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La guerra de Gaza deriva en batalla de carteles en Nueva York

Vista de varios carteles con imágenes de personas secuestradas por Hamás, tapados por pegatinas que dicen "propaganda" y "genocidio en Palestina", el 14 de noviembre de 2023 en una calle de Nueva York (EE. UU). (Foto: EFE/Javier Otazu)

La guerra de Gaza ha llegado hasta Nueva York transformada en una batalla de carteles: activistas proisraelíes o propalestinos tratan de ocupar el espacio público con mensajes en las paredes que son inmediatamente contestados, tachados o arrancados por sus adversarios.

Los carteles proisraelíes llevan por título SECUESTRADO, y exponen casos individuales de alguno de los más de 200 israelíes raptados por Hamás; los propalestinos, mucho menos abundantes, se titulan ASESINADO, y del mismo modo presentan con nombre y apellido a las víctimas de los bombardeos sobre Gaza.

Tanto unos como otros han sido tantas veces cortados, pintarrajeados o arrancados que sus autores han emprendido una segunda campaña para ‘protegerlos’ con capas y capas de cinta adhesiva transparente.

Pero por toda la ciudad pueden verse los carteles donde espontáneos tratan de ‘corregir’ los mensajes: en los de los israelíes secuestrados, la frase estampada a mano suele decir ‘Genocidio’, o ‘Alto el fuego’; mientras que los carteles de palestinos asesinados llevan escritas frases como ‘Victoria para Israel’.

Despedido en Wall Street

Puede parecer meramente anecdótico, pero la batalla de los carteles se está cobrando víctimas, al menos laborales. Y todo por culpa de los vídeos virales.

La semana pasada, un hombre fue sorprendido rasgando un cartel de los secuestrados por un transeúnte que se puso a grabar con su teléfono y que, tras identificarse como judío estadounidense, le afeó su conducta, a lo que el otro respondió «Anda, vuélvete a tu país», en referencia a Israel.

Al hacerse el vídeo viral, pronto se aireó la identidad del hombre que arrancaba los carteles: Kurush M., analista petrolero en la compañía bursátil Freepoint Commodities, que entró en la polémica anunciando su despido: «Sabedores del reciente incidente antisemita aireado en las redes sociales, este individuo ya no trabaja para Freepoint», señaló la compañía en un comunicado.

Parecido fue el caso de una empleada de la fiscalía de un condado de Nueva York, Victoria Ruiz, también sorprendida y fotografiada arrancando carteles proisraelíes, y luego denunciada por la asociación Stop Antisemitismo, hasta lograr su dimisión, aunque su círculo de amigos ha lanzado una campaña de donaciones en su apoyo que ya ha recaudado 20.000 dólares.

Vista de varios carteles destrozados con imágenes de personas secuestradas por Hamás, el 14 de noviembre en una calle de Nueva York (EE. UU). (Foto: EFE/Javier Otazu)

Una campaña con ambiciones globales

La campaña ‘Kidnapped’ (Secuestrado) fue creada por un grupo de artistas y diseñadores que se definen como «israelíes establecidos en Nueva York» y que proclaman haber conseguido con ella «el mayor trabajo de guerrilla artística nunca visto en la Historia».

En la página web creada ‘ad hoc’, sus promotores dan instrucciones para descargar las fotos, imprimirlas y pegarlas en las paredes, «tantos como te sea posible», pero aconsejan «no provocar ni instigar conflictos con otras personas ni funcionarios».

La campaña -aseguran- ha llegado a treinta países, hasta Australia, porque quieren transmitir al mundo que «no pueden dormir hasta que estos niños, mujeres, ancianos y familias enteras (secuestradas) estén a salvo».

La contracampaña de los palestinos ha llegado con varias semanas de retraso, y además ha copiado sin el menor rubor el estilo de mensajes del adversario: foto, textos y colores están cortados prácticamente por el mismo patrón.

Vista de un cartel con la imagen de un bebé palestino de 18 meses que fue asesinado, tapado por el mensaje «victoria para Israel», el 14 de noviembre en una calle de Nueva York (EE. UU). (Foto: EFE/Javier Otazu)

Una dispar presencia en las calles

Si la campaña proisraelí de carteles tomó la delantera y ha sido un éxito, no puede decirse lo mismo de las marchas y manifestaciones callejeras: los grupos judíos, tan poderosos en Nueva York en el mundo financiero o el cultural, han convocado hasta ahora dos actos, uno en Times Square y otro en un lateral de Central Park, con un éxito relativo.

Pese al enorme apoyo logístico -enormes escenarios, participación de cantantes, emisión de vídeos en pantallas gigantes- y la participación de personalidades políticas como el alcalde de Nueva York, Eric Adams, o el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schummer, la afluencia ha sido relativa, sin superar los dos millares de personas en ambos casos.

En contraposición, los grupos propalestinos han convocado hasta la fecha 120 marchas en toda la ciudad, algunas de ellas con enorme valor simbólico, como la que se desarrolló a los pies de la Estatua de la Libertad o la que consiguió cerrar durante varias horas la icónica estación de Grand Central.

Estas dos últimas, por cierto, habían sido convocadas por un grupo judío crítico con Israel llamado Jewish Voice for Peace. Porque la guerra de Gaza también ha abierto fisuras entre los judíos en Estados Unidos.

Israel apunta a una ofensiva mayor en el sur de Gaza, a donde huyeron cientos de miles de personas

Humo alzándose tras un ataque israelí sobre la Franja de Gaza el jueves 16 de noviembre de 2023. (Foto: AP/Leo Correa)

JAN YUNIS, Franja de Gaza.— Fuerzas israelíes arrojaron panfletos advirtiendo a los palestinos que huyeran de zonas del sur de Gaza, según dijeron residentes el jueves, lo que apuntaba a una posible expansión de las operaciones a zonas abarrotadas por cientos de miles de personas que siguieron órdenes de evacuación previas y se refugiaron en viviendas familiares y refugios gestionados por Naciones Unidas.

Mientras tanto, los soldados seguían registrando el hospital de Shifa, en el norte, en una redada que comenzó el miércoles por la mañana. Mostraron armas que dijeron haber encontrado ocultas en un edificio, pero por el momento no habían presentado pruebas del centro de mando de Hamás que según Israel se ocultaba bajo el complejo. Hamás y el personal del hospital, el más grande del territorio, negaban las acusaciones.

Ampliar la ofensiva hacia el sur —donde Israel ya realiza ataques aéreos diarios— amenazaba con agravar una crisis humanitaria ya grave en el asediado enclave. Unos 1,5 millones de personas se han visto desplazadas dentro de la Franja de Gaza, la mayoría al sur, donde cada vez escasean más la comida, el agua y la electricidad.

No estaba claro a qué otro lugar podrían ir, ya que Egipto se niega a aceptar una entrada masiva en su territorio.

La guerra, que ahora está en su sexta semana, comenzó por un gran ataque de Hamás al sur de Israel el 7 de octubre en el que los milicianos mataron a unas 1.200 personas, la mayoría civiles, y capturaron a unos 240 hombres, mujeres y niños. Israel respondió con semanas de ataques aéreos y una invasión terrestre en el norte de Gaza, con la promesa de expulsar a Hamás del poder y aplastar su capacidad militar.

Más de 11.200 palestinos han muerto, dos tercios de ellos mujeres y niños, según las autoridades palestinas de salud. Otros 2.700 están desaparecidos, y se cree que la mayoría están sepultados bajo los escombros. El conteo oficial no distingue entre civiles y combatientes, e Israel dice que ha matado a miles de milicianos.

Por otro lado, en la carretera principal que conecta Jerusalén con asentamientos judíos en el sur de Cisjordania, varios hombres armados dispararon el jueves en un control de seguridad e hirieron a cuatro personas. La policía dijo que tres agresores habían muerto y había una operación en marcha para encontrar a otros.

ALGUNAS ARMAS, PERO NINGÚN TÚNEL POR AHORA

Las tropas israelíes asaltaron el lunes el hospital más grande de Gaza buscando rastros de Hamás dentro y bajo el recinto, donde bebés recién nacidos y cientos de otros pacientes sufren desde hace días sin electricidad ni otros suministros básicos.

Los soldados registraban los niveles subterráneos del hospital el jueves y detuvieron a técnicos responsables de mantener el equipamiento en marcha, según dijo en un comunicado el Ministerio de Salud de Gaza, gestionado por Hamás.

El ejército dijo que sus soldados iban acompañados de equipos médicos que llevaban incubadoras y otros suministros.

Tras cercar Shifa durante días, Israel enfrentaba presiones para demostrar su afirmación de que Hamás utilizaba a los pacientes, empleados y civiles refugiados en el lugar como cobertura para sus combatientes. La acusación forma parte de las alegaciones más generales de Israel sobre que Hamás utiliza a los palestinos como escudos humanos.

El ejército publicó un video desde dentro de Shifa que mostraba tres sacos que según dijo estaban ocultos en un laboratorio de resonancias magnéticas, y que contenían cada uno un rifle de asalto, granadas y uniformes de Hamás, así como un armario con varios rifles de asalto sin cargadores. The Associated Press no pudo verificar de forma independiente las afirmaciones israelíes de que las armas se encontraron dentro del hospital.

Hamás y las autoridades de salud de Gaza niegan que los milicianos operen en Shifa, un hospital que tiene unos 1.500 empleados y más de 500 camas. Los palestinos y grupos de derechos acusan a Israel de poner en peligro a los civiles de forma imprudente.

Munir al-Boursh, un alto funcionario del Ministerio de Salud de Gaza que se encontraba dentro del hospital, dijo que los soldados registraron el sótano y otros edificios y escanearon los rostros de pacientes, miembros del personal e individuos que se refugian en el lugar, añadió.

El ejército dijo que sus tropas habían matado a cuatro milicianos ante el hospital al inicio de la operación, aunque no había reportes de milicianos que disparasen desde dentro del recinto ni de combates dentro del hospital tras la entrada de los soldados israelíes.

En un momento dado, decenas de miles de palestinos que huían del bombardeo israelí se refugiaron en Shifa, aunque la mayoría se marchó en los últimos días conforme se acercaban los combates.

El Ministerio de Salud ha informado la muerte de 40 pacientes, incluidos tres bebés, desde que el generador de emergencia de Shifa se quedó sin combustible el sábado. En un primer momento no había noticias sobre el estado de otros 36 bebés, que según dijo antes el ministerio corrían peligro de morir porque no había energía para las incubadoras.

MIRANDO AL SUR

Los panfletos, arrojados en zonas al este de la localidad sureña de Jan Yunis, advertían a los civiles que evacuaran y señalaron que cualquiera que estuviera cerca de milicianos o sus posiciones “está poniendo su vida en peligro”. Se arrojaron panfletos similares sobre el norte de Gaza durante semanas antes de la ofensiva terrestre.

Dos reporteros que viven al este de Jan Yunis confirmaron haber visto los papeles. Otros compartieron imágenes de los folletos en medios sociales. El ejército declinó hacer comentarios.

El ministro de Defensa, Yoav Gallant, dijo el miércoles que la operación terrestre terminaría incluyendo “el norte y el sur. Golpearemos a Hamás esté donde esté”.

El ejército dice que ha consolidado en gran parte su control sobre el norte, lo que incluye tomar y demoler edificios del gobierno. Videos publicados el jueves por el ejército mostraban a soldados moviéndose entre estructuras muy dañadas por agujeros abiertos en sus muros.

El ejército dijo haber volado una vivienda propiedad de Ismail Haniyeh, un importante líder de Hamás afincado fuera del territorio. No estaba claro si había alguien dentro del edificio.

La mayoría de los 2,3 millones de habitantes de Gaza están hacinados en el sur del territorio, y la población dice que el pan escasea y los estantes de los supermercados están vacíos. Las familias cocinan sobre hogueras encendidas con madera por falta de combustible. La electricidad central y el agua corriente llevan semanas cortadas.

La falta de combustible amenaza con paralizar la entrega de servicios humanitarios y desconectar las redes de telefonía e internet.

Israel permitió el miércoles la entrada de una pequeña cantidad de combustible en Gaza el miércoles, por primera vez desde el inicio de la guerra, para que la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos pudiera seguir llevando suministros limitados de ayuda.

El combustible no puede utilizarse para hospitales ni para desalinizar agua y cubre menos del 10% de las necesidades de la agencia para mantener “actividades que salvan vidas”, afirmó Thomas White, director de la agencia en Gaza.

Argentina, ante el dilema de prorrogar el peronismo o confiar en un novato estridente

Javier Milei, candidato de la coalición La Libertad Avanza, se enfrentará al candidato del partido gobernante, el ministro de Economía Sergio Massa, en un balotaje el 19 de noviembre. (Foto: AP/Rodrigo Abd)

Buenos Aires. — Después de 20 años de gobiernos peronistas de centroizquierda, Argentina podría iniciar un nuevo ciclo político si el candidato ultraderechista Javier Milei, un economista sin experiencia política y con propuestas que generan miedo en amplios sectores de la sociedad, se impone en el balotaje del próximo domingo.

Milei, que recuerda a otros líderes disruptivos como Donald Trump en Estados Unidos y Jair Bolsonaro en Brasil, se medirá con el ministro de Economía, Sergio Massa.

El ultraderechista Milei, de La Libertad Avanza, aglutina los votos de los electores que desean un cambio político y económico drástico y están hartos de la inflación del 142% interanual, la inseguridad y la corrupción. De lengua cáustica y temperamento iracundo, no ha ejercido la gestión pública.

Massa, un peronista de perfil moderado que se representa a Unión por la Patria, es un dirigente de larga trayectoria que ha ocupado diferentes cargos públicos y ha sido candidato a presidente en 2015.

De cara al balotaje, varias encuestas muestran un escenario de empate técnico, con una leve ventaja para uno u otro candidato, aunque dentro del margen de error.

Aquí un vistazo al escenario en el que se desarrollarán el domingo las elecciones presidenciales de Argentina.

¿QUIÉN ES JAVIER MILEI?

El economista ultraliberal, de 53 años, se hizo popular como invitado a programas políticos de televisión en los que denostaba a los políticos tradicionales al considerarlos una “casta” de privilegiados. Hace dos años fundó su partido, La Libertad Avanza, con el cual ganó una banca de diputado en el Congreso en las elecciones de medio término.

Éste es su único antecedente en el sector público, ya que desarrolló su carrera en grandes empresas. En su juventud también fue arquero de un club de fútbol.

Milei plantea un recorte drástico del gasto público, dolarizar la economía —aunque ha dado pocos detalles sobre cómo lo implementará— y cerrar el Banco Central por considerarlo responsable de la emisión monetaria sin freno.

También adelantó que convocará a un plebiscito popular para derogar la ley que legalizó el aborto y desregulará el uso de armas. Ha cuestionado además la política de derechos humanos que ha impulsado juicios contra los represores de la última dictadura militar (1976-1983).

¿QUIÉN ES SERGIO MASSA?

Con una militancia política que inició de muy joven, Massa aspira a la presidencia del país desde hace muchos años, aunque fue candidato por única vez en 2015. Creció en un hogar de clase media en un suburbio de Buenos Aires, se convirtió en abogado, no tardó en llegar a las altas esferas de la política y allí ha permanecido durante más de dos décadas.

Él destaca que tuvo que dejar su posición relativamente cómoda como líder de la Cámara de Diputados para asumir la ingrata tarea de ministro de Economía en un momento en que la inflación se aceleraba sin freno.

De Massa destaca su pragmatismo, sus aceitados lazos con el empresariado y con dirigentes de Estados Unidos. Los observadores le ven como un candidato que cambia de postura con facilidad.

¿QUÉ FACTORES DESGASTARON AL PERONISMO GOBERNANTE?

El modelo de asistencia social, que fue uno de los pilares de los gobiernos del peronismo de centroizquierda —Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015)—, llegó a un límite en la actual gestión de Alberto Fernández.

La incapacidad del gobierno para domar una inflación que acumula 120% desde principios de año, llevando la pobreza al 40,1% de la población, golpeó con dureza a su base electoral. El presidente Fernández desistió de buscar la reelección, golpeado por las encuestas de opinión.

En ese contexto, el Estado multiplicó el gasto público en subsidios y ayudas sociales agrandando el agujero fiscal, fomentando la emisión monetaria y, por ende, acelerando el alza de precios.

En un año como ministro de Economía, Massa perdió por varios cuerpos contra la inflación, pero sus partidarios sostienen que sin sus gestiones ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la refinanciación de la deuda y conseguir oxígeno para las reservas internacionales, el gobierno no se hubiese sostenido.

Desde su creación a mediados de la década de 1940, en el partido fundado por el tres veces presidente Juan Domingo Perón (1946-1952, 1952-1955 y 1973-1974) han convivido corrientes populistas de centroderecha y centroizquierda con distintas visiones sobre la política económica, desde el nacionalismo hasta el liberalismo.

PRINCIPAL DESAFÍO POSTELECTORAL: LA ECONOMÍA

Argentina reportó en octubre una inflación mensual de 8,3%, mientras que la interanual alcanza el 142,7%, agravada por las restricciones en el mercado cambiario, una caída de las reservas y un profundo déficit fiscal.

A ello se suma la pesada carga de la deuda de más de 44.000 millones de dólares con el FMI, que está siendo refinanciada en varias etapas, y la mantenida con los acreedores privados.

¿CÓMO SE DEFINE EL GANADOR?

El candidato más votado el domingo gana el balotaje y está habilitado para gobernar cuatro años.

Desde la reforma de la Constitución en 1994, que estableció la segunda vuelta en el sistema electoral, el único antecedente de un balotaje fue en las elecciones generales de 2015.

Está previsto que los resultados oficiales se difundan el domingo a partir de las 00:00 GMT.

Pennsylvania House passes ‘shield law’ to protect providers, out-of-staters seeking abortions

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A bill seeking to protect those who travel to Pennsylvania to get abortions by barring public officials from cooperating with authorities in other states that criminalize the practice advanced through the Democratic-controlled House of Representatives.

The legislation passed 117-86. It now goes to the GOP-controlled state Senate, where it faces a chilly reception.

The measure seeks to prevent public officials in Pennsylvania, where abortion is legal up to 24 weeks, from cooperating with authorities in other states who try to block their residents from coming to Pennsylvania to get an abortion.

All but one Democrat voted for the bill, while 16 Republicans joined them.

At least 16 states — the majority of Democrat-controlled states — have adopted laws seeking to protect abortion access since last year. Many of those laws have provisions that protect providers and the people who come from other states seeking an abortion. Though anti-abortion advocates have discussed cracking down on those who cross state lines for abortions, prosecutions of such cases have not been widespread.

Democrats in Pennsylvania hailed the legislation for protecting women in the wake of last year’s Supreme Court ruling that overturned abortion rights.

The bill’s primary sponsor, Democratic Rep. Mary Jo Daley of Montgomery County, said it was sending a clear message “that Pennsylvania will not be bullied by these states and their attempts to control other people’s bodies.”

“I strongly believe that Pennsylvania must continue to pass policies that protect access to abortion and other critical reproductive health care services that people across our nation need and deserve,” she said.

Republicans raised concerns with the constitutionality of the bill, saying the Legislature would overstep its bounds.

Rep. Charity Grimm Krupa, R-Fayette, said that while proponents of the bill were trying to focus it on abortion rights to suit the political climate, it was an affront to the the clause in the U.S. Constitution stating states have to respect the judicial process of others.

“Everybody in this room swore an oath to uphold the Constitution,” she said. “If you vote in the affirmative on this bill, regardless of your position on abortion, you are ignoring your oath. You’re throwing that oath in the trash can. I refuse to do that.”

Planned Parenthood PA Advocates Executive Director Signe Espinoza thanked the Legislature for the step, saying the measure would protect patients from “other states enforcing their extremism within our borders.”

“Everyone is entitled to make their own decisions about their health care, without fear of retribution or prosecution,» she said.

Democratic Gov. Josh Shapiro has positioned himself as a defender of abortion rights. He recently severed decades-long ties with Real Alternatives, an organization that talked women out of having abortions.

Rights to abortion factored heavily in the state’s recent Supreme Court race, and, nationally, have buoyed Democrats at the polls after the country’s highest court overturned Roe V. Wade last year.

Some of Pennsylvania’s neighboring states have sought to protect access to abortion, but those from states where abortion rights have been curtailed have come to Pennsylvania at greater rates seeking services. In the wake of the Dobbs decision, centers in Allegheny County in Western Pennsylvania saw steep increases in appointments by women in West Virginia and Ohio, where voters recently approved an amendment to protect abortion access.

Nuevo reporte sobre el clima nos indica lo que está en juego

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Antonieta Cádiz es actualmente la directora general de asuntos latinos para Climate Power. (Foto: Archivo)

Estados Unidos se está calentando rápidamente debido al cambio climático y las comunidades de color, como los latinos, están sufriendo las peores consecuencias. Así lo aseguró esta semana la quinta Evaluación Nacional del Clima, el informe federal más completo sobre los impactos del cambio climático en las personas, las comunidades y los ecosistemas de todo Estados Unidos.

La evaluación, que se produce cada cuatro años, fue realizada por científicos federales e independientes, y afirmó que el calentamiento global causado principalmente por la quema de petróleo, gas y carbón está elevando las temperaturas promedio en los Estados Unidos más rápidamente que en el resto del planeta.

El reporte dejó claro que el cambio climático afecta todos los aspectos de nuestras vidas y para las comunidades de color es particularmente preocupante porque aumenta las desigualdades sociales y económicas. Esto quiere decir que las familias latinas que ya están más expuestas porque viven en  áreas más afectadas por el clima extremo, enfrentan un mayor riesgo porque tienen menos probabilidades de recuperarse después de un desastre. Con el cambio climático la frecuencia de los desastres naturales, como inundaciones extremas, ha aumentado significativamente, poniendo en riesgo las viviendas que tanto nos ha costado conseguir. 

Pero no todo está perdido. Este año, una de las conclusiones más significativas del informe es que las acciones climáticas lideradas por Estados Unidos están teniendo un impacto en la disminución de las emisiones responsables por el cambio climático. Históricamente, las emisiones de gases de efecto invernadero y el crecimiento económico han ido de la mano. Sin embargo, el informe explica que el crecimiento de las emisiones está por debajo del crecimiento del PIB, rompiendo una tendencia de una década.

Estados Unidos ha realizado importantes avances en la lucha contra el cambio climático, que han sido posibles gracias a la mayor inversión jamás realizada en acción climática. Estos esfuerzos han desencadenado un auge de las energías limpias sin precedentes, lo que se ha traducido en 211,350 nuevos empleos en 45 estados y más de 310 mil millones en nuevas inversiones. 

Este auge, liderado por el Presidente Biden, está expandiendo significativamente la energía limpia y reduciendo su costo, lo que la hace más accesible para las familias trabajadoras. Nuestra comunidad apoya este tipo de liderazgo. El 74% de los latinos apoyan la expansión de la producción de energía limpia en Estados Unidos. 

La quinta Evaluación Nacional del Clima es una confirmación de lo mucho que está en juego en la acción climática y de por qué la elección presidencial de 2024 debe ser una elección climática.

Mientras los demócratas están marcando la diferencia y expandiendo las fuentes de energía limpia necesarias para enfrentar la crisis climática, republicanos como Trump continúan negando la dura realidad a la que nos enfrentamos. Una y otra vez amenazan con llevarnos en la dirección equivocada.

Trump, en su reciente entrevista con Univisión la semana pasada, en la que diseminó desinformación durante una hora, afirmó que el calentamiento global no es una amenaza y describió el petróleo como oro negro y como bajo su liderazgo la producción había florecido. Sin duda alguna, una presidencia más de Trump y su insistencia en aumentar aún más la producción de petróleo sería una sentencia de muerte para nuestro planeta. ¿Estamos dispuestos a entregarle ese legado a nuestros hijos?.

Antonieta Cádiz es la directora ejecutiva adjunta de Climate Power En Acción. Anteriormente, trabajó como corresponsal nacional para La Opinión y fue escritora política nacional para Univisión.
 

La falta de sanitarios salubres mata a 300 mil niños latinoamericanos al año

Fotografía cedida por Kimberly Clark donde se observa a un grupo de niños lavándose las manos. EFE/ Kimberly Clark

La falta de baños en condiciones de salubridad afecta a más de 80 millones de latinoamericanos y se calcula que unos 300 mil menores de cinco años mueren anualmente por enfermedades que podrían prevenirse si tuvieran acceso a instalaciones de saneamiento adecuados y agua limpia.

Las estimaciones del programa de Monitoreo y Abastecimiento de Agua desarrollado en conjunto por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) desvelan cómo los niños fallecen a causa de enfermedades gastrointestinales prevenibles, principalmente la diarrea, porque sufren condiciones de higiene precarias y falta de baños adecuados.

El agua limpia que corre al abrir una canilla o tirar la cadena de un retrete, que muchas personas dan por hecho, son desafíos para millones de latinoamericanos en grandes ciudades, zonas rurales, núcleos de población indígena o de personas en situación de exclusión social, que los Estados no logran solucionar.

Las enfermedades relacionadas con el agua

Dentro de Latinoamérica, países como Bolivia (39 %), Guatemala (34 %), Perú (25 %), Nicaragua (25 %), Honduras (18 %), Panamá (16 %), Ecuador (12 %) y El Salvador (12 %) presentan los porcentajes más elevados sin acceso a saneamiento básico, según Washdata.org.

«La falta de saneamiento básico puede afectar distintos aspectos de la vida de una comunidad: contaminando el medioambiente, damnificando los recursos hídricos, y aumentando el riesgo de enfermedades», explicó a EFE el director de Marketing en Kimberly-Clark Latinoamérica, Kenneth Hylton, quien cita la malnutrición, la diarrea y las intoxicaciones entre las enfermedades que más se presentan.

«Enfermedades relacionadas con el agua son responsables de 3,4 millones de muertes por año en todo el mundo», afirmó el representante de la multinacional estadounidense, con la que EFE mantiene un acuerdo de difusión de contenidos sobre salud y desarrollo.

II Encuentro Latinoamericano por el Día Mundial del Baño

En el marco de la celebración del Día Mundial del Baño el próximo 19 de noviembre, la compañía organiza este miércoles el II Encuentro Latinoamericano por el Día Mundial del Baño, que reúne de forma telemática a representantes de las organizaciones no gubernamentales aliadas y será moderado por la periodista Glenda Umaña.

Durante el encuentro, Kimberly-Clark, mediante su marca Scott, hará saber que ha renovado la alianza con la organización ‘Water for People’ para continuar con el programa ‘Baños Cambian Vidas’ en Bolivia, Perú, Guatemala y Honduras hasta diciembre de 2024 y con la organización ‘Plan International’ para el apoyo a Colombia, Ecuador y El Salvador.

Retraso y abandono escolar, especialmente en mujeres

Enfermedad y muerte no son las únicas consecuencias de la carencia de baños dignos. También de manera indirecta causa desigualdad social: retraso, abandono escolar e, incluso, inequidad de género.

La falta de sanitarios adecuados dificulta a las estudiantes asearse durante el período menstrual, por lo que necesitan ausentarse más durante los tiempo de clase, o corren más riesgo de enfrentar acoso sexual al acceder a instalaciones compartidas.

La problemática limita, además, el progreso de las mujeres y niñas en comunidades vulnerables porque son las que invierten más de 200 millones de horas diarias para recolectar agua potable, según la ONU.

‘Baños cambian vidas’

El programa ‘Baños Cambian Vidas’ construye sistemas de abastecimiento de agua e instalación de tuberías, promociona la educación sobre higiene, implementa planes de protección para las fuentes del recurso hídrico y forma comités locales para la supervisión y el mantenimiento, entre otras acciones.

El programa ha mejorado la calidad de vida de más de 5 millones de personas en América Latina desde 2015 a nivel regional y aspira a alcanzar a más de 10 millones de vidas en la región hacia 2030.

Kimberly-Clark ya ha invertido unos 7 millones de dólares y sólo este año se estima que beneficiará a 618.323 personas.

Editorial Roundup: Pennsylvania

Pittsburgh Post-Gazette. November 14, 2023

Editorial: Pa. jail death database reveals statewide skirting of reporting requirements

Across Pennsylvania in 2022, at least 65 county jail inmates died in custody, but only about 40 of them were reported to federal and state authorities as required by law. That’s according to a new report from Brittany Hailer and Joshua Vaughn of the Pittsburgh Institute for Nonprofit Journalism, which just unveiled a statewide dashboard tracking deaths in these facilities.

The comprehensive database shows how the problems documented in the Allegheny County Jail — poor care, shoddy recordkeeping and cynical workarounds to avoid embarrassing, and often horrifying, death reports — are present across the Commonwealth. Further, the report highlights inconsistencies across Pennsylvania’s jail system that make it difficult to keep track of institutional failings, and therefore to hold those public facilities accountable.

Jails have mechanisms for weaseling out of responsibility, by, for example, not counting an inmate’s death if the person was “released” to a hospital — after falling ill or being injured in jail, but before death. Autopsy reports have also shown medical examiners often don’t perform full autopsies or use technical, or downright misleading, language that shields the jail from responsibility.

This was the case for the family of Anthony Talotta, the man who died in September 2022 after ACJ failed to treat his severely infected leg. The Allegheny County Medical Examiner’s office indicated he had died of natural causes — specifically heart disease — while the hospital where he died listed septicemia, or blood poisoning from his infection, as the actual cause of death. The medical examiner’s barebones report made the death sound much less suspicious than the hospital records, which revealed the scale of the jail’s neglect.

Performing this kind of thorough investigation is out of reach for most families. PINJ estimated that the total cost to investigate a death and then pursue a lawsuit, like Mr. Talotta’s family did, could be upwards of $80,000. In other words, the system is designed to keep jail deaths mum, and to stonewall grieving families. It’s yet another example of treating the incarcerated as less than human.

Other government agencies, meanwhile, take extreme care when individuals in their custody are in danger. For instance, if a child in foster care is seriously or fatally injured, the Pennsylvania Department of Human Services is required by law to allocate a panel of at least six experts to review the case. Another separate evaluation is conducted following the first, regardless of the initial panel’s findings. Similar protections must be set up for county jail deaths.

People held at ACJ, the majority of whom have yet to be convicted of a crime, should have more robust protections than a two-page medical examiner’s report that may or may not even be submitted. Incarcerated people are at the mercy of the government to meet their needs, and when the government fails, families and communities deserve answers.

PINJ’s tireless work can save lives and make Pennsylvania’s jails more humane places — if state officials can bring themselves to look closely, and to take action.

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Pittsburgh Tribune-Review. November 14, 2023

Editorial: It’s time to figure out marijuana in Pennsylvania

Pennsylvanians can use marijuana for anxiety or epilepsy. They can use it to ease the side effects of chemotherapy or the symptoms of post-traumatic stress.

There are 23 different medical conditions that will qualify someone for a card allowing them to access medical marijuana.

There is one reason that is just off the table: pleasure. You can use weed because you need it but not because you want it.

The history of marijuana and the law has been comparable in Pennsylvania and neighboring Ohio. Medical cannabis was signed into law in Pennsylvania in April 2016; Ohio did it June 2016. Ohio stopped driver license suspensions for marijuana use at the same time; Pennsylvania took until 2018.

And both have had a push and pull over recreational use. Pennsylvania has teased it out. U.S. Sen. John Fetterman, D-Braddock, supported it strongly as lieutenant governor. He and then-Gov. Tom Wolf held a listening tour to get opinions from across the state. Wolf called for the legislature to legalize in 2020.

In Ohio, the first attempts to legalize happened in 2015, even before medical use was OK’d. It failed — and not by a little, either. Sixty-five percent of voters rejected the idea. That changed Tuesday when 57% of Ohio voters said yes, making the Buckeye State the 24th state to permit recreational use.

It makes “When will Pennsylvania follow?” a natural question. But does it have to be? That’s hard to say definitively.

The Keystone State is now surrounded by places where an edible gummy or a joint is completely fine without having to prove you have glaucoma or multiple sclerosis. The only exception is West Virginia which also only allows medical use.

That doesn’t mean Pennsylvania should jump off the bridge because all the other kids are doing it. Peer pressure is no reason to write law.

But there are other reasons to consider it. Loss of tax revenue is one. That money could go toward support of drug and addiction programs. If residents can go to Ohio, Maryland, New York or New Jersey to get the product they want and give that money to those treasuries, is that better for Pennsylvania? For that matter, is it a potential negative for residents who might go to Steubenville to buy marijuana and then cross the border back into a place where it is illegal?

The Ohio vote creates more than one reason for Pennsylvania legislators to actively consider all of the moving pieces of marijuana and the law and figure out where to go from here.

While the state House has an interest in moving forward, the Senate is more reluctant. That is fine. Maybe legalization isn’t the right road for Pennsylvania, but open discussions by lawmakers are a different story.

Perhaps a middle ground might be decriminalization of possession, which would help residents who pick up product in states were it is legal. It could also protect the medical marijuana companies. It wouldn’t address the tax issue though.

Marijuana is a complicated issue, and the Ohio legalization is boxing Pennsylvania into a place where a decision is going to be needed sooner or later.

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Scranton Times-Tribune. November 10, 2023

Editorial: Court ruling in school board case scores a victory for transparency

The Commonwealth Court struck a blow for government accountability and transparency this week when it ruled a Lehigh County school district violated the state Sunshine Law by ratifying a multimillion-dollar teachers contract without listing the vote on its agenda before the meeting.

The ruling does not penalize the Parkland School Board in any way or invalidate the three-year contract, but it puts school boards and other government bodies on notice that they owe the public an opportunity to comment on actions that expend public funds.

The board was sued by school district taxpayer Jarrett Coleman, who is now a state senator, after it approved the contract at an Oct. 26, 2021, meeting. The board first voted to add the contract to its agenda, noting it had not done so previously because the teachers union had ratified the proposed contract less than 24 hours before the meeting.

The Commonwealth Court struck a blow for government accountability and transparency this week when it ruled a Lehigh County school district violated the state Sunshine Law by ratifying a multimillion-dollar teachers contract without listing the vote on its agenda before the meeting.

The ruling does not penalize the Parkland School Board in any way or invalidate the three-year contract, but it puts school boards and other government bodies on notice that they owe the public an opportunity to comment on actions that expend public funds.

The board was sued by school district taxpayer Jarrett Coleman, who is now a state senator, after it approved the contract at an Oct. 26, 2021, meeting. The board first voted to add the contract to its agenda, noting it had not done so previously because the teachers union had ratified the proposed contract less than 24 hours before the meeting. The Commonwealth Court struck a blow for government accountability and transparency this week when it ruled a Lehigh County school district violated the state Sunshine Law by ratifying a multimillion-dollar teachers contract without listing the vote on its agenda before the meeting.

The ruling does not penalize the Parkland School Board in any way or invalidate the three-year contract, but it puts school boards and other government bodies on notice that they owe the public an opportunity to comment on actions that expend public funds.

The board was sued by school district taxpayer Jarrett Coleman, who is now a state senator, after it approved the contract at an Oct. 26, 2021, meeting. The board first voted to add the contract to its agenda, noting it had not done so previously because the teachers union had ratified the proposed contract less than 24 hours before the meeting.

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Uniontown Herald-Standard. November 9, 2023

Editorial: Emergency care for children needs scrutiny

There are many good causes with their proverbial hands out, seeking money from the federal government. There always will be.

However, The Wall Street Journal, in its Oct. 2 edition, called attention to a need that should spike interest in the mind and heart of every member of the U.S. House of Representatives and Senate. Additionally, those elected officials should engage in some determined legwork to identify whether the problem on which the Journal focused is indeed a problem — or not — in their particular sphere of representation.

The issue on which the Journal focused in its lengthy October article is hospital emergency rooms’ preparedness for treating children.

“Children are dying in unprepared emergency rooms across America” was the headline that greeted readers that day, followed by the message “Hospitals and regulators have done little to ensure E.R.s are ready to treat children.”

This editorial is not aimed at generating suspicions about care for children at area hospitals. Rather, it is an opportunity for area hospitals — with the Journal report in mind — to tout their expertise and internal expectations and requirements regarding the treating of children. But, if applicable, hospitals of this region that could significantly beef up their services to children – and make additional needed improvements in that line of care – by way of the availability of additional federal and/or state money should join the discussion about such needs.

Consider this quote from the Journal article attributed to state program officials:

“Federal funding to states for improving child emergency care amounts to about $190,000 per state each year – enough to pay for one or two staffers and some free training for hospitals and emergency responders.”

That level of support would be laughable if it were not so serious.

Some people might suggest that hospitals make an adequate or excessive amount of money in their daily treatment of patients. However, most people embracing such viewpoints have hardly a clue about the costs and other challenges affecting hospitals’ ability to deliver outstanding services and the most up-to-date care options – for adults as well as children.

Still, what the Journal reported on Oct. 2 was and is alarming because the article exposed a situation about which few people probably had much or any prior knowledge. Members of Congress need to look closely at the information that the Journal compiled, such as:

— About 1,440 children died from 2012 to 2017 because the emergency rooms that treated them were allegedly not well prepared.

— Hospitals have had little incentive to improve care for children because many government agencies and professional groups have not required action.

— Twenty-five states do not check E.R. pediatric preparedness at all, and even some that do check do not publish names of the hospitals that earned recognition for being prepared.

— Children are four times as likely to die in less-prepared emergency rooms, according to a 2019 study published in the journal Pediatrics. In addition to avoidable deaths, large numbers of children have been left with severe long-term health conditions, according to doctors and researchers.

— The issue of children’s emergency room care needs to be scrutinized all across America like never before.

END

Comunidad no binaria busca salir del limbo identitario con la «X» en Puerto Rico

De izquierda a derecha Inarú Nadia de la Fuente, intersexual y líder del proyecto 'La sombrilla queer', André Rodil, persona no binaria y transgénero, Maru Rosa Hernández y Gé Areidawani Castro posan para EFE el 14 de noviembre de 2023 en la sede de Amnistía Internacional de Río Piedras en San Juan (Puerto Rico). EFE/Esther Alaejos

San Juan, 15 nov (EFE).- Nacer con una condición intersexual o persona no binaria supone una odisea a la hora de registrarse con el género, algo que esta comunidad en Puerto Rico está luchando por cambiar reclamando ante la Justicia la posibilidad de identificarse con una «X» en los documentos oficiales.»Yo he sentido que mi identidad de género no está reflejada en lo que son los documentos oficiales del Gobierno de Puerto Rico», denuncia Ínaru Nadia de la Fuente, no binario y líder del proyecto ‘La sombrilla queer’, que busca dar visibilidad a la comunidad y al lenguaje inclusivo.A sus 30 años, este estudiante de derecho convocó a cinco personas de esta comunidad para presentar recientemente una demanda ante el Tribunal federal de la isla contra el gobernador, el secretario de Salud y la directora del Registro Demográfico para que los documentos vitales ofrezcan una alternativa de género con una «X».En 2018, una orden de una jueza del Tribunal federal exigió al Gobierno de Puerto Rico permitir cambios en el género marcado en los registros vitales, de manera que los miembros de la comunidad transgénero pudieran cambiar de femenino a masculino, o viceversa, dependiendo de su transición de género.»En el 2018 no se contempló a las personas no binarias, por lo cual yo no pude hacer dicho cambio», explica De la Fuente.Las personas intersexuales o con desarrollo sexual diferente son personas que nacen con genitales ambiguos o atípicos, presentan una enorme diversidad de cuerpos y de condiciones diferentes entre sí y, según datos de Naciones Unidas, el 1,7 % de la población mundial tiene esta condición.Mientras que no binario es un término que incluye a aquellas personas que no se identifican ni con el género masculino ni con el femenino, se reconocen como ambos o se identifican como algo completamente diferente.

Apoyo de Amnistía Internacional

Liza Gallardo, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Puerto Rico, explica que se sumó a la acción legal del colectivo el pasado 6 de noviembre porque es necesaria «una congruencia entre el certificado de Puerto Rico y en algunos casos el certificado de Estados Unidos que ya incluye el marcador X».En su opinión, es importante salir «del binario de masculino y femenino y tener un espacio donde las personas no binarias de género no conforme y personas intersex se puedan ubicar».Actualmente, 17 estados del país norteamericano, y la ciudad de Nueva York, reconocen la identidad de género no binaria en sus certificados de nacimiento.»Es un asunto de justicia, un tema de dignidad, de equidad e igualdad que no tendría por qué no alcanzar un resultado positivo», zanja Gallardo.André Rodil, intersexual y transgénero oriundo de Ponce, en el sur de la isla, subraya: «El mismo Estado debería permitir que yo me identifique con lo que yo soy y como soy».Cuando Rodil nació fue identificado con el género femenino y se le «impuso una crianza como si fuese mujer», hasta que a los 16 años se le diagnosticó que era una persona intersexual, algo que refleja el bello de su barbilla y un desarrollo sexual diferente.»Que se respete mi identidad, no exponerme a violencia, no exponerme a incomodidades», clama Rodil a las autoridades de Puerto Rico.

«Un futuro más abierto»

Por su parte, Maru Rosa Hernández que nació en Cidra, un pueblo del interior de la isla caribeña, afirma que si se efectúa este cambio «va a contribuir a un futuro mucho más abierto para todes» porque la sociedad «se va a informar, va a estar expuesta a estos temas y eso va de la mano con la aceptación y con entender».»Solamente imaginarme que en el futuro va a haber personas que no van a tener que explicarse, que simplemente son, es lo que más tranquilidad me da», confiesa Hernández.La confianza en la demanda presentada es alta. De la Fuente recuerda que hace una década le dijeron que eso «va a tardar 50, 60, 100 años, eso nadie te va a escuchar».

«Lo más bonito es que en un corto plazo de tiempo hemos logrado tanto (…) Mira lo lejos que hemos llegado que hemos llevado la demanda al Tribunal y nos están tomando en serio», sentencia.

TelevisaUnivision presenta «Contigo en la Comunidad”

Adriana Andrade.

Millones de latinos en Filadelfia, Nueva York, Washington DC, Atlanta y Raleigh, podrán acceder a temas comunitarios relevantes para su vecindario

En una lluviosa mañana de sábado de este octubre pasado, Gustavo Díaz, un residente de Harlem, desafió las condiciones climáticas para unirse a un auditorio lleno de cientos de asistentes en el Hostos Community College en el Bronx. Una vez en el lugar, Gustavo se unió a un público participativo en la Feria Contigo y Tu Salud, un foro de salud organizado por Univision Nueva York. Allí, Gustavo se sintió lo suficientemente cómodo como para compartir su terrible experiencia, un diagnóstico de cáncer de garganta que había recibido días antes. Los médicos, expertos en salud y especialistas en cáncer que conducían la conversación respondieron la larga lista de preguntas e inquietudes de Gustavo relacionadas con su pronóstico. La historia de Gustavo es sólo una de las muchas que unen y comprometen a Univision con nuestra audiencia, ya que la misión central de Univision es entretener, informar y empoderar a los hispanos.

Es con ese objetivo TelevisaUnivision presenta “Contigo en la Comunidad”, un nuevo programa de 30 minutos para informar a los latinos en temas como salud, educación, inmigración, participación financiera y cívica. El show abarca múltiples mercados y permite tener un alcance más amplio y llegar a una audiencia ávida de recursos e información. El contenido incluye temas regionales e híper locales relevantes para los hispanos en estos mercados. Conducido por Adriana Andrade, “Contigo en la Comunidad” se transmitirá todos los sábados a las 6 p.m. en estaciones propias y operadas en Atlanta, Raleigh, Washington DC, Filadelfia y Nueva York.

«En Univision, nuestro compromiso inquebrantable es empoderar a los hispanos para que prosperen en todos los aspectos de sus vidas, desde la salud y el bienestar hasta enorgullecerse de su rica identidad y cultura. El programa ‘Contigo en la Comunidad’ es un vehículo poderoso que equipa a nuestros televidentes con información esencial, conocimientos y herramientas, asegurando que lleven una vida mejor y prosperen en sus comunidades», comentó Roberto Yañez, Northeast Regional Manager, President y General Manager de Univision Nueva York.

Actualmente, Adriana se desempeña como Community Empowerment Director de Univision Atlanta y Carolina del Norte. Sirve a su comunidad en diversas capacidades, incluso como miembro fundador de la junta de la División de Mujeres de la Cámara de Comercio Hispana de Georgia y vicepresidenta de las Bibliotecas Públicas del Condado de Gwinnett. Es la primera latina en ocupar este puesto en los 100 años de historia del sistema de bibliotecas más grande de Georgia. Adriana ha sido nombrada una de las 50 latinas más influyentes de Georgia y una de las 35 profesionales más influyentes menores de 35 años.

TelevisaUnivision es la principal empresa de medios en español del mundo. Con la mayor biblioteca de contenido propio en español y una prolífica capacidad de producción, TelevisaUnivision es el principal productor de contenido original en español en los sectores de noticias, deportes y entretenimiento. Este contenido original impulsa todas las plataformas de TelevisaUnivision, que incluyen las cadenas de transmisión líderes del mercado Univision, Las Estrellas, Canal 5 y UniMás, y un conjunto de 38 cadenas de cable, que incluyen TUDN, Galavisión, Distrito Comedia y TL Novelas. La compañía también opera el estudio de cine líder en México, Videocine, y posee y opera la plataforma de audio en español más grande de EE. UU. a través de 35 estaciones de aire y la plataforma digital Uforia. TelevisaUnivision también es propietaria de ViX, la plataforma de streaming en español más grande del mundo. Para obtener más información, visita televisaunivision.com.

Pennsylvania’s Senate approves millions for universities and schools, but rejects House priorities

The Pennsylvania Capitol is seen, Feb. 21, 2023, in Harrisburg, Pa. Democrats who control the state House of Representatives on Tuesday, Nov. 14, advanced an estimated $1.8 billion boost to the pensions of Pennsylvania state government and public school retirees, with supporters saying they have been hard hit by inflation. (Photo: AP/Matt Rourke/File)

HARRISBURG, Pa. — Pennsylvania’s Senate on Wednesday approved hundreds of millions of dollars for universities and schools, but it rejected some House priorities as lawmakers search for agreements on elements of a state budget that have dragged on five months into the fiscal year.

The Republican-controlled Senate passed a pair of budget-related bills, all with support from GOP and Democratic leaders, but both require House approval to get to the desk of Democratic Gov. Josh Shapiro.

The bills have an uncertain future in the House because they lack the increases in aid that the chamber’s Democratic majority had sought for the poorest public schools and three major universities: Temple, Pitt and Penn State.

A number of budget items have eluded agreement since House Democrats in June refused to go along with a budget plan supported by Shapiro and Senate Republicans. The sticking point was a new, $100 million program to pay for tuition at private and religious schools.

The resulting $45 billion budget that Shapiro signed in August doesn’t include the tuition voucher program, and — as a result — Republicans have held up elements that Democrats had supported.

In Wednesday’s floor debate, Senate Majority Leader Joe Pittman, a Republican from Indiana County, acknowledged criticism that the legislation lacks extra school aid that Democrats had sought.

Rather, Pittman said it is important to focus on what the Senate was accomplishing in a bipartisan vote.

“I’m proud of the work this institution has put into this legislation,” Pittman said. “I’m proud of the work we are accomplishing on a bipartisan basis to move education in this commonwealth forward.”

The budget that Shapiro signed boosted aid for public school instruction and operations by $600 million, or about 7%. But it didn’t include the extra $100 million in “Level Up” funding Democrats wanted for the poorest public schools — or, for that matter, the billions of extra dollars that public school advocates say is necessary to adequately fund public schools.

The Senate’s bills that passed Wednesday marshal another $150 million — for a total of $555 million — for an educational tax credit program that largely subsidizes tuition at private schools.

The program is championed primarily by Republicans. Still, Republicans agreed to provisions sought by Democrats: scaling back the amount of money that middleman administrators keep and putting $48 million more toward schools that serve a large proportion of students from lower-income families.

The legislation also sends $603 million to five institutions, including an increase of about $3 million apiece for Lincoln University and Penn College of Technology. But the bill reflects a continued Republican refusal to increase subsidies for Temple, Pitt and Penn State.

Democrats had sought an increase of 7% for each institution, or $20 million total.

Republicans have insisted that the three universities not increase tuition, which each institution did for this school year. Without state aid, though, the universities say it is difficult to keep tuition flat.

Other provisions in the Senate’s bills allow $100 million in federal aid to flow to school mental health services and create a program to award up to $10,000 to student teachers in an effort to encourage more people to become educators.

The stipends are aimed at easing a hardship for college students finishing up a teaching degree who each must student-teach in schools for 12 weeks without pay.

“We are running out of individuals to educate our children, no matter what school you may be in,” Sen. Vincent Hughes, a Democrat from Philadelphia, said during floor debate. “We are literally running out of teachers.”

Meanwhile, the Senate has not acted on a House bill that would deliver a $1 billion-plus hit to the state’s bank account by increasing subsidies for public transit agencies, cutting business taxes and expanding tax credits for child care costs and lower-earning workers.

In an interview, Pittman said he is “very intrigued” by the bill because it includes such a substantial tax cut. But, he said, his caucus has concerns about the legislation.

“And that’s what we have to evaluate,» Pittman said. “But we’re keeping all of our options open.”