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Pennsylvania residents question police response to student ICE protesters after juveniles detained

Durante una de las jonandas de protestas en la región de Montgomery, Pa. 8 febrero 2026. (Foto: Crédito/Facebook Danielle Kwock Phillips)

PHILADELPHIA. — Some residents in the Philadelphia suburb of Quakertown are calling for the police chief to resign after a scuffle between police and high school students protesting immigration enforcement policies left several juveniles in custody for four days.

Video circulating online shows an older man in street clothes approach a group of young protesters outside a delicatessen and put his arm around the neck of a teenage girl as other teens swing at him and they both fall to the ground.

The footage taken by bystanders captures only part of the encounter and does not show what happened before things turned physical. Afterward, students can be seen picking up binders and folders scattered on the ground.

The man was later identified as 72-year-old Police Chief Scott McElree, who also serves as the borough manager — the town’s top administrative official responsible for overseeing daily operations.

Bucks County District Attorney Joe Khan, a former federal prosecutor, is investigating. McElree did not return messages left Tuesday by The Associated Press at his home and workplace.

The group had staged a walkout from Quakertown Community High School, leaving the building chanting and carrying handmade signs protesting immigration enforcement policies.

“No more ICE!” students are heard chanting in video footage posted on social media, before McElree enters the frame. Another officer, who appears to be wearing police identification, tells students the protest «doesn’t need to be in the street.”

“It’s a peaceful protest. We’re peacefully protesting!” a student can be heard saying in response. The camera pivots to another adult man, who appears to pull the chief away from the girl.

McElree can be seen talking to other officers on the scene after the scuffle before getting into a vehicle.

“In abandoning his job and his mission on Friday afternoon, Chief McElree effectively was acting as a counterprotester, albeit one with the ability to arrest people. Quakertown deserves better,» said Witold Walczak, legal director of the ACLU of Pennsylvania.

The Quakertown Police Department, in a statement Friday, said five or six demonstrators were taken into custody after the group became disruptive while protesting Immigration and Custody Enforcement actions across the country. The group had staged a walkout from Quakertown Community High School.

“Some participants began engaging in disruptive behavior, including throwing snowballs at vehicles, kicking cars, and damaging property, such as tearing a side mirror from a car. Officers issued additional warnings to maintain civil,” the police statement said.

The students — who were detained throughout the weekend and again Monday when a snowstorm closed county offices – were due in juvenile court Tuesday for bail hearings, according to the Bucks County District Attorney’s Office. The hearings are closed to the public, and no further information was immediately available.

Calls left Tuesday for other borough officials were not immediately returned.

Speakers at a borough council meeting Monday evening called for the students’ release, and more than 9,000 people have signed an online petition calling for the chief’s resignation. Quakertown, about 35 miles north of Philadelphia, has about 9,300 residents.

“The police should have been there to facilitate the demonstration, ensuring that the students could safely exercise their rights to assemble and speak out freely as guaranteed by our Constitution,” Walczak said. “They failed.”

Familiares de presos políticos reclaman retrasos de liberaciones en una cárcel de Caracas

Caracas
Policías custodian el comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) este lunes, en Caracas (Venezuela). EFE/ Ronald Peña R

Caracas.- Familiares de los presos políticos recluidos en los calabozos del comando policial conocido como Zona 7, en Caracas, reclamaron que no se han producido liberaciones en este sitio después de la aprobación de la Ley de Amnistía, pese a que el presidente del Parlamento venezolano aseguró que esta cárcel sería uno de los centros priorizados en la revisión de casos.

«Ya estamos cansados del hermetismo, estamos cansados de esperar», declaró a la prensa Evelis Cano, madre de uno de los detenidos, en las afueras de este centro policial del este de Caracas.

Cano consideró que las autoridades «tienen como olvidado» el centro de detención de Zona 7, donde no ha habido excarcelaciones desde la promulgación de la amnistía el pasado jueves.

«Estamos viendo por redes sociales que están saliendo (liberados) de (las cárceles) Yare, de El Rodeo, de otros recintos cancelarios, lo cual me alegro mucho (…) No lucho solamente por mi hijo, lucho por todos los presos políticos, para que todos sean liberados, pero ¿qué pasa con Zona 7?», cuestionó.

Por su parte, Narwin Gil, hermana de una presa política, dijo que los familiares en las afueras de Zona 7 se sienten «excluidos» y que no han recibido respuestas de las autoridades, pese a su vigilia en las afueras de la prisión y la huelga de hambre que mantuvieron algunas familiares la semana pasada.

«A pesar de que estuvimos en la huelga de hambre diez personas, incluyéndome, no tuvimos respuesta «

Señaló que necesitan respuestas y estarían dispuestos a conversar con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien este lunes recibió en el palacio presidencial de Miraflores a un grupo de «víctimas de la violencia política», alineados con el chavismo.

«Necesitamos la respuesta de ella (…) Acá también usted tiene unos familiares que la están esperando (…). Podemos dialogar con usted y explicarle las necesidades que tenemos, que la única que tenemos es que estén libres todos», insistió, en referencia a la mandataria encargada.

Una veintena de familiares mantienen una vigilia y pernocta permanente en las afueras de Zona 7 desde el pasado 8 de enero, cuando se anunció un proceso de excarcelaciones impulsado por el Gobierno encargado.

El presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, afirmó el sábado que los primeros casos de amnistía que se estaban atendiendo serían de detenidos en Zona 7 y El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), ambos en Caracas.

Hasta la mañana de este lunes, al menos 65 personas habían sido liberadas en Venezuela tras la aprobación de la ley de amnistía el pasado jueves, indicó la ONG Foro Penal, mientras que familiares de detenidos reportaron liberaciones durante el fin de semana en cárceles como El Rodeo I y II y Yare, ambas ubicadas en el estado Miranda (norte), a las afueras de Caracas. 

¿Qué está en juego para las familias latinas de Filadelfia bajo el plan del Distrito Escolar?

Distrito Escolar de Filadelfia. (Foto: Archivo)

Cada mañana, Alicia Reyes camina con su hija junto a las casas adosadas de ladrillo rojo rumbo a la escuela primaria Overbrook: pasan por la tiendita de la esquina y por el vecino que saluda desde su escalinata. Adentro, los maestros reciben a los estudiantes por su nombre. Es una escuela que conoce a sus niños. Reyes no está segura de cuánto tiempo más estará allí. Su escuela está en una lista. También lo están otras diecinueve —primarias, intermedias y secundarias— que se extienden desde el noroeste de Filadelfia hasta el oeste y el norte, todas señaladas en el plan de instalaciones a largo plazo del Distrito Escolar de Filadelfia.

Los funcionarios dicen que la propuesta se centra en la responsabilidad fiscal: consolidar edificios subutilizados, reducir los costos de mantenimiento y redirigir los ahorros hacia instalaciones modernizadas y programas más sólidos. Los planes están disponibles aquí. Menos edificios, argumentan, significan un uso más inteligente del dinero. Para las familias —muchas de ellas de bajos ingresos y latinas en vecindarios ya en tensión— suena a algo que han escuchado antes.

La matrícula del Distrito ha caído aproximadamente un 12 por ciento desde 2014–15 hasta cerca de 117,956 estudiantes en escuelas tradicionales y alternativas este año. Edificios diseñados para salones llenos ahora absorben los ecos de pasillos medio vacíos. La matemática, dicen los funcionarios, ya no funciona. Pero la caída no es uniforme. La matrícula hispana y latina ha aumentado de manera constante en toda la ciudad, transformando las escuelas de Kensington, Hunting Park y Fairhill. El español es ahora el idioma no inglés más reportado en los hogares del Distrito. En comunidades donde la población estudiantil está creciendo —no disminuyendo—, el cierre de una escuela no es una respuesta a la realidad demográfica. Es una colisión con ella.

Sea cual sea la fórmula que el Distrito aplique a sus edificios, lo hace en un contexto de creciente inestabilidad federal. El Gobierno federal retuvo casi $7 mil millones en fondos educativos que se esperaba que se distribuyeran a estados y distritos —dinero destinado a programas para estudiantes de inglés, desarrollo docente y enriquecimiento académico. Las agencias federales liberaron algunos fondos más tarde bajo presión legal. Aun así, la interrupción expuso una vulnerabilidad estructural: las escuelas de Filadelfia dependen de subsidios que pueden no llegar del Gobierno federal, cuyas prioridades están en otra parte.

Mientras tanto, casi un tercio de los estudiantes de escuelas públicas de la ciudad asisten a escuelas chárter o chárteres virtuales, cada una de las cuales extrae financiación por alumno del presupuesto del Distrito. El resultado es una ciudad con demasiados edificios parcialmente vacíos —algunos administrados por el Distrito, otros por operadores de chárter— y una fórmula de financiamiento que castiga al Distrito por asientos vacíos sin importar por qué existen.

La investigación sobre la consolidación es contundente. Los salones más grandes —el resultado casi inevitable de absorber a estudiantes desplazados sin incrementos equivalentes de personal— se correlacionan de manera consistente con peores resultados, especialmente para niños que enfrentan pobreza, barreras lingüísticas o inestabilidad de vivienda. Para esos estudiantes, la interrupción no es un inconveniente menor. Es un obstáculo con consecuencias académicas duraderas.

Filadelfia ya ha conocido estas crisis. Cuando Germantown High School cerró en 2013, el Distrito aseguró a las familias que los estudiantes llegarían a entornos más fuertes y que el vecindario se recuperaría. “En el pasado, se nos dijo que nuestros hijos se beneficiarían de la consolidación”, dijo Melanie Rivera, de Germantown, cuyo hijo fue desplazado en su último año. “Tuvo dificultades para adaptarse. Y el vecindario nunca se recuperó completamente».

En las audiencias públicas de esta primavera, esa historia volvió a aparecer una y otra vez. La Federación de Maestros de Filadelfia ha sido clara: lo que necesitan las escuelas en dificultades es inversión, no cierre. La consolidación sin personal adecuado no es reforma: es desplazamiento disfrazado de eficiencia.

En 440 North Broad Street —la torre administrativa del Distrito—, los funcionarios decidirán, eventualmente, qué escuelas sobrevivirán. La sede del distrito es deliberadamente institucional, la arquitectura de los sistemas más que la de las comunidades, pero las escuelas no son solo edificios; son el sonido de un pasillo lleno de niños que saben cuál es su lugar, el arte en las paredes pintado por exalumnos. Son los fríos amaneceres de enero en los que los padres esperan en la puerta porque dejar a su hijo en la escuela es una de las pocas cosas que aún salen bien ese día.

El Distrito dice que está escuchando. Las familias dicen que ya han escuchado eso antes. Lo que ocurra después —en negociaciones presupuestarias y sesiones de planificación a puerta cerrada, lejos de los vecindarios a los que afectarán— responderá a una pregunta que Filadelfia lleva décadas sin resolver: ¿La educación pública en esta ciudad es algo que sus líderes están construyendo, o algo que están desmantelando lentamente?

Del récord al retroceso: Trump pierde terreno entre los latinos rumbo al 2026 y llega al Discurso del Estado de la Nación con índices de aprobación debilitados y profundo escepticismo público

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece una rueda de prensa con reporteros en la Casa Blanca, en Washington, DC, EE. UU., el 20 de enero de 2025. (Foto: EFE//JIM LO SCALZO)

A pocas horas del Discurso del Estado de la Nación de esta noche, el presidente Donald Trump enfrenta un escenario político marcado por fuertes niveles de desaprobación, una ciudadanía profundamente dividida y un clima general de desconfianza hacia el rumbo del país, según las encuestas más recientes publicadas el 23 de febrero.

Diversos sondeos nacionales muestran que el mandatario se prepara para dirigirse al Congreso con un índice de aprobación del 39%, mientras un 61% desaprueba su gestión, de acuerdo con una encuesta conjunta de The Washington Post, ABC News e Ipsos. La caída es especialmente marcada entre los votantes independientes: solo 26% de ellos aprueba el desempeño del presidente, lo que representa una reducción de 15 puntos en comparación con febrero de 2025, según cifras de CNN.

Aquí tienes, Perla, una nota conclusiva lista para publicar y un titular fuerte, basada en los datos confirmados más recientes sobre el voto y apoyo latino a Donald Trump.
Todo está respaldado con citas verificadas.


Trump pierde terreno entre los latinos que votaron por él


El voto latino, largamente considerado un bloque electoral clave en Estados Unidos, atraviesa en 2026 un momento de cambio profundo. Aunque Donald Trump obtuvo en 2024 un respaldo histórico entre los votantes hispanos —con estimaciones que oscilan entre 42% según proyecciones de Associated Press y AS/COA, y 45% según encuestas de salida de NBC News— las encuestas más recientes muestran un deterioro notable en su relación con este sector demográfico.

Un análisis de febrero de 2026 del Latino News Network, basado en datos del Pew Research Center, revela que el 70% de los latinos desaprueba la labor de Trump como presidente. Esta cifra implica que su aprobación general entre hispanos se sitúa entre el 25% y el 30%, muy por debajo del apoyo que obtuvo en las urnas hace dos años.

Esto sugiere que, aunque Trump logró una penetración inédita en el electorado latino en 2024, el respaldo a su gestión ha disminuido en el conjunto de la comunidad, convirtiéndola en el grupo en el que más simpatizantes ha perdido en los últimos meses. Medios como CBC News ya advertían en febrero que encuestas recientes mostraban un declive sostenido en el apoyo latino, especialmente tras episodios que generaron descontento, como su crítica al espectáculo en español del Super Bowl.

Sin embargo, los datos ofrecen un matiz importante: entre los latinos que sí votaron por Trump en 2024, el 81% continúa apoyándolo, aun cuando esa cifra representa un descenso respecto a mediciones previas. Esto indica que la pérdida de respaldo proviene principalmente de latinos que no lo eligieron originalmente, pero que pudieron haber mostrado apertura a su candidatura en ciertos momentos del ciclo político.

La fractura interna del voto latino —con diferencias generacionales, regionales y socioeconómicas— se refleja en estas cifras. Aunque Trump mantiene una base sólida entre parte de sus votantes hispanos, el retroceso en la aprobación general sugiere que su atractivo electoral en el conjunto de la comunidad se ha debilitado.

Con las elecciones legislativas a la vuelta de la esquina y el país entrando en un nuevo ciclo político, los datos muestran que el voto latino no solo es decisivo, sino también volátil. El reto para la campaña de Trump, y para cualquier aspirante en 2026, será reconectar con un electorado que en 2024 rompió tendencias históricas, pero que hoy manifiesta una creciente distancia hacia el presidente.

Economía: la principal fuente de descontento

El estado de la economía continúa siendo un factor central en la percepción negativa del electorado. Un análisis del Pew Research Center revela que solo 28% de los estadounidenses considera que la economía se encuentra en condiciones “excelentes o buenas”, mientras que el 72% la califica como “regular o mala”.

El rechazo también se extiende al efecto de las políticas económicas del presidente: apenas el 28% de los estadounidenses cree que sus acciones han mejorado la economía, en contraste con un 52% que afirma que las han empeorado. La polarización partidista persiste: mientras el 57 % de los republicanos considera que las políticas económicas de Trump han beneficiado al país, solo el 3 % de los demócratas comparte esa visión.

Los aranceles continúan siendo un punto de fricción. Antes del reciente revés judicial del 20 de febrero, un 60% de los estadounidenses desaprobaba el aumento de las tarifas, según encuestas citadas por Pew Research.

Gestión gubernamental: desaprobación generalizada

Además del ámbito económico, otros temas clave registran elevados niveles de rechazo. Un sondeo reciente indica que:

  • 58% desaprueba la gestión de la inmigración.
  • 57% desaprueba su manejo de la economía.
  • 65% desaprueba la actuación del presidente ante la inflación.
  • 64% desaprueba su manejo de las tarifas comerciales.

Estas cifras confirman un desgaste político significativo en la antesala de un discurso que tradicionalmente busca proyectar fortaleza y liderazgo.

“Dirección del país”: mayoría cree que va por mal camino

Las encuestas agregadas de los últimos días también muestran que la percepción generalizada es negativa respecto al rumbo del país. Diversos estudios revelan un predominio del sentimiento de que Estados Unidos va por el “mal camino”, incluyendo:

  • Wrong track 51% (Rasmussen Reports)
  • Wrong track 57% (Big Data Poll)
  • Wrong track 64% (Reuters/Ipsos)

Estos indicadores sugieren un entorno político adverso para el presidente justo antes del discurso.

El desafío de esta noche

Esta será la segunda vez que Trump se dirija al Congreso desde su regreso a la Casa Blanca. Con las elecciones legislativas a la vista y tras una serie de decisiones económicas y políticas ampliamente discutidas —incluyendo medidas arancelarias, tensiones internacionales y cuestionamientos sobre su gestión de la inmigración—, el mandatario enfrenta esta cita con un nivel de apoyo erosionado y una ciudadanía que manifiesta serias dudas sobre su liderazgo.

La expectativa ahora se centra en si el discurso de esta noche logrará modificar la percepción pública o reforzar la división política que domina el panorama nacional.

Exinstructor de ICE asegura que Gobierno Trump redujo cursos de formación de sus agentes

(Foto: EFE/MIKE NELSON/Archivo)

Un exinstructor del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU. aseguró este lunes ante legisladores demócratas que el Gobierno del presidente Donald Trump ha reducido drásticamente los estándares de entrenamiento para nuevos agentes encargados de detener a inmigrantes y acusó al Ejecutivo de mentir ante el Congreso al respecto.

Ryan Schwank, que la pasada semana renunció a su puesto en una academia de ICE en el estado de Georgia, dijo hoy a los congresistas que la controvertida agencia eliminó 240 horas de «clases vitales» de un programa de entrenamiento obligatorio de 580 horas, incluyendo formación sobre los límites legales para el uso de la fuerza, cómo manejar armas de fuego de manera segura o la forma correcta de detener a inmigrantes.

Según Schwank está medida busca acelerar el despliegue de nuevos operativos de ICE sobre el terreno para lograr las cuotas de deportación masiva que Trump prometió tras su retorno al poder en enero de 2025.

Además de haber recibido un presupuesto extra de 75.000 millones de dólares de manos del Congreso el pasado julio, la entidad ha contratado desde el año pasado a 12.000 nuevos agentes y planea entrenar y desplegar en 2026 a otros 4.000.

«Una formación deficiente puede provocar y provocará la muerte de personas. ICE está mintiendo al Congreso y al pueblo estadounidense sobre las medidas que está tomando para garantizar que 12.000 oficiales puedan defender fielmente la Constitución y realizar su trabajo», dijo hoy ante los legisladores Schwank, que suministró a los congresistas documentos internos que muestran el alcance de estos recortes para acelerar los planes de formación.

Entre esa documentación hay un memorando que muestra que los centros de formación en Georgia redujeron de 72 a 42 días la duración del plan de entrenamiento.

El testimonio de Schwank llega dos semanas después de que el director interino del ICE, Todd Lyons, asegurara ante comités de la Cámara de Representantes y del Senado que «el núcleo» de los planes de formación no se había reducido y que simplemente se había logrado desplegar antes a los agentes.

El testimonio de Lyons responde a la polémica en torno a la agencia que él dirige después de que agentes del propio ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) mataran a dos ciudadanos de Mineápolis durante las redadas masivas que se llevaron a cabo en esa ciudad a princpios de año.

La muerte de esos dos estadounidenses ha llevado a los demócratas a bloquear la finaciación para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que dirige al ICE y al CBP, de aquí al final del ejercicio fiscal (en septiembre) si los republicanos no aceptan cambios en los protocolos operativos de estos cuerpos: desde el uso de cámaras corporales hasta la obligación de no llevar máscaras o de obtener una orden judicial para allanar un domicilio.

Pese a que el Departamento se encuentra en cierre parcial actualmente, las operaciones que más se están viendo afectadas no son las relativas a inmigración, sino las que tienen que ver con seguridad en los aeropuertos o con la gestión de emergencias.

Trump’s State of the Union will seek to calm voters’ economic concerns ahead of midterm elections

El Capitolio de Estados Unidos. (Foto: AP/Archivo)

President Donald Trump will use Tuesday’s State of the Union to champion his immigration crackdowns, his slashing of the federal government, his push to preserve widespread tariffs that the Supreme Court just struck down and his ability to direct quick-hit military actions around the world, including in Iran and Venezuela.

The Republican hopes he can convince increasingly wary Americans that his policies have improved their lives while ensuring that the U.S. economy is stronger than many believe — and that they should vote for more of the same in November.

The balancing act of celebrating his whirlwind first year back in the White House while making a convincing case for his party in midterm races where he personally won’t be on the ballot is a tall order for any president. But it could prove especially delicate for Trump, given how happy he is to veer off script and ignore carefully crafted messaging.

A main theme will be that the country is booming with a rise in domestic manufacturing and new jobs, despite many Americans not feeling that way. “It’s going to be a long speech because we have so much to talk about,» said Trump, who promised a heavy dose of talk about the economy.

The president is also expected to decry the Supreme Court ruling against his signature tariff policies and talk about his attempts to maneuver around that decision without depending on Congress or spooking financial markets. He’s also likely to urge lawmakers to increase military funding and tighten voter identification requirements, while defending immigration operations that have drawn bipartisan criticism following the shooting deaths of two American citizens.

Jeff Shesol, a former speechwriter for Democratic President Bill Clinton, said Trump has typically used State of the Union addresses to offer more conventional tones than his usual bombast — but he’s still apt to exaggerate repeatedly.

“His job, for the sake of his party, is to show the silver lining,” Shesol said. “But if he’s going to insist that the silver lining is gold, no one’s buying it. And it will be a very difficult position on the campaign trail for Republicans to defend.”

Michael Waldman, Clinton’s former chief speechwriter, said second-term presidents «have a tough job because what they all want to say is, ‘Hey, look what a great job I’ve been doing — why don’t you love me?’”

Affordability questions loom large

No matter what his prepared remarks say, Trump relishes deviating into personal grievances, meaning Tuesday will probably feature topics like denying that he lost the 2020 presidential election.

His lack of messaging discipline has been on display after concerns about high costs of living helped propel Democratic wins around the country on Election Day last November. The White House subsequently promised that the president would travel the country nearly every week to reassure Americans he was taking affordability seriously. But Trump has spent more time blaming Democrats and scoffing at the notion that kitchen-table issues demand attention.

Trump instead boasts of having tamed inflation and says he has the economy humming given that the Dow Jones Industrial Average recently exceeded 50,000 points for the first time.

Such gains don’t feel tangible to those without stock portfolios, however. There also are persistent fears that tariffs stoked higher prices, which could eventually hurt the economy and job creation. Economic growth slowed the last three months of last year.

Waldman, now president of the Brennan Center for Justice, which advocates for democracy, civil liberties and fair elections, said previous presidents faced similar instances of “economic disquiet.”

That created a question of “how much do you sell vs. feeling the pain of the electorate,” he said.

Shesol noted that Trump has “always believed — going back to his real estate days — that he can sell anyone on anything.”

“He’s still doing that. But the problem is, you can’t tell somebody who has lost their job and can’t get a new one that things are going great,” Shesol said. “He can’t sell people on a reality that for them, and frankly for most Americans, does not exist.”

It is potentially politically perilous ahead of November elections that could deliver congressional wins to Democrats, just as 2018’s “blue wave” created a strong check to his administration during his first term.

Several Democrats in Congress, meanwhile, plan to skip Tuesday’s speech in protest, instead attending a rally known as the “People’s State of the Union” on Washington’s National Mall.

Foreign policy in focus

Trump’s address comes as two U.S. aircraft carriers have been dispatched to the Middle East amid tensions with Iran.

The president will recount how U.S. airstrikes last summer pounded Tehran’s nuclear capabilities, and laud the raid that ousted Venezuelan President Nicolas Nicolás Maduro, as well as his administration’s brokering of a ceasefire in Israel’s war with Hamas in Gaza.

But he also strained U.S. military alliances with NATO, thanks to his push to seize Greenland from Denmark and his failure to take a harder line with Russian President Vladimir Putin in seeking an end to its war in Ukraine.

Making any foreign policy feel relevant to Americans back home is never easy.

Jennifer Anju Grossman, a former speechwriter for Republican President George H.W. Bush and current CEO of the Atlas Society, which promotes the ideas of author and philosopher Ayn Rand, said Trump can make clear that Maduro’s socialist policies wrecked Venezuela’s economy to the point where one of the world’s richest oil countries struggled to meet its own energy needs.

Now, oil from that country will help lower American gas prices.

Still, when it comes to overseas developments, she said, “I think it’s going to be a bit of a challenge to make clear why this is relevant to the domestic situation.”

FACT FOCUS: A look at Trump’s false and misleading claims ahead of the State of the Union

President Donald Trump.

Story

President Donald Trump will deliver the first State of the Union address of his second term on Tuesday. Priorities for the Republican’s administration have centered largely on the economy, immigration, crime, energy and national security.

Trump has spent the last year touting his accomplishments while mocking the record of his predecessor, former President Joe Biden. But much of this bluster is based on false and misleading claims — many of which are likely to be a part of the president’s address to the nation.

Here’s a look at some of the false and misleading statements Trump has made at recent public appearances.

Economy

Trump often says the U.S. is now “the hottest country anywhere in the world» after years as a “dead country.” The U.S. economy was hardly “dead’’ when Trump returned to office last year. But in his second term, it’s generally performed strongly — after getting off to a bumpy start.

In 2024, the last year of Biden’s presidency, U.S. gross domestic product grew 2.8%, adjusted for inflation, faster than any wealthy country in the world except Spain. It also expanded at a healthy rate from 2021 through 2023.

GDP shrank for the first time in three years during the first quarter of 2025. Growth rebounded in the second half of the year, but slowed again in the fourth quarter. Annual GDP growth in 2025 was 2.2%.

A key measure of inflation fell to nearly a five-year low in January. However, according to the Federal Reserve’s preferred measure, it remains elevated as the cost of goods such as furniture, clothes and groceries increase.

Companies have also sharply reduced hiring. Employers added just 181,000 jobs in 2025, the fewest — outside a recession — since 2002. Economists blame a range of factors: Uncertainty created by tariffs and artificial intelligence likely caused many firms to hold back on adding workers. And many companies hired like gangbusters in the aftermath of the pandemic and have since decided to forgo creating any new positions.

The U.S. stock market did well last year and yet it underperformed many foreign stock markets. The benchmark S&P 500 index climbed 17% — a nice gain but short of a 71% surge in South Korea, 29% in Hong Kong, 26% in Japan, 22% in Germany and 21% in the United Kingdom.

Investments

Trump has repeatedly claimed that the U.S. has secured up to $18 trillion in investments, but has presented no evidence of such a high number. The figure appears to be exaggerated, highly speculative or both.

The White House website offers a far lower number, $9.6 trillion, and that figure appears to include some investment commitments made during the Biden administration.

A study published in January raised doubts about whether more than $5 trillion in investment commitments made last year by many of America’s biggest trading partners will actually materialize and questions how it would be spent if it did.

Immigration

A key aspect of the Trump administration’s agenda is curbing illegal immigration, though the president often uses falsehoods to support his arguments.

For example, Trump has repeatedly claimed that an influx of immigrants has led to a massive increase in crime. While FBI statistics do not separate out crimes by the immigration status of the assailant, there is no evidence of a spike in crime perpetrated by migrants, either along the U.S.-Mexico border or in cities seeing the greatest influx of migrants, like New York. Studies have found that people living in the U.S. illegally are less likely than native-born Americans to have been arrested for violent, drug and property crimes.

The president also frequently references upward of 300,000 migrant children who are allegedly missing. This misrepresents information in an August 2024 report published by the Department of Homeland Security’s Office of the Inspector General, which faulted Immigration and Customs Enforcement for failing to consistently “monitor the location and status of unaccompanied migrant children” once they are released from federal government custody.

Energy

Trump consistently lauds coal as the ideal energy source, calling it “beautiful, clean coal.” The production of coal is cleaner now than it has been historically, but that doesn’t mean it’s clean.

Planet-warming carbon dioxide emissions from the coal industry have decreased over the past 30 years, according to the U.S. Energy Information Administration. And yet United Nations-backed research has found that coal production worldwide still needs to be reduced sharply to address climate change.

Along with carbon dioxide, burning coal emits sulfur dioxide and nitrogen oxides that contribute to acid rain, smog and respiratory illnesses, according to the EIA.

The president also regularly denigrates wind power, claiming that it is expensive and that windmills kill birds.

Onshore wind is one of the cheapest sources of electricity generation, with new wind farms expected to produce energy costing around $30 per megawatt hour, according to July estimates from the Energy Information Administration.

Wind turbines, like all infrastructure, can pose a risk to birds. However, the National Audubon Society, which is dedicated to the conservation of birds, thinks developers can manage these risks and climate change is a greater threat.

Elections

In the lead-up to the 2026 midterms, Trump has taken to repeating the claim that he won the 2020 presidential election.

This is a blatant falsehood that has been disproven many times over — the 2020 election was not stolen.

Biden’s win has been affirmed through recounts, audits and reviews in the battleground states where Trump disputed his 2020 loss. He and his allies lost dozens of court challenges related to the election, and his own attorney general at the time said there was no widespread fraud that would have altered the results.

Biden earned 306 electoral votes to Trump’s 232. He also won over 7 million more popular votes than Trump.

Additionally, the president brags that his 2024 win was a “landslide.” But Trump’s margin of victory was not as large as he makes it seem.

He won the electoral vote 312 to 226, including all seven swing states, according to the Federal Election Commission. The popular vote, however, was far closer, with Trump receiving 49.8% of the vote with 77,302,580 votes cast to Democrat Kamala Harris’ 75,017,613 votes (48.32%).

Crime

Trump takes credit for a significant decrease in violent crime during 2025, claiming the murder rate in the U.S. dropped to its lowest in 125 years. But this is misleading. Crime had already been trending down in recent years.

A study released in January by the Independent Council on Criminal Justice, which collected data from 35 U.S. cities on homicides, showed a 21% decrease in the homicide rate from 2024 to 2025.

The report noted that when nationwide data for jurisdictions of all sizes is reported by the FBI later this year, there is a strong possibility that homicides in 2025 will drop to about 4.0 per 100,000 residents. That would be the lowest rate ever recorded in law enforcement or public health data going back to 1900.

FBI reports for 2023 and 2024 show significant reductions in violent crimes.

Crime surged during the coronavirus pandemic, with homicides increasing nearly 30% in 2020 over the previous year, the largest one-year jump since the FBI began keeping records. But violent crime dropped to near pre-pandemic levels around 2022 when Biden was president.

The increase in violent crime during the pandemic defied easy explanation, and experts similarly said the historic drop in violence last year defies easy explanation despite elected officials at all levels — both Democrats and Republicans — rushing to claim credit.

Foreign policy

One of Trump’s most frequent talking points is he has “solved” eight wars, a statistic that is highly exaggerated. Although he has helped mediate relations among many nations, his impact isn’t as clear-cut as he makes it seem.

The conflicts Trump counts among those that he has solved are between Israel and Hamas, Israel and Iran, Egypt and Ethiopia, India and Pakistan, Serbia and Kosovo, Rwanda and Congo, Armenia and Azerbaijan, and Cambodia and Thailand.

La Junta de Paz de Trump estrena su página web

Imagen de la web de la Junta de Paz. (Foto: EFE/Boarofpeace.org)

La Junta de Paz que el presidente estadounidense, Donald Trump, creó para poner fin a conflictos internacionales, empezando por el de Gaza, estrena su página web, en la que destaca como principio fundacional que una paz duradera requiere soluciones de sentido común.

La web (https://boardofpeace.org/) subraya la importancia de «apartarse de enfoques e instituciones que con demasiada frecuencia han fracasado» y enfatiza la necesidad de un organismo internacional «más ágil y eficaz», con una coalición de Estados comprometidos con la «acción efectiva».

Muchos enfoques para la consecución de la paz, según esos principios, «fomentan la dependencia constante e institucionalizan la crisis en lugar de ayudar a la gente a superarla».

Nueva pagina web presenta a los 28 miembros fundadores y el impacto internacional del organismo

La página destaca a los 28 miembros fundadores de este nuevo órgano. Entre ellos, además de Estados Unidos, Israel, Argentina, El Salvador, Egipto, Hungría, Catar, Paraguay, Arabia Saudí, Turquía y Emiratos Árabes Unidos.

La mayoría son aliados de Trump, mientras que las grandes potencias y casi todos los países europeos se han mostrado reticentes a unirse al considerar que el organismo debilita el papel de la ONU.

Cada Estado miembro debe estar representado por su jefe de Estado o de Gobierno para un mandato de no más de tres años, una cláusula que no se aplica si el país en cuestión aporta más de 1.000 millones de dólares en efectivo (848 millones de euros) durante el primer año tras la entrada en vigor de la carta fundacional.

El acta de constitución de la Junta de Paz se firmó el pasado 22 de enero en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) y su primera reunión tuvo lugar el 19 de febrero en Washington.

nueva página web de la junta de paz
Líderes en la foto de familia de la Junta de Paz, el pasado 19 de febrero en Washington. (Foto: EFE/@scavino47)

La pagina web detalla el consejo ejecutivo y la misión internacional de la Junta de Paz

La web refleja que en su consejo ejecutivo está el presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga; el ex primer ministro británico Tony Blair; el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio; Jared Kushner, yerno de Trump; o el enviado especial del país para Oriente Medio, Steve Witkoff.

La Junta de Paz se autodefine como «una organización internacional que busca promover la estabilidad, restablecer una gobernanza confiable y conforme a la ley, y garantizar una paz duradera en las zonas afectadas o amenazadas por conflictos», y promete llevar a cabo su misión «en conformidad con el derecho internacional».

Su web recupera las presentaciones que se hicieron sobre este nuevo organismo tanto en la capital estadounidense como en el encuentro suizo, y tiene un apartado para comunicados de prensa y anuncios.

«Esta Junta tiene la oportunidad de convertirse en uno de los órganos más trascendentales jamás creados», apunta una cita del presidente estadounidense destacada en esa página, que en otra declaración considera que, juntos, hay una oportunidad real de poner fin a «décadas de sufrimiento».

What’s at stake for Latino families in Philadelphia under the School District’s plan

Distrito
Distrito Escolar de Filadelfia. (Foto: Archivo)

Every morning, Alicia Reyes walks her daughter past red-brick rowhouses to Overbrook Elementary — past the corner store, past the neighbor who waves from his stoop. Inside, teachers greet students by name. It is a school that knows its children. Reyes is not sure how much longer it will be there. Her school is on a list. So are nineteen others — elementary, middle, and high schools spread from Northwest Philadelphia to West and North — all flagged under the School District of Philadelphia’s long-term facilities plan. Officials say the proposal is about fiscal stewardship: consolidating underused buildings, reducing maintenance costs, and redirecting savings into modernized facilities and stronger programs. Plans are available at https://www.philasd.org/fpp/#fppthemes. Fewer buildings, they argue, means smarter dollars. For families, many of them low-income and Latino in neighborhoods already stretched thin, it sounds like something they have heard before.

District enrollment has dropped roughly 12 percent since 2014–15, falling to about 117,956 students in traditional and alternative schools this year. Buildings designed for full classrooms now absorb the echoes of half-empty hallways. The math, district officials say, no longer works. But the slide is not uniform. Hispanic and Latino enrollment has climbed steadily across the city, reshaping schools in Kensington, Hunting Park, and Fairhill. Spanish is now the most commonly reported non-English home language in the district. In communities where the student population is rising — not shrinking — a school closure is not a response to demographic reality. It is a collision with it. «It’s a question of priorities,» said Coretta Avery of Mount Airy, whose children graduated from Philadelphia public schools. «And every time there’s a question of priorities, it’s the same communities that lose.»

Whatever math the district applies to its buildings, it is doing so amid deepening federal instability. The federal government withheld nearly $7 billion in education funding expected to flow to states and districts — money tied to English learner programs, teacher development, and academic enrichment. Federal agencies later released some funds under legal pressure. Still, the disruption exposed a structural vulnerability: Philadelphia’s schools depend on grants that may not come from a federal government whose priorities lie elsewhere.

Meanwhile, nearly a third of the city’s public school students attend charter or cyber charter schools, each of which draws per-pupil funding away from the district’s budget. The result is a city with too many partially empty buildings — some run by the district, some by charter operators — and a funding formula that punishes the district for empty seats regardless of why they exist.

The schools named in the district’s plan include Robert Morris, Samuel Pennypacker, John Welsh, Overbrook Elementary, and Fitler Academics Plus at the elementary level; Stetson, Warren G. Harding, and Russell Conwell among middle schools; and Lankenau, Paul Robeson, Motivation, Parkway Northwest, Parkway West, and Penn Treaty at the high school level.

Research on consolidation is sobering. Larger class sizes — the near-inevitable result of absorbing displaced students without equivalent staff increases — consistently correlate with weaker outcomes, especially for children navigating poverty, language barriers, or housing instability. For those students, disruption is not a minor inconvenience. It is an obstacle with lasting academic consequences. Philadelphia has been here before. When Germantown High School closed in 2013, the district assured families that students would land in stronger environments and the neighborhood would recover. «In the past, we were told that our children would benefit from consolidation,» said Melanie Rivera of Germantown, whose son was displaced in his final year. «He had difficulty adjusting. And the neighborhood never fully came back.»

At public hearings this spring, that history surfaced again and again. The Philadelphia Federation of Teachers has been explicit: investment, not closure, is what struggling schools require. Consolidation without adequate staffing is not reform — it is displacement dressed in the language of efficiency.

At 440 North Broad Street — the district’s administrative tower — officials will eventually decide which schools survive. The district headquarters is deliberately institutional, the architecture of systems rather than communities, but the schools are not just buildings; they are the sound of a hallway packed with children who know where they belong, the artwork on walls painted by former students. They are, and the cold January mornings when parents wait at the door because dropping off their child is one of the things the day still gets right. «We aren’t asking for miracles,» one parent told a packed hearing room. «Just for someone to say our children matter — and then show it.» The district says it is listening. The families say they have heard that before. What happens next — in budget negotiations and closed-door planning sessions far from the neighborhoods they will shape — will answer a question Philadelphia has been failing to answer for decades: Is public education in this city something its leaders are building, or something they are slowly winding down?

“El Mencho”: de narcomenudeo a dirigir el cártel más poderoso de México

Periódicos expuestos a la venta en Ciudad de México, el lunes 23 de febrero de 2026, un día después de que el ejército mexicano matara al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como «El Mencho». (Foto: AP/Jon Orbach)

CIUDAD DE MÉXICO. — Al igual que muchos capos, la vida del mexicano Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho», estuvo rodeada de misterio hasta el domingo, cuando fue abatido en una operación militar al sur del estado de Jalisco.

Oseguera Cervantes siempre mantuvo bajo perfil durante las casi dos décadas que conformó y dirigió el poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las únicas imágenes que se tienen de él fueron las que le hizo la policía estadounidense cuando lo detuvo en tres oportunidades en el estado de California entre finales de los 80 e inicios de 90 por robo, tráfico y venta de drogas en las calles.

Sobre sus características físicas solo se sabe lo que muestran los registros policiales de ese entonces, en los que se observa un hombre de tez clara, ojos pequeños, cabello negro y contextura delgada.

Un cadáver yace junto a un vehículo acribillado a balazos en Tapalpa, México, el lunes 23 de febrero de 2026, un día después de que el ejército mexicano matara al líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como «El Mencho». (Foto: AP/Marco Ugarte)

De Michoacán a California

El Mencho” era originario de la comunidad agrícola de El Naranjo, en el municipio Aguililla situado en el estado de Michoacán, donde nació el 17 de julio de 1966.

El capo fue registrado como Rubén Oseguera Cervantes, pero luego adoptó —por razones que se desconocen— el nombre de Nemesio y de su diminutivo surgió el apodo “El Mencho”, afirmó Carlos Flores, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), quien ha estudiado por años la violencia en México y el CJNG.

Siendo muy joven Oseguera Cervantes migró junto a su familia a Estados Unidos y se estableció en California. Allí se casó con Rosalinda González Valencia e inició su relación con la organización criminal de “Los Cuinis”, liderada por su cuñado Abigael González Valencia “El Cuini”.

Un soldado despeja una barricada en una carretera que conduce a Tapalpa, México, el lunes 23 de febrero de 2026, un día después de que el ejército mexicano matara al líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como «El Mencho». (Foto: AP/Marco Ugarte)

De regreso a México

Tras su arresto en 1992 por tráfico menor de heroína y pasar tres años en prisión, Oseguera Cervantes fue deportado a México por las autoridades estadounidenses.

De regreso a Michoacán comenzó a trabajar de manera más estrecha con el clan de los González Valencia, que estaban emparentados con el capo Armando Valencia Cornelio, alias “El Maradona”, líder del desaparecido cártel del Milenio.

Flores indicó que fue en esa etapa —a mediados de los 90— que Oseguera Cervantes “entra en contacto con una organización significativa”, que llevaba a cabo operaciones de tráfico de cocaína con grupos colombianos y estaba asociada con traficantes del estado norteño de Sinaloa.

Oseguera Cervantes se vinculó de manera más estrecha a Valencia Cornelio y trabajó para él como uno de sus pistoleros.

Ante la cruenta disputa que surgió con grupos que operaban en Michoacán, la organización de Valencia Cornelio y el clan de los González Valencia se trasladaron al vecino estado de Jalisco donde se aliaron a traficantes sinaloenses.

El ascenso del Mencho

Luego de la detención de Valencia Cornelio en 2003, los González Valencia y Oseguera Cervantes comenzaron a trabajar en Jalisco con Ignacio “Nacho” Coronel, uno de los operadores financieros del Cartel de Sinaloa y socio del capo condenado Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El liderazgo del cártel del Milenio lo asumió Óscar Nava Valencia transformandose en un brazo armado del Cartel de Sinaloa para enfrentar a Los Zetas.

La captura de Nava Valencia en 2009 y el asesinato un año después de Coronel a manos de militares, profundizaron las divisiones dentro de la organización. Uno de los bandos encabezado por “El Mencho” se unió a Erik Valencia Salazar, alias “El 85”, para conformar el CJNG hacia 2009.

El rápido avance del CJNG

En menos de dos décadas Oseguera Cervantes logró consolidar una poderosa organización de miles de integrantes, que según la DEA tiene presencia en 21 de los 32 estados de México, superando al Cártel de Sinaloa, que se estima opera en 19 estados del país. Según las autoridades mexicanas, el CJNG opera en 36 países.

Flores atribuyó el rápido crecimiento del CJNG a varios factores, entre ellos las políticas de seguridad que implementó el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) que propinó duros golpes al Cártel de Sinaloa, que incluyeron la captura por última vez de “El Chapo” Guzmán en enero del 2016 y su extradición a Estados Unidos un año después. Esa política le despejó el camino al CJNG para ampliar su territorio y operaciones.

El avance del CJNG encendió las alarmas en Estados Unidos. Para mayo del 2016 las autoridades estadounidenses lo incluyeron en la lista de fugitivos más buscados. Dos años después el Departamento de Estado ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por información que llevara a su arresto, y en 2024 la elevó a 15 millones de dólares. El año pasado, el gobierno del presidente Donald Trump designó al CJNG como una organización terrorista junto con otros cinco cárteles mexicanos.

El analista afirmó que Oseguera Cervantes, a pesar de contar solo con estudios de secundaria, logró manejarse con suficiente sagacidad e inteligencia para consolidar “el apoyo de actores federales” y gobiernos locales y ampliar así el poderío del CJNG y su diversificación con diferentes actividades, además del narcotráfico, como la extorsión, la compra de inmuebles y comercios, y el contrabando de combustible.

Aunque el rostro más reciente de Oseguera Cervantes seguirá siendo un misterio, lo cierto es que tenía una “capacidad de acción violenta” que lo ayudó a consolidar un reinado de casi dos décadas que culminó con su muerte, sostuvo Flores.