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Filis de Filadelfia vencen 2-0 a los Bravos a pesar de la lesión de Bryce Harper

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Associated Press
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Ranger Suárez, de los Filis de Filadelfia, lanza durante la tercera entrada de un juego de béisbol contra los Bravos de Atlanta, el martes 27 de mayo de 2025, en Filadelfia. (Foto: AP/Matt Slocum)

Filadelfia. — Ranger Suárez ponchó a ocho en seis entradas en blanco, y los Filis de Filadelfia sobrevivieron a un susto por lesión del toletero Bryce Harper para vencer el martes por la noche 2-0 a los Bravos de Atlanta.

Harper salió en la primera entrada después de ser golpeado cerca del codo derecho por una bola rápida de 95.3 mph del abridor de los Braves, Spencer Strider (0-3). Harper sufrió un hematoma, y una radiografía resultó negativa, dijeron los Filis.

Sin su estrella en la primera base, los Filis, líderes de la Liga Nacional, aún ganaron por décima vez en 11 juegos.

Suárez (4-0) permitió solo cuatro hits y lanzó 103 lanzamientos.

Strider, quien había estado 8-0 con una efectividad de 2.06 en la temporada regular contra los Phillies, escuchó abucheos nuevamente después de salir del montículo tras cuatro 2/3 entradas.

Orion Kerkering y Matt Strahm lanzaron cada uno una entrada sin carreras. Jordan Romano consiguió su séptimo salvamento.

Por los Bravos, el venezolano Ronald Acuña Jr. de 4-1. El dominicano Marcell Ozuna de 3-1.

Cómo evitar los cargos por pagos atrasados a tarjetas en EE. UU. tras eliminarse ley que fijaba un tope

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Associated Press
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cargos
Esta fotografía del jueves 8 de febrero de 2024 muestra varias tarjetas Visa y Master Card en Buffalo Grove, Illinois. (AP Foto/Nam Y. Huh, archivo)

NUEVA YORK— Un juez de Texas anuló el mes pasado una norma del gobierno estadounidense que habría establecido un tope de 8 dólares para los cargos por pagos atrasados a tarjetas de crédito.

La Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés) ultimó la norma el año pasado, parte de los empeños del gobierno del presidente Joe Biden para eliminar lo que llamó cargos basura. Los tribunales la pusieron en pausa antes de que pudiera entrar en vigor.

En ese momento, la CFPB estimó que las familias estadounidenses habrían ahorrado más de 10 mil millones de dólares anuales en cargos por pagos atrasados si se hubiera puesto un tope de 8 dólares a esas cuotas, significativamente menos que el promedio de 32 dólares.

Algunos bancos y grupos del sector argumentaron que la norma no les permitía a los emisores de tarjetas cobrar cargos lo suficientemente altos como para disuadir los pagos atrasados y desalentar repeticiones en los incumplimientos.

El juez de Texas emitió su fallo después de que un grupo de destacadas asociaciones del sector y la CFPB en el gobierno del presidente Donald Trump anunciaran que habían llegado a un acuerdo para anular la norma.

A continuación presentamos lo que hay que saber sobre los cargos por pagos atrasados a tarjetas de crédito:

¿Cuál es el cargo promedio por pago atrasado a tarjeta de crédito?

El cargo promedio por pago atrasado para los principales emisores de tarjetas ha aumentado constantemente desde la década de 2010, pasando de 23 dólares a finales de 2010 a 32 dólares en 2022, según la CFPB. La empresa WalletHub, que rastrea datos financieros, encontró que el cargo promedio por pago atrasado en 2025 es de 30,50 dólares, y el máximo es de 41 dólares.

Un estudio del organismo activista Consumer Reports de septiembre de 2023 estimó que 1 de cada 5 adultos estadounidenses —aproximadamente 52 millones de personas— pagaron un cargo por pago atrasado a tarjeta de crédito el año anterior. Las personas con ingresos más bajos pagan cargos proporcionalmente más altos, según la CFPB, y la carga más pesada recae sobre las comunidades de color y aquellos que viven al día.

¿Cómo pueden los consumidores evitar los cargos?

Inscribirse en el pago automático para sus tarjetas de crédito puede ayudarle a evitar realizar pagos atrasados, y hay algunas tarjetas de crédito que no cobran ningún cargo por pagos atrasados (aunque es importante tener en cuenta que estas tarjetas pueden tener otras estructuras de cargos o penalizaciones, o tasas de interés más altas).

La tarjeta Citi Simplicity y la tarjeta Apple no cobran cuotas por pagos atrasados, y Discover ofrece una tarjeta que automáticamente exime el primer cargo por pago atrasado.

Es posible también apelar los cargos por pagos atrasados de tarjetas de crédito cobrados por su compañía si se le llama directamente. A menudo las empresas anulan los cargos, especialmente si es su primer pago atrasado.

Usted también podría considerar realizar pagos en los saldos de sus tarjetas de crédito durante el mes. Con ello habrá pagado más del saldo para cuando venza el monto, y el mantener su saldo bajo en relación con su límite de crédito puede mejorar su puntaje crediticio.

Si tiene problemas para que el dinero le alcance hasta fin de mes, puede preguntarle a sus emisores de crédito con relación a programas sobre condiciones de vida difíciles. En general, estos están disponibles para personas afectadas por pérdida de empleo, enfermedad u otros problemas médicos, desastres naturales u otras emergencias.

¿En qué consistía la norma de la CFPB sobre el tope a los cargos por pagos atrasados a tarjetas de crédito?

Ante la preocupación de que las compañías de tarjetas de crédito estuvieran construyendo un modelo de negocio basado en altas penalizaciones, el Congreso aprobó la Ley de Responsabilidad y Divulgación de Tarjetas de Crédito de 2009 (Ley CARD, por sus siglas en inglés), la cual les prohibió a las compañías cobrar cargos excesivos por efectuar pagos atrasados, y también estableció protecciones al consumidor y que la publicidad fuese más clara.

En 2010, la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal votó para emitir una regulación que implementara la Ley CARD, que decía que los bancos sólo podían cobrar cuotas para recuperar los costos relacionados con el pago atrasado.

Sin embargo, la norma incluía una «disposición de inmunidad» que les permitía a algunos bancos cobrar 25 dólares por el primer pago atrasado y 35 dólares por pagos atrasados subsiguientes, ajustados cada año para la inflación. Posteriormente esas cantidades crecieron a 30 y 41 dólares.

Después de una revisión de los datos del mercado, la CFPB finalizó una norma que habría limitado los cargos por pagos atrasados a 8 dólares y puesto fin a los ajustes automáticos por la inflación. Con base en registros analizados por esa agencia, un cargo de 8 dólares por pago atrasado sería suficiente para que los emisores de tarjetas, en promedio, cubrieran los costos de cobranza incurridos a consecuencia de pagos atrasados.

¿Cómo han respondido los grupos bancarios a la decisión del tribunal?

Grupos del sector, incluida la Asociación de Banqueros con Servicios para el Consumidor, la Asociación Estadounidense de Banqueros, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, y otros, indicaron que acogieron con beneplácito la decisión del tribunal de eliminar el tope.

Los grupos señalaron que una consecuencia de la norma habrían sido tasas de interés más altas y un menor acceso al crédito para los titulares de tarjetas. Los grupos también dijeron que la norma habría «reducido incentivos importantes para que los consumidores gestionen sus finanzas».

La CFPB ha estimado que los bancos obtienen aproximadamente 14 mil millones de dólares al año por el cobro de cargos por pagos atrasados a tarjetas de crédito.

¿Cómo han respondido los defensores del consumidor?

Horacio Méndez, presidente y director general del Instituto Woodstock —una organización que procura promover la equidad económica— considera que el fallo es un «golpe devastador».

«Al desechar la norma de sentido común de la CFPB para limitar estos cargos depredadores por pagos atrasados —algunos de ellos incluso de 41 dólares— un juez federal está poniendo a las empresas por encima de la vida de los consumidores cotidianos», denunció. “La norma de la CFPB surgió a partir de evidencia clara: el sector de las tarjetas de crédito estaba utilizando cargos inflados por pagos atrasados para que fuesen un motor de ganancias, obligando a que familias con menor reserva financiera paguen”.

Méndez señaló que, aunque los consumidores han llegado a prever que habrá cargos por ciertos servicios, dichos cargos no necesitan ser punitivos para ser efectivos.

Mayor Cherelle L. Parker Signs POWER Act Bill 

Por
PR/CP
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Intergovernmental collaboration between the Parker Administration, City Council & labor leaders has significantly enhanced Title 9 of the Philadelphia Code

PHILADELPHIA — Mayor Cherelle L. Parker today signed Bill Number 250065, known as the Protect Our Workers, Enforce Rights (POWER) Act. This bill provides significant updates to Title 9 of the Philadelphia Code as it pertains to paid sick leave, wage theft, protection of domestic workers, fair work week, protecting victims of retaliation, and enforcement of all these worker protection ordinances. The Parker Administration continues its promise of safeguarding economic opportunity for all, including domestic workers and other individuals protected by the ordinance.

“It is our vital responsibility to address workplace disparity, and work towards equitable compensation for essential workers like domestic workers,” said Mayor Cherelle L. Parker. “City Council and I hope and believe that together we can continue to uplift the voices of some of our city’s hardest workers while making meaningful change. We look forward to working with the business community and all stakeholders through the process as we implement this legislation.”

“For far too long, the cards have been stacked against domestic workers, restaurant workers, and temp workers,” said Councilmember Kendra Brooks (At-Large), Minority Leader of City Council. “Today, Philly is changing the game. As federal labor enforcement grinds to a halt, stripping workers of critical protections, Philly is stepping up and showing the country what it looks like to strengthen workers’ rights locally.”

“The POWER Act is a powerful piece of legislation that solidifies this city’s commitment to fighting for and protecting all workers in Philadelphia. By passing and signing this legislation, our city has leveled up its protection for all workers by empowering the Office of Worker Protection to hold bad actors accountable when they violate labor law and provides support and protections for our city’s most vulnerable and exploited workers,” said Daniel P. Bauder, President, Philadelphia AFL-CIO. “We are thankful to Minority Leader Kendra Brooks and our union brother, Councilmember Harrity, for their tireless efforts, and to Mayor Cherelle L. Parker for hosting us today and signing this bill into law, once again showing her commitment to working people in Philadelphia.»

«This is one of the most comprehensive laws in the country to protect domestic workers from retaliation,” said Abena Ruiz, a Professional Nanny & Leader of the National Domestic Workers Alliance Pennsylvania Chapter. “It will hold employers truly accountable when they violate our labor laws.”

The City’s Department of Labor and Commerce Department is currently working to release educational materials for the business community in partnership with external stakeholders.

Tercera retirada

Por
Isaac Cohen
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El domingo pasado regresando a Washington, el presidente Donald Trump anunció que decidió posponer, hasta el 9 de julio, la imposición de aranceles de 50 por ciento contra las importaciones de la Unión Europea. El presidente Trump dijo que la decisión de pausar resultó de una conversación con la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, quien solicitó la extensión, mientras que el presidente estuvo de acuerdo porque era su “privilegio hacerlo.” (The Washington Post 05|26|25).

Esta es la tercera vez, desde el llamado “Día de la Liberación” (2 de abril), que la Casa Blanca ha retrocedido la decisión de imponerle aranceles a casi todo el mundo, en lo que parece estarse convirtiendo en un patrón de amenazas y suspensiones.

El primer retroceso ocurrió cuando el anuncio de “aranceles recíprocos” espantó los mercados de valores, especialmente el mercado de bonos, lo cual condujo a una suspensión de 90 días. La segunda retirada fue con China, después que el anuncio de aranceles “increíbles e insostenibles,” superiores a 100 por ciento, fueron seguidos por una represalia equivalente por parte del gobierno de China. Ambos gobiernos reunidos en Ginebra acordaron pausar por 90 días la imposición de aranceles y emprender negociaciones.

Por ende, la última retirada con la Unión Europea quizás augura un resultado positivo, si ese patrón tortuoso de amenazas y retrocesos conduce a relaciones comerciales más abiertas.

*Analista y consultor internacional, ex-director de la Oficina de la CEPAL en Washington. Comentarista de economía y finanzas de CNN en Español TV y radio, UNIVISION, TELEMUNDO y otros medios.

¿Amenaza o herramienta? El impacto emocional de la IA en los trabajadores

Por
María Méndez
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(Foto: Ilustrativa/Pexels)

La revolución tecnológica liderada por la inteligencia artificial está transformando la manera en que trabajamos. Sin embargo, este avance no llega libre de tensión emocional. Según “Working Through Change” (2024), un informe global del Grupo Adecco, el 46% de los trabajadores afirma que la IA les hace más productivos, aunque un número significativo también reporta inquietudes relacionadas con la presión de adaptarse y la incertidumbre laboral.

El estudio advierte que la salud mental de algunos empleados se resiente, a medida que la IA transforma los lugares de trabajo. Por ejemplo, dos de cada cinco trabajadores se han sentido exhaustos en el último año, y vulnerables ante la IA.

La Fundación Vacation is a Human Right (VIAHR) observa con atención este fenómeno. El problema no es la IA, sino la manera en que se implementa sin considerar el ritmo humano. Muchas empresas introducen nuevas herramientas sin acompañamiento emocional, formación progresiva ni espacios para expresar las emociones que surgen en estos cambios.

Un nuevo tipo de presión

El informe de Adecco revela que la IA está siendo percibida de forma dual: como facilitadora del trabajo cuando se aplica bien y como fuente de estrés si se impone sin una cultura de bienestar.

Lo hemos dicho en múltiples espacios: el burnout no nace solo del exceso de tareas, sino también de la falta de claridad, reconocimiento y humanidad en los procesos.

IA y bienestar: ¿pueden convivir? Sí, pueden. Pero es necesario que las organizaciones:

-Comuniquen con transparencia cómo afectará la IA al rol de cada persona.

-Proporcionen acompañamiento emocional y psicológico.

-Promuevan pausas reales y saludables en jornadas mediadas por tecnología.

-Usen la IA como herramienta de alivio y no de vigilancia o sobrecarga.

La tecnología avanza. El cambio es inevitable. Pero lo que no puede quedar atrás es la salud mental de quienes sostienen las empresas. Debemos seguir impulsando una cultura laboral donde el descanso, la empatía y el sentido humano no sean una excepción, sino parte de la estrategia. Porque, incluso en un mundo digital, tomarse una pausa sigue siendo un acto profundamente humano.

* María Méndez es presidenta y fundadora de Vacation is a Human Right (VIAHR). Ha trabajado con figuras y eventos internacionales como Beyonce, Frank Ocean, Joe Thomas, The Mavericks, Raul Di Blasio, Benicio del Toro y la SuperBowl. https://viahr.org

Third retreat

Por
Isaac Cohen
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retreat

Last Sunday returning to Washington, President Donald Trump announced he decided to postpone, until July 9, the imposition of 50 percent tariffs against imports from the European Union.  President Trump said the decision to pause resulted from a conversation with the president of the European Commission Ursula von der Leyen, who requested the extension, andhe agreed because it was his “privilege to do so.” (The Washington Post 05/26/25).  

This is the third time, since so-called “Liberation Day” (April 2), that the White House has reversed the decision to impose tariffs against almost all the world, in what apparently is becoming a pattern of threats and suspensions.

The first reversal came when the announcement of “reciprocal tariffs” spooked the markets, particularly the bond market, which lead to a 90-day deferment. The second retreat was with China, after the announcement of “incredible and unsustainable” tariffs of more than 100 percent, followed by the proportionate retaliation from the Chinese government. Both parties meeting in Geneva agreed to pause for 90 days the imposition of tariffs and undertake negotiations.

Therefore, the last reversal with the European Union perhaps augurs a positive outcome, if such a tortuous pattern of threats and retreats ends in more open trade relations.

*International analyst and consultant, former Director ECLAC Washington. Commentator on economic and financial issues for CNN en Español TV and radio, UNIVISION, TELEMUNDO and other media.

ACLU se opone a la propuesta de reactivar centro de detención de migrantes en Puerto Rico

Por
EFE
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Varios inmigrantes que participan en una procesión en Toa Baja (Puerto Rico). (Foto: EFE/Thais Llorca/Archivo)

San Juan.– La Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) rechazó este martes la propuesta de reactivar el centro de detención de inmigrantes de Aguadilla, en el oeste de Puerto Rico, por ser una amenaza directa a los derechos y a la dignidad de las personas migrantes en Puerto Rico y el Caribe.

«La migración no es un delito. Exigimos soluciones humanas, no castigos disfrazados de logística», aseveró la ACLU en un comunicado tras las declaraciones de Rebecca González, agente del Departamento de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) de Estados Unidos en Puerto Rico, sobre la posible reapertura de las instalaciones, como parte de una estrategia federal para acelerar procesos de deportación.

«Reabrir un centro de detención masivo en nuestra región representa un retroceso moral, legal y humanitario. Lo que se busca con esta actuación es legitimar la iniciativa del presidente Trump de criminalizar a las personas migrantes en violación a la Constitución de los Estados Unidos», esgrimió el documento de la unión.

En este sentido, la ACLU denunció la «autodeportación» como una política promovida con incentivos monetarios.

A su juicio, «llamar voluntario a un proceso impulsado por miedo, precariedad y falta de opciones legales reales es cruel. Toda persona tiene derecho al debido proceso, al acceso a representación legal local y a que su caso sea atendido con la rigurosidad que merece, no con la premura de una cuota no reconocida oficialmente».

«Puerto Rico no debe convertirse en un enclave estratégico para la detención y deportación de comunidades vulnerables del Caribe y América Latina», zanjó la ACLU.

Husband and wife each sentenced to 12 months in prison for covidfraud

Por
PR/CP
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sentenced
(Foto: Ilustrativa/Pexels)

A New Jersey and Florida husband and wife were sentenced to 12 months in prison for fraudulently obtaining approximately $790,000 in federal Economic Injury Disaster Loans (EIDL) loans, U.S. Alina Habba announced.

Diana Valteri, 42, and Edmond Haxhillari, 43, of Sparta, New Jersey, and Palm Beach Gardens, Florida, previously plead guilty before U.S. District Judge Robert Kirsch to informations charging the couple with wire fraud and money laundering. Judge Kirsch imposed the sentences in Trenton federal court.

According to documents filed in this case and statements made in court:

From in or around June 2020 through August 2020, Valteri and Haxhillari participated in a fraudulent scheme to receive $790,000 in COVID-19 emergency relief loans and cash advances meant for distressed small businesses under the EIDL program. Valteri and Haxhillari submitted fraudulent loan applications on behalf of several businesses that purported to have employees and revenue but were actually shell companies with no business operations. After receiving the EIDL funds based on their fraud, Valteri and Haxhillari diverted the proceeds for their own personal gain.

U.S. Attorney Habba credited special agents of the FBI, Newark Field Office under the direction of Special Agent in Charge Terrence G. Reilly; special agents of Internal Revenue Service – Criminal Investigation, Newark Field Office, under the direction of Special Agent in Charge Jenifer Piovesan; special agents of the Social Security Administration, Office of the Inspector General, Boston-New York Field Division, under the direction of Special Agent in Charge Amy Connelly, and special agents from the Small Business Administration, Office of the Inspector General under the direction of Special Agent in Charge Amaleka McCall-Brathwaite, Eastern Regional Office, with the investigation leading to the charges.

The District of New Jersey COVID-19 Fraud Enforcement Strike Force is one of five strike forces established throughout the United States by the U.S. Department of Justice to investigate and prosecute COVID-19 fraud. The strike forces focus on large-scale, multi-state pandemic relief fraud perpetrated by criminal organizations and transnational actors. The strike forces are interagency law enforcement efforts, using prosecutor-led and data analyst-driven teams designed to identify and bring to justice those who stole pandemic relief funds.

The government is represented by Assistant U.S. Attorneys Fatime Meka Cano and Aja Espinosa of the Economic Crimes Unit in Newark.

Anyone with information about allegations of attempted fraud involving COVID-19 can report it by calling the Department of Justice’s National Center for Disaster Fraud Hotline at 866-720-5721 or via the NCDF Web Complaint Form at: https://www.justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form.

Trump quiere que se investigue recaudación de fondos de demócratas; hay problemas en su campaña

Por
Associated Press
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Un hotel de La Quinta Inn el 2 de mayo de 2025, en Hawaiian Gardens, California. (Foto: AP/Mark J. Terrill)

Cuando el presidente estadounidense Donald Trump ordenó a su secretaria de Justicia el mes pasado que investigara la recaudación de fondos en internet, mencionó que le preocupa que extranjeros y estafadores utilicen “planes” elaborados y “cuentas ficticias” para canalizar contribuciones ilegales a políticos y causas.

No obstante, en lugar de solicitar una investigación exhaustiva, el presidente identificó solo a un objetivo potencial: ActBlue, el gigante de la recaudación de fondos en línea de los demócratas, que ha reconocido haber recibido más de 200 contribuciones potencialmente ilícitas el año pasado desde direcciones de internet extranjeras.

El anuncio de Trump contenía una omisión flagrante: sus comités políticos también recibieron decenas de contribuciones potencialmente problemáticas.

Una revisión de The Associated Press sobre los donativos para Trump en los últimos cinco años encontró 1.600 contribuciones de donantes que viven en el extranjero, tienen vínculos estrechos con intereses extranjeros u omitieron revelar información básica, lo que a menudo dificulta —o incluso imposibilita— identificarlos y verificar la legalidad de sus donaciones. Entre ellas se encontraban 5.000 dólares vinculados a un edificio en ruinas y 5.000 dólares de un empresario chino que indicó un hotel La Quinta Inn como su dirección. Otro donativo considerable —1 millón de dólares— fue realizado por la esposa de un magnate africano del petróleo y la minería.

Es ilegal que los candidatos y comités políticos estadounidenses acepten contribuciones de extranjeros. Las leyes también imponen límites estrictos a los montos de las donaciones y prohíben el lavado de contribuciones para eludir los límites legales. En su mayoría, estas donaciones han sido vigiladas por las campañas y la Comisión de Elecciones Federales (FEC, por sus siglas en inglés), y solo los ejemplos más flagrantes han sido objeto de persecución por las autoridades federales.

Pero tras su regreso a la Casa Blanca, Trump se embarcó en una campaña de represalia contra quienes percibe como sus enemigos, y ha lanzado ataques contra universidades, firmas de abogados y sus propios exfuncionarios. Si el Departamento de Justicia investiga a ActBlue, podría poner en peligro una herramienta clave de recaudación de fondos para los rivales políticos de Trump previo a las elecciones intermedias de 2026, cuando la debilitada mayoría republicana en la Cámara de Representantes —y la capacidad del presidente para aprobar su agenda en el Congreso— estarán en juego.

“Esto es él apuntando directamente al centro de la recaudación de fondos demócrata y progresista para paralizar a sus oponentes políticos”, dijo Ezra Reese, abogado que dirige la división de derecho político del Elias Law Group, un importante bufete demócrata que no representa a ActBlue. “No creo que haya ninguna duda de que primero eligieron a su objetivo. Ni siquiera finge”.

Comités de Trump recaudaron decenas de donaciones de personas que viven en el extranjero

La Casa Blanca no respondió a preguntas sobre la recaudación de fondos de Trump, que incluían qué tipo de medidas de prevención del fraude implementan sus comités. En cambio, un funcionario sénior del gobierno señaló los hallazgos de una reciente investigación republicana de la Cámara de Representantes sobre ActBlue, que la Casa Blanca dice que “descubrió evidencia específica de conducta potencialmente ilegal”.

“El memorando ordena a la fiscal general investigar este asunto a fondo, y ella seguirá las pruebas y tomará las medidas apropiadas según corresponda”, dijo el funcionario, quien insistió en el anonimato para hablar del asunto.

Ni el Departamento de Justicia ni Chris LaCivita, codirector de la campaña de Trump para 2024, respondieron a las solicitudes de comentarios.

Los ciudadanos estadounidenses que viven en el extranjero pueden donar libremente a políticos en su país de origen. Pero puede ser difícil, incluso para las campañas, discernir quién puede realizar donativos o si una persona actúa como donante testaferro para alguien que busca influir en las elecciones estadounidenses.

La AP identificó solo a dos donantes de Trump, de más de 200 residentes en el extranjero, cuya ciudadanía estadounidense figuraba como “verificada” en los informes de finanzas de la campaña del presidente. Recibió más de 1.000 contribuciones de 150 donantes que omitieron datos clave de identificación, como su ciudad, estado, dirección o país. Trump también recibió al menos 90 contribuciones de personas que no proporcionaron su nombre completo, figuran como “anónimos” o cuyos donativos incluyen la nota “nombre no proporcionado”.

Muchos de estos donantes de Trump contribuyeron a través de WinRed, la plataforma de recaudación de fondos en internet que es la respuesta del Partido Republicano a ActBlue. Sólo alrededor de tres decenas de estas contribuciones fueron rechazadas, la mayoría de las cuales provenían de una fuente desconocida y se realizaron en criptomonedas, según muestran las declaraciones de la financiación de la campaña.

Los funcionarios de WinRed no respondieron a una solicitud de comentarios.

“El dinero extranjero en nuestras elecciones es una preocupación legítima”, dijo Dan Weiner, exabogado de la Comisión de Elecciones Federales y actual director del Programa de Elecciones y Gobierno del Brennan Center for Justice (Centro Brennan para la Justicia), una organización sin fines de lucro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York. “Lo que no es legítimo es señalar a un oponente político y fingir que el problema se limita a ellos”.

Donar desde un hotel La Quinta Inn

Jiajun “Jack” Zhang, por ejemplo, es un empresario chino de alto vuelo, cuya empresa, Qingdao Scaffolding Co., se jacta de ser uno de los “mayores fabricantes y proveedores (de andamios) en China”. En octubre, utilizó WinRed para donar 5.000 dólares a Trump, muestran las declaraciones de financiación de la campaña.

Zhang reside en la provincia china de Shandong, según su cuenta de LinkedIn, y en documentos comerciales franceses se le describe como ciudadano chino. Pero su contribución a Trump indica como su dirección un hotel La Quinta Inn en Hawaiian Gardens, California, según consta en los registros. La donación se realizó aproximadamente al mismo tiempo que Zhang publicó una foto en redes sociales de la visita de su familia a Disneyland, que está cerca del hotel.

Zhang no respondió a un correo electrónico que solicitaba comentarios.

Otras donaciones potencialmente problemáticas incluyen a cuatro de donantes anónimos que listan su dirección como “999 Anonymous Dr.” (Calle Anónima 999).

También existe una serie de contribuciones realizadas a través de WinRed que indicaban como dirección del donante un edificio vacío en Washington que anteriormente fue una funeraria. El donante, identificado únicamente como “Alex, A” en el informe de finanzas de la campaña de Trump, donó casi 5.000 dólares, distribuidos en más de 40 transacciones distintas el año pasado. Este tipo de donaciones tiende a atraer el escrutinio de las campañas y los organismos reguladores.

Los reguladores y observadores también han mostrado su preocupación desde hace tiempo por las donaciones de personas con vínculos a intereses extranjeros. Trump ha recibido muchas de estas contribuciones, incluida una en diciembre de Nnenna Peters, esposa de Benedict Peters, multimillonario nigeriano fundador y director general de empresas petroleras y mineras.

Nnenna Peters, quien se presenta como Ella, donó un millón de dólares al comité inaugural de Trump. Como ciudadana naturalizada y residente en Potomac, Maryland, un elegante suburbio de la capital, tiene permitido realizar donaciones de campaña.

No obstante, la ley federal prohíbe a los ciudadanos estadounidenses realizar contribuciones en nombre de un cónyuge no ciudadano si el dinero no constituye un activo compartido. Según los expertos, por ejemplo, está prohibido que un esposo realice una donación de campaña con fondos de una cuenta bancaria que está únicamente a nombre de su esposa.

En la práctica, esta prohibición es difícil de aplicar porque es complicado evaluar si los cónyuges actúan por iniciativa propia o de su pareja. Los organismos de control gubernamental dicen que este tipo de donaciones incrementan el riesgo de un intento de influir en la política estadounidense en nombre de un interés extranjero.

Ese fue precisamente el tipo de problema que Trump citó en su orden ejecutiva que señaló en particular a ActBlue.

Es de resaltar que Benedict Peters tiene mucho que ofrecer que podría ser de interés para Trump, quien ha enfocado la atención de su segundo mandato en la extracción de recursos naturales. En particular, el gobierno de Trump ha buscado asegurar el acceso a minerales importantes que impulsan la tecnología moderna. El Grupo Aiteo, de Peters, se promociona como uno de los mayores conglomerados energéticos de Nigeria, mientras que su empresa, Bravura Holdings, asegura tener los derechos de vastos yacimientos minerales cruciales en toda África.

La donación de su esposa destaca al considerar sus donativos anteriores: donó exclusivamente a demócratas, según consta en los registros, incluida una contribución de 66.800 dólares a la campaña de Hillary Clinton en 2016.

“Esto claramente podría haber provenido de su esposo”, dijo Craig Holman, cabildero registrado de Public Citizen (Ciudadano Público), un grupo de vigilancia gubernamental con sede en Washington. “Esto es algo que la FEC debería analizar con mucha, mucha atención”.

Benedict y Ella Peters no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Indiferencia hacia las normas de financiación de campañas

Los donativos cuestionables encajan en un patrón de Trump, quien en el pasado ha mostrado indiferencia hacia las reglas de financiamiento de campañas y ha utilizado sus poderes presidenciales para ayudar a quienes enfrentan problemas legales por estos asuntos.

En enero, el Departamento de Justicia de Trump retiró la demanda contra el exrepresentante Jeff Fortenberry, republicano de Nebraska, acusado de aceptar una contribución de 30.000 dólares de un multimillonario nigeriano. Durante su primer mandato, Trump indultó al comentarista conservador Dinesh D’Souza y al donante republicano Michael Liberty, ambos condenados por usar testaferros para evadir los límites de contribución. Además, indultó al exrepresentante de California Duncan Hunter, republicano, quien fue condenado en 2020 por robar 250.000 dólares de su fondo de campaña.

Las iniciativas políticas de Trump también han atraído contribuciones de testaferros y extranjeros que han sido objeto de escrutinio legal.

Entre ellos se encuentra Barry Zekelman, multimillonario canadiense de la industria siderúrgica, quien fue multado con 975.000 dólares en 2022 por la Comisión de Elecciones Federales por canalizar 1,75 millones de dólares a America First Action, el Super PAC oficial de Trump, en 2018. Un Super PAC o super comité de acción política puede recaudar dinero de particulares —no empresas ni sindicatos— y gastarlo de manera ilimitada para apoyar a candidatos a cargos federales, pero debe operar sin coordinarse con el candidato o el partido político. Esa contribución le aseguró a Zekelman una cena con Trump en la cual se debatieron los aranceles al acero.

Dos ciudadanos estadounidenses nacidos en la Unión Soviética, Lev Parnas e Igor Fruman, fueron condenados por un esquema de donación mediante testaferros que canalizó 325.000 dólares al mismo super PAC durante el período previo a la campaña de reelección de Trump de 2020, en la que resultó derrotado.

Jesse Benton, un operador político republicano, fue condenado en 2022 por actuar como testaferro para un empresario ruso quien contribuyó con 25.000 dólares a la campaña de Trump de 2016.

Los demócratas dicen que la atención de Trump sobre ActBlue es muy difícil de digerir en vista de que Trump aceptó donativos cuestionables y su aparente falta de interés en aplicar las leyes de financiamiento de campañas de forma más general. Señalaron que Trump despidió a un comisionado de la Comisión de Elecciones Federales en febrero. El despido, seguido de la renuncia de un comisionado republicano, ha provocado que la agencia no tenga el quórum necesario para aplicar las leyes y regulaciones de financiamiento de campañas.

“Es revelador que mientras Trump y sus aliados atacan plataformas financiadas por organizaciones de base como la nuestra, sus propias campañas han aceptado dinero de fuentes cuestionables”, dijo Megan Hughes, portavoz de ActBlue.

Los republicanos argumentan que existen razones bien fundamentadas para investigar a la plataforma demócrata, que flexibilizó algunos protocolos de detección de fraude en 2024, antes de las elecciones presidenciales.

Demócratas preocupados por el futuro de ActBlue

No obstante, investigar a ActBlue tiene una ventaja política. La plataforma ha demostrado ser más exitosa que WinRed, la plataforma republicana diseñada para imitarla, que recibió menos de la mitad de los 3.800 millones de dólares que ActBlue recaudó durante el ciclo electoral de 2024.

Los representantes de ActBlue declinaron decir si han sido contactados por el Departamento de Justicia.

Se tiene previsto que ActBlue dé pelea ante cualquier investigación. Adoptó un enfoque diferente cuando un comité del Congreso liderado por los republicanos inició una investigación en 2023. Las conclusiones de ese comité resultaron ser la base de algunos de los alegatos citados por Trump en su orden ejecutiva.

Mientras tanto, los demócratas se preparan para lo peor.

“Existe un temor generalizado de que ActBlue podría dejar de existir”, dijo Matt Hodges, un agente demócrata veterano quien se desempeñó como director de ingeniería de la campaña de 2020 de Joe Biden. “Ese es el peor temor que tiene la gente: que esto escale o agote los recursos legales al grado de dificultar su capacidad de operar”.

Predijo que los demócratas podrían perder más de 10 millones de dólares a corto plazo si se obliga a ActBlue a cerrar. Esto ha llevado a algunos demócratas a empezar a pensar en alternativas, pero reconocieron que podría ser demasiado tarde para crear algo tan exitoso como ActBlue con las elecciones intermedias a la vuelta de la esquina.

EE. UU. dejará de recomendar vacunas COVID-19 para niños sanos y embarazadas

Por
Associated Press
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vacunas
Un letrero en la entrada de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) en Atlanta, el 8 de octubre de 2013. (AP Foto/David Goldman, Archivo)

NUEVA YORK— El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., anunció el martes que las vacunas contra el COVID-19 ya no están entre las recomendaciones para niños sanos y mujeres embarazadas.

En un video de 58 segundos publicado en la red social X, Kennedy afirmó que eliminó las vacunas contra el COVID-19 de las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) para esos grupos. Ningún miembro de los CDC apareció en el video, y los funcionarios del organismo remitieron las preguntas sobre el anuncio a Kennedy y al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos, siguiendo las recomendaciones de expertos en enfermedades infecciosas, han instado a que todos los estadounidenses de 6 meses en adelante reciban refuerzos anuales de la vacuna contra el COVID-19.

Un panel asesor de los CDC se reunirá en junio para hacer recomendaciones sobre las vacunas de otoño. Entre sus opciones está sugerir vacunas para grupos de alto riesgo, sin dejar de dar a las personas de menor riesgo la opción de vacunarse.

Sin embargo, Kennedy, que fue un destacado opositor a las vacunas antes de convertirse en secretario de Salud, decidió no esperar. Dijo que los refuerzos anuales de la inmunización contra el COVID-19 se han recomendado para los niños “a pesar de la falta de datos clínicos” que respalden esa decisión.

El comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), el doctor Marty Makary, y el doctor Jay Battacharya, jefe de los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés), aparecieron en el video con el secretario de Salud.

Kennedy y otros funcionarios designados por el gobierno del presidente Donald Trump han tomado medidas para reducir las recomendaciones de la vacuna contra el COVID-19 y añadieron restricciones a una reciente aprobación de la inmunización.

La semana pasada, la FDA anunció que las aprobaciones rutinarias de la vacuna contra el COVID-19 se limitarán a personas de la tercera edad y jóvenes con riesgos médicos subyacentes, a la espera de nuevas investigaciones para adultos y niños sanos.

Hasta el momento, los funcionarios del HHS no han respondido a las preguntas sobre por qué Kennedy decidió dar este paso ahora ni han dado información adicional sobre lo que motivó la decisión.

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