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El autismo: un desafío global en salud, inclusión y derechos

En 2007, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el 2 de abril como el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, con la intención de sensibilizar y sensibilizara la población sobre las condiciones del espectro autista.

El trastorno del espectro autista (TEA) es una condición del neurodesarrollo que afecta a aproximadamente uno de cada 100 niños en el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se caracteriza por dificultades en la comunicación e interacción social, además de patrones de comportamiento repetitivos o restringidos. Aunque los signos pueden aparecer en los primeros años de vida, en muchos casos el diagnóstico se retrasa, lo que limita el acceso a intervenciones tempranas que podrían mejorar significativamente la calidad de vida de quienes lo padecen.

Diversidad en el espectro autista

Las personas con autismo presentan una amplia diversidad en cuanto a capacidades y necesidades. Algunas pueden desarrollar autonomía y llevar una vida independiente, mientras que otras requieren apoyo constante. Además, el TEA suele estar acompañado de afecciones comórbidas, como epilepsia, ansiedad, depresión y trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH). También pueden experimentar dificultades para dormir y conductas autolesivas en algunos casos.

El impacto del autismo no solo afecta a quienes lo padecen, sino también a sus familias, que a menudo enfrentan dificultades para acceder a educación especializada, atención médica adecuada y oportunidades laborales que favorezcan la inclusión de sus hijos en la sociedad.

Causas y desmitificación de falsas creencias

Los estudios científicos han determinado que el autismo es causado por factores genéticos y ambientales, aunque todavía se investiga la interacción entre ellos. Sin embargo, es importante resaltar que la evidencia científica ha demostrado que las vacunas no tienen ninguna relación con el desarrollo del autismo. Esta conclusión se basa en numerosas investigaciones que han desacreditado estudios anteriores que vinculaban falsamente la vacuna triple viral (sarampión, paperas y rubéola) con el autismo.

Asimismo, se ha confirmado que otros componentes de las vacunas, como el tiomersal y el aluminio, no aumentan el riesgo de desarrollar esta condición. A pesar de esta información, la persistencia de estos mitos ha llevado a una disminución de la cobertura de vacunación en algunos países, lo que representa un riesgo para la salud pública.

Atención y derechos de las personas con autismo

El acceso oportuno a intervenciones psicosociales basadas en evidencia puede ayudar a mejorar las habilidades de comunicación y adaptación de las personas con autismo. Según la OMS, es crucial que los sistemas de salud incluyan seguimientos del desarrollo infantil para detectar signos de TEA a tiempo y ofrecer apoyo a las familias.

Además, las personas con autismo tienen los mismos derechos a la salud, la educación y la participación en la sociedad que el resto de la población. Sin embargo, enfrentan discriminación y barreras estructurales, que incluyen la falta de servicios adecuados, desconocimiento por parte del personal médico y exclusión en entornos educativos y laborales.

Las personas con TEA también pueden ser más vulnerables a la violencia, el abuso y el acoso, por lo que es fundamental implementar políticas públicas que promuevan la accesibilidad y la inclusión en todos los ámbitos.

Respuesta de la OMS y esfuerzos globales

En 2014, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó una resolución titulada Medidas integrales y coordinadas para gestionar los trastornos del espectro autista, con el respaldo de más de 60 países. La iniciativa insta a los gobiernos a fortalecer sus sistemas de salud para ofrecer mejores servicios a las personas con TEA y sus familias.

La OMS ha desarrollado estrategias para:

  • Mejorar la detección temprana y el diagnóstico del autismo.
  • Brindar formación especializada al personal de salud para mejorar la atención.
  • Impulsar políticas de inclusión en educación y empleo.
  • Reducir la discriminación y el estigma asociados al TEA.

El Plan de Acción Integral sobre Salud Mental 2013-2030 de la OMS y la resolución WHA73.10 de la Asamblea Mundial de la Salud refuerzan el llamado a los países para mejorar la atención y el apoyo a las personas con autismo.

A medida que crece la conciencia sobre el TEA, expertos y organizaciones en todo el mundo continúan trabajando para eliminar barreras, fomentar la inclusión y garantizar una mejor calidad de vida para las personas con autismo y sus familias.

Este «April Fools’ Day» no caiga en los trucos de las Big Pharma

(Foto: Ilustrativa/Pexels)

Durante décadas, los americanos han caído en las trampas de las Big Pharma, incluyendo anuncios que a menudo son engañosos y comercializan medicamentos más caros, utilizando prácticas anticompetitivas que impiden que medicamentos genéricos y más baratos lleguen al mercado y, lo que es más atroz, ofreciendo a los americanos el peor trato del mundo en medicamentos recetados mientras otros países pagan menos que nosotros por exactamente los mismos medicamentos. Pero este «April Fools’ Day», se acabó la broma: los americanos están hartos de los juegos de las Big Pharma y de su práctica habitual de poner los beneficios por encima de la salud del pueblo americano. 

Veamos los hechos más de cerca. 

Durante demasiado tiempo, las Big Pharma se han acercado a los responsables de la toma de decisiones en Washington, lo que ha permitido a los fabricantes moldear las reglas del juego en su propio beneficio. 

  • La puerta giratoria entre las Big Pharma y el gobierno está viva y coleando, ya que los empleados federales de agencias como la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) y otros que trabajan en el Capitolio rotan regularmente a puestos en las empresas que solían regular, y viceversa.
  • Por ejemplo, Science informó en 2018 que «11 de los 16 examinadores médicos de la FDA que trabajaron en 28 aprobaciones de medicamentos y luego dejaron la agencia para nuevos trabajos ahora están empleados o consultan para las compañías que recientemente regularon.»  

La influencia de las Big Pharma en Washington ha permitido a los fabricantes de medicamentos desplegar una serie de tácticas anticompetitivas y manipular el sistema, manteniendo altos los beneficios a expensas del bienestar de los americanos. 

  • Una y otra vez, las Big Pharma han abusado del sistema de patentes, utilizando tácticas como la «perennidad de las patentes» o las «redes de patentes» para acumular poder de monopolio y ampliar injustamente las patentes para impedir que los competidores introduzcan alternativas asequibles en el mercado. 
  • El «salto de producto» es otro truco que consiste en introducir pequeños cambios en un medicamento que aportan poco o ningún beneficio a los pacientes, pero que permiten a las Big Pharma ampliar las patentes e impedir que entren en el mercado alternativas. Este truco tiene un alto precio para los americanos, ya que cuesta al sistema sanitario de EE. UU. unos 700 millones de dólares al año por un solo medicamento. 

Las Big Pharma intentan echar la culpa de los elevados precios de los medicamentos, pero los americanos no se dejan engañar. 

  • Las Big Pharma intentan eludir su responsabilidad por el aumento vertiginoso del costo de los medicamentos recetados, pero los americanos saben que no es así: la gran mayoría de los americanos, incluyendo el 89% de los republicanos, creen que el afán de lucro de las Big Pharma alimenta los altos y crecientes precios de los medicamentos en todo el país.

Este April Fools’ Day, la broma es para las Big Pharma: los americanos están prestando atención a sus formas antiamericanas y fuera de lugar. Estamos hartos de que los precios de los medicamentos se disparen y sabemos que la culpa es de las Big Pharma, por lo que pedimos que se ponga fin a sus beneficios en detrimento de las prácticas de los pacientes, porque tener que elegir entre los productos de primera necesidad y los medicamentos recetados no es ninguna broma y, desde luego, no es cosa de risa. Es hora de emprender reformas sensatas que responsabilicen a las Big Pharma por jugar con la salud de los americanos y hagan que los medicamentos recetados sean asequibles para todos. 

República Dominicana ha deportado a más de 180.000 haitianos desde octubre pasado

Ciudadanos haitianos bajan de un camión de la Dirección General de Migración dominicana para ser deportados de regreso a Haití, en Dajabón (República Dominicana). (Foto: EFE/Orlando Barría)

Santo Domingo.– República Dominicana ha deportado a más de 180.000 haitianos en situación irregular en los últimos seis meses, informó este martes la Dirección General de Migración (DGM) en referencia a las operaciones llevadas a cabo desde que en octubre el Gobierno dispuso la expulsión semanal de unos 10.000 extranjeros sin papeles.

De acuerdo con los datos de la DGM, las deportaciones desde el primero de octubre pasado hasta el 31 de marzo fueron 180.417, dentro de la estrategia para reforzar la seguridad y el orden en el flujo migratorio.

En concreto, según un comunicado de Migración, en octubre se repatrió a 40.223 haitianos, en noviembre (28.703), en diciembre (25.085), en enero (31.213), en febrero (26.659) y en marzo (28.534).

Antes de su expulsión, todas estas personas fueron registradas y validadas con equipos de biometría, depuradas de acuerdo a los protocolos establecidos y evaluadas de manera individual, detallando el perfil de cada una de ellas.

Las interdicciones se llevaron a cabo en diferentes provincias de República Dominicana en coordinación con el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), la Fuerza de Tarea Ciudad Tranquila y otras entidades gubernamentales.

La DGM aseguró que los operativos se efectuaron «respetando los derechos humanos, la dignidad de los inmigrantes y cumpliendo con las normas del derecho internacional y el derecho procesal democrático vigente».

Estas expulsiones se producen pese a los llamamientos de organismos internacionales y organizaciones para que los haitianos no sean repatriados debido a la crisis multidimensional y la extrema violencia en su país, que en 2024 causó la muerte de más de 5.600 personas.

República Dominicana y Haití comparten una frontera terrestre de cerca de 400 kilómetros marcada por profundas diferencias sociales, políticas y económicas.

Gobierno de Trump ha detenido a 113.000 inmigrantes y expulsado al menos a 100.000

inmigrantes
(Foto: EFE/Manuel Ocaño)

El Gobierno del presidente Donald Trump ha detenido desde su investidura el 20 enero a 113.000 inmigrantes y expulsado de EE. UU. a 100.000 de ellos bajo su promesa de deportaciones masivas, según dijo una fuente del Departamento de Seguridad Nacional al diario New York Post.

Se desconoce cuántos detenidos tienen expediente criminal o su procedencia, pero según la fuente la mayoría han sido enviados a México. En los primeros 50 días de presidencia fueron arrestados 32.000 inmigrantes, agrega.

El Gobierno de EE. UU. lleva a cabo una intensa ola de arrestos y expulsiones de inmigrantes, de los que una parte están siendo enviados a una megacárcel en El Salvador, para cumplir su promesa de campaña de deportar indocumentados y miembros de pandillas, aún desobedeciendo las órdenes judiciales de parar las expulsiones.

El mandatario ha recurrido a un antigua ley que le permite expulsar de inmediato a «enemigos extranjeros» y la está usando contra venezolanos, acusándoles de ser miembros del Tren de Aragua (TDA) sin presentar evidencia.

La Unión de Libertades Civiles (ACLU) ha impugnado esa acción en un tribunal, que ordenó detener las expulsiones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.

Sin embargo, el pasado domingo el Departamento de Estado confirmó que expulsó a otros 17 inmigrantes por presuntamente ser miembros del TDA.

El diario neoyorquino también mostró estadísticas que muestran que el cruce en la frontera sur, entre México y EE. UU., ha disminuido desde septiembre de 2024, cuando 53.858 personas entraron al país, hasta marzo de 2025, cuando la cifra fue de 7.000.

En octubre cruzaron la frontera 56.523, en noviembre 46.615, en diciembre 47.322 y en enero -en que hubo la transición del Gobierno del presidente Joe Biden al de Trump- la cifra bajó a 29.101; en febrero se redujo a menos de la mitad, con 8.347, y en marzo a 7.000.

«Las entradas ilegales a Estados Unidos ya no son una vía encubierta para obtener estatus», dijo la fuente al New York Post, y aseguró que los inmigrantes tienen ahora «miedo» de las consecuencias del cruce ilegal de la frontera.

«Todos los que son capturados son acusados ​​y cumplen una condena», indicó además al diario neoyorquino.

Revenue Department Releases March 2025 Collections

Collections

Harrisburg, PA — Pennsylvania collected $6.2 billion in General Fund revenue in March, which was $70.0 million, or 1.1 percent, more than anticipated, Revenue Secretary Pat Browne reported today. Fiscal year-to-date General Fund collections total $33.2 billion, which is $34.3 million, or 0.1 percent, below estimate.

“March is our biggest month for collections from corporation taxes, so it’s very encouraging to see those collections coming in over estimate this month,” said Secretary Browne. “We are also well within our goal of being within 2 percent of our overall projections, which puts us in a strong position with three months to go in the current fiscal year.”

Sales tax receipts totaled $1.1 billion for March, $36.5 million below estimate. Year-to-date sales tax collections total $10.8 billion, which is $18.8 million, or 0.2 percent, more than anticipated.

Personal income tax (PIT) revenue in March was $1.6 billion, $45.0 million above estimate. This brings year-to-date PIT collections to $12.6 billion, which is $96.0 million, or 0.8 percent, below estimate.       

March corporation tax revenue of $3.0 billion was $77.2 million above estimate. Year-to-date corporation tax collections total $6.1 billion, which is $41.1 million, or 0.7 percent, above estimate.

Inheritance tax revenue for the month was $157.4 million, $3.8 million below estimate, bringing the year-to-date total to $1.3 billion, which is $17.2 million, or 1.4 percent, above estimate.

Realty transfer tax revenue was $47.7 million for March, $1.6 million above estimate, bringing the fiscal-year total to $423.9 million, which is $11.3 million, or 2.7 percent, more than anticipated.

Other General Fund tax revenue, including cigarette, malt beverage, liquor and gaming taxes, totaled $30.8 million for the month, $1.7 million below estimate. This brings the year-to-date total to $1.1 billion, which is $14.1 million, or 1.2 percent, below estimate.

Non-tax revenue totaled $214.5 million for the month, $11.8 million below estimate, bringing the year-to-date total to $849.2 million, which is $12.6 million, or 1.5 percent, below estimate.

In addition to the General Fund collections, the Motor License Fund received $206.8 million for the month, $29.5 million below estimate. Fiscal year-to-date collections for the fund — which include the commonly known gas and diesel taxes, as well as other license, fine and fee revenues — total $2.2 billion, which is $69.9 million, or 3.2 percent, above estimate.

Governor Shapiro Challenges Trump Administration’s Unlawful Decision

Shapiro
Governor Josh Shapiro’s.

The Trump Administration abruptly canceled more than $500 million in Congressionally-appropriated federal funding for the Pennsylvania departments of Health, Human Services, and Drug and Alcohol Programs

Funding cuts threaten critical Pennsylvania-based initiatives like infectious disease prevention, long-term care for our seniors, and immunizations for children – which support Pennsylvania’s $50 billion life sciences industry

Harrisburg, PA. – Today, Governor Josh Shapiro joined a multistate lawsuit with 22 other states and the District of Columbia to protect public health in Pennsylvania after the Trump Administration abruptly and arbitrarily canceled more than half a billion dollars in public health grants for Pennsylvania state agencies that support work to prevent the spread of infectious diseases (including Hi-Path Avian Influenza [HPAI] and measles), ensure access to immunizations, provide mental health and substance abuse services and improve long-term care for older Pennsylvanians.

On March 25, 2025, the U.S. Department of Health and Human Services (HHS) and Centers for Disease Control and Prevention (CDC) notified the Commonwealth that the CDC was abruptly terminating funding for multiple critical public health grants. These terminations cut more than half a billion dollars legally owed to the Pennsylvania departments of Health (DOH), Human Services (DHS), and Drug and Alcohol Programs (DDAP), and further impact funding that supports over 150 Commonwealth employees and contracted staff.

The federal government entered into a contract with these Commonwealth agencies, overseen by the Governor, and promised to provide hundreds of millions of dollars in funding appropriated by Congress for critically important public health programs approved by the CDC and by the General Assembly. With this funding cut, the Trump Administration is unlawfully breaking its contract with the Commonwealth.

“The federal government broke its half billion-dollar contract with the Commonwealth and as a result of this unlawful action, is undermining our ability to protect the health of Pennsylvania’s children and families,” said Governor Shapiro. “It is my job to defend the taxpayers of this Commonwealth, and this is funding owed to the people of Pennsylvania. But the Trump Administration abruptly canceled Congressionally-appropriated federal funding that supports critical Pennsylvania-based initiatives like infectious disease prevention, long-term care for our seniors, and immunizations for children. When I sign a legally-binding agreement, I follow through with it – and with today’s action, I’m just asking our federal government to do the same.”

Last month, the Governor filed a lawsuit challenging the Trump Administration’s unconstitutional freeze of federal funding – and as a result of the Governor’s lawsuit and direct pressure on and engagement with the Trump Administration, all $2.1 billion in Congressionally-appropriated federal funding identified at the time of filing his lawsuit is once again accessible to Pennsylvania state agencies.

Today, Governor Shapiro is once again taking action to ensure the federal government upholds its commitments to Pennsylvania, as the law requires.

The contracts unlawfully canceled last week are critical to the ongoing public health work across state agencies. At DOH, the cuts will impact efforts to identify, track and respond to the spread of infectious diseases – like HPAI threatening Pennsylvania farms – and directly threaten the Department’s ability to ensure Pennsylvania children and underserved, hard-to-reach communities have access to immunizations for preventable diseases like measles. At DHS, these cuts will affect the agency’s ability to help counties and local providers efficiently serve extremely vulnerable individuals who are experiencing severe mental health conditions, and limit the amount of technical assistance and training available to providers. Meanwhile, at DDAP, these terminated grants mean the Commonwealth won’t be able to allocate money to local treatment authorities for substance use disorder intervention, treatment and recovery services.

This federal funding was also set to be used for renovations to DOH’s state public health laboratory to address major safety concerns. Cutting this funding will reduce the Commonwealth’s ability to conduct timely, accurate, and safe testing – potentially shutting down important testing for diseases like influenza, HPAI, and rabies. The termination of these funds is not simply a loss of money, but a significant risk to the progress we have made and the work we continue to do to protect public health in Pennsylvania.

These unlawful cuts will weaken Pennsylvania’s immunization registry – which means local vaccine clinics will not be able to provide vaccines for preventable diseases like measles – increasing the spread of these diseases, and health care providers will not be able to report vaccinations or look up patients’ vaccine records. This loss of funding also means a stop to critical services for the disability community, including work to build partnerships between health care providers, community organizations and government entities to improve the well-being of people with disabilities. The cuts further impact research on the inaccessibility of medical equipment for people with disabilities in health care settings.

Additionally, this decision by the federal government terminates the Long-Term Care RISE program which improves quality care for residents in nursing homes, personal care homes, and assisted living facilities by providing funding to local county and municipal health departments to enhance workforce capacity, surveillance methods and infection prevention. This will have severe consequences for Pennsylvania’s long-term care system, which is already struggling with workforce shortages and increased demand.

Governor Shapiro is taking action to reverse this abrupt and unlawful action and ensure Pennsylvania is legally protected so that Commonwealth agencies can continue their work to improve Pennsylvanians’ lives.

The lawsuit is co-led by Colorado, Rhode Island, California, Minnesota, and Washington and joined by Arizona, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Hawaii, Illinois, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Oregon, and Wisconsin.

Read about some of the specific impacts to Pennsylvania here – and read the full complaint here.

La NFL pospone decisión sobre el ‘tush push’, pero aprueba otros cambios de reglas

NFL
El quarterback Jalen Hurts (1) de los Eagles de Filadelfia es empujado para anotar un touchdown ante los Chiefs de Kansas City en el Super Bowl, el domingo 9 de febrero de 2025, en Nueva Orleans. (Foto: AP/Charlie Riedel)

El futuro del «tush push» no se decidirá el martes, informó una persona con conocimiento de la decisión a The Associated Press.

Los propietarios de equipos de la NFL habían planeado votar sobre la propuesta de Green Bay para prohibir la jugada que ayudó a los Eagles de Filadelfia salir victoriosos del último Super Bowl y llegar a otro, pero la propuesta se pospuso hasta mayo.

Se aprobó la modificación de la regla de inicio, la expansión de la asistencia de repetición y la revisión de las reglas de tiempo extra, según la persona que habló con la AP bajo condición de anonimato porque las reuniones de la liga estaban en curso.

La decisión de posponer el «tush push» significa que el debate continuará mientras la liga busca más información sobre cuán segura es la jugada. Los defensores de la jugada y aquellos que se oponen a ella presentaron argumentos sólidos, mientras que los expertos médicos de la liga expresaron preocupaciones sobre el riesgo de lesiones.

Se trata de una acción en la que la línea ofensiva, en busca de la yarda que le falta para conseguir un nuevo down o entrar a la zona de anotación, se sobrecarga hombro con hombro para empujar por detrás al quarterback que ha recibido el balón.

En cuanto a los cambios que sí se aprobaron, las reglas de tiempo extra de la temporada regular ahora coincidirán con las de los playoffs y ambos equipos tendrán la oportunidad de tener una posesión incluso si la ofensiva anota un touchdown en la primera jugada. La propuesta se modificó para que el tiempo extra sea de diez minutos, no de 15 minutos.

Los propietarios también aprobaron una propuesta del Comité de Competencia de la NFL para permitir que la asistencia de repetición consulte a los oficiales en el campo para anular decisiones objetivas como penalizaciones por agarrar la máscara, si hubo contacto forzoso en el área de la cabeza o el cuello, tacleadas de la parte interior del cuello de la espalda o zancadillas si había evidencia «clara y obvia» de que no ocurrió una falta. La repetición también podría anular una penalización por golpear al pateador o correr hacia el pateador si el video mostraba que el defensor hizo contacto con el balón.

La asistencia de repetición podría eliminar una falta solo si se llamó incorrectamente, pero no se usará para lanzar la bandera si no se pitó una penalización.

La regla dinámica del inicio se vuelve permanente, con los touchbacks moviéndose a la línea de 35 yardas en lugar de la de 30.

Aunque la liga ha dicho que no se han reportado lesiones como resultado del ‘tush push’, el riesgo potencial involucrado en la versión de la jugada de los Eagles ha generado intensas discusiones.

Los Packers, que perdieron contra los Eagles en un juego de playoffs de comodines, también citaron el ritmo de juego como una razón para considerar eliminar la jugada. El entrenador de los Rams Sean McVay está en contra del ‘tush push’ pero manifestó el martes que se sorprendería si se prohíbe esta semana. Los Ángeles también perdió contra Filadelfia en los playoffs.

El entrenador de los Bills Sean McDermott lidera la iniciativa para deshacerse de ella, aunque Buffalo la usó más que cualquier equipo aparte de los Eagles.

Se necesitan 24 de 32 votos para aprobar cambios en las reglas.

“Siento que mi mayor preocupación es, aunque no hay datos significativos hasta este punto, mi mayor preocupación es la salud y seguridad de los jugadores, ante todo”, dijo McDermott. “Son dos cosas. Es la fuerza, fuerza añadida, número uno, y luego la postura de los jugadores, al ser solicitados para ejecutar ese tipo de jugada, ahí es donde entra mi preocupación”.

“No soy médico. No voy a profundizar demasiado en esa situación, en términos de cuántos datos, cuánta muestra. No creo que esa sea siempre la mejor manera de proceder. Hay otros datos que sugieren que cuando estás en una postura como la que estamos hablando, eso puede llevar a lesiones graves. Creo que ser responsable y proactivo en ese sentido es la manera correcta de proceder”, añadió.

Los Eagles comenzaron a usar la jugada en situaciones de corta distancia en 2022. Dos o tres jugadores se alinean detrás del quarterback Jalen Hurts y lo empujan hacia adelante. Varios otros equipos, incluidos los Bills, comenzaron a usarla, pero ningún equipo ha emulado el éxito de Filadelfia.

México sugiere que no impondría aranceles a EE. UU., pero abre la puerta a enviarle más narcos

La secretaria estadounidense de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la izquierda, a su llegada al encuentro con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en el Palacio Nacional en Ciudad de México, el viernes 28 de marzo de 2025. (Foto: AP/Alex Brandon)

Ciudad de México. — A horas de que el presidente estadounidense Donald Trump confirme su amenaza de imponer más aranceles, México acelera las negociaciones con Estados Unidos.

Y aunque la presidenta Claudia Sheinbaum se mantiene a la espera de los anuncios, el martes dejó la puerta abierta a que pueda haber nuevos traslados de criminales buscados por Washington y se alejó de la idea de imponer aranceles recíprocos.

“No creemos en el ojo por ojo, diente por diente, porque eso siempre lleva a una mala situación”, dijo durante su conferencia matutina diaria. “Por supuesto que se toman medidas, porque se toman medidas del otro lado; pero tiene que continuar el diálogo. No es un asunto de, ‘me pusiste, te pongo’ sino de qué es lo mejor para México y cómo afrontar esta situación”.

La actividad bilateral estos días se ha multiplicado tanto entre los titulares de la diplomacia de los dos países como entre los responsables de seguridad y los temas sobre la mesa son muchos.

El principal objetivo de México es evitar todos los aranceles posibles, que podrían suponer una recesión económica, y una de sus cartas es la negociación en temas migratorios. Sheinbaum recordó que si la economía mexicana cae y hay desempleo «pues va a haber más migración” y dijo que no se comprometió a compartir los datos biométricos de los migrantes, como solicitó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en su visita de la semana pasada pero aseguró que ese tema podría ser objeto de una mesa de trabajo.

También dejó abierta la puerta a nuevos envíos de criminales buscados en Estados Unidos, como el inédito de 29 narcotraficantes de alto simbolismo ocurrido en febrero.

“Hay más listas de extradiciones y en la medida en que se pueda colaborar se colabora”, dijo la mandataria pero agregó que esas peticiones están sobre la mesa “desde hace tiempo”. A la pregunta de si se podrían acelerar sostuvo que “depende del trabajo conjunto, no se ha pedido algo en especial con relación a ello” .

La secretaria Noem dijo el lunes por la noche en una entrevista con la cadena Fox News que Sheinbaum ”tiene la oportunidad de hacer algunas cosas” sobre las que ella informaría a Trump para “ver si podemos hacer frente a la situación arancelaria que puede estar enfrentando su pueblo”.

“Le di una lista de cosas que el presidente Trump estaría encantado de ver”, explicó.

México ya consiguió la congelación de los aranceles generales a todas sus importaciones en dos ocasiones, primero en febrero y luego en marzo, aunque no ha evitado otros como los del acero y el aluminio. A cambio, reforzó su cooperación para frenar el flujo migratorio y aceptar a migrantes no mexicanos devueltos desde Estados Unidos, desplegó miles de tropas en la frontera e incrementó los operativos contra los cárteles.

Como resultado, Trump ha alabado la gestión de Sheinbaum y la mexicana mantiene altos sus niveles de popularidad en su país.

Comienzan los despidos en las agencias de salud de Estados Unidos

despidos
El Departamento de Salud y Servicios Humanos se ve en Washington, el 5 de abril de 2009. (Foto: AP/Alex Brandon/Archivo)

Los empleados del enorme Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos comenzaron a recibir avisos de despido el martes en una importante reestructuración que se espera que finalmente despida hasta 10.000 personas.

Los avisos llegaban apenas días después de que el presidente Donald Trump tomara medidas para despojar a los trabajadores de sus derechos de negociación colectiva en el Departamento de Salud y Servicios Humanos y otras agencias del gobierno.

El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., anunció un plan la semana pasada para reformar el Departamento de Salud y Servicios Humanos, que, a través de sus agencias, se encarga de rastrear tendencias de salud y brotes de enfermedades, realizar y financiar investigaciones médicas, monitorear la seguridad de alimentos y medicinas, y administrar programas de seguro de salud para casi la mitad del país.

El responsable de regulación del trabajo en la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) fue una de las personas destituidas, según personas familiarizadas con el asunto.

“Con pesar y profunda decepción, les informo de que he sido dado de baja administrativa”, indicó el director de tabaco de la FDA, Brian King, en un email al personal.

Docenas de trabajadores del centro de tabaco recibieron avisos de despido el martes, incluida toda la oficina responsable de aplicar las regulaciones sobre el tabaco.

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., habla durante un acto para anunciar cambios propuestos de legislación, el viernes 28 de marzo de 2025 en Martinsburg, Virginia Occidental. (Foto: AP/Stephanie Scarbrough)

El plan de Kennedy consolidaría las agencias que supervisan miles de millones de dólares para servicios contra la adicción y centros de salud comunitarios en todo el país bajo una nueva oficina llamada Administración para unos Estados Unidos Saludables.

Se espera que los despidos reduzcan el Departamento de Salud y Servicios Humanos a 62.000 puestos, eliminando casi una cuarta parte de su personal — 10.000 empleos a través de despidos y otros 10.000 trabajadores que aceptaron ofertas de jubilación anticipada y salida voluntaria.

La senadora demócrata Patty Murray de Washington predijo que los recortes tendrán repercusiones cuando ocurran desastres naturales o se propaguen enfermedades infecciosas, como el actual brote de sarampión.

“Podrían también renombrarlo como el Departamento de Enfermedades porque su plan está poniendo vidas en grave peligro”, dijo Murray el viernes.

Más allá de los despidos en las agencias federales de salud, los recortes llegaban a los departamentos de salud estatales y locales como resultado de una medida del Departamento de Salud y Servicios Humanos la semana pasada para retirar más de 11.000 millones en fondos relacionados con el COVID-19.

Las autoridades locales y estatales de salud aún están evaluando el impacto, pero algunos departamentos de salud ya han identificado cientos de empleos que podrían ser eliminados debido a la pérdida de fondos, “algunos de ellos de la noche a la mañana, algunos ya se han ido”, dijo Lori Tremmel Freeman, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Funcionarios de Salud de Condados y Ciudades.

Los representantes sindicales de los empleados del Departamento de Salud y Servicios Humanos recibieron un aviso el jueves de que entre 8.000 a 10.000 empleados serán despedidos. La dirección del departamento se centrará en puestos en recursos humanos, adquisiciones, finanzas y tecnologías de la información. Los puestos en “regiones de alto costo” o que han sido considerados “redundantes” serán el foco de los despidos.

Kennedy criticó al departamento que supervisa como una “burocracia desmesurada” ineficiente en un video el jueves anunciando la reestructuración, y dijo que el presupuesto anual de 1,7 billones del departamento, “no ha logrado mejorar la salud de los estadounidenses”.

“Quiero prometerles ahora que vamos a hacer más con menos”, dijo Kennedy.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos proporcionó el jueves un desglose de algunos de los recortes.

— 3.500 empleos en la Administración de Alimentos y Medicamentos, que inspecciona y establece estándares de seguridad para medicamentos, dispositivos médicos y alimentos.

— 2.400 empleos en los Centros de Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que monitorean los brotes de enfermedades infecciosas y trabajan con agencias de salud pública en todo el país.

— 1.200 empleos en los Institutos Nacionales de Salud, la principal institución mundial de investigación en salud y medicina.

— 300 empleos en los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, que supervisan el mercado de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, Medicare y Medicaid.

En los CDC, la mayoría de los empleados no estaban sindicalizados, pero el interés aumentó drásticamente este año a medida que el gobierno de Trump tomaba medidas para reducir la fuerza laboral federal. Aproximadamente 2.000 empleados de los CDC en Atlanta pertenecían a la unidad local de negociación de la Federación Americana de Empleados del Gobierno, con cientos más que habían solicitado unirse esta semana.

Pero el jueves por la noche, Trump firmó una orden ejecutiva que pondría fin a la negociación colectiva para un gran número de agencias federales, incluidos los CDC y otras agencias de salud.

La erosión de los derechos de negociación colectiva fue denunciada por algunos legisladores demócratas.

“El descarado intento del presidente Trump de despojar a la mayoría de los empleados federales de sus derechos sindicales despoja a estos trabajadores de sus protecciones arduamente ganadas», según una declaración conjunta el viernes de los congresistas Gerald Connolly y Bobby Scott, ambos de Virginia.

Esto solo dará a Elon Musk más poder para desmantelar el gobierno del pueblo con la menor resistencia posible de los servidores civiles dedicados, debilitando aún más la capacidad del gobierno federal para servir al pueblo estadounidense”.

Inmigración de EE. UU. admite que envió por error a un salvadoreño al Cecot

Fotografía cedida por el gobierno de El Salvador donde se observan custodios del Centro del Confinamiento del Terrorismo (CECOT), trasladando a un grupo de detenidos provenientes de Estados Unidos, este lunes en Tecoluca (El Salvador). (Foto: EFE/Gobierno de El Salvado)

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) de EE. UU. ha admitido que expulsó por error a un ciudadano salvadoreño al que envió, en el marco de una controvertida deportación sumaria que afecta también a más de 200 venezolanos, al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en su país natal.

Tras la demanda interpuesta por la defensa del afectado, Kilmer Armado Abrego-García, contra los secretarios de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y de Estado, Marco Rubio, la fiscal general, Pam Bondi, y varios altos cargos de ICE, el Gobierno ha argumentado que al no estar ya bajo custodia estadounidense no se puede cursar una orden para que se le retorne a EE. UU.

Según los abogados de Abrego-García, residente en el condado de Prince George en Maryland, en 2019 un informante aseguró que era miembro de la banda criminal MS-13 (Mara Salvatrucha), y aunque inicialmente se decretó que podía ser deportado, tras solicitar asilo un juez concedió una suspensión de dicha orden.

Tal y como muestran los documentos judiciales, funcionarios de ICE detuvieron el pasado 12 de marzo a Abrego-Garcia, le explicaron que su estatus había cambiado y lo enviaron a un centro de detención en Texas, desde donde fue enviado en uno de los tres aviones que el pasado 15 de marzo transportaron a más de 200 venezolanos y decenas de salvadoreños a El Salvador, donde fueron confinados en el Cecot.

Tras el requerimiento, un funcionario de ICE admitió ante el juez que la expulsión de Abrego-García «fue un error», aunque al mismo tiempo argumenta que las autoridades actuaron con «buena fe».

«Fue un descuido y la expulsión se llevó a cabo de buena fe con base en la existencia de una orden final de deportación y la supuesta membresía de Abrego-García en la MS-13», explicó el funcionario ante la corte.

La defensa alega que el Gobierno estadounidense no ha podido presentar ninguna prueba de que Abrego-García fuera miembro de MS-13, mientras que ICE consideró ante el juez que al demandante se le dio oportunidad de demostrar que no era un pandillero.

En el polémico operativo del pasado 15 de marzo, la mayor parte de los deportados, según el Gobierno, fueron desterrados con base en la ley de Enemigos Extranjeros, una norma de 1798 para realizar deportaciones sumarias que invocó el presidente Donald Trump argumentando que la banda criminal Tren de Aragua (TdA) está invadiendo EE. UU.

Un juez federal ha bloqueado la implementación de la ley y, después de que una corte de apelaciones ratificara el bloqueo, el Gobierno ha acudido al Tribunal Supremo para que desestime la medida.

Ayer mismo, el Gobierno anunció el envío de otras 17 personas, a las que acusa de ser integrantes de TdA y MS-13, al Cecot en El Salvador, en lo que supone un nuevo desafío de la Administración Trump a la judicatura.