A New Jersey Catholic diocese outside Philadelphia has agreed to pay $180 million in a clergy sexual abuse settlement, the latest in a church scandal set off more than two decades ago.
The Camden diocese, like others nationwide, filed for bankruptcy amid a torrent of lawsuits after the statute of limitations was relaxed.
Here is a list of some of the other large clergy abuse settlements reached by the Catholic Church in the U.S.
Los Angeles
In 2024, the Archdiocese of Los Angeles agreed to pay $880 million to more than 1,000 victims of clergy sexual abuse dating back decades.
The archdiocese, which covers Santa Barbara, Ventura and Los Angeles counties, had previously paid more than $740 million to victims, making the total payout more than $1.5 billion.
New Orleans
The New Orleans Archdiocese agreed to pay at least $230 million to hundreds of survivors of clergy sexual abuse under a settlement approved by a federal judge in December.
The settlement followed years of negotiations and included policies intended to prevent abuse from happening in the future. The archdiocese filed for bankruptcy in 2020 to avoid handling each of the more than 500 abuse claims separately.
San Diego, California
The Roman Catholic Diocese of San Diego agreed in 2007 to pay $198 million to settle more than 140 clergy sexual abuse claims.
The diocese filed for bankruptcy in 2024 in response to roughly 400 additional lawsuits alleging priests and others sexually abused children decades earlier. The lawsuits were filed after California lifted a statute of limitations on childhood sexual abuse claims in 2019.
Northwestern US
The Oregon Province of the Society of Jesus, a Jesuit order, agreed in 2011 to pay $166 million to more than 450 Native Americans and Alaska Natives who were abused at the order’s schools across the northwestern U.S. The order also agreed to pay $50 million to settle another 110 sex abuse claims in Fairbanks, Alaska, in 2007.
Orange, California
The Roman Catholic Diocese of Orange reached a $100 million settlement with about 90 victims of sex abuse in 2004. Three years later, the diocese agreed to pay another $7 million to settle four additional sexual abuse lawsuits.
Portland, Oregon
The archdiocese in Portland was the first Catholic diocese to file for bankruptcy in 2004 over sex abuse allegations after settling more than 100 cases. By the time the bankruptcy was complete three years later, the archdiocese had settled more than 300 claims and paid out nearly $90 million in claims and attorney fees. In 2019, the archdiocese agreed to pay nearly $4 million to settle eight additional claims of clergy sexual abuse.
Boston
The Roman Catholic Archdiocese of Boston agreed to pay $85 million to settle more than 500 clergy sex abuse lawsuits in 2003. The scope of the sex abuse crisis in Boston set off reports around the United States and the world of widespread abuse by priests and the church’s efforts to hide it.
Covington, Kentucky
In 2006, the Diocese of Covington paid more than $81 million to more than 200 sexual abuse victims in a court settlement. A report from the diocese released in 2020 found that 59 Catholic priests and 31 others associated with the church had sexually abused children since the 1950s.
Philadelphia
As of 2022, the Archdiocese of Philadelphia has paid more than $78 million to settle 438 claims of clergy sexual abuse, according to a report. In 2023, the archdiocese agreed to pay $3.5 million to settle an additional sex abuse case.
Wilmington, Delaware
The Catholic Diocese of Wilmington, which serves Catholics in Delaware and the Eastern Shore of Maryland, agreed in 2011 to pay $77 million to roughly 150 clergy sex abuse victims.
Oakland, California
The Diocese of Oakland reached a $56 million settlement with 56 survivors of sexual abuse in 2005. The diocese filed for bankruptcy in 2023 after more than 300 child sex abuse lawsuits were filed after a new state law temporarily extended the statute of limitations for child sex abuse litigation.
Fotografía del 12 de febrero de 2026 que muestra restos óseos encontrados por la arqueóloga dominicana Kathleen Martínez junto a un grupo internacional de arqueólogos en Azua (República Dominicana). (Foto: EFE/Orlando Barría)
Santo Domingo.– Un grupo internacional de arqueólogos busca en la República Dominicana los restos del legendario líder indígena taíno Enriquillo (1498-1535), considerado ‘el primer guerrillero de América’, protagonista de un alzamiento contra los españoles y que posteriormente, tras aceptar la paz con los colonizadores, tuvo tratamiento de noble.
Enrique Bejo (‘Enriquillo’), quien fue educado por frailes franciscanos, inició en 1519 una insurrección contra las autoridades españolas refugiándose en las montañas de Bahoruco, al suroeste del país, hasta que en 1533 aceptó la paz ofrecida por Carlos I de España.
El rastro de los restos mortales de Enriquillo se perdió hace siglos, aunque de acuerdo con documentos históricos, pidió ser enterrado en la iglesia de Las Mercedes en lo que entonces era la localidad de Azua (suroeste). El templo fue víctima de un terremoto en el siglo XVIII que la destruyó en gran parte.
«En esa destrucción, todos los bloques de las paredes de la iglesia y del techo colapsaron, y esto quedó abandonado», indica a EFE Kathleen Martínez, la arqueóloga directora de la excavación que se prolongará hasta el 28 de febrero.
La historiadora dominicana Lidia Martínez de Macarrulla dijo a EFE que la mayor evidencia de que los restos del líder indígena se encuentran en esta iglesia es «una carta que escribieron los miembros de la Real Audiencia en el año 1535 dirigida al emperador Carlos V, informándole de la muerte del cacique Enriquillo».
Añade que, en esa misivan se dice que Enriquillo «había pedido ser enterrado en la iglesia de Las Mercedes en una villa llamada Azua de Compostela», un templo que fue construido en el siglo XVI.
Fotografía que muestra restos óseos encontrados por la arqueóloga dominicana Kathleen Martínez junto a un grupo internacional de arqueólogos en Azua (República Dominicana). (Foto: EFE/Orlando Barría)
Un centro de enterramiento «muy activo»
Siguiendo esa pista, en el 2021 científicos israelíes realizaron un sondeo con radar en las ruinas de esta iglesia y encontraron tres puntos donde se localizarían osamentas.
Con esos indicios se iniciaron hace dos semanas los trabajos arqueológicos y, de momento, se han localizado más de diez cuerpos, lo que indica que el templo fue un lugar de enterramiento «muy activo», apunta Kathleen Martínez, quien es conocida en República Dominicana por buscar desde hace dos décadas la tumba de Cleopatra en Egipto.
«Lo primero es determinar con los especialistas si (los restos mortales) son españoles, para descartar los europeos, o si son nativos. Luego, si son nativos, utilizaríamos toda la tecnología existente (…) para tratar de buscar información», detalla Martínez.
«Sabemos que el cacique Enriquillo sufrió varias enfermedades y quizás con la tecnología moderna, si estamos en presencia de los restos del cacique, podamos reconstruir esa historia», añade.
Para el arqueólogo español Antonio Guio, quien participa en esta excavación, si Enriquillo hubiera sido enterrado con algún amuleto o elemento propio de su cultura indígena «podría ser un indicativo muy interesante en caso de encontrarlo», y «la siguiente opción» sería hacer «un análisis de los huesos que podría dar otro tipo de información sobre el ADN».
Fotografía que muestra personas trabajando durante en una excavación arqueológica en Azua (República Dominicana). (Foto: EFE/Orlando Barría)
Importancia cultural
Este esfuerzo por hallar los restos de Enriquillo obedece a que «representa la identidad nacional» y a que «se levantó contra la Corona española en busca de la dignidad de su pueblo», defiende Martínez.
«Logró que la Corona española negociara con él un acuerdo de paz para salvar la vida y la dignidad de su pueblo. Es el primero de los nuestros que luchó por los derechos humanos, y eso me cautivó», afirma esta arqueóloga.
En 2021, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, emitió un decreto para construir un mausoleo en honor a Enriquillo que, según la historiadora Martínez de Macarrulla, sería erigido en lo que queda de esta iglesia de las Mercedes en el caso de que se encontraran los restos mortales.
De igual forma, si no se diese con la osamenta del cacique indígena, se construiría un cenotafio en dicho lugar.
«Entendemos que Enriquillo merece, en su lucha por la libertad y la dignidad, que el pueblo nuestro, y creo todo el Caribe, toda Hispanoamérica, lo conozca y honre su memoria, porque fue un gran luchador por la libertad y por la dignidad de su etnia», señala Martínez de Macarrulla.
El logo de Bayer AG en Leverkusen, Alemania, el 27 de febrero del 2020. (Foto: AP/Martin Meissner)
El fabricante de agroquímicos Bayer y abogados de pacientes con cáncer anunciaron el martes un acuerdo propuesto de 7.250 millones de dólares para resolver miles de demandas en Estados Unidos que alegan que la empresa no advirtió a la gente que su popular herbicida Roundup podría causar cáncer.
El acuerdo propuesto se produce mientras la Corte Suprema federal se prepara para escuchar argumentos en abril sobre la afirmación de Bayer de que la aprobación de Roundup por parte de la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA por sus iniciales en inglés) sin incluir una advertencia sobre posibles riesgos de cáncer, debería invalidar los reclamos presentados en tribunales estatales. Ese caso no se vería afectado por el acuerdo propuesto.
Pero el acuerdo eliminaría parte del riesgo derivado de un eventual fallo de la Corte Suprema. Los pacientes tendrían garantizado un pago incluso si la Corte Suprema falla a favor de Bayer. Y la compañía quedaría protegida de cubrir costos incluso mayores si el máximo tribunal falla en su contra.
Bayer, con sede en Alemania, adquirió a Monsanto, fabricante de Roundup, en 2018. La compañía rechaza la afirmación de que el ingrediente clave del herbicida, el glifosato, puede causar linfoma no Hodgkin. Pero ha advertido que los crecientes costos legales ponen en riesgo su capacidad para seguir vendiendo el producto en los mercados agrícolas de Estados Unidos.
“La incertidumbre ante la posibilidad de un litigio ha acosado a la empresa durante años, y este acuerdo le da a la compañía una vía hacia un cierre”, declaró el director ejecutivo de Bayer, Bill Anderson.
El acuerdo propuesto se presentó ante el Tribunal de Circuito de San Luis, en Missouri, donde se encuentra la división de agronomía de Bayer en Norteamérica y el estado en el que se han interpuesto muchas de las demandas. El acuerdo aún necesita de la aprobación del tribunal.
Los pagos a pacientes podrían variar
Más de 125.000 demandantes han presentado reclamos legales relacionados con Roundup desde 2015, según los documentos del acuerdo. Pocos de los casos han llegado al jurado —13 veredictos a favor de Bayer y 11 a favor de los demandantes, incluido un fallo por 2.100 millones de dólares otorgado por un jurado de Georgia el año pasado. Otros ya se han resuelto mediante acuerdos separados, incluidos dos casos recientes que resolverían cerca de 77.000 reclamos, según los documentos judiciales.
El nuevo acuerdo propuesto a nivel nacional tiene como objetivo abordar la mayoría de las demandas restantes, así como cualquier caso adicional presentado en los próximos años por personas que estuvieron expuestas a Roundup antes del martes. En caso de que demasiados demandantes opten por no participar en el acuerdo, Bayer destacó que se reserva el derecho de cancelarlo, aunque no detalló cuántas exclusiones tendrían que ocurrir.
El acuerdo prevé que Bayer realice pagos anuales a un fondo especial hasta por 21 años, por un total de hasta 7.250 millones de dólares. El monto que recibe cada persona podría variar de acuerdo a cómo usaron Roundup, qué edad tenían cuando fueron diagnosticadas y la gravedad de su linfoma no Hodgkin.
Un trabajador agrícola, industrial o de jardinería con larga exposición a Roundup recibiría un promedio de 165.000 dólares en caso de que se le haya diagnosticado una forma agresiva de la enfermedad antes de los 60 años, según el acuerdo propuesto. En tanto, un usuario residencial de Roundup que haya sido diagnosticado con una forma menos agresiva de la enfermedad entre los 60 y 77 años recibiría un promedio de 20.000 dólares. Y quienes fueron diagnosticados a los 78 años o más obtendrían un promedio de 10.000 dólares.
“Ningún acuerdo puede borrar un diagnóstico, pero este acuerdo está diseñado para garantizar que tanto los pacientes de hoy como los de mañana tengan acceso a una compensación significativa”, dijo el abogado Christopher Seeger, quien representaría a los demandantes actuales en virtud del acuerdo.
Queda por ver si esa compensación le parece significativa a los pacientes. El abogado Matt Clement, que representa a unos 280 demandantes de Roundup, dijo que le sorprendió el acuerdo propuesto y anticipa que muchos de sus clientes tomarán la decisión de no participar.
Los pagos propuestos “son demasiado pequeños”, subrayó Clement.
Bayer obtiene el respaldo de Trump en los tribunales
Debido a las demandas, Bayer ya ha dejado de usar glifosato en el Roundup que vende en el mercado residencial y de jardinería en Estados Unidos. Pero el glifosato sigue presente en los productos agrícolas. Está diseñado para su uso en semillas genéticamente modificadas que puedan resistir el efecto mortal del herbicida, lo que permite a los agricultores producir más al tiempo que conservan el suelo al labrarlo menos.
Aunque algunos estudios asocian el glifosato con el cáncer, la EPA ha dicho que no hay probabilidad de que sea cancerígeno para el ser humano cuando se usa según las indicaciones. La etiqueta aprobada a nivel federal para Roundup no incluye ninguna advertencia de cáncer.
Bayer sostiene que las leyes federales sobre pesticidas prevalecen sobre los estados para adoptar un etiquetado adicional para los productos y, por lo tanto, prohíben las demandas por falta de advertencia presentadas en virtud de las leyes estatales. Bayer está presentando ese argumento ante la Corte Suprema en una apelación de un caso en Missouri que otorgó 1,25 millones de dólares a un hombre que desarrolló linfoma no Hodgkin después de rociar Roundup en un jardín comunitario en San Luis.
El gobierno del presidente Donald Trump ha intervenido a nombre de Bayer, revirtiendo la postura del gobierno del expresidente Joe Biden y colocándolo en desacuerdo con algunos partidarios de la agenda “Hagamos Saludable a Estados Unidos Otra Vez” (Make America Healthy Again) que se oponen a otorgar a la empresa la inmunidad legal que busca.
Al mismo tiempo, la empresa ha estado presionando a las legislaturas estatales para proteger a los fabricantes de pesticidas de demandas estatales por falta de etiquetas de advertencia cuando sus productos cumplen con los requisitos federales de etiquetado. Dakota del Norte se convirtió en el primer estado en promulgar una ley de ese tipo, en abril pasado. Un mes después, Georgia se convirtió en el segundo estado en hacerlo.
La líder legislativa también ha enfatizado la diversidad cultural como una fortaleza del estado, destacando que la comunidad dominicana, junto con otros grupos inmigrantes, ha enriquecido la vida social y económica de la región. (Foto: suministrada)
En el Mes de la Herencia Negra, y como reconocimiento de la población afrolatina, en Impacto celebramos a una mujer que se enorgullece de sus raíces, negras e indígenas.
“Educación es empoderamiento. Y querer es poder”. Con esas dos frases, heredadas de sus padres inmigrantes dominicanos, la representante estatal Johanny Cepeda-Freytiz resume la brújula que ha guiado su vida desde que entró a la escena pública, y esto es parte de lo que compartió con Perla Lara, nuestra editora jefa de Impacto.
Nacida en Nueva York, hija de padres dominicanos, Cepeda-Freytiz creció entre dos culturas. “Me identifico como latina y reconozco que por mis venas corre sangre negra, taína y europea. Somos producto de una historia compleja de colonización y al mismo tiempo de resistencia”, afirma con convicción. Esa identidad, explica, no es solo cultural: es también política.
De Nueva York a Reading
Sus padres llegaron a Estados Unidos en busca del “sueño americano” y finalmente se establecieron en Pensilvania, donde pudieron comprar su casa y ofrecer estabilidad a sus dos hijas. Johanny se mudó a Reading hace 19 años, ya casada con su esposo puertorriqueño y con dos hijos pequeños.
Antes de eso, se formó académicamente en Nueva York y obtuvo una maestría. Allí trabajó como directora de un centro comunitario administrado por Grand Street Settlement, en el Lower East Side de Manhattan. El centro ofrecía programas educativos para niños, jóvenes y adultos, incluyendo clases de GED (Desarrollo Educativo General) y de inglés como segundo idioma.
“Siempre he tenido una fuerte vocación de servicio. Mi mamá me enseñó que educarse es empoderarse, y mi papá que querer es poder. Todo lo que hago parte desde allí”, señala.
Johanny Cepeda-Freytiz nació en la ciudad de Nueva York el 31 de agosto de 1973 y es hija de Ana y Luis Cepeda. Vivió y asistió a la escuela en el Colegio Padre Fortín, en la República Dominicana, desde los 9 hasta los 14 años. (Foto: suministrada)
De restaurante a centro comunitario
Al llegar a Reading en 2007, decidió cambiar de rumbo profesional y abrir un restaurante: “Mi Casa, Su Casa Café”. Pero lo que comenzó como un emprendimiento puramente familiar terminó convirtiéndose en un punto de encuentro para la creciente comunidad latina de Reading.
“Allí escuchaba historias, ayudaba a la gente a encontrar recursos, tenía formularios de registro electoral en inglés y en español, y mientras la gente esperaba su café, yo les decía, ven, llena el registro para votar, y si tú no puedes llevarlo yo misma lo llevo o lo pongo al correo”, recuerda.
Para Cepeda-Freytiz, la educación cívica es esencial, especialmente en comunidades negras y morenas que históricamente han luchado por el derecho al voto. “Yo les recordaba que muchos murieron para que hoy nosotros podamos ejercer ese derecho, y no podemos olvidarlo”.
El salto a la política
Su experiencia como emprendedora le permitió comprender cómo las decisiones municipales impactaban directamente a los pequeños negocios y a las familias trabajadoras. “A veces los funcionarios municipales venían a mi restaurante y yo escuchaba como decidían aumentar los costos de los permisos sin consultarles a quienes se veían afectados. Eso fue lo que, al final, me motivó a involucrarme”.
En 2015 se postuló por primera vez al Concejo Municipal de Reading. Perdió por apenas 75 votos. “Eso me dolió, pensé que debía haber trabajado un poco más, pensé que me había metido solamente a los barrios más pobres y difíciles…; pero al final, también me di cuenta de que había movilizado sectores y ciudadanos que tradicionalmente no participaban en las elecciones”.
Tras varios episodios políticos en la ciudad y nuevas vacantes en el Concejo, volvió a intentarlo. Inicialmente no fue seleccionada para ocupar una posición vacante en 2019, y finalmente fue designada en 2020 por voto popular.
“Se sintió mucho mejor cuando el pueblo me eligió directamente”, afirma.
Defender los derechos en tiempos de miedo
La representante con un liderazgo nato, ha centrado sus esfuerzos en la educación sobre derechos civiles, particularmente frente a las políticas migratorias federales que, lamenta, han generado tanto temor en comunidades latinas.
“Hay muchas familias que viven con ansiedad, hay niños que faltan a la escuela por el temor y hay trabajadores que ya les da miedo salir de sus casas al trabajo”, asegura.
Cepeda ha impulsado campañas educativas bajo el lema “Conozca sus derechos”, orientadas a que las personas sepan cómo actuar ante detenciones inesperadas y cómo documentar posibles abusos. También trabaja en coordinación con organizaciones comunitarias y líderes locales para fortalecer las redes de apoyo.
“Hoy en día organizarse no es opcional. Es necesario. Pero también debemos actuar con estrategia y responsabilidad”, advierte.
Descubrir el poder del voto
Insiste en la importancia de la participación electoral. Considera que las próximas elecciones son decisivas tanto a nivel estatal como federal.
“El voto es nuestra herramienta más poderosa. Si cometimos errores en el pasado, la manera de corregirlos es participando activamente en las elecciones”, afirma.
Aunque reconoce las diferencias partidistas, insiste en que el centro del debate debe ser la protección de los derechos humanos y constitucionales. “Esto no es solo cuestión de partidos; aquí se trata de las personas”.
Salud y discriminación
Otro eje de su trabajo legislativo es la salud pública, especialmente las disparidades que afectan a mujeres negras durante el embarazo.
“Las tasas de mortalidad materna en mujeres negras son desproporcionadamente altas y muchas muertes son prevenibles”, explica. Por eso ha convocado a una discusión comunitaria con profesionales de la salud para dialogar sobre prevención, acceso a servicios y representación médica culturalmente competente”. El evento se llevará a cabo el jueves 19 de febrero, de 4 p.m. a 7 p.m., en la iglesia Zion Baptist en Reading.
“Tenemos que hablar de estos temas abiertamente y buscar soluciones concretas”, enfatiza.
Identidad, fe y compromiso ante el reto del racismo
Cepeda-Freytiz no oculta que su fe juega un papel importante en su vida pública. “Cuando he dudado, siempre he orado… Dios, si tú me quieres en esto, entonces muéstrame tu apoyo’. La visionaria cree que todos tenemos una función en este momento histórico, en donde no titubeo en asentir que lo que está haciendo el gobierno federal, es una limpieza étnica, por eso fue de las primeras en manifestar su rechazo a la compra de un enorme almacén en su jurisdicción, que planean convertir en un centro de detención para indocumentados; y lanzó un llamado a que todos ocupen su lugar histórico ante los atropellos a la Constitución y al visible racismo en lo más alto del poder. “Empresarios, padres, jóvenes, líderes religiosos, funcionarios. Todos”.
Para ella, la clave es la organización colectiva. “Somos pocos los que damos la cara, pero en la práctica somos muchos, y todos dependemos los unos de los otros”.
Al final de la conversación, vuelve a la enseñanza de su padre, ya fallecido: “Querer es poder. Si queremos proteger nuestros derechos y nuestro futuro, podemos hacerlo. Pero tenemos que actuar y que luchar juntos”.
Johanny Cepeda-Freytiz nació en la ciudad de Nueva York el 31 de agosto de 1973 y es hija de Ana y Luis Cepeda. Vivió y asistió a la escuela en el Colegio Padre Fortín, en la República Dominicana, desde los 9 hasta los 14 años.
Johanny es una madre orgullosa de dos jóvenes adultos que actualmente están en la universidad: Enith, de 22 años, estudia en la Universidad George Washington, y Elias, de 20 años, asiste a Reading Area Community College. Está casada con Felix Freytiz III.
Johanny se graduó de Mother Cabrini High School en la ciudad de Nueva York y asistió al State University of New York en New Paltz College, donde se especializó en francés, tuvo un minor en español, estudió en París, Francia, en 1994 y obtuvo un título de licenciatura en Artes. También obtuvo una maestría en Ciencias de la Educación en Long Island University y se convirtió en consejera bilingüe. Durante más de una década trabajó para Grand Street Settlement, donde ocupó el cargo de directora del Programa Beacon Center, un centro comunitario ubicado dentro de una escuela en el Lower East Side de Manhattan, Nueva York. Además de su rol como directora del programa, trabajó medio tiempo como consejera universitaria en la escuela secundaria Marta Valle, donde se encuentra el centro comunitario.
En 2007, Johanny decidió dejar la ciudad de Nueva York y su prometedora carrera para convertirse en empresaria. Trasladó a su familia a Reading, Pensilvania, para establecer Mi Casa Su Casa Café, ubicado en 320 Penn Street, en el centro de Reading. Se graduó del programa de desarrollo empresarial del Kutztown University Small Business Development Center y del Latino Business Resource Center en la primavera de 2009. En noviembre de 2009, Johanny recibió el James Hyson Entrepreneur Award otorgado por Community First Fund. En enero de 2011, fue nombrada Empresaria del Año por la Cámara de Comercio Latina del Condado de Berks. El 30 de marzo de 2017 recibió el Premio Take the Lead 2017 de las Girl Scouts of Eastern Pennsylvania. En 2020, Johanny recibió el Premio Héroe del COVID-19 otorgado por United Community Services, y en 2021 fue reconocida como Socio Comercial del Año por la organización Domestic Shelters. En octubre de 2024, recibió el premio Líder Comunitaria del Año otorgado por Latino Connections.
Johanny ha sido miembro de la junta directiva de Safe Berks (antes Berks Women in Crisis), de la Biblioteca Pública de Reading, del Greater Reading Chamber Alliance, de El Centro Hispano Daniel Torres y del Comité Asesor Ocupacional de Reading Muhlenberg CTC.
En octubre de 2016, Johanny y su esposo Felix expandieron Mi Casa Su Casa para ofrecer, una vez por semana, un buffet de cena auténtica latina en el Crowne Plaza Hotel en Wyomissing. En abril de 2018 expandieron Mi Casa Su Casa al mercado de agricultores de Shillington.
Johanny fue nombrada miembro del Concejo Municipal representando al Distrito 6 de la ciudad de Reading en enero de 2019. En noviembre de 2019 fue elegida por los votantes como concejala del Distrito 6 y en enero de 2020 comenzó su mandato de cuatro años. En junio de 2022 fue nombrada por unanimidad presidenta del Concejo Municipal de Reading, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo.
El 3 de enero de 2023, Johanny Cepeda-Freytiz comenzó su primer mandato como Representante Estatal de Pensilvania por el Distrito Legislativo 129. Forma parte de los comités de Agricultura y Asuntos Rurales; Comercio; Finanzas; Supervisión del Juego; Turismo, Desarrollo Económico y Recreación; y Asuntos Intergubernamentales. Actualmente también se desempeña como presidenta del Caucus Legislativo Latino de Pensilvania.
El lema de Johanny es: Querer es poder y “¡Todo lo que hagas, hazlo con AMOR!”
Kilmar Ábrego García habla en una concentración antes de acudir a una cita con el Servicio de Inmigración y Aduanas en Baltimore, Maryland, el 12 de diciembre del 2025. (Foto: AP/Stephanie Scarbrough)
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no puede volver a detener a Kilmar Ábrego García porque el periodo de detención de 90 días ha expirado y el gobierno no tiene un plan viable para deportarlo, dictaminó una jueza federal el martes.
El caso del ciudadano salvadoreño se ha convertido en un tema de debate después de que el año pasado fuera deportado indebidamente a su país de origen. Desde su regreso, ha estado luchando contra una segunda deportación a una serie de países africanos propuesta por funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional.
El gobierno “hizo una amenaza vacía tras otra para expulsarlo a países de África sin ninguna posibilidad real de éxito”, escribió en su orden del martes la jueza federal de distrito Paula Xinis, en Maryland. “Por lo tanto, el tribunal concluye fácilmente que no hay ‘buen motivo para creer’ que la expulsión sea probable en un futuro razonablemente previsible”.
La subsecretaria de Seguridad Nacional Tricia McLaughlin criticó el fallo en un correo electrónico.
“Si este asunto realmente se tratara de la ley o del debido proceso, Kilmar Ábrego García ya habría sido deportado y nunca volvería a poner un pie en este país; la jueza Xinis no estará satisfecha hasta que se le autorice a vivir en Estados Unidos para siempre”, escribió.
Ábrego García tiene una esposa y un hijo estadounidenses y ha vivido en Maryland durante años, pero inmigró a Estados Unidos de manera ilegal cuando era adolescente. En 2019, un juez de inmigración determinó que no podía ser deportado a El Salvador porque allí enfrentaba peligro por parte de una pandilla que había amenazado a su familia. Por error, aun así fue deportado allí el año pasado.
Ante la presión pública y una orden judicial, el gobierno del presidente Donald Trump lo trajo de vuelta en junio, pero sólo después de conseguir una acusación formal que lo imputa por tráfico de personas en Tennessee. Se ha declarado inocente. Mientras tanto, funcionarios de Trump han afirmado que no puede quedarse en Estados Unidos. En documentos presentados ante el tribunal, los funcionarios señalaron que pretendían deportarlo a Uganda, Esuatini, Ghana o Liberia.
En su orden del martes, Xinis señaló que el gobierno ha “deliberadamente —y sin motivo— ignorado el único país que de manera constante se ha ofrecido a aceptar a Ábrego García como refugiado, y al que él acepta ir”. Ese país es Costa Rica.
El abogado de Ábrego García, Simon Sandoval-Moshenberg, argumentó ante el tribunal que la detención migratoria no debe ser un castigo. Un inmigrante sólo puede ser detenido como una forma de facilitar su deportación y no puede ser detenido indefinidamente sin un plan viable de deportación.
“Desde que la jueza Xinis ordenó la liberación del señor Ábrego García a mediados de diciembre, el gobierno ha intentado un truco tras otro para tratar de que vuelva a ser detenido”, escribió Sandoval-Moshenberg en un correo electrónico el martes. “En su decisión de hoy, reconoció que si el gobierno realmente estuviera tratando de expulsar al señor Ábrego García de Estados Unidos, lo habría enviado a Costa Rica mucho antes de hoy”.
El gobierno ahora debería participar en un esfuerzo de buena fe para concretar los detalles de la expulsión a Costa Rica, escribió Sandoval-Moshenberg.
Subramanyam Vedam walks outside the Centre County Courthouse, Feb. 6, 2025, in Bellefonte, Pa, during a hearing over new evidence uncovered in his 1983 murder case. (Foto: AP/Geoff Rushton/StateCollege/File)
A Pennsylvania man who spent 43 years in prison before his murder conviction was overturned — only to be taken straight into immigration custody — was denied bail Tuesday while he fights deportation.
Subramanyam Vedam, 64, will remain in custody while he appeals a 1999 deportation order. The Board of Immigration Appeals agreed this month to hear his appeal based on what it called exceptional circumstances.
Vedam’s lawyer argued Tuesday that he would have likely been spared deportation and become a citizen if not for the murder case, given immigration laws in place at the time. Vedam would have left prison on a drug charge by 1992, lawyer Ava Benach said.
“It was delivery of LSD on a very small scale. This is not importing tons of cocaine,” Benach said Tuesday. “He is not a danger to the community. We are talking about offenses that occurred over 40 years ago.”
In August, a Pennsylvania judge threw out Vedam’s murder conviction in the 1980 death of a college friend, based on ballistics evidence that prosecutors hadn’t disclosed during his two trials. Supporters listening in remotely to the bail hearing included a Centre County prosecutor and the mayor of State College, where Vedam’s late father was a renowned professor at Penn State University, Benach said.
Immigration Judge Tamar Wilson, sitting in Elizabeth, New Jersey, said she believes detention to be mandatory given the felony drug conviction. Alternatively, she agreed with Department of Homeland Security officials who said he remains a safety risk.
“The fact he’s been a ‘model prisoner’ does not suggest that out in the general public he’s going to be safe,” Wilson said.
It’s not yet clear whether Wilson or another judge will hear the merits of the deportation case. No hearings have yet been scheduled.
“Subu is nothing if not resilient, and we’re resolved to emulate the example he sets for us by focusing on the next step in his fight for freedom. We continue to believe his immigration case is strong and look forward to the day we can be together again,” said his sister, Saraswathi Vedam, calling him by a family nickname.
She planned to bring him home when he was released from state prison on Oct. 3, only to see him taken into federal immigration custody. Vedam had come to the U.S. legally from India when he was 9 months old, when his parents returned to State College.
“He was someone who’s suffered a profound injustice,” Benach told The Associated Press last year. “Those 43 years aren’t a blank slate. He lived a remarkable experience in prison.”
Vedam is being held at an 1,800-bed U.S. Immigration and Customs Enforcement facility in central Pennsylvania.
“Criminal illegal aliens are not welcome in the U.S,” a Department of Homeland Security spokesperson said of the case last year.
Miguel Burgos es experto en impuestos de TurboTax.
A medida que avanza la temporada de impuestos, los niveles de estrés en Estados Unidos van en aumento. Y para muchos —especialmente para la Generación Z—, no se trata solo de números en un formulario. Según una encuesta reciente patrocinada por Intuit TurboTax y realizada a más de 1.000 adultos, casi la mitad de los estadounidenses (46%) afirma que la temporada de impuestos es el periodo financiero más estresante del año.
Esta ansiedad es aún más marcada entre los adultos jóvenes: alrededor del 62% de la Generación Z señala la temporada de impuestos como su principal fuente de estrés financiero, una cifra considerablemente más alta que la de generaciones mayores.
¿Por qué presentar impuestos genera tanto estrés?
Para muchos, el temor no se limita a deber dinero, sino a cometer errores. Casi la mitad de los encuestados teme presentar su declaración de impuestos de forma incorrecta, y esa preocupación es aún mayor entre los contribuyentes de la Generación Z.
Como contador público autorizado (CPA), veo esta falta de confianza con frecuencia. Los cambios en las leyes fiscales, las múltiples fuentes de ingresos y el lenguaje técnico poco familiar contribuyen a una sensación de agobio, especialmente entre quienes presentan sus impuestos por cuenta propia por primera vez.
De hecho, más de la mitad de los jóvenes declarantes reconoce que hacer los impuestos es una de las partes más difíciles de la “vida adulta”. Esto no resulta sorprendente, ya que muchas personas no comienzan a sentirse seguras de sus conocimientos fiscales hasta bien entrados los 20 o 30 años —si es que alguna vez lo logran—.
Reembolsos: alivio y presión
Hay una buena noticia en medio del estrés: la mayoría de los estadounidenses (52%) espera recibir un reembolso de impuestos este año. Y aunque muchos aún no saben cuánto recibirán, la mayoría planea presentar su declaración temprano para obtener su reembolso más rápido.
Para muchos hogares, ese dinero representa más que un simple ingreso adicional; es una herramienta financiera. Aproximadamente una cuarta parte planea ahorrar su reembolso, mientras que otro 24% tiene la intención de usarlo para pagar deudas. Estas son decisiones inteligentes que pueden fortalecer la estabilidad financiera.
Curiosamente, los adultos jóvenes son más propensos a ver su reembolso como “dinero extra”. Más de la mitad de los encuestados de la Generación Z afirma que así percibe su reembolso, y casi la mitad planea gastarlo en artículos no esenciales como ropa, electrónicos o viajes.
Pedir ayuda es más común de lo que se cree
A pesar del estrés, los contribuyentes rara vez enfrentan este proceso solos. La encuesta revela que alrededor del 60% de los estadounidenses suele recibir ayuda al momento de presentar sus impuestos, ya sea mediante herramientas digitales o con el apoyo de profesionales. Esto tiene sentido: casi la mitad de los declarantes se preocupa por hacerlo correctamente y muchos prefieren la tranquilidad que ofrece el respaldo de un experto.
Las tecnologías más avanzadas, incluidas las herramientas fiscales asistidas por inteligencia artificial, también están ganando popularidad, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Cada vez más miembros de la Generación Z y millennials aseguran que planean usar herramientas de IA esta temporada de impuestos, no necesariamente porque las prefieran, sino porque las consideran más rápidas y con menos margen de error que hacerlo todo por su cuenta.
La temporada de impuestos no tiene por qué ser intimidante. La clave para reducir el estrés está en la preparación, en presentar la declaración con anticipación y en saber cuándo buscar ayuda, ya sea a través de herramientas confiables como TurboTax en español o con el apoyo de un profesional de impuestos que pueda guiarle a través de la complejidad del proceso. Al tomar el control desde el principio y comprender su situación, es posible convertir lo que parece un obstáculo financiero en un paso estratégico hacia sus metas económicas.
* Miguel Burgos es experto en impuestos de TurboTax.
El acuerdo de comercio que acaban de firmar Estados Unidos y Taiwán, ascendente a 250.000 millones de dólares, tiene múltiples implicaciones, comenzando con el rechazo de China, que reclama a Taiwán, indebidamente, como parte de su territorio.
La implicación comercial, por supuesto, es evidente. El acuerdo reduce los aranceles que paga Taiwán a un 15%, que es igual al de Japón, Corea del Sur y la Unión Europea. Para cualquier nación, comerciar con EE. UU. es una gran ventaja. EE. UU. es el mayor mercado del mundo.
La segunda implicación es estratégica. Taiwán está a la cabeza de la tecnología mundial de “chips” y microprocesadores. Esos componentes constituyen el corazón de todos los equipos electrónicos que se fabrican, desde electrodomésticos y automóviles hasta naves espaciales, misiles y aviones de combate. Este acuerdo pone en las manos de las industrias norteamericanas la mejor tecnología del mundo.
Es menester destacar que Taiwán mantendrá en la isla las investigaciones y desarrollo de los procesos avanzados de tecnología. De esa manera, asegura que no perderá su competitividad y liderazgo tecnológico.
Simultáneamente, EEUU se beneficiará de los avances de Taiwán en Inteligencia Artificial (IA), un campo relativamente nuevo, pero que se ha erigido en una carrera entre las grandes potencias por sus posibilidades casi infinitas.
La tercera implicación es política. El acuerdo de comercio aumentado aporta un elemento más para que EE.UU. continúe defendiendo el statu quo de Taiwán. La cadena de suministros electrónicos taiwaneses es de suma importancia para los norteamericanos.
De hecho, muchos analistas opinan que el mayor interés de China en ocupar Taiwán es, precisamente, apoderarse de esa cadena de suministro tan valiosa. Poco después de firmado el acuerdo de comercio, el régimen chino emitió una fuerte protesta.
En un acuerdo separado, pero parte de las negociaciones, Taiwán invertirá 250.000 millones de dólares en industrias norteamericanas.
El pasado año, la economía taiwanesa creció un 8,6%, la cifra más alta en los últimos 15 años. Taiwán es también uno de los países más educados del mundo: casi el 50% de su población mayor de 17 años tiene un título universitario.
El desarrollo de la pequeña isla, de 23 millones de habitantes, se extiende a otros sectores como la medicina y el turismo.
A la firma del importante acuerdo de comercio concurrieron el viceministro de Relaciones Exteriores taiwanés, Li-chiun Cheng, y el ministro de gobierno Jen-ni Yang. Por la parte norteamericana, asistieron el representante comercial Jamieson Greer y el secretario de Comercio, Howard Lutnick.
* Luis Zúñiga es analista político y exdiplomático.
María Méndez es presidenta y fundadora de Vacation is a Human Right (VIAHR). Dominicana residente en Nueva York. Ha trabajado con figuras y eventos internacionales como Beyonce, Frank Ocean, Joe Thomas, The Mavericks, Raul Di Blasio, Benicio del Toro y la SuperBowl.
Lucía se levanta antes de las cinco. Prepara el desayuno, deja los uniformes de sus hijos listos y sale al primer turno en una panadería. A las dos de la tarde cruza la ciudad para limpiar oficinas por horas. Los fines de semana, toma repartos. No es ambición; es matemática: si no suma turnos, no llega. Lo que sí se acumula es otra cosa: un cansancio que no se va, un enojo sin destinatario y la sensación de que, por más que corra, el día nunca alcanza.
Ese desgaste tiene nombre. La OMS define el burnout como un fenómeno ocupacional que aparece cuando el estrés crónico en el trabajo no se gestiona bien, y se caracteriza por agotamiento, distancia/cinismo y eficacia reducida. No es un diagnóstico clínico, pero sí una razón frecuente de consulta y de impacto en la salud.
El primer límite que se rompe es el tiempo. A escala global, la OIT estima que más de un tercio de las personas trabajadoras labora más de 48 horas por semana. No es una excepción, sino un patrón extendido que deteriora el equilibrio vida–trabajo.
Y no es solo equilibrio: trabajar 55 horas o más por semana se asocia con un 35% más de riesgo de ictus y un 17% más de riesgo de muerte por cardiopatía isquémica, comparado con jornadas de 35–40 horas. Además, el número de personas en esa franja va en aumento.
En paralelo, crece el pluriempleo. En Estados Unidos, por ejemplo, la proporción de personas con más de un trabajo alcanzó 5,8% en noviembre de 2025 (serie no desestacionalizada). Es una foto de cómo se reparte el ingreso… y también el cansancio.
Trabajar en dos o más empleos suele ir de la mano de precariedad: contratos inestables, ingresos variables y poca protección. La evidencia científica muestra una asociación consistente entre empleo precario y peor salud mental/bienestar. El efecto se agrava cuando la precariedad se prolonga en el tiempo.
Lucía lo explica sin tecnicismos: “Si digo que no al extra, no pago el arriendo. Y si digo que sí, no veo a mis hijos”. Ese doble vínculo es terreno fértil para el estrés crónico.
Para las empresas, esta realidad también golpea la línea de resultados: mayor ausentismo, rotación y pérdida de productividad son consecuencias típicas cuando el desgaste se cronifica. Las guías OMS/OIT recomiendan priorizar intervenciones organizacionales (no solo individuales), porque abordar las causas —carga, horarios, previsibilidad, liderazgo— mejora salud y desempeño.
El error más común es poner todo el peso en la persona (“gestiona mejor tu tiempo”). La evidencia pide lo contrario: diseño del trabajo y decisiones organizacionales.
Cuatro movimientos prácticos que bajan el riesgo:
1. Limitar jornadas excesivas y la acumulación de horas que empuja por encima de 48–55 h/semana; asegurar descanso entre turnos.
2. Previsibilidad real: calendarios de turnos con anticipación suficiente y cambios de última hora solo por razones justificadas; reduce ansiedad financiera y mejora el sueño.
3. Cerrar la brecha esfuerzo–recompensa: salarios/beneficios alineados al costo de vida y reconocimiento explícito de picos; el equilibrio importa para la salud.
4. Apoyos accesibles de salud mental y políticas de desconexión fuera de horario, adaptadas a personas con dos o más empleos o trabajo por turnos.
Lucía no necesita “tips” para ser más productiva, sino reglas del juego que la contemplen. Jornadas humanas, previsibilidad, recompensas justas y tiempo real de recuperación. Nadie debería enfermarse por llegar a fin de mes. Prevenir el burnout en quienes no pueden “elegir” cansarse menos es una cuestión de justicia y de salud pública, además de una decisión inteligente para mantener el talento.
* María Méndez es presidenta y fundadora de Vacation is a Human Right (VIAHR). Dominicana residente en Nueva York. Ha trabajado con figuras y eventos internacionales como Beyonce, Frank Ocean, Joe Thomas, The Mavericks, Raul Di Blasio, Benicio del Toro y la SuperBowl. https://www.viahr.org/
