas, that’s generated the most controversy.

Thomas’s wife, Ginni Thomas, urged the reversal of the 2020 election results and then attended the rally that preceded the Capitol riot. That has prompted calls for the justice to step aside from several court cases involving Trump and Jan. 6.

But Thomas has ignored the calls, taking part in the unanimous court decision that found states cannot kick Trump off the ballot as well as last week’s arguments over whether prosecutors can use a particular obstruction charge against Capitol riot defendants. Trump faces the same charge in special counsel Jack Smith’s prosecution in Washington.

Pennsylvania’s primary will cement Casey, McCormick as nominees in battleground US Senate race

This photo combo shows. Republican David McCormick, left, addressing supporters at the Heinz History Center in Pittsburgh, Sept. 21, 2023 and Sen. Bob Casey, D-Pa., speaking during an event at AFSCME Council 13 offices, March 14, 2024, in Harrisburg, Pa.. (Photo: AP/Gene J. Puskar, Marc Levy/File)

HARRISBURG, Pa. — Tuesday’s Pennsylvania primaries will cement the lineup for a high-stakes U.S. Senate race between Democratic Sen. Bob Casey and Republican challenger David McCormick, a contest that is expected to cost hundreds of millions of dollars and could help decide control of the Senate next year.

Casey, seeking his fourth term, is perhaps Pennsylvania’s best-known politician and a stalwart of the presidential swing state’s Democratic Party — the son of a former two-term governor and Pennsylvania’s longest-ever serving Democrat in the Senate.

McCormick is a two-time Senate challenger, a former hedge fund CEO and Pennsylvania native who spent $14 million of his own money only to lose narrowly to celebrity heart surgeon Dr. Mehmet Oz in 2022’s seven-way GOP primary. Oz then lost to Democratic Sen. John Fetterman in a pivotal Senate contest.

This time around, McCormick has consolidated the party around his candidacy and is backed by a super PAC that’s already reported raising more than $20 million, much of it from securities-trading billionaires.

McCormick’s candidacy is shaping up as the strongest challenge to Casey in his three reelection bids. McCormick, intent on shoring up support in the GOP base, told an audience of conservatives in suburban Harrisburg earlier this month that he tells people “you’re going to agree with about 80% of what I say … but we disagree 90% of the time with the crazy progressive left that’s destroying our country.”

The Senate candidates will share a ticket with candidates for president in a state that is critical to whether Democrats can maintain control of the White House and the Senate. President Joe Biden and former President Donald Trump are expected to win their party nominations easily now that all major rivals have dropped out.

Of note, however, could be the number of “ uncommitted ” write-in votes cast in the Democratic primary to protest Biden’s handling of the Israel-Hamas war.

In the Senate contest, Democrats have attacked McCormick’s opposition to abortion rights, his frequent trips to Connecticut’s ritzy “Gold Coast ” where he keeps a family home, and the focus on investing in China during his dozen years as an executive at the hedge fund Bridgewater Associates, including as CEO.

Casey has been a key player for Democrats trying to reframe the election-year narrative about the economy by attacking “greedflation” — a blunt term for corporations that jack up prices and rip off shoppers to maximize profits — as fast-rising prices over the past three years have opened a big soft spot in 2024 for Democrats. Recent indications that the U.S. economy avoided a recession amid efforts to manage inflation have yet to translate into voter enthusiasm for giving Biden a second term.

McCormick, meanwhile, has accused Casey of rubber-stamping harmful immigration, economic, energy and national security policies of Biden, and made a bid for Jewish voters by traveling to the Israel-Gaza border and arguing that Biden hasn’t backed Israel strongly enough in the Israel-Hamas war.

Casey is one of Biden’s strongest allies in Congress.

The two men share a hometown of Scranton and their political stories are intertwined. Biden — who represented neighboring Delaware in the Senate and roots for Philadelphia sports teams — has effectively made Pennsylvania his political home as a presidential candidate. Long before that, Biden was nicknamed “Pennsylvania’s third senator” by Democrats because he campaigned there so often.

McCormick and Trump have endorsed each other, but are an awkward duo atop the GOP’s ticket. Trump savaged McCormick in 2022’s primary in a successful bid to lift Oz to his primary win. And McCormick, for his part, has told of a private meeting in which he refused Trump’s urging to say that the 2020 presidential election was stolen, a disproven claim the former president has never abandoned.

Democrats currently hold a Senate majority by the narrowest of margins, but face a difficult 2024 Senate map that requires them to defend incumbents in the red states of Montana and Ohio and fight for open seats with new candidates in Michigan and West Virginia.

A Casey loss could guarantee Republican control of the Senate.

Elsewhere on the ballot Tuesday, Pennsylvanians will decide nominees for an open attorney general’s office and two other statewide offices — treasurer and auditor general — plus all 17 of the state’s U.S. House seats and 228 of the state’s 253 legislative seats.

For attorney general, Republicans have a two-way race while Democrats have a five-person primary field. Democrats also will decide on challengers to incumbent Republican state Treasurer Stacy Garrity and state Auditor General Tim DeFoor.

For Congress, 44 candidates are on ballots, including all 17 incumbents, just three of whom are facing primary challengers: Democratic Reps. Summer Lee in a Pittsburgh-based district and Dwight Evans in Philadelphia and Republican Rep. Brian Fitzpatrick in suburban Philadelphia.

Lee’s primary against challenger Bhavini Patel has shaped up as an early test of whether Israel’s war with Gaza poses political threats to progressive Democrats in Congress who have criticized how it has been handled.

Voters will decide from among three would-be Republican challengers to Democratic Rep. Susan Wild, whose Allentown-based district is politically divided, and six Democratic candidates hoping to challenge Republican Rep. Scott Perry of southern Pennsylvania.

Perry has become a national figure for heading up the ultra-right House Freedom Caucus during a speakership battle and his efforts to help Trump stay in power after losing 2020’s presidential election.

Nueva York hace historia en EE. UU. al incentivar con fondos estatales el periodismo local

nueva york
(Foto: EFE/Peter Foley/Archivo)

El estado de Nueva York hizo historia este lunes al ser el primero en el país en incluir en su presupuesto una millonaria suma de crédito fiscal para apoyar a los medios locales de comunicación para que los periodistas mantengan sus trabajos, en medio de una oleada de despidos en esta industria en el país.

La gobernadora de Nueva York, la demócrata Kathy Hochul, presentó este lunes el presupuesto del año 2025, que incluye fondos para cumplir con la Ley de Sostenibilidad del Periodismo Local, aprobada el fin de semana por la Legislatura estatal.

La ley proporciona 30 millones de dólares en créditos fiscales cada año durante los próximos tres años, cubriendo la mitad del salario de un periodista hasta 50.000 dólares cada año.

Los editores sólo podrán utilizar estos créditos fiscales al empleo para reconstruir sus redacciones contratando nuevos reporteros y reteniendo al personal actual, explicó en un comunicado el sindicato News Media Guild.

Con este anuncio, el estado de Nueva York se convierte en el primero en apoyar con fondos estatales a los periódicos locales.

El senador estatal Brad Hoylman-Sigal, autor de la legislación, advirtió en un comunicado que más de 200 condados en el país se han convertido en “un desierto de noticias”, y que la disminución de las noticias locales en todo el país ha provocado la pérdida de un tercio de los periódicos y dos tercios de sus periodistas desde 2005.

“Con este nuevo crédito fiscal, ayudaremos a garantizar que los neoyorquinos estén mejor informados y que la democracia no muera en la oscuridad”, agregó el legislador, que dijo sentirse emocionado por lograr la aprobación del histórico proyecto.

Por su parte, la asambleísta Carrier Woerner destacó la labor de los periodistas locales y su papel “crucial” a la hora de mantener a la gente informada sobre lo que sucede en su condado, ciudad o barrio.

Por su parte, Jon Schleuss, presidente de News Guild CWA, aplaudió a la Legislatura y la gobernadora Hochul por liderar el país y aprobar “una legislación única en su tipo para apoyar los empleos periodísticos y reconocer el importante papel que desempeñan al iluminar y proteger nuestra democracia”.

Tan solo en enero pasado 528 periodistas fueron despedidos en EE.UU. de medios de comunicación como NBC News, la revista Time, Business Insider y The Los Angeles Times en Estados Unidos, según un informe de la firma Challenger, Gray & Christmas.

Gobierno dominicano seguirá deportando a haitianos y descarta abrir campos de refugiados

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Fotografía cedida por la ONU donde se muestra una vista general del pleno del Consejo de Seguridad durante una reunión sobre la cuestión de Haití, en Nueva York (EE. UU.). (Foto: EFE/Manuel Elías/ONU)

Naciones Unidas.– El Gobierno dominicano no va a cesar las deportaciones de haitianos y no tiene ninguna intención de abrir campamentos de refugiados para ellos, dijo el canciller dominicano, Roberto Álvarez, tras participar en una sesión del Consejo de Seguridad sobre Haití.

Álvarez dijo que la República Dominicana «no puede con la cantidad de haitianos que ingresan diariamente en el país. Sencillamente es inaceptable», sentenció.

Fotografía cedida por la ONU donde aparece el ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Roberto Álvarez Gil, mientras habla durante una reunión del Consejo de Seguridad sobre la cuestión de Haití, en Nueva York (EE .UU.). (Foto: EFE/Eskinder Debebe/ONU)

Hace dos semanas, Amnistía Internacional (AI) pidió al gobierno dominicano parar las deportaciones ante la situación de extrema inseguridad que vive el país vecino, en línea con la petición de la Organización Internacional de Migraciones (OIM, organismo de la ONU) y la Agencia de la ONU para los refugiados (Acnur).

El canciller dijo conocer la petición de Amnistía, pero respondió que las deportaciones «no van a cesar»; además, recordó que su país no es el único de la región que practica estas deportaciones (también lo hace Estados Unidos, que él no mencionó).

El mes pasado, el gobierno haitiano cifró en 24.000 el número de haitianos deportados entre el 1 de enero y el 15 de marzo, según dijo una fuente oficial a la CNN.

Fotografía cedida por la ONU donde aparece el representante permanente de Haití, Antonio Rodrigue, mientras habla durante una reunión del Consejo de Seguridad sobre la cuestión de su país, en Nueva York (EE.UU.). (Foto: EFE/Manuel Elías/ONU)

Álvarez dijo a EFE que su país ejerce de «imán» para los haitianos, siendo como es «la séptima economía de América» y Haití el país más pobre, y recordó además que hay una gran cantidad de haitianos que residen legalmente en el país «y no son molestados», pero la República Dominicana no puede aceptar ese continuo ingreso sin control.

Sobre la posibilidad de abrir para ellos campos de refugiados, la descartó tajantemente: «Eso es imposible», dijo, tras recordar que la vida media de un campo de refugiados en el mundo es de 10 a 15 años.

Poco antes, dentro del Consejo, el canciller pidió a la comunidad internacional una actitud más decidida con respecto a las sanciones a Haití, pues solo se han aplicado «a cuatro reconocidos criminales, sin identificar a los verdaderos responsables de la violencia generalizada».

Además, pidió mayor rigor con el embargo de armas, municiones y pertrechos, que según él no se está cumpliendo, y recordó al respecto que su país no es productor ni importador de armas, por lo que no tiene ninguna responsabilidad en que el país vecino esté inundado de armas ilegales en poder de las bandas criminales.

«Imparable, el uso del español en las campañas electorales de EE. UU. dice informe

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Fotografía de un cartel en inglés y español que indica un puesto de votación cerca de un centro de votación en Woodbridge, Virginia (EE. UU). Imagen de archivo. EFE/Jorge Bañales

Los Ángeles.- El uso del español en la política de EE. UU. es «imparable» y en los últimos dos años se ha disparado, con casi el 50 % de los senadores que han incorporado comunicados, información y material de campaña en este idioma para conectar con los electores hispanos.

Un análisis del The Hispanic Council divulgado este lunes evidencia esa tendencia del uso del español en los últimos años en el Legislativo estadounidense.

En 2022 tan solo 28 de los 100 senadores del país empleaban el español en sus mensajes de campaña, pero para las elecciones del próximo noviembre son 47, según el informe ‘El español en la política de Estados Unidos: Análisis de su uso en la Cámara de Representantes y el Senado’.

Además de presidente, Estados Unidos, el país con el mayor número de hispanohablantes entre las naciones en las que el español no es una lengua oficial, elige el próximo 5 de noviembre 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio de los 100 del Senado.

En el caso de la Cámara Baja ya son 113 los congresistas que utilizan el español en sus notas de prensa, lo que supone más de un 25 % del total de representantes.

Los demócratas son los que más han optado por usar el español: más del 70 % de sus 50 senadores, y el 43 % en la Cámara de Representantes.

En el caso del presidente Joe Biden, desde su campaña en 2020, el demócrata envió mensajes en español al electorado hispano.

En marzo pasado la campaña de reelección lanzó un anuncio dirigido específicamente a los votantes latinos en inglés, español y espanglish, una mezcla de ambas lenguas, que hace parte de los 30 millones de dólares que la campaña ha destinado a conquistar a los electores de esta comunidad.

En EE. UU. un «récord» de 17,5 millones de hispanos acudirá a las urnas en noviembre próximo, según las proyecciones de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (Naleo).

Por el lado del Partido Republicano, el número es menor pero también ha empezado a apostar por el uso del español. En los últimos dos años pasó de 5 a 8 senadores y 10 a 21 representantes.

La cuarta edición del estudio, publicada con motivo de la celebración mañana martes del Día Internacional del Español, destaca que la pureza del idioma no es la norma en Estados Unidos.

Esto debido a la predominancia del inglés. El 63 % de los hispanos encuestados reconocieron hacer uso ocasional del Spanglish.

Se estima que 43 millones de personas en el país utilizan en su día a día el español.

Las previsiones de The Hispanic Council sitúan a Estados Unidos como el segundo país con más hispanohablantes del mundo, únicamente superado por México, para 2060.

Daniel Ureña, presidente de The Hispanic Council, dijo en un comunicado que desde que se comenzó a analizar la presencia del español en la política de Estados Unidos hace seis años, se ha detectado «un crecimiento imparable».

El grupo Plena Libre prepara un nuevo álbum en homenaje a su fundador fallecido

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El conjunto de música afro-rican, Plena Libre (Foto: EFE/Miguel Rajmil/Archivo)

San Juan, Puerto Rico.- El grupo puertorriqueño Plena Libre anunció este lunes que prepara un nuevo álbum en homenaje a su fundador Gary Núñez, fallecido hace unos meses, que contará con la participación de destacadas figuras de la música local.

«Este vendría a ser el disco número 18 de Plena Libre. Estamos grabando un homenaje muy especial a mi padre. Hemos escogido entre unas 300 composiciones de Gary Núñez», explicó en un comunicado Luisga Núñez, ahora director de la agrupación.

El actual director de Plena Libre señaló que presentarán las composiciones «con el mayor respeto» hacia Gary Nuñez y con la colaboración de «grandes voces puertorriqueñas».

Esas importantes colaboraciones serán anunciadas próximamente.

Luisga Núñez está a cargo de la dirección artística del disco, que se está grabando en Pasillo Sonoro y se espera esté en el mercado el segundo semestre de este año.

«Será un hermoso homenaje de éxitos, con un nuevo aire y unas pinceladas nuevas que marcarán la evolución musical de Plena Libre», agregó.

Gary Núñez falleció en octubre pasado a los 71 años a causa de un cáncer de páncreas.

Durante su prolífica carrera, Plena Libre ha sido nominada a múltiples premios Grammy y ha cautivado a audiencias de todas partes del mundo con los ritmos tradicionales de plena y bomba.

La plena es un género musical originario de Puerto Rico que tiene sus raíces en los esclavos y trabajadores de caña de azúcar, los agricultores y otros emigrantes a las zonas urbanas de la isla caribeña.

Prosecutors cancel warrant for lawmaker on primary eve, saying protective order hadn’t been in place

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PHILADELPHIA. — A warrant for charges that a Democratic state representative from Philadelphia violated a protective order was withdrawn Monday — a day before he faces a contested primary — because police and prosecutors said they determined no such active protective order had been in place.

District Attorney Larry Krasner said a detective had sought the warrant against Rep. Kevin Boyle with information that was not false or fake but had “a piece missing.”

“I did not want to let this day go by having been able to confirm this morning that the protection order was no longer in effect as of the dates in question. I didn’t want this date to go by without correcting that fact,” Krasner said.

A phone message seeking comment was left for an attorney who a former Boyle defense attorney indicated currently represents Boyle. Boyle did not respond to a text seeking comment.

Krasner said he had information regarding the mistake he was not able or willing to disclose. He said he plans to assess in the near future whether “there might be next steps.”

Boyle was stripped of a committee chairmanship and Capitol access privileges in February after a videotaped episode at a Montgomery County bar where he appeared intoxicated.

In response to Boyle voting remotely last week amid reports about the now-canceled warrant, Pennsylvania House Democratic leaders proposed a process to determine whether state representatives are “incapacitated” and should be sanctioned or expelled.

The resolution would establish a new group consisting of five House leaders to determine if a representative is impaired physically or mentally so that they are unable to perform their duties.

Boyle was charged three years ago with harassment and violation of a protection from abuse order after showing up at his wife’s house, charges that were subsequently dropped. His attorney at the time described it as a “domestic issue” that did not involve allegations of violence. Boyle later said he was treated at a mental health facility.

Boyle, the brother of U.S. Rep. Brendan Boyle, D-Philadelphia, faces a primary opponent on Tuesday in a run for an eighth term.

Kevin Boyle and fellow House Democrats hold a precarious majority in the 203-member House, currently with a 102 members. A special election next week for the one vacant seat in a Republican-leaning district will also be held with the primary on Tuesday.

Biden conmemora el Día de la Tierra anunciando 7.000 millones de dólares en subvenciones para energía solar

Filas de paneles en la instalación de energía de almacenamiento de baterías de iones de litio en Mile Solar Center de Orsted, el 29 de febrero de 2024, en Coolidge, Arizona. Las baterías permiten que las energías renovables reemplacen los combustibles fósiles. (Foto: VOA)

En conmemoración del Día de la Tierra el presidente Joe Biden lanzará desde un suburbio de Washington una iniciativa de 7.000 millones de dólares para impulsar proyectos residenciales de energía solar en hogares de bajos y medianos ingresos que beneficiaría a unos 900.000 hogares.

El presidente Joe Biden conmemora el Día de la Tierra anunciando 7.ooo millones de dólares en subvenciones federales para proyectos solares residenciales que atienden a más de 900.000 hogares en comunidades de ingresos bajos y medios. También planea ampliar su programa de capacitación en empleos verdes del American Climate Corps, al estilo del New Deal.

Las subvenciones serán otorgadas por la Agencia de Protección Ambiental, que dio a conocer a los 60 beneficiarios el lunes. Se espera que con el tiempo los proyectos reduzcan las emisiones en un equivalente a 30 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono y ahorren a los hogares 350 millones de dólares al año, según altos funcionarios de la administración.

Los últimos anuncios ambientales de Biden se producen mientras trabaja para energizar a los votantes jóvenes para su campaña de reelección. Los jóvenes fueron una parte clave de una coalición amplia pero potencialmente frágil que lo ayudó a derrotar al entonces presidente Donald Trump en 2020. Algunos se han sumado a las protestas en todo el país por el manejo por parte de la administración de la guerra de Israel con Hamás en la Franja de Gaza.

Altos funcionarios de la administración dijeron que los jóvenes estadounidenses están muy interesados en la agenda climática de Biden y quieren ayudar a implementarla. La iniciativa Climate Corps es una forma de hacerlo, dijeron los funcionarios.

La energía solar está ganando terreno como fuente clave de energía renovable que podría reducir la dependencia del país de los combustibles fósiles, que emiten gases de efecto invernadero que calientan el planeta. No sólo es limpia, sino que la energía solar también puede aumentar la fiabilidad de la red eléctrica.

Pero la energía solar puede tener altos costos de instalación inicial, haciéndola inaccesible para muchos estadounidenses, y potencialmente significando una mezcla de política ambiental con política de año electoral.

Cuarenta y nueve de las nuevas subvenciones son subvenciones a nivel estatal, seis sirven a tribus nativas americanas y cinco son subvenciones multiestatales. Se pueden utilizar para inversiones como jardines solares comunitarios y solares en tejados.

Biden hará el anuncio en el parque forestal Prince William, en el norte de Virginia, a unas 30 millas [48 km] al suroeste de Washington. El parque fue establecido en 1936 como un campamento de verano para jóvenes desfavorecidos de Washington, parte del Cuerpo de Conservación Civil del presidente Franklin D. Roosevelt para ayudar a crear empleos durante la Gran Depresión.

Biden utilizó una acción ejecutiva el año pasado para crear el Cuerpo Climático Estadounidense inspirado en el New Deal de Roosevelt. El lunes anunciará que se ofrecen casi 2.000 puestos en 36 estados, incluidos trabajos ofrecidos en asociación con los Sindicatos de la Construcción de América del Norte.