Un camión retira nieve de la avenida durante una tormenta invernal, el sábado 31 de enero de 2026 en Sevierville, Tennessee. (Foto AP/Wade Payne)
Cuando se pronostica un clima turbulento con vientos fuertes y nieve intensa, los meteorólogos a veces advierten que una tormenta podría «explotar» o convertirse en un ciclón bomba. Pero ¿qué significa exactamente esto?
Según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés), ciertas tormentas experimentan bombogénesis, que ocurre cuando la presión central de una tormenta cae al menos 24 milibares en 24 horas. Estas tormentas a veces se llaman ciclones bomba. La intensidad de las tormentas se mide por la presión central: cuanto más baja es la presión, más fuerte es la tormenta.
Estas tormentas que se fortalecen rápidamente son capaces de producir lluvias intensas, condiciones de ventisca y vientos intensos que pueden crear condiciones peligrosas como árboles caídos y cortes de energía.
«Si están viendo la televisión por la noche y aparece el informe del clima y escuchan que se usa ‘ciclón bomba’, eso generalmente significa que hay bastante actividad climática en curso», afirma Andrew Orrison, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en College Park, Maryland.
Los ciclones bomba pueden ocurrir en cualquier estación, pero principalmente se producen durante el otoño e invierno, cuando el aire gélido del Ártico puede desplazarse hacia el sur y chocar con masas de aire más cálidas.
«Realmente es el choque de esas masas de aire lo que ayuda a generar las áreas de baja presión en primer lugar», explicó Orrison.
Las regiones en Norteamérica propensas a experimentar ciclones bomba incluyen Alaska, el noroeste del Pacífico y la región de los Grandes Lagos.
ARCHIVO - La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum presenta una nueva estrategia de seguridad contra la violencia en el estado de Michoacán, en el Palacio Nacional, el 9 de noviembre de 2025, en la Ciudad de México. (AP Foto/Claudia Rosel, archivo)
MARÍA VERZA
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El cruce de versiones sobre si uno de los fugitivos más buscados por Estados Unidos, el exdeportista canadiense Ryan Wedding, fue arrestado tras entregarse en México o durante un operativo binacional ha vuelto a poner sobre la mesa el eterno debate sobre las actividades de agentes estadounidenses en territorio mexicano, ahora con una especial preocupación: el ataque en Venezuela demostró lo que Donald Trump puede hacer.
Para la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha tenido que lidiar con sus constantes declaraciones sobre el deseo de atacar a los cárteles por tierra y las presiones para dar más resultados en materia de seguridad, lo fundamental es garantizar la soberanía del país, que sólo las fuerzas mexicanas operan en México y que la cooperación con su vecino del norte es ejemplar, algo en lo que insistió el jueves pasado tras una nueva llamada con Trump.
“Nosotros nunca vamos a aceptar operaciones conjuntas con Estados Unidos”, afirmó durante su conferencia matutina. “Las operaciones en nuestro territorio son de las fuerzas mexicanas”.
En la Administración estadounidense, sin embargo, prima mostrar contundencia contra los cárteles.
Wedding era uno de los fugitivos más buscados del FBI, acusado de transportar toneladas de droga a Estados Unidos bajo la protección del Cártel de Sinaloa, aunque se declaró inocente en su primera audiencia ante los tribunales estadounidenses esta semana.
En esta imagen publicada por la embajada de EE. UU. en Wellington, Nueva Zelanda, el director del FBI, Kash Patel, corta el lazo en la inauguración oficial del FBI en Wellington, Nueva Zelanda, el 31 de julio de 2025. (Foto: AP/Ola Thorsen/US Embassy/Archivo)
El director del FBI, Kash Patel, dijo el pasado viernes que fue capturado en una operación conjunta de “alto riesgo” realizada “mano a mano” y “en el terreno” con las fuerzas mexicanas.
Sheinbaum y el embajador Ronald Johnson indicaron que el canadiense se entregó a las autoridades estadounidenses en la embajada, y la mandataria incluso indicó que “la mejor prueba» de ello era una fotografía publicada en redes, cuestionada después por haber podido generarse con inteligencia artificial. El abogado de Wedding insistió en que “no se entregó”.
La presidenta acabó reconociendo que no conocía los detalles de la detención, pero el jueves, según sus declaraciones, no le preguntó a Trump cuando habló con él. “No tocamos el tema”, dijo.
Después de la llamada, ambos mandatarios emitieron mensajes elogiando la cordialidad y la productividad de la conversación.
Trump escribió que se habló “de la frontera, de parar el narcotráfico y el comercio”; calificó a Sheinbaum de una líder “maravillosa y muy inteligente” y dejó abierta la puerta a una reunión entre ambos.
«Los dos coincidimos que vamos muy bien”, dijo por su parte la mexicana en referencia a las cuestiones de seguridad.
Límites difusos
Samuel González, exfiscal jefe contra el crimen organizado y actual analista, no dudó en asegurar que “los operativos conjuntos se dan en todas partes del mundo… avisándole nada más al país” y que México no ha sido una excepción, aunque siempre ha cuidado el discurso.
Lo que ha cambiado, explicó, es que hace décadas el tema “tabú” era si los agentes estadounidenses llevaban armas o no, y ahora sí participan activamente en las operaciones. Por eso se habla tanto del “intercambio de información”, algo que, para el exfuncionario, significa que los estadounidenses dicen dónde está un objetivo y las fuerzas de seguridad mexicanas van y lo detienen.
Durante la Administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), los movimientos de las agencias extranjeras en el país fueron restringidos por una ley que exige a los agentes informar previamente al gobierno mexicano sobre sus acciones.
La tensión fue especialmente alta después de la detención en Los Ángeles del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, en 2020, por supuestas vinculaciones con el narcotráfico. Fue entregado a México para que lo juzgaran aquí, pero las autoridades mexicanas no solo desestimaron el caso sino que acusaron a la DEA de fabricar pruebas.
Un vendedor de periódicos organiza periódicos que informan sobre el arresto en El Paso, Texas, EEUU, del capo de la droga mexicano Ismael «El Mayo» Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, en la Ciudad de México, el 26 de julio de 2024. (Foto: VOA)
Durante esta Administración la colaboración ha sido intensa. Diplomáticos y analistas coinciden en que Sheinbaum ha hecho lo que Estados Unidos ha pedido, pero no han faltado momentos delicados.
En agosto, la presidenta desmintió a la DEA cuando la agencia anunció una importante “iniciativa binacional” en la frontera y justificó el vuelo de drones estadounidenses sobre México, diciendo que se hacía a petición de su gobierno.
Mientras tanto, su gabinete ha continuado con importantes detenciones, decomisos de droga o el envío de presos vinculados a los cárteles a Estados Unidos, mientras siguen las negociaciones sobre la revisión del T-MEX, el tratado de libre comercio norteamericano que el jefe de la Casa Blanca quiere tumbar con la imposición de su nueva política arancelaria.
Sin embargo, México insiste en mostrarse optimista y en minimizar las presiones, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo el mismo jueves a la prensa que, aunque se ha planteado la posibilidad de reformas estructurales del acuerdo, “la estructura primordial del tratado va a salir adelante”.
Manifestantes participan en una protesta 'No ICE' en Milán, norte de Italia, 31 de enero de 2026, contra la presencia planificada de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU. durante los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026. Los manifestantes critican el papel de seguridad de la agencia tras recientes tiroteos mortales controvertidos que involucran a agentes federales en Estados Unidos. (Protestas, Italia, Estados Unidos) EFE/EPA/MATTEO CORNER
Varios miles de personas se manifestaron este sábado en Milán, en el norte de Italia, contra la presencia prevista de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, que comienzan el 6 de febrero.
«Creo que lo que vimos hoy en Milán fue una respuesta muy importante, una señal muy clara de participación y de que el ICE no es bienvenido en Italia, no es bienvenido en Milán. Son escuadrones que, en suelo estadounidense, están sembrando el caos en las ciudades», afirmó la secretaria general del Partido Demócrata (PD), Elly Schlein.
Los manifestantes que pacíficamente recorrieron varias calles del centro de Milán portaban pancartas contra el presidente estadounidense, Donald Trump, con frases como «No a los MAGA» o «No a los dictadores del ICE», así como algunas banderas de Palestina.
«Dejamos muy claro que no queremos a los matones de Trump en Milán. Tomaremos más medidas, pero esto no terminará aquí. Nuestro Gobierno está subordinado a Trump. No pueden decirle que no a Trump», declaró Pierfrancesco Majorino, líder del grupo del Partido Demócrata en la región de Lombardía.
Manifestantes participan en una protesta ‘No ICE’ en Milán, norte de Italia, 31 de enero de 2026, contra la presencia planificada de agentes de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE) durante los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026. Los manifestantes critican el papel de seguridad de la agencia tras recientes tiroteos fatales controvertidos que involucran a agentes federales en Estados Unidos. (Protestas, Italia, Estados Unidos) EFE/EPA/MATTEO CORNER
Entre los presentes estaba Mario Calabresi, exdirector del diario ‘La Repubblica’, quien declaró: «Están sembrando la violencia, llevando a cabo deportaciones, arrestando a niños de dos y cinco años, usándolos como cebo para capturar a sus madres; han asesinado a varios ciudadanos estadounidenses en las calles, incluyendo, como saben, a Alex Pretti, enfermero, y también a Renée Good, poeta. No queremos ver todo esto en Italia».
Entre los manifestantes también había un número significativo de ciudadanos estadounidenses que se unió a la protesta.
«Estamos aquí en solidaridad con la gente de Minneapolis. Trump es un fascista y está llevando a Estados Unidos por el camino equivocado», explicaba a los medios un estadounidense que vive en Italia desde hace 18 años.
Esta manifestación es la primera en Milán de varias que ya han sido anunciadas en la capital de Lombardía, sede de los Juegos Olímpicos invernales.
– Manifestantes participan en una protesta ‘No ICE’ en Milán, norte de Italia, 31 de enero de 2026, contra la presencia planificada de agentes de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE) durante los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026. Los manifestantes critican el papel de seguridad de la agencia tras recientes tiroteos mortales controvertidos que involucran a agentes federales en Estados Unidos. (Protestas, Italia, Estados Unidos) EFE/EPA/MATTEO CORNER
El Gobierno italiano insiste en que la presencia en los JJ.OO. se limitará a «analistas» de la Homeland Security Investigations (HSI), el brazo investigativo del ICE, y que no habrá agentes operativos.
Italia acogerá del 6 al 22 de febrero los 25.º Juegos Olímpicos de Invierno en las ciudades alpinas de Milán y Cortina, con la presencia de deportistas de 93 países.
Paul George, derecha, de los 76ers de Filadelfia, se alza para disparar sobre Kyle Kuzma, de los Bucks de Milwaukee, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el martes 27 de enero de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Slocum)
Paul George de los 76ers de Filadelfia ha sido suspendido por 25 partidos por violar los términos del Programa Antidrogas de la NBA, anunció la liga el sábado.
La NBA no reveló la naturaleza de la violación ni la sustancia involucrada, y George emitió un comunicado a ESPN diciendo que tomó algo que era “inapropiado”.
«En los últimos años, he hablado sobre la importancia de la salud mental, y en el curso de buscar tratamiento recientemente para un problema propio, cometí el error de tomar un medicamento inapropiado», dijo George en el comunicado emitido a la cadena.
Se disculpó con el equipo y sus fanáticos, diciendo que asume «toda la responsabilidad por mis acciones».
La suspensión de 25 partidos, según los términos del acuerdo entre la liga y la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto, indica que esta fue la primera violación por parte de George. Comenzará a cumplir la suspensión el sábado cuando Filadelfia reciba a Nueva Orleans.
La suspensión le costará a George —nueve veces seleccionado All-Star— aproximadamente $11,7 millones de dólares de su salario de $51,7 millones, o alrededor de $469.691,72 por cada uno de los 25 partidos que se perderá. Parte de ese dinero perdido se convertirá en un crédito y acercará a Filadelfia a salir del impuesto de lujo; los 76ers estarían aproximadamente $1,3 millones por encima de esa línea al considerar el dinero que George no está recibiendo.
Se espera que George sea elegible para regresar el 25 de marzo, cuando Filadelfia reciba a Chicago. Los 76ers tendrán diez partidos restantes en la temporada regular en ese momento.
Filadelfia entró el sábado con un récord de 26-21, sexto en la Conferencia Este. Los 76ers tienen una marca de 16-11 cuando George juega, 10-10 cuando no lo hace.
George ha promediado 16 puntos en 27 partidos esta temporada para los 76ers, esa media de anotación es la tercera más alta del equipo detrás de Tyrese Maxey (29,4) y Joel Embiid (25,7). Tuvo uno de sus mejores partidos de la campaña a principios de esta semana, con una explosión de 32 puntos impulsada por nueve triples en una victoria el martes sobre Milwaukee.
George de 35 años firmó un contrato de $212 millones por cuatro años en la agencia libre antes de la temporada 2024. Pero su primer año en Filadelfia estuvo marcado por lesiones de rodilla y aductor que resultaron en que el alero tuviera uno de los peores años de su carrera en la NBA.
George promedió 16,2 puntos en solo 41 partidos, fácilmente su promedio de anotación más bajo en una temporada completa desde que promedió 12,1 puntos para Indiana en su segunda temporada en la NBA.
La temporada pasada fue tan miserable que George llamó a su primer año en Filadelfia «el fondo» a lo largo de su carrera.
Ciertamente no es mejor ahora.
George se sometió a una cirugía en julio en su rodilla izquierda después de lesionarse durante un entrenamiento y se perdió los primeros 12 partidos de esta temporada.
George y el dos veces campeón anotador de la NBA Joel Embiid habían estado lo suficientemente saludables esta temporada para mantener a los 76ers en la lucha por los playoffs de la Conferencia Este. Maxey floreció como titular del All-Star y una fuerte temporada de novato del tercer seleccionado general VJ Edgecombe tenía a los 76ers esperanzados de que podrían hacer ruido en los playoffs.
Con el plazo de intercambio del 5 de febrero acercándose, la suspensión de George podría tener un impacto profundo en lo que los 76ers hagan mientras buscan avanzar en los playoffs.
(FILE) Photo of Cuban President Miguel Diaz-Canel. EFE/EPA/ Ernesto Mastrascusa
La Habana, – El Gobierno de Cuba afirmó el viernes que enfrentará la decisión de Washington de imponer aranceles a países que vendan o suministren petróleo a la isla con «firmeza» y aseguró que, ante la presión económica de Estados Unidos, «la decisión es una: patria o muerte».
En un extenso comunicado, un día después de la publicación de la orden ejecutiva de la Casa Blanca, el Gobierno insular aseguró que Estados Unidos «se confunde» por confiar en que «con la presión económica» hacia el país caribeño logrará que «Cuba caiga».
La Habana aseguró, sin embargo, que está dispuesta a mantener un diálogo «serio, responsable y basado en el derecho internacional, en la igualdad soberana, en el respeto mutuo» con Estados Unidos, pero sin «injerencia en los asuntos internos».
De igual forma, recalcó que las nuevas medidas del presidente Donald Trump no van a «doblegar» la «determinación de defender la soberanía nacional».
«El Gobierno de Estados Unidos llega a este punto tras haber fracasado durante 67 años en rendir y destruir un proceso político y revolucionario genuino y legítimo, de plena soberanía, justicia social y fomento de la paz y la solidaridad con el resto del mundo», señaló la nota.
Se trata de la primera declaración institucional tras la orden ejecutiva anunciada el jueves.
Anteriormente, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, subrayó este viernes en X que «esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales».
Agregó que la decisión se ha tomado «bajo un pretexto mendaz y vacío de argumentos», en referencia a los argumentos contenidos en la orden ejecutiva para declarar una «emergencia nacional» en EE.UU. por el supuesto peligro que supuestamente representa Cuba para su seguridad nacional.
Entre esos motivos, Washington destacó el alineamiento de La Habana con Rusia y otros «actores malignos», la acogida de bases de espionaje y «grupos terroristas transnacionales», la persecución y tortura de oponentes políticos y la negación de derechos humanos en la isla.
La orden concluye que «estas acciones constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU.» y «requieren una respuesta inmediata para proteger a los ciudadanos e intereses americanos».
Cuba sin petróleo
La presión de Washington va a ir escalando en un país que padecía ya un déficit crónico de combustible -especialmente visible en los prolongados apagones diarios- al no tener las divisas necesarias para importar crudo suficiente.
Cuba precisa unos 110.000 barriles de petróleo diarios, según distintas estimaciones y a falta de datos oficiales. De esta cantidad, en torno a 40.000 provienen de su producción nacional de crudo (que se dedica fundamentalmente a nutrir las centrales termoeléctricas).
Su principal proveedor histórico era Venezuela, que en 2025 le suministró unos 27.000 barriles diarios, según el sistema de seguimiento de Reuters (mucho menos de los hasta 100.000 diarios que llegó a suministrar). Esto resultó en la captura del presidente de ese país, Nicolás Maduro.
Fotografía de archivo que muestra dos barcos cubanos navegando cerca a la bahía de Matanzas (Cuba). EFE/ Ernesto Mastrascusa
Luego estaba México, con entre 6.000 y 12.000 barriles diarios el año pasado, según distintas fuentes. Washington había ido incrementando su presión sobre este país en las últimas semanas.
Siete décadas de desencuentros entre Cuba y EE.UU.
Las relaciones entre La Habana y Washington, enemistadas desde el triunfo de la revolución cubana en 1959, atraviesan sus momentos de mayor tensión en décadas. El clima de crispación se ha intensificado desde la captura estadounidense del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
La caída del mandatario, el fin del suministro de petróleo desde Caracas y la orden ejecutiva de la Casa Blanca, firmada este jueves y que amenaza con imponer aranceles a los países que, directa o indirectamente, vendan o suministren crudo a La Habana, han llevado a la isla a una situación de extrema.
Ruptura y Guerra Fría
Enero de 1959: La rebelión armada dirigida por Fidel Castro derroca al presidente Fulgencio Batista, que huye de Cuba. Washington reconoce al nuevo Gobierno revolucionario, pero los desencuentros comienzan tras las primeras reformas y expropiaciones de empresas estadounidenses.
Marzo de 1960: El carguero francés La Coubre explota en el puerto de La Habana. El suceso tuvo como saldo cerca de 100 muertos. Castro culpó a Estados Unidos y pronunció por primera vez el lema “Patria o muerte”.
Octubre de 1960: El presidente de EE.UU. Dwight Eisenhower (1953-1961) prohíbe las exportaciones a Cuba como represalia por las nacionalizaciones. Se trata del germen de lo que hoy se conoce como el embargo o bloqueo.
Enero de 1961: Estados Unidos rompe formalmente relaciones diplomáticas con Cuba y cierra su embajada en La Habana.
Abril de 1961: Una brigada de exiliados cubanos entrenada por la CIA desembarca en Playa Girón para derrocar a Castro. La operación es un fracaso rotundo.
Febrero de 1962: El presidente estadounidense John F. Kennedy (1961-1963) firma la orden ejecutiva para establecer un embargo sobre Cuba.
Octubre de 1962: El mundo queda al borde de una guerra nuclear cuando EE.UU. descubre misiles soviéticos en Cuba. Tras 13 días de ansiedad mundial, el presidente de la Unión Soviética Nikita Jrushchov (1953-1964) retira los misiles a cambio de que Washington haga lo mismo en Turquía.
Tensiones, distensiones y éxodo
Octubre de 1976: El vuelo 455 de Cubana de Aviación explota en el aire frente a las costas de Barbados, matando a 73 personas. El atentado fue planificado por figuras del exilio, entre ellos Luis Posada Carriles y Orlando Bosch.
Septiembre de 1977: Bajo la administración del presidente de EE.UU. Jimmy Carter hay un breve deshielo. Se abren Secciones de Intereses en Washington y La Habana.
Abril de 1980: Tras la entrada por asalto de un grupo de cubanos a la embajada de Perú en La Habana exigiendo asilo político, Castro abre el puerto del Mariel y cerca de 125.000 balsero parten hacia Florida (EE.UU.).
1992 y 1996: Estados Unidos endurece las sanciones. La Ley Torricelli prohíbe a subsidiarias de empresas estadounidenses comerciar con Cuba. Mientras que la Helms-Burton codifica el embargo en ley, quitando al presidente la facultad de levantarlo.
Agosto de 1994: Tras una protesta en el malecón de La Habana, Cuba permite una nueva salida masiva de personas. La ola migratoria lleva a la firma de acuerdos bilaterales, en los que Washington se compromete a dar 20.000 visas anuales y establece la política de «pies secos, pies mojados».
Febrero de 1996: La Fuerza Aérea Cubana derriba en aguas internacionales dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate, provocando la muerte de cuatro personas (tres de ellas estadounidenses). Cuba argumentó que las naves violaron su espacio aéreo.
Septiembre de 1997: Una serie de explosiones golpea distintos hoteles en Cuba. Las investigaciones y una confesión en una entrevista de Luis Posada Carriles con el New York Times vincularon estos ataques a grupos del exilio en Florida.
Septiembre de 1998: En respuesta a los atentados en los hoteles, Cuba infiltró espías en Florida. El FBI arrestó a 10 personas, de las cuales cinco fueron condenadas a largas penas. Cuba argumentó que la misión de la «red avispa» era prevenir el terrorismo contra la isla.
Noviembre de 1999: La disputa por la custodia del niño balsero Elián González se convierte en un símbolo político para La Habana y motivo de un nuevo encontronazo. El Gobierno del presidente de EE.UU. Bill Clinton (1993-2001) finalmente ordena devolver al niño a su padre en Cuba.
Deshielo y enfriamiento
Diciembre de 2009: El Gobierno cubano detiene al subcontratista de la USAID Alan Gross por distribuir equipos satelitales. Fue condenado a 15 años de prisión.
Diciembre de 2014: Los presidentes de EE.UU. y Cuba, Barack Obama y Raúl Castro, anuncian el inicio de la normalización de las relaciones bilaterales. Se intercambian prisioneros (incluyendo Gross y la «red avispa») y se restablece la comunicación directa.
Julio de 2015: Estados Unidos y Cuba reabren sus embajadas.
Agosto de 2017: El presidente de EE.UU. Donald Trump endurece las restricciones de viaje y remesas a Cuba tras los reportes de supuestos ataques sónicos a su personal diplomático en la isla.
Enero de 2021: En sus últimos días en su primer mandato, Trump vuelve a colocar a Cuba en su lista de países patrocinadores del terrorismo. Su sucesor, Joe Biden, retiraría a la isla brevemente del listado, pero Trump, ya en su segundo mandato, la volvió a incluir.
Enero de 2026: Tras la captura del presidente de Venezuela Nicolás Maduro el flujo de petróleo venezolano a Cuba cesa de inmediato. Trump advierte a La Habana que «está a punto de caer». Semanas después, anuncia aranceles a los países que vendan o suministren petróleo a la isla.
Personas pasan por una calle este 30 de enero de 2026 en La Habana (Cuba). EFE/ Ernesto Mastrascusa
Fotografía del 23 de enero de 2026 que muestra a la directora general adjunta de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Beth Bechdol, posando durante una entrevista con EFE en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/ Pau Mompó Alberola
Santo Domingo.- La directora general adjunta de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Beth Bechdol, advirtió que la situación respecto a la inseguridad alimentaria «no es positiva», al existir «más de ochocientos millones de personas en el mundo» consideradas hambrientas.
«Las personas que más sufren, en los niveles más agudos de inseguridad alimentaria, se encuentran en lugares donde hay conflictos o problemas relacionados con el clima extremo y vulnerabilidades», detalló Bechdol en una entrevista con EFE durante su visita a la República Dominicana.
El pronóstico global para este 2026 es que «probablemente 290 millones de personas en más de 60 países seguirán estando clasificadas en los niveles más graves de inseguridad alimentaria», de acuerdo con la directora adjunta.
Sin embargo, conforme a Bechdol, «hay algunos puntos positivos en la región de América Latina». En el caso de la República Dominicana, considera «muy alentador ver que el gobierno tiene una iniciativa política de hambre cero».
Según el último informe titulado ‘El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo’ de la FAO publicado en 2025, la prevalencia de la subalimentación alimentaria en la República Dominicana pasó de un 21,3 % de la población en el periodo 2004-2006, a un 3,6 % entre los años 2022 y 2024.
Además la inseguridad alimentaria grave -definida como un acceso limitado a los alimentos- en dicho país se situó en un 17,9 % de la población entre 2022 y 2024, casi seis puntos y medio menos que entre 2014 y 2016 (24,3 %).
Situación en Gaza
Específicamente en la Franja de Gaza, Bechdol señaló que «la situación está mejorando en cierta medida», lo que significa que «el número de personas que se encuentran en los niveles más altos de inseguridad alimentaria ha disminuido en los últimos meses, gracias a la mejora del acceso a los alimentos de emergencia».
La situación de inseguridad alimentaria en esta región se vio afectada desde que las tropas israelíes iniciaran su ofensiva como represalia por los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, en la que Israel ha matado ya al menos a 71.667 personas y ha causado 171.343 heridos, muchos con amputaciones, según cifras del Ministerio de Sanidad de la Franja.
El pasado 19 de enero el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas advirtió que la situación en la Franja de Gaza era «extremadamente frágil» a pesar de haber ampliado significativamente sus operaciones en la zona, atendiendo a más de un millón de personas al mes.
A pesar de ello, de acuerdo con Bechdol, desde el alto al fuego que entró en vigor hace más de tres meses, ha aumentado el acceso a alimentos tradicionales, medicinas, agua, refugio y otras formas de asistencia.
«Seguimos vigilando que se garantice el pleno acceso para prestar asistencia y apoyo a la población», señaló la directora general adjunta.
Bechdol destacó que «antes del estallido de la guerra», Gaza «tenía una economía agrícola muy dinámica».
De hecho, el pasado mes de octubre un informe de la FAO alertaba de que el 87 % de las tierras de cultivo de la Franja de Gaza habían resultado dañadas durante la guerra.
«La base agrícola de Gaza ha sido destruida», advertía la organización.
Por ello, la FAO está «elaborando planes con muchos socios para intentar pensar en cómo reconstruir la infraestructura agrícola, los invernaderos y, con suerte, reponer el ganado y las existencias de la zona».
Presupuesto reducido
En este contexto, la directora adjunta del organismo de Naciones Unidas alertó de que la dinámica de los donantes tradicionales de la organización «ha cambiado» y se corre «un gran riesgo».
«Existe la preocupación de que muchos de los presupuestos que los donantes tradicionales han dedicado al hambre y la inseguridad alimentaria estén disminuyendo o reduciéndose. Por eso, muchos de nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de trabajar», indicó.
En ese sentido, la FAO en muchas situaciones de emergencia «ha dado prioridad a la prestación de asistencia agrícola o a la producción de alimentos de emergencia», para que «las personas más vulnerables reciban semillas, vacunas para animales y piensos».
«Aunque a menudo no se habla de ello, las personas más vulnerables y que padecen más hambre suelen estar relacionadas con la agricultura. Son agricultores, ganaderos, pescadores… y debemos asegurarnos de que no solo les proporcionamos ayuda alimentaria, sino que les damos las herramientas necesarias para que puedan seguir manteniéndose por sí mismos», explicó Bechdol.
Policías patrullan cerca del Capitolio de Estados Unidos, en Washington, el viernes 30 de enero de 2026. (AP Foto/Rahmat Gul)
WASHINGTON— El Senado de Estados Unidos aprobó el viernes una iniciativa para financiar la mayor parte del Gobierno hasta finales de septiembre, después de que el presidente Donald Trump hiciera un acuerdo con los demócratas para separar la financiación del Departamento de Seguridad Nacional y permitir que el Congreso debata nuevas restricciones a las redadas migratorias federales.
Ante la posibilidad de un cierre de gobierno el fin de semana, Trump hizo el raro acuerdo con los demócratas del Senado el jueves tras las muertes de dos personas a manos de agentes federales en Minneapolis. Según el acuerdo, el dinero del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) continuará en los niveles actuales durante dos semanas mientras los legisladores consideran las demandas demócratas de que los agentes migratorios no se cubran el rostro, se hagan cambios para las órdenes de arresto y se permita que las autoridades locales ayuden a investigar cualquier incidente.
El proyecto de ley fue aprobado con una votación de 71-29. Ahora pasará a la Cámara de Representantes, que no tiene programado sesionar sino hasta el lunes. Eso significa que el gobierno podría estar en un cierre parcial temporalmente durante el fin de semana hasta que lo aprueben.
Mientras los legisladores de ambos partidos pedían investigaciones sobre los tiroteos por parte de agentes federales, Trump dijo que no quería un cierre y alentó a los miembros de ambos partidos a aprobar la medida.
Las concesiones del presidente a los demócratas provocaron resistencia de algunos republicanos del Senado, lo que retrasó las votaciones finales y proporcionó un adelanto a lo que será el debate durante las próximas dos semanas. En un discurso en el pleno, el senador Lindsey Graham, aliado de Trump, advirtió que los republicanos no deberían ceder demasiado .
«Y al partido republicano, ¿dónde han estado?», preguntó Graham. Afirmó que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y de la Patrulla Fronteriza han sido «calumniados y difamados».
Aun así, algunos republicanos dijeron que creen que eran necesarios cambios en las operaciones de ICE , aunque es poco probable que acepten todas las solicitudes de los demócratas.
Los demócratas exigen cambios
Los demócratas dicen que no volverán a votar para financiar el DHS hasta que el Congreso ponga nuevos límites al ICE y otras agencias federales que realizan las redadas.
«Estas no son demandas radicales», dijo el líder demócrata del Senado Chuck Schumer. “Son estándares básicos que el pueblo estadounidense ya espera de las fuerzas del orden”.
Los demócratas han pedido a la Casa Blanca que «termine con las patrullas itinerantes» en las ciudades y se coordine con las policías locales en los arrestos de inmigración, incluyendo la exigencia de reglas más estrictas para las órdenes de arresto.
También quieren un código de conducta aplicable para que los agentes rindan cuentas cuando violen las reglas. Schumer dijo que los agentes deberían estar obligados a actuar «sin máscaras y con cámaras corporales encendidas», así como portar identificación adecuada, como es práctica común en la mayoría de las agencias policiales.
Alex Pretti, un enfermero 37 años, fue asesinado por un agente de la Patrulla Fronteriza el 24 de enero, dos semanas después de que un agente del ICE matara a Renee Good. Funcionarios de la administración federal, incluyendo a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmaron que Pretti se había acercado agresivamente a los agentes, pero múltiples videos contradicen esa afirmación.
Resistencia republicana
Los republicanos respondieron con sus propias demandas, incluyendo restricciones a las «ciudades santuario», las cuales, según ellos, no hacen lo suficiente para combatir la inmigración ilegal .
«No hay manera de que vayamos a permitir que los demócratas incapaciten a las fuerzas policiales y detengan las deportaciones a cambio de financiar el DHS», aseveró el senador republicano Eric Schmitt antes de la votación.
Graham detuvo los proyectos de ley de gasto hasta que el líder de la mayoría del Senado, John Thune, acordó darle un voto sobre su proyecto de ley de ciudades santuario en una fecha posterior.
Inusuales conversaciones bipartidistas
Las conversaciones bipartidistas entre Trump y Schumer, su frecuente adversario, se produjeron después de la muerte de Pretti.
El enfrentamiento presupuestario ha amenazado con sumir al país en otro cierre, apenas dos meses después de que los demócratas bloquearan un proyecto de ley de gasto por la expiración de subsidios federales de salud. Esa disputa cerró el gobierno durante 43 días.
Ese cierre terminó una vez que un pequeño grupo de demócratas llegó a un acuerdo con los republicanos. Pero los demócratas parecen más unidos esta vez tras los incidentes en que Pretti y Good murieron baleados por agentes federales.
Incertidumbre en la cámara baja
El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha dicho que se opone a dividir el paquete de financiación, pero «si se divide, tendremos que moverlo lo más rápido posible. No podemos permitir que el gobierno cierre».
Johnson dijo que podría tener que tomar algunas «decisiones difíciles» sobre cuándo traer de vuelta a la Cámara de Representantes a Washington para aprobar los proyectos de ley separados por el Senado.
Cabinas para votar instaladas en un centro electoral de Newtown, Pensilvania, el 23 de abril de 2024. (AP Foto/Matt Rourke/Archivo)
SACRAMENTO, California, EE. UU.— Una jueza de Estados Unidos impidió el viernes que ciertas agencias federales requieran el estatus de ciudadanía al distribuir formularios de registro de votantes, el último golpe a una orden ejecutiva sobre elecciones que el presidente Donald Trump firmó el año pasado.
La jueza de distrito Colleen Kollar-Kotelly, en Washington, falló que la separación de poderes consagrada en la Constitución, que otorga a los estados y, en cierta medida, al Congreso la autoridad para establecer las reglas electorales, está en el centro del caso.
«Nuestra Constitución no permite que el presidente imponga cambios unilaterales a los procedimientos electorales federales», escribió la jueza, quien fue designada por el expresidente Bill Clinton.
Específicamente, Kollar-Kotelly bloqueó dos disposiciones de la orden ejecutiva que pretendían imponer reglas de prueba de ciudadanía.
Su fallo indica que las agencias no podrán «evaluar la ciudadanía» antes de proporcionar un formulario federal de registro de votantes a las personas que se inscriben en programas de asistencia pública. También señaló que el secretario de Defensa no puede exigir prueba documental de ciudadanía cuando el personal militar se registre para votar o solicite boletas.
“Nuestra democracia funciona mejor cuando todos los estadounidenses pueden participar, incluidos los miembros de nuestras fuerzas armadas y sus familias que viven en el extranjero. El fallo de hoy elimina una amenaza muy real a la libertad para votar de las familias militares en el extranjero y ratifica la separación de poderes», dijo Danielle Lang, experta en derechos electorales del Centro Legal de Campaña, que representa a los demandantes en el caso.
La Casa Blanca afirmó que la orden ejecutiva de Trump tenía la intención de garantizar la «seguridad electoral» y que el fallo del viernes no sería la última palabra.
“Garantizar que sólo los ciudadanos (estadounidenses) voten en nuestras elecciones es una medida de sentido común que todos deberían poder apoyar”, dijo Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca. «Este no es el veredicto final sobre el asunto y la administración espera obtener la victoria definitiva en esta cuestión».
La posibilidad de que no ciudadanos estuvieran votando fue una estrategia central para Trump y los republicanos durante la campaña de 2024, y los republicanos en el Congreso continúan impulsando propuestas que requerirían prueba de ciudadanía para registrarse para votar. La investigación, incluso entre funcionarios republicanos, ha demostrado que el voto de no ciudadanos es poco común.
El fallo del viernes es uno de varios reveses para la orden ejecutiva del presidente, la cual ha sido objeto de múltiples demandas. En octubre, Kollar-Kotelly impidió al gobierno de Trump agregar un requisito de prueba documental de ciudadanía al formulario federal de registro de votantes. Demandas separadas por parte de fiscales generales estatales demócratas y de Oregon y Washington, que dependen en gran medida de las boletas enviadas por correo, han bloqueado varias partes de la orden de Trump.
Miles de personas salen a las calles durante una huelga general a nivel nacional y protestan contra las operaciones de control migratorio en Nueva York, el 30 de enero de 2026. EFE/EPA/Olga Fedorova
Nueva York.- Miles de neoyorquinos unieron hoy sus voces y desafiaron las gélidas temperaturas para repudiar la política migratoria del presidente Donald Trump en Mineápolis, que ha costado la vida a dos personas abatidas por agentes federales y genera fuertes enfrentamientos con los residentes.
La multitud salió a protestar como parte de la convocatoria nacional a «no trabajar, no ir a la escuela, no ir de compras», una huelga en solidaridad con la ciudad de Minéapolis en su lucha por sacar a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Armados para enfrentar el frío ártico que afecta a Nueva York y otros estados, los manifestantes se reunieron en la ya legendaria plaza de Foley Square, a pasos de la sede de ICE, y marcharon por las calles gritando consignas y portando letreros contra el ICE.
En los letreros se podía leer «Fuera ICE», «ICE es la gestapo de Trump» o «Justicia para todas las víctimas del terrorismo del ICE», así como fotos de inmigrantes que han muerto en centros de detención.
«Exigimos el fin de esta violencia, el fin de los asesinatos de miembros de nuestra comunidad y la salida de ICE de nuestras comunidades», indicaron representantes de la Coalición de Inmigración de Nueva York, uno de los grupos organizadores de la manifestación.
Los enfrentamientos de agentes de ICE con residentes de Mineápolis ha causado las muertes de Renee Gold (7 de enero) y de Alex Pretti (24 de enero), ambos de 37 años, lo que aumentó la indignación respecto a las prácticas migratorias del Gobierno de Trump.
Las crecientes críticas a los abusos del ICE llegan además por parte de figuras del mundo del espectáculo y empresarios, que han hecho públicas sus opiniones en contra de la violencia de la agencia migratoria.
Julio Peña Jr. abraza a su madrastra, Lydia Romero, afuera de un centro de detención de inmigrantes en el centro de Los Ángeles mientras intentan obtener información sobre su padre, Julio César Peña, quien fue detenido por el ICE en diciembre.(Immigrant Defenders Law Center)
Lydia Romero se esforzaba por escuchar la voz débil de su esposo al teléfono.
Una semana antes, agentes de inmigración apresaron a Julio César Peña delante de su casa en Glendale, California, y se lo llevaron. Ahora estaba en un hospital, después de haber sufrido un mini derrame cerebral. Le dijo a Romero que lo tenían esposado a la cama, de una mano y un pie, y que había agentes en la habitación escuchando la llamada. Tenía miedo de morir y quería que su esposa estuviera con él.
“¿En qué hospital estás?”, le preguntó Romero.
“No te puedo decir”, respondió él.
Viridiana Chabolla, abogada de Peña, tampoco pudo obtener una respuesta. El oficial de deportación asignado al caso y la empresa médica contratada en el Centro de Procesamiento del ICE en Adelanto se negaron a decirle dónde estaba internado. Frustrada, intentó llamar a un hospital cercano, el Providence St. Mary Medical Center.
“Me dijeron que aunque tuvieran bajo su cuidado a una persona detenida por el ICE, no podrían confirmar si estaba allí o no, que solo el ICE puede darme esa información”, contó Chabolla. El hospital confirmó esa política a KFF Health News.
Familiares y abogados de personas internadas tras ser detenidas por autoridades federales de inmigración dijeron que enfrentan grandes obstáculos para localizar a los pacientes, saber cómo están de salud y brindarles apoyo legal y emocional.
Aseguran que muchos hospitales se niegan a dar información o permitir el contacto con las personas detenidas. En cambio, dejan que los agentes de inmigración decidan cuánto contacto se permite, si es que se permite alguno. Esto, según los abogados, les arrebata a los pacientes su derecho constitucional a recibir asesoría legal, y los deja vulnerables a abusos.
Los hospitales dicen que buscan proteger la seguridad y privacidad de los pacientes, el personal y las autoridades, aunque empleados de centros de salud en Los Ángeles, Minneapolis y Portland, Oregon —ciudades donde el ICE ha realizado redadas— afirman que eso les ha dificultado su trabajo.
Algunos hospitales aplican lo que llaman “procedimientos de apagón” o blackout —a veces llamado “código negro”— que pueden incluir registrar al paciente con un seudónimo, eliminar su nombre del directorio del hospital o prohibir al personal confirmar si la persona está hospitalizada.
“Sabemos de varios casos en los que se usó este procedimiento de apagón en hospitales del estado, y es muy preocupante”, dijo Shiu-Ming Cheer, subdirectora de justicia migratoria y racial en el California Immigrant Policy Center, una organización de defensa de los inmigrantes.
Estados gobernados por demócratas, como California, Colorado y Maryland, han aprobado leyes para proteger a pacientes de operativos de inmigración dentro de hospitales. Sin embargo, esas leyes no cubren a quienes ya están bajo custodia del ICE.
Más detenidos hospitalizados
Peña es una de las más de 350.000 personas arrestadas por autoridades migratorias desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca.
A medida que aumentan los arrestos y detenciones, también lo hacen los reportes de personas trasladadas a hospitales por agentes de inmigración debido a enfermedades o lesiones, ya sea por condiciones preexistentes o derivadas del arresto o la detención.
No hay estadísticas públicas sobre cuántas personas enferman o se lesionan bajo custodia del ICE, pero comunicados de prensa de la agencia indican que 32 personas murieron bajo custodia migratoria en 2025.
En lo que va del año, han muerto seis más.
El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa al ICE, no respondió a solicitudes de información sobre sus políticas ni sobre el caso de Peña.
Según las propias directrices del ICE, las personas bajo su custodia deben tener acceso a un teléfono, visitas de familiares y amigos, y consultas privadas con sus abogados.
La agencia puede tomar decisiones administrativas, incluyendo el tema de las visitas, cuando un detenido está hospitalizado; pero, según las directrices, debe respetar las políticas del hospital para contactar a familiares si la persona está gravemente enferma.
Consultado sobre las prácticas hospitalarias con personas bajo custodia migratoria, y sobre si existen protocolos recomendados, Ben Teicher, vocero de la Asociación Estadounidense de Hospitales, no quiso comentar.
David Simon, vocero de la Asociación de Hospitales de California, expresó que “en algunos casos, a pedido de las autoridades, los hospitales mantienen la confidencialidad de los nombres de los pacientes y otra información que los identifique”.
Aunque las políticas varían, por lo general cualquier persona puede llamar a un hospital y preguntar por un paciente dando su nombre, y con frecuencia se le transfiere la llamada a la habitación, dijo William Weber, médico de emergencias en Minneapolis y director médico de Medical Justice Alliance, una organización que defiende los derechos médicos de personas bajo custodia.
Los familiares y personas autorizadas por el paciente pueden visitarlo. El personal médico también suele llamar a los familiares para informarles que alguien está hospitalizado o para pedir información que ayude en su atención.
Pero cuando se trata de personas bajo custodia de autoridades, los hospitales frecuentemente acceden a restringir el acceso y dar información, señaló Weber.
El argumento es que estas medidas evitan que personas no autorizadas amenacen al paciente o al personal, ya que los hospitales no tienen la infraestructura de seguridad de una cárcel. Algunos pacientes famosos también solicitan este tipo de medidas.
Abogados y trabajadores de salud cuestionan que esas restricciones sean realmente necesarias. La detención migratoria es una detención civil, no criminal. Aunque el gobierno de Trump afirma que su prioridad es arrestar y deportar criminales, la mayoría de los detenidos no tiene antecedentes penales, según datos del centro Transactional Records Access Clearinghouse y varios medios de comunicación.
Julio César Peña, que padece una enfermedad renal terminal, en su bicicleta en el patio trasero de su casa en Glendale, California. Su familia tuvo dificultades para localizarlo cuando fue hospitalizado tras ser detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.(Peña family)
Detenido delante de su casa
Según su esposa, Peña no tiene antecedentes penales. Llegó a Estados Unidos desde México cuando cursaba sexto grado, y tiene un hijo adulto en el ejército estadounidense. Tiene 43 años, padece enfermedad renal terminal y sobrevivió a un infarto en noviembre. Camina con dificultad y tiene pérdida parcial de la vista, explicó Romero. Fue detenido el 8 de diciembre, mientras descansaba en el exterior de su casa tras un tratamiento de diálisis.
Al principio, Romero logró ubicar a su esposo con el sistema en línea para localizar detenidos del ICE. Lo visitó en un lugar de detención temporal en el centro de Los Ángeles, donde le llevó sus medicinas y un suéter. Luego vio que lo trasladaron al centro de detención en Adelanto. Pero después de que fue hospitalizado, ya no apareció en la base de datos.
Cuando ella y otros familiares fueron al centro de detención para preguntar por él, les negaron el acceso. Romero recibía llamadas ocasionales de su esposo desde el hospital, pero duraban menos de 10 minutos y estaban monitoreadas por el ICE. Ella quería saber en qué hospital estaba para poder estar con él, tomarle la mano, asegurarse de que lo atendieran bien y darle ánimos.
Dijo que mantenerlo esposado y sin ver a su familia era injusto e innecesario. “Está débil”, dijo Romero. “No existe riesgo de que pueda escaparse”.
Las directrices del ICE indican que debe permitirse el contacto y las visitas de familiares “dentro de las limitaciones de seguridad y operativas”. Las personas detenidas tienen derecho constitucional a hablar en privado con su abogado. Weber explicó que las autoridades migratorias deben informar a los abogados dónde están sus clientes y permitirles hablar con ellos en persona o mediante una línea telefónica sin vigilancia.
Sin embargo, los hospitales están en una zona gris respecto a cómo hacer cumplir estos derechos, ya que su enfoque principal es la atención médica, dijo Weber. Aun así, agregó, deben asegurarse de que sus políticas estén alineadas con la ley.
Familia sin acceso
Varios abogados de inmigración han pasado semanas intentando localizar a clientes detenidos por el ICE, y en ocasiones sus esfuerzos han sido frustrados por los hospitales.
Nicolas Thompson-Lleras, abogado de Los Ángeles que representa a personas en proceso de deportación, contó que, el año pasado, dos de sus clientes fueron registrados con nombres falsos en distintos hospitales del condado de Los Ángeles. Inicialmente, los hospitales negaron que los pacientes estuvieran ahí y no permitieron que el abogado los viera. También se les negó el acceso a los familiares.
Uno de esos clientes fue Bayron Rovidio Marín, trabajador de un negocio de lavado de autos, que resultó herido durante una redada en agosto. Agentes migratorios lo vigilaron por más de un mes en el hospital Harbor-UCLA, un centro público, sin presentar cargos.
En noviembre, la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles votó a favor de limitar el uso de políticas de apagón en hospitales públicos para pacientes bajo custodia civil de inmigración. En un comunicado, Arun Patel, director de seguridad del paciente y gestión de riesgos clínicos del Departamento de Servicios de Salud del condado, dijo que estas políticas buscan reducir riesgos para pacientes, médicos, enfermeros y agentes.
“En algunos casos, puede haber preocupaciones sobre amenazas al paciente, intentos de interferir con la atención médica, visitantes no autorizados o el ingreso de objetos prohibidos”, dijo Patel. “Nuestro objetivo no es restringir la atención, sino permitir que se brinde de forma segura y sin interrupciones”.
Pacientes más vulnerables
Thompson-Lleras expresó preocupación de que los hospitales estén colaborando con autoridades migratorias a costa de los pacientes y sus familias, lo que los deja vulnerables a abusos.
“Permite que las personas reciban atención deficiente”, dijo. “Permite que los traten de forma acelerada, sin supervisión, sin intervención familiar y sin defensa alguna. Estas personas están solas, desorientadas, siendo interrogadas —al menos en el caso de Bayron— bajo dolor y efectos de medicamentos”.
Estas situaciones también alarman al personal de salud. En Los Ángeles, dos trabajadores de hospitales —que pidieron no ser identificados por temor a sufrir represalias— dijeron a KFF Health News que el ICE y administradores de hospitales públicos y privados bloquean con frecuencia el contacto entre el personal médico y los familiares de personas detenidas, incluso para obtener información médica necesaria. Eso, afirmaron, va contra la ética médica.
Los procedimientos de apagón son otra preocupación.
“Facilitan, aunque no sea intencionalmente, la desaparición de pacientes”, dijo una de las personas, médica en el Departamento de Servicios de Salud del condado y parte de una coalición de trabajadores preocupados en la región.
En el Legacy Emanuel Medical Center, en Portland, enfermeras expresaron públicamente su indignación por lo que vieron como cooperación con el ICE y violaciones de los derechos de los pacientes. La red Legacy Health envió una carta al sindicato de enfermeras para que frenara esto, acusándolo de hacer declaraciones falsas o engañosas.
“Me dio asco”, dijo Blaire Glennon, una enfermera que renunció en diciembre. Afirmó que muchos pacientes fueron llevados por el ICE al hospital con lesiones graves sufridas durante la detención. “Sentí que Legacy estaba cometiendo enormes violaciones a los derechos humanos”.
Esposado estando inconsciente
Dos días antes de Navidad, Chabolla, la abogada de Peña, recibió una llamada de ICE con la información que ella y Romero llevaban semanas esperando. Peña estaba en el hospital Victor Valley Global Medical Center, a unas 10 millas de Adelanto, y estaba a punto de ser dado de alta.
Emocionados, Romero y su familia manejaron más de dos horas desde Glendale hasta el hospital para recogerlo.
Pero al llegar, encontraron a Peña intubado e inconsciente, todavía esposado de un brazo y una pierna a la cama. Había tenido una fuerte convulsión el 20 de diciembre, pero nadie informó a su familia ni a su abogada, dijo Chabolla.
Tim Lineberger, vocero del grupo KPC Health —propietario del hospital—, dijo que no podía comentar sobre casos específicos por razones de privacidad. Afirmó que las políticas del hospital sobre divulgación de información cumplen con las leyes estatales y federales.
Peña fue dado de alta finalmente el 5 de enero. Aún no tiene fecha de audiencia y su familia presentó una petición para modificar su estatus migratorio en función del servicio militar de su hijo. Por ahora, sigue en proceso de deportación.
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