El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos pronto quedará bajo una nueva dirección, una oportunidad para reajustar el proyecto migratorio del presidente Donald Trump o para redoblar su promesa emblemática de campaña de llevar a cabo la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos.
El director político de la Casa Blanca alentó recientemente a legisladores del partido durante un retiro en el club de golf del presidente republicano en Florida a centrarse en la aplicación de las leyes migratorias contra delincuentes, un giro respecto de la agenda de deportaciones masivas con la que hizo campaña. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, afirmó que las operaciones agresivas han creado un “tropiezo” para el partido, que ahora emprende una “corrección de rumbo”.
Sin embargo, todo indica que la operación de deportaciones masivas de Trump no se está frenando, sino intensificando, con miles de millones de dólares destinados a contratar agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, construir centros de detención similares a almacenes y cumplir el objetivo del gobierno de detener y expulsar a cerca de 1 millón de inmigrantes de Estados Unidos este año.
“Estamos en un momento interesante en el que se ha llegado a un punto de inflexión: el público por fin ha visto lo que significan la detención masiva y la deportación masiva”, dijo Sarah Mehta, quien sigue el tema en la Unión Estadounidense de Libertades Civiles.
“Esta no es una agencia que esté desacelerando”, añadió. “En realidad están avanzando con algunas de las políticas más crueles”.
La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, sostuvo que las políticas del presidente han hecho que inmigrantes salgan de Estados Unidos, ya sea mediante deportaciones forzadas o por cuenta propia, y que han sellado la frontera entre Estados Unidos y México.
“Nadie está cambiando el proyecto de aplicación de las leyes migratorias del gobierno”, afirmó.
Senadores listos para interrogar al nominado de Trump para Seguridad Nacional
Las preguntas colocan a Seguridad Nacional en una encrucijada. La secretaria Kristi Noem está de salida, y el nominado de Trump para reemplazarla, el senador Markwayne Mullin, de Oklahoma, comparece esta semana en audiencias de confirmación en el Senado.
Tras las intensas redadas migratorias en Minneapolis y otras ciudades —y las muertes de al menos tres ciudadanos estadounidenses a manos de agentes—, legisladores demócratas se niegan a aprobar financiamiento rutinario a menos que el departamento cambie sus políticas.
Al mismo tiempo, los que creen que Trump ganó la Casa Blanca con su promesa de deportaciones masivas están decepcionados de que el gobierno no haya alcanzado sus metas el año pasado e insisten en que debe hacerlo mejor.
“Ha habido mucha conversación en el Congreso y ahora en la Casa Blanca sobre una especie de alejamiento de la promesa de deportación masiva del presidente Trump, del candidato Trump”, dijo Rosemary Jenks, cofundadora del Immigration Accountability Project, que aboga por las deportaciones.
“Creemos que ahora hay una oportunidad”, señaló. “Tenemos que aumentar las cifras de deportación”.
¿Se acabó la nación de inmigrantes?
El debate se desarrolla mientras Estados Unidos, que celebra su 250º aniversario, confronta su fundación como nación de inmigrantes con imágenes de agentes federales enmascarados rompiendo ventanas de autos y deteniendo a personas sospechosas de estar en Estados Unidos sin un estatus legal adecuado.
El Congreso, controlado por republicanos, aportó unos 170.000 millones de dólares en el proyecto de recortes fiscales del año pasado para impulsar la iniciativa, más que triplicando el presupuesto del ICE.
El senador republicano Eric Schmitt, de Missouri, respondió en un encendido discurso a las restricciones propuestas por los demócratas. “Esta cuestión de deportar a inmigrantes ilegales estaba en la boleta. El presidente Trump no disimuló”, dijo. “Y el pueblo estadounidense respaldó la idea de que vamos a deportar a la gente”.
Aun así, hay señales de fisuras en la coalición de Trump. Algunos republicanos prefieren lo que uno llamó un enfoque más humano y están compartiendo sus puntos de vista con Mullin.
El senador Ron Johnson, republicano de Wisconsin, considerado un firme opositor a la inmigración ilegal, dijo que en su estado son inmigrantes quienes ordeñan la mayoría de las vacas lecheras, y que ha escuchado a grupos de restaurantes que dependen de inmigrantes para cubrir puestos de trabajo.
“¿Podemos simplemente retroceder en el tiempo y hacer que todas estas personas que entraron aquí ilegalmente estén de vuelta en casa?”, preguntó.
“En cuanto a implementarlo de verdad, es mucho más difícil —en particular, de hecho, cuando te das cuenta de que muchas de estas personas, la mayoría, vinieron aquí a buscar oportunidades, queriendo libertad”, explicó. “Están trabajando, manteniendo a su familia, contribuyendo a organizaciones y a la comunidad”.
El grupo de deportación masiva quiere más
La Coalición de Deportación Masiva, un grupo de organizaciones conservadoras que incluye a la Heritage Foundation y a Erik Prince, fundador de la empresa de seguridad Blackwater, se formó recientemente para mantener al gobierno en el rumbo previsto.
Califica el enfoque del año pasado en expulsar a inmigrantes criminales violentos como “fase uno” y afirma que la “fase dos” debería centrarse este año en deportar a inmigrantes más allá de aquellos con antecedentes criminales violentos.
Mark Morgan, quien se desempeñó como jefe interino del ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza durante el primer mandato de Trump y forma parte de la coalición, dijo que eso no significa patrullas itinerantes por estacionamientos de Home Depot. Se trata de una aplicación estratégica enfocada en inmigrantes en lugares de trabajo, en quienes se han quedado más tiempo del permitido por sus visas y en quienes un juez ya ordenó expulsar, explicó.
Pero enfrentan oposición dentro del Partido Republicano, dijo Morgan, en particular de quienes quieren limitar la deportación principalmente a delincuentes y de grupos empresariales que quieren reducir las redadas en centros de trabajo.
“Los republicanos que están diciendo que su definición de aplicación selectiva es solo criminal están equivocados. Están del lado equivocado de esto”, afirmó.
“Por eso ves a parte de la base que realmente se está poniendo frenética, porque dicen: ‘Un momento. ¿Ahora están hablando de sacar solo a los criminales? Eso no es lo que prometieron’”, agregó Morgan.
Lo que viene después
Los defensores de las deportaciones, así como quienes trabajan para proteger los derechos de los inmigrantes, consideran que la mejor oportunidad del gobierno de Trump para alcanzar sus metas es crear un entorno tan poco acogedor para los inmigrantes que simplemente se vayan, lo que a menudo se llama autodeportación.
Mehta, de la ACLU, prevé que el gobierno intensificará los esfuerzos para poner fin a permisos temporales que permiten a inmigrantes permanecer en Estados Unidos —en particular refugiados y solicitantes de asilo— mientras sus casos avanzan en el sistema. Lo calificó como un “intento deliberado de convertir a la gente en indocumentada —de quitarles el estatus legal— y luego poder actuar contra ellos”.
El senador Alex Padilla, demócrata de California, dijo que teme que se detenga a más inmigrantes no violentos para llenar los nuevos almacenes que se están acondicionando, mientras el gobierno de Trump intenta alcanzar sus metas de deportación.
Eso es inaceptable, afirmó, y está entre “las preguntas clave que el senador Mullin tendrá que responder en su audiencia de confirmación”.
