Activistas en defensa de los inmigrantes ponen en marcha planes para afrontar cuatro años de gestión del presidente de EE. UU., Donald Trump, que inició con la firma de unos 10 decretos para aplicar su política migratoria de mano dura. La VOA dialogó con algunos de ellos sobre las estrategias a seguir.
Washington — El inmigrante guatemalteco Agustín L. se siente abatido ante los sucesivos anuncios sobre el tema migratorio en Estados Unidos, tras las nuevas medidas con las que la nueva administración del presidente Donald Trump busca aplicar sus políticas de mano dura contra la inmigración irregular.
“Uno no sabe ya ni que pensar y aunque intente ser optimista es difícil no sentir esta sensación rara”, dijo a la Voz de América bajo condición de anonimato por miedo a represalias.
Aunque no tiene ningún incidente policial o historial delictivo durante los 10 años que ha vivido indocumentado en la región de Washington, el temor, asegura, es una «carga».
Para las organizaciones que trabajan en defensa de los inmigrantes, la serie de decretos migratorios firmados desde las primeras horas de mandato del presidente Trump no los tomó por sorpresa, pero sí la magnitud de los decretos, por lo que han aumentado las preocupaciones.
Sobre todo si próximas medidas llegaran a apuntar contra estos grupos proinmigrantes.
El director del Centro de Recursos para Centroamericanos (CARECEN) en Washington, Abel Núñez, explicó a la VOA que desde los días seguidos al 5 de noviembre de 2024 trabajó con su equipos para afinar algunas estrategias que van en dos vías.
Por un lado, Núñez afirmó que apuestan por afianzar los mecanismos de trabajo con una creciente comunidad inmigrante que cada vez más se dirige a organizaciones como la suya para hacer consultas y buscar ayuda.
“Uno es preparar a la comunidad, es decir aumentar nuestra capacidad para hacerles saber cuáles son sus derechos, qué es lo que deben de hacer, cómo se deben de preparar. Por otro lado estamos aumentando nuestra capacidad de nuestros equipos de preparación para ayudar”, apuntó.
A la vez, su equipo está cerrando “todos los puntos blandos de nuestra organización porque puede ser que nos ataquen en términos de cómo llevamos nuestros récord y nos pueden tirar más auditorías”, agregó.
Desde el punto de vista legal, el abogado William Hernandez, de la organización Eagan Immigration, en Virginia, que cuenta con una red de abogados que llevan casos de inmigración a nivel nacional, indicó a la VOA que sí «hay preocupaciones» adicionales, más allá de las recientes acciones contra los inmigrantes indocumentados.
Hernandez insistió en que la cuestión en una situación como la actual en Estados Unidos en el tema migratoria, sería ver como se define el término “ayuda”.
“Si hay cierto nivel de preocupaciones, dependiendo como el gobierno, la administración de Trump defina ciertas cosas ahí tendríamos que anticipar quizá algunos problemas que puedan ocurrir, por ejemplo, ayudar a alguien que esté ilegalmente en Estados Unidos a quedarse”.
Aunque enfatizó que en el Derecho existe la relación de cliente y abogado, y este caso los profesionales que trabajan en la defensa de los inmigrantes indocumentados, “sabemos que nuestros clientes están aquí como indocumentados, pero nuestro deber es ayudarlos si existe algo dentro de la ley a lo que ellos puedan aplicar”.
Tanto Núñez como Hernandez, coinciden en que la administración del presidente Donald Trump tiene un compromiso con sus bases para “combatir” la inmigración irregular, lo cual indica que el escenario en los próximos cuatro años no será fácil. Anticipan que afrontarán retos en la defensa de derechos de los inmigrantes y su esfuerzo por mantener las estructuras de sus organizaciones intactas para sobrevivir este período.
Batallas abiertas
En Washington, cada orden firmada por el presidente Trump ha generado olas de reacciones inmediatas. Desde Casa de Maryland, una organización de larga data en defensa de inmigrantes en el área de la capital, su director Gustavo Torres, advirtió que la batalla apenas comienza y que “no nos quedaremos de brazos cruzados”.
Este grupo también ha establecido sus planes de acción ante la nueva presidencia de Trump, y aseguran que está en sintonía con el trabajo de otras organizaciones similares a nivel nacional.
“Proteger a nuestros miembros de Casa y a nuestra comunidad es nuestra primera prioridad, y no solo la de Casa. La oleada de apoyo que ha surgido de nuestros amigos, socios y aliados calienta el corazón: hemos construido una coalición de defensa de los inmigrantes de comunidades religiosas, empresas, organizaciones comunitarias, donantes, funcionarios electos, educadores, abogados y otras personas de bien, todos los cuales están listos para actuar, junto con nosotros”, comentó.
Torres aseguró que la batalla comienza en el sistema judicial, donde esperan aprovechar “todas las herramientas judiciales, administrativas, organizativas y legislativas” plasmadas en el estamento jurídico para defender derechos civiles.
Como preparativos para el nuevo gobierno que comenzó el lunes en el país, Torres dijo que han “creado redes de respuesta rápida bajo múltiples administraciones y estamos preparados para afrontar este momento (…) en el transcurso de esta semana y de cara a los próximos cuatro años, lucharemos”.
El efecto
Desde de la organización UnidosUS, su presidenta Janet Murguía detalló que la administración está dando más prioridad a la inmigración que a otros problemas cotidianos planteados por los votantes antes de las elecciones, sobre todo el costo de vida y los salarios.
Murguía ve un mayor riesgo para los indocumentados a medida se fomente el temor por las redadas masivas anunciadas para los próximos días a nivel nacional. Agregó además que las sucesivas ordenes ejecutivas firmadas por el mandatario tendrán un coste de miles de millones de dólares que “lo sentirán todos los estadounidenses”.
“Las medidas de aplicación interna, como las redadas en los lugares de trabajo, perturbarán y trastocarán barrios, empresas y comunidades de todo el país, y pondrán en riesgo la seguridad de todos los estadounidenses”, dijo Murguía.
Ante el temor extendido por la serie de acciones ordenadas por el gobierno, una red de iglesias de diferentes denominaciones en el estado de Virginia, instó a funcionarios electos a crear planes de contingencia para proteger a los inmigrantes.
“Nos preocupan especialmente los métodos de detención y deportación que se han denunciado, que pueden incluir redadas en iglesias, lugares de culto, hospitales, escuelas y otros lugares relacionados con la satisfacción de las necesidades humanas básicas”, afirmaron los líderes religiosos en una carta conjunta.
Además, aseguran que “separar a los niños de sus padres como medio de castigo o disuasión es excepcionalmente reprensible”, por lo que como dirigentes religiosos anglicanos, episcopales, apostólicos, presbiterianos, bautistas y adventistas, llaman a ampliar esta alianza en ese estado vecino a la capital Washington.
Desde su discurso de toma de posesión el presidente Donald Trump declaró el estado de emergencia en la frontera sur y dijo que durante su administración cumplirá con el objetivo de deportar a “millones y millones” de migrantes irregulares.
En las horas siguientes ha firmado una serie de órdenes ejecutivas enfocadas en la inmigración, con algunas medidas que han resultado aún más polémicas como la negación del derecho constitucional de ciudadanía a los niños nacidos de padres indocumentados.
Esa y otras medidas ya enfrentan demandas colectivas en tribunales, tanto por organizaciones como por estados que se oponen a algunas medidas anunciadas por el Ejecutivo de Trump.
