El secretario de Salud de EE. UU., Robert F. Kennedy Jr., camina hacia la Cámara de Representantes, en el Capitolio en Washington, el 4 de marzo de 2025. (Foto: AP/José Luis Magaña)
La mayoría de los 80.000 trabajadores federales responsables de investigar enfermedades, inspeccionar alimentos y administrar Medicare y Medicaid bajo los auspicios del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS) recibieron un correo electrónico con una oferta para dejar su trabajo a cambio de un pago de hasta 25.000 dólares como parte de los recortes del gobierno del presidente Donald Trump.
Los trabajadores tienen hasta las 5 p.m. del viernes para enviar una respuesta a la llamada oferta de separación voluntaria. El correo electrónico fue enviado al personal de todo el departamento, que incluye los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en Atlanta, y los Institutos Nacionales de Salud (NIH), así como la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), ambos en Maryland.
El correo masivo se envió a una “amplia población de empleados del HHS”, llegando a sus bandejas de entrada días antes de que los jefes de las agencias deban presentar planes para reducir sus plantillas. El Departamento de Salud es una de las agencias federales más costosas del gobierno, con un presupuesto anual de aproximadamente 1,7 billones de dólares que se gasta principalmente en la cobertura de atención médica para millones de personas inscritas en Medicare y Medicaid.
No hubo comentarios inmediatos el domingo por parte del HHS.
Robert F. Kennedy Jr., secretario de salud de Trump, ha insinuado planes para realizar recortes profundos en el personal. El año pasado, prometió despedir de inmediato a todos los 600 empleados del NIH, el brazo de investigación biomédica del país. No ha llegado tan lejos, pero en una entrevista el mes pasado, poco después de asumir el cargo, Kennedy dijo que quería eliminar a algunos trabajadores de las agencias de salud pública.
“Tengo una lista en mi cabeza”, dijo Kennedy sobre los posibles despidos en la agencia. Afirmó que algunos trabajadores “tomaron decisiones realmente malas” sobre las pautas de nutrición.
La administración Trump, con la ayuda del multimillonario Elon Musk, ha estado tratando de despedir a trabajadores federales en un esfuerzo por reducir costos. En enero, la mayoría de los empleados federales recibieron una oferta de renuncia diferida que incluía ocho meses de salario. Miles de empleados en período de prueba también han sido despedidos en diversas agencias federales, incluido el Departamento de Salud.
El último movimiento para reducir el número de trabajadores de salud federales se produce mientras los CDC están asistiendo en un brote mortal de sarampión en el oeste de Texas y Nuevo México, y mientras los legisladores debaten recortes profundos a Medicaid en el presupuesto federal.
Los trabajadores del HHS son dirigidos en el correo electrónico a comunicarse con su oficina local de recursos humanos para solicitar la separación voluntaria.
Personas sostienen un bordado con la frase 'Vivas y libres nos queremos', durante una manifestación este sábado en San Juan (Puerto Rico). EFE/ Marina Villén
Mujeres salieron a las calles de ciudades de América Latina, Europa, África y otros lugares para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y exigieron poner fin a la desigualdad y la violencia de género.
Las consignas contra el Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump dominaron las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer en Estados Unidos, donde cientos de personas salieron a las calles en las principales ciudades del país.
La convocatoria más popular era de la Women’s March, la misma organización que movilizó a grandes multitudes en protesta por el primer mandato de Trump (2017-2021), unos 4 millones en todo el país, pero en esta ocasión, bajo el lema ‘Unite and Resist’ (‘Únete y resiste’), las cifras de asistentes fueron notablemente menores.
Una de las más destacadas fue Nueva York, con más de un millar de personas, sobre todo mujeres adultas y blancas, en una marcha desde la plaza de Washington Square Park hasta Union Square que desembocó tras en un mítin político en rechazo al Gobierno de Trump, al que describieron como «fascista».
Se vieron pancartas centradas en la igualdad de las mujeres, los derechos reproductivos y la comunidad LGTBI, pero también otras dirigidas al Gobierno, como: ‘Sin inmigrantes, Trump no tendría esposa’, ‘El régimen fascista de Trump debe irse’ o ‘Despidan a Musk’, y letreros de apoyo a Ucrania y Palestina.
Allí, mientras un grupo de chicas bailaban «Dancing Queen», de ABBA, una organizadora denunciaba a través de un altavoz la «purga» de empleados federales del Gobierno de Trump, el perdón a los «insurreccionistas» del asalto al Capitolio o el rechazo a la lucha contra el cambio climático.
La jornada por los derechos de la mujer transcurrió de manera pacífica, y en la plaza donde terminó la manifestación había menos de una decena de policías y ningún gran medio estadounidense, a diferencia de otras concentraciones reivindicativas de los últimos años.
En total, según su página web, la organización Women’s March había convocado unos 300 eventos a lo largo de todo el país, a los que apuntaron unas 37.000 personas; según medios locales, se vieron protestas de un millar de asistentes en ciudades como Boston y Los Angeles, pero ninguna convocó masas.
En Boston, otra marcha recorrió una de las arterias de la ciudad y los manifestantes incluso hicieron una actuación de baile espontánea (‘flashmob’) en protesta por el peso en el Gobierno de Trump del magnate Elon Musk, que está al frente del polémico Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), según NBC.
Manifestantes de Sudamérica denuncian feminicidios
En Sudamérica, algunas protestas fueron organizadas por grupos que denunciaron los asesinatos de mujeres conocidos como feminicidios.
Cientos de mujeres en Ecuador marcharon por las calles de Quito al son de los tambores y sostuvieron letreros para denunciar la violencia y el “sistema patriarcal”.
“¡Justicia para nuestras hijas!”, gritaban algunas manifestantes en apoyo a las mujeres que han sido asesinadas en los últimos años.
En Bolivia, miles de mujeres comenzaron a marchar el viernes por la noche, y algunas pintaron grafitis en las paredes de los tribunales exigiendo que sus derechos sean respetados y denunciaron la impunidad en los feminicidios, en los que menos de la mitad de los casos llegan a sentencia.
Decenas de personas participan en una manifestación este sábado, con motivo del Día Internacional de la Mujer, en la Plaza Washington Square Park de Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Angel Colmenares
Reivindican los derechos de las mujeres inmigrantes en Puerto Rico ante políticas de Trump
La concentración convocada en Puerto Rico por el Día de la Mujer estuvo este sábado dedicada a la comunidad inmigrante, que está sufriendo persecución en el marco de las políticas de la Administración estadounidense de Donald Trump.
Bajo el lema ‘Diversas, combativas y unidas en resistencia’, los actos tuvieron lugar en la Plaza Antonio R. Barceló, en Barrio Obrero, donde vive una parte importante de la comunidad dominicana de la isla.
Barrio Obrero ha sido de hecho el escenario de los principales operativos para detener inmigrantes llevados a cabo desde enero pasado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.
«En este momento, las mujeres más golpeadas son las mujeres migrantes», dijo a EFE Romelinda Grullón, fundadora y directora del Centro de la Mujer Dominicana, que ayuda a mujeres víctimas de violencia machista.
Grullón explicó que muchas migrantes no están saliendo de sus casas ni acudiendo a sus puestos de trabajo, ya que hay «una gran población que está indocumentada y que corre mucho riesgo de que la arresten y la deporten».
«Muchas de esas mujeres tienen niños y niñas que han nacido aquí y hay un miedo, un temor, una desorientación muy grande», lamentó la activista, quien calificó la situación de «muy dolorosa».
La Coalición 8 de Marzo, organizadora del evento, está ayudando a muchas de estas mujeres y, gracias a ello, según Grullón, «Puerto Rico se ha convertido en una forma indirecta en santuario para la mujer migrante».
En la concentración, también se denunciaron las condiciones laborales injustas que exponen a la comunidad migrante a explotación y marginación, exigiéndose derechos laborales básicos como salarios justos, condiciones seguras y acceso a servicios esenciales.
Otro de los reclamos es, según indicó Liza Gallardo, portavoz de la Coalición 8M y directora ejecutiva de Amnistía Internacional Puerto Rico, «una reforma migratoria justa que garantice derechos fundamentales como la salud, la educación y el trabajo digno, y que ponga fin a la criminalización de las personas migrantes».
La jornada incluyó la música autóctona puertorriqueña de la bomba, de la mano de las Barrileras del 8M, una comparsa de la Colectiva Feminista en Construcción, música en vivo de ‘Nómadas’ y lectura de poesía.
También hubo una cadena humana de bordados, en la que destacaba uno con la frase ‘Vivas y libres nos queremos’, en alusión a los feminicidios, una lacra en la isla, donde ha habido cuatro desde comienzos del año.
Además, se enarbolaron lemas como ‘Nuestros Cuerpos, Nuestras Vidas’, en defensa de los derechos sexuales y reproductivos y en rechazo a los intentos de restringir el aborto.
En el lado asiático de la ciudad más poblada de Turquía, Estambul, una manifestación en Kadikoy reunió a miembros de decenas de grupos de mujeres que escucharon discursos, bailaron y cantaron bajo el sol. La colorida protesta estuvo supervisada por una gran presencia policial, incluidos agentes con equipo antidisturbios y un camión de cañón de agua.
El gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan declaró 2025 como el Año de la Familia. Los manifestantes se opusieron a la idea de que el papel de la mujer se limite al matrimonio y la maternidad, llevando pancartas que decían “La familia no nos atará a la vida” y “No seremos sacrificadas a la familia”.
Los críticos han acusado al gobierno de supervisar restricciones a los derechos de las mujeres y de no hacer lo suficiente para abordar la violencia contra ellas.
En 2021, Erdogan retiró a Turquía de un tratado europeo, conocido como la Convención de Estambul, que protege a las mujeres de la violencia doméstica. La Plataforma “Detendremos los Femicidios” de Turquía afirma que 394 mujeres fueron asesinadas por hombres en 2024.
“Hay acoso en el trabajo, presión de maridos y padres en casa y presión de la sociedad patriarcal. Exigimos que esta presión se reduzca aún más”, dijo Yaz Gulgun, de 52 años de edad.
Decenas de personas participan en una manifestación este sábado, con motivo del Día Internacional de la Mujer, en la Plaza Washington Square Park de Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Angel Colmenares
Mujeres de toda Europa y África marchan contra la discriminación
En muchos otros países europeos, las mujeres también protestaron contra la violencia, exigieron un mejor acceso a la atención médica específica de género, igualdad salarial y otros temas en los que no reciben el mismo trato que los hombres.
En Polonia, activistas abrieron un centro frente al Parlamento de Varsovia donde las mujeres pueden ir a hacerse abortos con pastillas, ya sea solas o acompañadas por otras mujeres.
La apertura del centro en el Día Internacional de la Mujer frente al Parlamento fue un desafío simbólico a las autoridades en la nación tradicionalmente católica romana, que tiene una de las leyes de aborto más restrictivas de Europa.
Desde Atenas hasta Madrid, París, Múnich, Zúrich y Belgrado, y en muchas más ciudades del continente, las mujeres marcharon para exigir el fin del trato como ciudadanas de segunda clase en la sociedad, la política, la familia y en el trabajo.
Un soldado de la guardia de honor entrega flores a una mujer durante las celebraciones por el Día Internacional de la Mujer en San Petersburgo, Rusia, el sábado 8 de marzo de 2025. (AP Foto/Dmitri Lovetsky)
En Madrid, los manifestantes sostuvieron grandes dibujos hechos a mano que representaban a Gisele Pélicot, la mujer que fue drogada por su ahora exesposo en Francia durante una década para que pudiera ser violada por docenas de hombres mientras estaba inconsciente. Pélicot se ha convertido en un símbolo para las mujeres de toda Europa en la lucha contra la violencia sexual.
En la capital nigeriana, Lagos, miles de mujeres se reunieron en el Estadio Mobolaji Johnson, bailando, cantando y celebrando su feminidad. Muchas estaban vestidas de púrpura, el color tradicional del movimiento de liberación de las mujeres.
En Rusia, las celebraciones del Día de la Mujer tuvieron un tono más oficial, y los soldados de la guardia de honor presentando tulipanes amarillos a niñas y mujeres durante una celebración en San Petersburgo.
El presidente de Alemania advierte sobre retroceso frente a avances ya logrados
En Berlín, el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier pidió esfuerzos más fuertes para lograr la igualdad y advirtió sobre las tendencias a retroceder en el progreso ya alcanzado.
“A nivel global, estamos viendo a partidos populistas tratando de crear la impresión de que la igualdad es algo así como una idea fija de las fuerzas progresistas”, señaló. Dio un ejemplo de “grandes empresas tecnológicas que durante mucho tiempo se han enorgullecido de su modernidad y que ahora, a instancias de un nuevo gobierno estadounidense, están estableciendo programas de diversidad y hablando de una nueva ‘energía masculina’ en las empresas y la sociedad”.
TRENTON, N.J. – A New Jersey man was sentenced to 40 months in prison for his role in a conspiracy to illegally obtain over $570,000 in COVID-19 unemployment benefits, U.S. Attorney John Giordano announced.
Jose Tavares, 37, of Englewood, New Jersey, was convicted on Oct. 28, 2024, on one count of conspiracy to commit wire fraud after a five-day jury trial before U.S. District Judge Robert Kirsch. Judge Kirsch imposed the sentence in Trenton federal court. Tavares’ conspirators, Yanira Abreu, 43, of Keasbey, New Jersey, and Christopher Valerio, 34, of Perth Amboy, New Jersey, were each sentenced previously by Judge Kirsch in the same scheme.
According to documents filed in this case and statements made in court:
From July 2020 through February 2021, Tavares, Valerio, Abreu and others submitted fraudulent applications for unemployment insurance benefits to the New York Department of Labor (NYDOL) through fictitious online profiles that they created using personally identifiable information, including names, dates of birth, and Social Security numbers of other individuals without their consent. Once the NYDOL processed and approved the fraudulent applications, Tavares and his conspirators obtained debit cards with the illegally obtained funds totaling over $570,000, which they used for personal gain, including vacations, luxury retail purchases, and cosmetic surgery.
In addition to the prison term, Judge Kirsch sentenced Tavares to 3 years of supervised release and ordered Tavares to pay in $570,077 in restitution.
U.S. Attorney Giordano credited special agents of the U.S. Department of Homeland Security, Homeland Security Investigations, under the direction of Special Agent in Charge Ricky J. Patel in Newark; Special Agents of the U.S. Department of Labor, Office of Inspector General, Northeast Region, under the direction of Special Agent in Charge Jonathan Mellone, and postal inspectors of the U.S. Postal Inspection Service, under the direction of Postal Inspector in Charge Christopher A. Nielsen, Philadelphia Division, with the investigation that led to the sentencing.
The government is represented by Assistant U.S. Attorneys Matthew Stark and Benjamin D. Bleiberg of the Economic Crimes Unit in Newark.
The District of New Jersey COVID-19 Fraud Enforcement Strike Force is one of five strike forces established throughout the United States by the U.S. Department of Justice to investigate and prosecute COVID-19 fraud. The strike forces focus on large-scale, multi-state pandemic relief fraud perpetrated by criminal organizations and transnational actors. The strike forces are interagency law enforcement efforts, using prosecutor-led and data analyst-driven teams designed to identify and bring to justice those who stole pandemic relief funds.
Anyone with information about allegations of attempted fraud involving COVID-19 can report it by calling the Department of Justice’s National Center for Disaster Fraud Hotline at 866-720-5721 or via the NCDF Web Complaint Form at: https://www.justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form.
NEWARK, N.J. – A federal grand jury in the District of New Jersey returned a 12-count indictment against three New Jersey men yesterday for their alleged roles in a drug trafficking organization that distributed fentanyl, cocaine, and methamphetamine in Newark, U.S. Attorney John Giordano announced.
George Lopez, 50, of Newark, New Jersey, Reinaldo Cruz, 45, of Elizabeth, New Jersey, and Joel Hernandez, 28, of Parlin, New Jersey, are each charged by indictment with one count of conspiracy to distribute methamphetamine, cocaine, and fentanyl. In addition, George Lopez was charged with one count of possession with intent to distribute methamphetamine and cocaine, two counts of illegal possession of firearms and ammunition by a convicted felon, and one count of possession of firearms in furtherance of a drug trafficking crime. Reinaldo Cruz was charged with two counts of possession with intent to distribute fentanyl, one count of possession with intent to distribute fentanyl and cocaine, and one count of illegal possession of firearms and ammunition by a convicted felon. Finally, Joel Hernandez was charged with one count of possession with intent to distribute methamphetamine and cocaine, one count of possession with intent to distribute cocaine, one count of possession of a firearm and ammunition by a convicted felon, and one count of possession of a firearm in furtherance of a drug trafficking crime.
According to the indictment and other documents previously unsealed in the District of New Jersey, Reinaldo Cruz and Joel Hernandez distributed controlled substances on behalf of the drug trafficking organization (“DTO”) in and around Essex and Union Counties, New Jersey, specifically from several drug distribution locations. George Lopez, in turn, provided advice and connections regarding sources of supply of controlled substances from jail while he and his wife received cash from the DTO. Lopez and Cruz are associates of the Latin Kings street gang.
During the investigation, law enforcement intercepted wire and electronic communications, used mobile and fixed surveillance, conducted controlled purchases and seizures of narcotics, and analyzed telephone records. The investigation has revealed that the DTO distributed more than 500 grams of methamphetamine, 5 kilograms of cocaine, and 40 grams of fentanyl.
The methamphetamine and cocaine conspiracy count carries a mandatory minimum penalty of 10 years in prison, maximum potential penalty of life in prison, and a $10 million fine. The fentanyl conspiracy count and methamphetamine and cocaine possession count against George Lopez each carries a mandatory minimum penalty 5 years in prison, maximum potential penalty of 40 years in prison, and a $5 million fine. The remaining drug possession counts each carry a maximum potential penalty of 20 years in prison and a $1 million fine. The illegal possession of firearms and ammunition counts each carry a maximum potential penalty of 15 years in prison and a $250,000 fine. The possession of firearms in furtherance of a drug trafficking crime counts each carry a mandatory minimum penalty of 5 years in prison, which must run consecutively to any other sentence imposed.
U.S. Attorney Giordano credited special agents of the Drug Enforcement Administration, under the direction of Special Agent in Charge Cheryl Ortiz in Newark, the Union County Prosecutor’s Office, under the direction of Prosecutor William A. Daniel and Chief Harvey A. Barnwell, and the Elizabeth Police Department, under the direction of Chief Giacomo Sacca, with the investigation leading to the charges. U.S. Attorney Giordano thanked the Union County Police Department, under the direction of Officer in Charge, Captain John DaSilva, Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, Newark Field Division, under the direction of Special Agent in Charge L.C. Cheeks Jr., Homeland Security Investigations Newark, under the direction of Special Agent in Charge Ricky J. Patel, the Essex County Sheriff’s Department, under the direction of Sheriff Amir D. Jones, Hudson County Department of Corrections, under the direction of Director Becky Scott, the Cranford Police Department, under the direction of Chief Matthew R. Nazzaro, the Bloomfield Police Department, under the direction of Chief George Ricci, the New Jersey State Police SWAT Team, under the direction of Col. Patrick J. Callahan, the Newark Police Department, under the direction of Public Safety Director Emanuel Miranda, the Hudson County Regional SWAT Team, under the direction of Prosecutor Esther Suarez, and the U.S. Marshals Service, under the direction of Special Agent in Charge Juan Mattos Jr., for their assistance.
The government is represented by Assistant U.S. Attorneys Eli Jacobs of the Organized Crime and Gangs Unit and John Mezzanotte of the Economic Crimes Unit of the U.S. Attorney’s Office.
The charges and allegations contained in the complaint are merely accusations,
The $3.6 million will fund community organizations providing programming, education, and other forms of life-saving work related to overdose prevention
The Office of Public Safety is pleased to announce the establishment of a new grant opportunity dedicated to serving communities in Philadelphia, that are most disproportionately impacted by the overdose crisis, including Kensington and North Philadelphia. With an allocation of $3.6 million, this program places essential funding directly in the hands of trusted community-based organizations engaged in a diverse array of programming, education and other life-saving work to create a safer, cleaner, greener Philadelphia with economic opportunity for all.
“It is critical that the City of Philadelphia continues funding community groups working tirelessly day and night to restore our city to a state of health and dignity it deserves,” said Chief Public Safety Director Adam Geer. “Their commitment to our city is the backbone of our public safety work and this investment will guarantee our residents continue to have access to their important services.”
The new grant program is part of Mayor Cherelle L. Parker’s vision for addressing the overdose crisis and supporting those communities most impacted by it. To guarantee funding is allocated where it is most impactful, the Office of Public Safety will continue to foster relationships with vetted community organizations making a tangible difference combatting the overdose crisis throughout the city.
“I fully support Mayor Cherelle L. Parker’s plan to tackle the opioid crisis with real, meaningful action, including a new and comprehensive grant fund for communities hit hardest by this epidemic,” said State Senator Christine Tartaglione. “Communities like Kensington have suffered for too long, and this approach prioritizes the resources and accountability needed to bring lasting change. These investments are about saving lives, restoring dignity, and rebuilding neighborhoods.”
Mayor Parker’s administration is dedicated to ensuring this funding has a meaningful and lasting impact on Philadelphia and looks forward to collaborating with community leaders and those most impacted by the overdose crisis. Announcements of grantees are forthcoming in 2025. For more information about the program, please contact osp@phila.gov.
Support for the grant fund provided by majors takeholders and partners
State Senator Christine Tartaglione: “I fully support Mayor Cherelle L. Parker’s plan to tackle the opioid crisis with real, meaningful action, including a new and comprehensive grant fund for communities hit hardest by this epidemic. Communities like Kensington have suffered for too long, and this approach prioritizes the resources and accountability needed to bring lasting change. These investments are about saving lives, restoring dignity, and rebuilding neighborhoods.”
State Representative Jose Giral: “I support the Parker administration’s plans to get funding more directly into the hands of community organizations that need it, as they do the essential work of serving neighbors and individuals impacted by the opioid epidemic. It’s a smart, proactive approach to supporting these organizations, and I support it whole heartedly.”
Casey O’Donnell, CEO Impact Services: “Mayor Parker and her team are showing up for Kensington. They are taking responsibility for deploying resources to both simplify processes and align solutions to these complex problems. This is the Mayor being accountable to Philadelphians.”
The $3.6 million will fund community organizations providing programming, education, and other forms of life-saving work related to overdose prevention
The Office of Public Safety is pleased to announce the establishment of a new grant opportunity dedicated to serving communities in Philadelphia, that are most disproportionately impacted by the overdose crisis, including Kensington and North Philadelphia. With an allocation of $3.6 million, this program places essential funding directly in the hands of trusted community-based organizations engaged in a diverse array of programming, education and other life-saving work to create a safer, cleaner, greener Philadelphia with economic opportunity for all.
“It is critical that the City of Philadelphia continues funding community groups working tirelessly day and night to restore our city to a state of health and dignity it deserves,” said Chief Public Safety Director Adam Geer. “Their commitment to our city is the backbone of our public safety work and this investment will guarantee our residents continue to have access to their important services.”
The new grant program is part of Mayor Cherelle L. Parker’s vision for addressing the overdose crisis and supporting those communities most impacted by it. To guarantee funding is allocated where it is most impactful, the Office of Public Safety will continue to foster relationships with vetted community organizations making a tangible difference combatting the overdose crisis throughout the city.
“I fully support Mayor Cherelle L. Parker’s plan to tackle the opioid crisis with real, meaningful action, including a new and comprehensive grant fund for communities hit hardest by this epidemic,” said State Senator Christine Tartaglione. “Communities like Kensington have suffered for too long, and this approach prioritizes the resources and accountability needed to bring lasting change. These investments are about saving lives, restoring dignity, and rebuilding neighborhoods.”
Mayor Parker’s administration is dedicated to ensuring this funding has a meaningful and lasting impact on Philadelphia and looks forward to collaborating with community leaders and those most impacted by the overdose crisis. Announcements of grantees are forthcoming in 2025. For more information about the program, please contact osp@phila.gov.
Support for the grant fund provided by majors takeholders and partners
State Senator Christine Tartaglione: “I fully support Mayor Cherelle L. Parker’s plan to tackle the opioid crisis with real, meaningful action, including a new and comprehensive grant fund for communities hit hardest by this epidemic. Communities like Kensington have suffered for too long, and this approach prioritizes the resources and accountability needed to bring lasting change. These investments are about saving lives, restoring dignity, and rebuilding neighborhoods.”
State Representative Jose Giral: “I support the Parker administration’s plans to get funding more directly into the hands of community organizations that need it, as they do the essential work of serving neighbors and individuals impacted by the opioid epidemic. It’s a smart, proactive approach to supporting these organizations, and I support it whole heartedly.”
Casey O’Donnell, CEO Impact Services: “Mayor Parker and her team are showing up for Kensington. They are taking responsibility for deploying resources to both simplify processes and align solutions to these complex problems. This is the Mayor being accountable to Philadelphians.”
The Shapiro-Davis Administration proposed a $9 million investment for the Victims Compensation Assistance Program in the 2025-26 budget to provide critical funding for victims of crime
Since 2023, PCCD has paid more than $29 million for over 16,000 claims to financially support victims of crime with medical costs, counseling, relocation, and more
Lancaster, PA — The Pennsylvania Commission on Crime and Delinquency (PCCD), Victim/Witness Services of the Lancaster District Attorney’s Office, and other local victim service providershighlighted the importance of supporting victims and survivors of crime and to encourage support for the Shapiro-Davis Administration’s proposed $9 million investment in the Victims Compensation Assistance Program (VCAP) in the 2025-26 state budget.
“No crime victim should have to worry about how they’ll afford medical bills. No family should have to struggle with funeral expenses for a loved one lost to violence. And no sexual assault survivor should have to worry about costs of counseling to overcome their trauma,” said Kathy Buckley, Director of PCCD’s Office of Victims’ Services. “That’s why VCAP is so essential— it’s more than just financial assistance; it’s a lifeline. We need to continue raising awareness about the vital impact of this program and the importance of the Shapiro-Davis budget investment in VCAP to ensure it remains available for Pennsylvanians who need it most.”
VCAP serves as a critical financial lifeline for people who have experienced crime victimization. Each year, the program receives an average of 12,000 claims for eligible expenses including medical and counseling expenses, loss of earnings, loss of support, stolen cash, relocation, funeral costs, crime scene cleanup, and more. Over the past five years, PCCD has paid more than 67,000 VCAP claims totaling $67 million in eligible expenses for citizens across all 67 Pennsylvania counties.
In recent years, VCAP’s expenses have exceeded deposits into the fund, depleting it to a critically low level. Governor Shapiro’s proposed $9 million investment in VCAP for the 2025-26 state budget is pivotal to help stabilize the fund, ensuring continued support for Pennsylvanians when they need it most.
“Every year, Lancaster County Victim Witness Services files VCAP claims for victims of all types of crimes, from harassment to homicide. Regardless of the crime, many victims sustain financial losses which can very quickly impact their lives, leaving them in a state of crisis,” said Deanna Weaver, Director of Victim/Witness Services. “We rely on VCAP as a critical resource to address these financial burdens in hopes that we can prevent housing and food instability, emotional despair, damaged credit, and lifelong effects of trauma.”
Lancaster Victim Witness Services provides information, support, and advocacy to victims of crime and witnesses for trials and submits the largest number of victim compensation claims in Lancaster County. In Lancaster alone, VCAP has paid more than 2,400 compensation claims totaling over $3 million in expenses in the last five years.
Supporting Survivors of Sexual Assault
“The Victims Compensation Assistance Program is crucial for victim-survivors of sexual abuse, harassment, and assault in Lancaster County. Our clients rely on the program to cover the costs of medical care, transportation to our services, and ongoing therapeutic support, among other things,” said Mandy Billman, Director of YWCA Lancaster’s Sexual Assault Prevention and Counseling Center. “Funding services to address the rights and well-being of victim-survivors is critical.”
The YWCA Lancaster’s Sexual Assault Prevention and Counseling Center is the designated rape crisis center in Lancaster County. The center provides no-cost counseling, therapy, medical advocacy, legal advocacy, and access to a 24-hour sexual assault hotline for victim-survivors and non-offending individuals impacted by sexual abuse, harassment, and assault. The center also provides prevention and education initiatives through empowerment groups and other outreach services to Lancaster County schools, churches, community groups, businesses, and organizations. In the last three years, PCCD has paid over 1,000 sexual assault counseling claims, totaling more than $4 million statewide.
Supporting Survivors of Gun Violence
Some expenses incurred by victims of gun violence and covered by VCAP include medical and counseling expenses, loss of earnings, funeral costs, loss of support, relocation, crime scene clean-up, and transportation costs. In the last three years, VCAP has paid over 1,800 claims, where the incident involved gun violence, totaling more than $9.5 million statewide.
Supporting Survivors of Child Sexual Abuse
The Lancaster County Children’s Alliance serves as the Children’s Advocacy Center (CAC) for Lancaster County and provides a coordinated, evidence-based response for children experiencing abuse. For cases of child sexual abuse, CACs often file claims for forensic rape exams to obtain evidence against the perpetrator. VCAP covers the costs of forensic rape exams as well as counseling and medical costs for children who have experienced abuse.
Supporting Survivors of Domestic Violence
Community Action Partnership is the local domestic violence program for Lancaster County providing a 24/7 hotline and text line, emergency shelter, counseling, children’s programming, legal advocacy and representation, and transitional housing. The VCAP program can provide vital support for victims and survivors of domestic violence including covering costs for relocation, medical and counseling expenses, loss of earnings, and more. In the last three years, PCCD has paid over 860 claims, related to domestic violence incidents, totaling more than $2 million statewide.
For more information on VCAP, visit the PCCD website. If you or someone you know was affected by a crime, visit the PA Crime Victims website for information and resources.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado cambios en el programa de Condonación de Préstamos por Servicio Público que descalificarían a los trabajadores de grupos sin fines de lucro que se considere están involucrados en actividades “impropias”.
Una orden ejecutiva firmada el viernes ordena al Departamento de Educación modificar el programa para negar alivio por préstamos a algunos beneficiarios. Las personas cuyo trabajo esté relacionado con la inmigración ilegal, grupos terroristas extranjeros u otra actividad ilegal estarían excluidas del programa.
El Congreso creó el programa en 2007 para fomentar carreras en el gobierno o en grupos sin fines de lucro. Ofrece cancelar cualquier deuda estudiantil restante después de que los prestatarios realicen pagos durante 10 años mientras trabajan en el sector público. Está abierto a trabajadores del gobierno, maestros, policías, pastores religiosos y algunos empleados de organizaciones sin fines de lucro, entre otros.
Más de 2 millones de estadounidenses cubren el requisito de empleo y tienen préstamos estudiantiles abiertos, según datos de diciembre del Departamento de Educación.
En su audiencia de confirmación en el Senado, la secretaria de Educación, Linda McMahon, se comprometió a continuar con el programa de Condonación de Préstamos por Servicio Público tal como lo ordenó el Congreso. “Esa es la ley”, dijo en respuesta a preguntas del senador demócrata Tim Kaine.
De acuerdo con las reglas actuales, las organizaciones sin fines de lucro son elegibles si se enfocan en ciertas áreas, incluyendo el derecho de interés público, la salud pública o la educación. La orden de Trump parece estar dirigida a aquellos que trabajan en ciertos campos que chocan con su agenda política, incluida la inmigración.
En el pasado, los defensores del programa han acudido a los tribunales para defender el programa y es muy probable que la acción de Trump enfrente impugnaciones jurídicas. Mientras tanto, recibió una rápida reacción negativa de los activistas.
“Amenazar con castigar a los estadounidenses trabajadores por las opiniones políticas percibidas de sus empleadores es una violación tan flagrante de la Primera Enmienda como se puede imaginar”, comentó Aaron Ament, presidente de la Red Nacional de Defensa Legal de Estudiantes.
Generalmente, el Departamento de Educación tiene que pasar por un largo proceso de elaboración de normas federales para actualizar los requisitos del programa. Cualquier nueva regulación que comience este año no entraría en vigor hasta 2027.
El programa de condonación de préstamos ha sido objeto de una lucha política desde el primer mandato de Trump, cuando los prestatarios comenzaron a alcanzar la meta de 10 años.
La mayoría de la personas que presentaron solicitudes al programa en 2017 fueron rechazadas porque se encontró que se habían inscrito en planes de pago que no cubrían los requisitos o no cumplieron con otros criterios. Una investigación realizada por un grupo de control federal concluyó que el Departamento de Educación no había logrado aclarar los requisitos del programa.
Bajo el mando del expresidente Joe Biden, el Departamento de Educación flexibilizó las reglas del programa a través de un proceso de elaboración de normas federales, ampliando los criterios de elegibilidad a personas que anteriormente no habrían cumplido con los requisitos.
En sus últimas semanas, el gobierno de Biden anunció que había otorgado alivio a más de 1 millón de personas a través del programa, en comparación con los 7.000 que recibieron la cancelación de sus préstamos durante el primer mandato de Trump.
Los cambios implementados por el gobierno de Biden fueron criticados por legisladores republicanos que afirmaron que sólo el Congreso tenía la autoridad para cambiar las reglas del programa.
Biden también presionó por una cancelación más amplia de préstamos estudiantiles, pero fue bloqueado por la Corte Suprema y por varias impugnaciones jurídicas presentadas por estados gobernados por republicanos.
Los republicanos se han opuesto firmemente a la cancelación de préstamos estudiantiles, diciendo que transfiere injustamente el costo a los contribuyentes que ya pagaron sus préstamos o que no asistieron a la universidad.
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La cobertura educativa de The Associated Press recibe apoyo financiero de múltiples fundaciones privadas. La AP es la única responsable de todo el contenido. Las normas de AP para trabajar con filántropos, la lista de patrocinadores y las áreas de cobertura financiadas se encuentran en AP.org.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
Imagen de archivo del comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández. EFE/ Thais Llorca
Dos funcionarios de Puerto Rico, el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, y la directora de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Gabriella Boffelli, negaron este viernes la existencia de un borrador para otorgar la independencia a la isla.
El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, supuestamente estaría circulando una orden ejecutiva para conceder la independencia y alegadamente ahorrar 617.800 millones de dólares a los contribuyentes estadounidenses, según informó el diario británico ‘Daily Mail’.
«No existe evidencia alguna que respalde estos alegatos. Cualquier insinuación sobre un plan secreto para forzar la independencia de Puerto Rico es completamente falsa y solo busca desinformar y desviar la atención del verdadero problema: nuestro estatus», afirmó Boffelli en un comunicado.
De acuerdo a la información reportada, el borrador de siete páginas habría sido redactado por una oficina congresional y líderes de movimientos separatistas en Puerto Rico, y no por la Casa Blanca.
Asimismo, el documento precisaría que el Gobierno de EE.UU. concedería un periodo de 21 meses para terminar la ciudadanía por nacimiento a los puertorriqueños.
Según la directora de la PRFAA, estos rumores surgen tras la exitosa celebración de la primera Cumbre de la Igualdad y la Estadidad celebrada durante esta semana.
Por su parte, Hernández también negó que existiera ese documento e hizo un llamado a la calma.
“La noticia sobre la supuesta orden ejecutiva para la independencia de Puerto Rico no tiene ninguna credibilidad”, aseveró en su cuenta de Facebook el comisionado residente en Washington.
“No hay ningún tipo de iniciativa o acción de la Casa Blanca para independizar a Puerto Rico. Primero, no lo puede haber, porque bajo la Constitución de Estados Unidos, quien único puede darle la indepedencia a Puerto Rico es el Congreso”, agregó.
El Estado Libre Asociado, establecido en 1952, da a Puerto Rico cierto grado de autonomía y un Gobierno y Parlamento locales, pero deja bajo el control de EE.UU. áreas como defensa, fronteras y relaciones diplomáticas.
Puerto Rico realizó en noviembre una consulta no vinculante sobre el estatus político de la isla que reflejó una preferencia por la ‘estadidad’ (anexión a Estados Unidos) pero con un fuerte repunte de la opción de la independencia, debido al descontento con la relación con Washington y a una mayor conciencia política de la población.
El 56,82 % de los votantes eligió la ‘estadidad’, mientras que el resto optó por las opciones de soberanía en libre asociación e independencia.
Por otro lado, en las elecciones generales de noviembre obtuvo la victoria la gobernadora, Jenniffer González del Partido Nuevo Progresista (PNP), que apoya la estadidad y esta semana hizo campaña en Washington para que la isla se convierta en un estado de Estados Unidos, pese al poco interés mostrado al respecto por la Administración de Donald Trump.
Philadelphia's altered gay pride flag is seen outside City Hall on June 19, 2017, in Philadelphia. (Photo: AP/Matt Slocum/File)
HARRISBURG, Pa. — Two public school districts and several parents have sued Pennsylvania in a bid to undo antidiscrimination protections for gay and transgender people, saying the state’s two-year-old regulation is illegal because it goes beyond what lawmakers intended or allowed.
The lawsuit comes amid a national debate over the rights of transgender high school athletes to compete in women’s sports, and was filed in the statewide Commonwealth Court late Thursday.
If the lawsuit is successful, the Pennsylvania Human Relations Commission would no longer be able to investigate complaints about discrimination involving sexual orientation, gender identity and gender expression. The plaintiffs’ lawyers also say a favorable ruling in court would bar transgender student athletes from competing in women’s high school sports in Pennsylvania.
The plaintiffs include two districts — South Side Area and Knoch, both in western Pennsylvania — and two Republican state lawmakers, Reps. Aaron Bernstine and Barbara Gleim, as well as three parents and seven students.
The lawsuit names Gov. Josh Shapiro, a Democrat, and the Pennsylvania Human Relations Commission, which investigates complaints about discrimination because of someone’s race, sex, religion, age or disability in housing, employment and public accommodations.
Shapiro’s office said it had no immediate comment Friday, and the commission did not respond to an inquiry about the lawsuit Friday.
The lawsuit is aimed at the definition of sex discrimination, which the commission expanded by regulation to include sexual orientation, gender identity and gender expression. The regulation was approved in late 2022 by a separate regulatory gatekeeper agency, and it took effect in 2023.
The plaintiffs contend that the state Supreme Court has interpreted the term “sex” as used in the Pennsylvania Constitution to mean either male or female.
They also contend that the state Legislature never gave permission to the Human Relations Commission to write regulations expanding the legal definition of sex discrimination, making the regulation a violation of the Legislature’s constitutional authority over lawmaking.
The commission has justified the expanded definition by saying that state courts have held that Pennsylvania’s antidiscrimination laws are to be interpreted consistently with federal antidiscrimination law. The commission can negotiate settlements between parties or impose civil penalties, such as back pay or damages.
For years, Democratic lawmakers tried to change the law to add the terms sexual orientation, gender identity and gender expression to the portfolio of complaints that the Human Relations Commission could investigate. Every time, Republican lawmakers blocked the effort.
Shapiro, in the past, has backed the Democrats’ legislation and in 2021 called GOP-backed legislation to prohibit transgender athletes from playing women’s high school and college sports “cruel.”
Most states have laws against discriminating against gay or transgender people in employment, housing and public accommodations or investigate such complaints, according to the Human Rights Campaign, which advocates for equality for LGBTQ people.
Imagen de archivo de parejas que contraen matrimonio durante una boda colectiva, en la explanada del Palacio Municipal de Nezahualcóyotl, Estado de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez
Naciones Unidas.- Un 21 % de mujeres de Latinoamérica y el Caribe que ahora tienen entre 20 y 24 años se habían casado o vivido con su pareja por primera vez antes de los 18 años en 2023, un porcentaje que se mantiene estable desde hace 25 años, según Unicef.
Así, en 1998, año en que se empezaron a contabilizar estos datos, el porcentaje de mujeres que se habían casado antes de cumplir la mayoría de edad era también del 21 %, de acuerdo con un informe de la organización publicado con motivo del Día Internacional de la Mujer (el 8 de marzo).
Además, la cifra de mujeres que se han casado siendo menores en América Latina y el Caribe, “donde el matrimonio infantil suele adoptar el modo de una unión informal en la que la niña vive con su pareja”, es un 2 % superior a la media mundial (19 %).
Así, América Latina es la tercera región en la que, a fecha de 2023, más mujeres se habían casado antes de los 18 años, sólo superada por el sur de Asia (26 %) y el África Subsahariana (31 %).
La organización anota que “los países con una mayor prevalencia del matrimonio infantil se han asociado a una mayor presencia de la violencia de pareja” y que este problema “puede aislar a las niñas” de su familia y amigos, generando un “alto coste en su bienestar físico y psicológico”.
Asimismo, las niñas que se casan antes de cumplir los 18 tienen más probabilidades de quedarse embarazadas durante la adolescencia.
En este sentido, tanto América Latina y el Caribe como el África subsahariana tienen tasas de natalidad entre las adolescentes (2 y 3 nacimientos por cada 1.000 niñas de 10 a 14 años, respectivamente) superiores a la tasa mundial (1 nacimiento por cada 1.000 niñas del mismo rango de edad).
Unicef explica que, si bien en los últimos 25 años la prevalencia del matrimonio infantil se ha reducido del 25 % en 1998 al 19 % en 2023, la mayor parte de este progreso se ha visto en niñas que forman parte de familias acomodadas.
La organización incide en el informe en la necesidad no solo de acabar con el matrimonio infantil sino también de tomar medidas para garantizar que las niñas que ya están casadas reciban el apoyo y los servicios necesarios, entre ellos el acceso a la sanidad y a la educación.
En la parte positiva, el informe de Unicef revela que Latinoamérica y el Caribe son regiones con una de las tasas más elevadas de finalización de estudios en el nivel secundario (84 %, algo menor que el 89 % del este de Asia y el Pacífico), en contraste con otras regiones con tasas mucho más negativas, como el África subsahariana (37 %).
No obstante, entre 2015 y 2023 había un 13 % de mujeres de entre 15 y 19 años en la región que no estaban estudiando ni trabajando, y además en 2023 un 16 % de mujeres entre 15 y 24 años no trabajaba, frente al 11 % de hombres en el mismo rango de edad que estaba desempleado.
Con respecto a la salud de las jóvenes, Unicef subraya que el porcentaje de adolescentes con sobrepeso de entre 10 y 19 años se ha duplicado en todo el mundo desde 1995 (del 9 % al 18 %), con el mayor aumento registrado en América Latina y el Caribe, donde el 35 % de las adolescentes tienen ese problema, frente al 18 % de hace 30 años.
