Los Angeles.- La primera semana de abril, en una soleada y hermosa tarde de Los Angeles, Alex Salvador Morales, de 23 años, se instaló en una acera cerca del centro de la ciudad, para vender, por $5, piña, mango y sandía recién cortados en recipientes de plástico de un cuarto de galón.
Antes de la pandemia, puestos de fruta como el suyo proliferaban por las calles, en los tramos más transitados. Sin embargo, con millones de personas recluidas en casa por la pandemia de COVID-19, el negocio cayó en picada y muchos vendedores de fruta como Morales dejaron de vender.
Pero Morales dijo que él no podía permitirse el lujo de dejar de trabajar porque su familia en Guatemala cuenta con el dinero que él les envía. También tiene que pagar el alquiler. Debía pagarlo el miércoles pasado (el 1 de abril), y no tenía suficiente para cubrir los $500 del apartamento que comparte con un compañero.
Con las calles casi vacías, Salvador Morales se instaló frente a una sucursal del Bank of America, un negocio “esencial” que tenía un tráfico peatonal relativamente constante debido al cajero automático.
Dijo que, antes de la crisis del coronavirus, ganaba $700 a la semana trabajando todos los días excepto el martes. Pero desde que los clientes disminuyeron, a mediados de marzo, trabaja solo tres días, y gana entre $200 y $300 a la semana.
A diferencia de la mayoría de los estadounidenses, que pronto recibirán cheques de estímulo, y de los aproximadamente 10 millones de trabajadores que han solicitado beneficios de desempleo en las últimas semanas, Morales no espera ningún tipo de asistencia.
Entiende que estos beneficios son para personas que están en el país legalmente, pero sus circunstancias sólo intensifican su determinación de seguir vendiendo en la calle, a pesar de que teme por su salud y no tiene seguro médico.
“Seguiré trabajando hasta que la policía diga que no puedo”, dijo Morales. “En este momento, no dicen nada, y tal vez es porque entienden que la gente necesita trabajar”.
Se estima que en 2019, Los Ángeles tenía entre 15,000 y 20,000 vendedores ambulantes, según Paul Gómez, un vocero del Departamento de Obras Públicas de la ciudad.
El cierre de la economía debido al coronavirus ha hecho que la vida de esos vendedores sea aún más difícil, explicó Rudy Espinoza, director ejecutivo de Inclusive Action for the City, una organización sin fines de lucro para el desarrollo comunitario, con sede en Los Angeles.
“Les estamos quitando su trabajo, y no les estamos ofreciendo otra vía”, dijo.
La organización de Espinoza ayudó a lanzar un fondo de emergencia para que trabajadores como Salvador Morales recibieran $400 en una tarjeta de efectivo. Hasta el 7 de abril, el fondo tenía más de $130,000 apoyado por grandes donaciones de fundaciones y una campaña de GoFundMe. Pero no es suficiente para atender al enorme número de personas que han solicitado ayuda.
Otras organizaciones de California y el resto del país también recaudan dinero para los inmigrantes que no califican para recibir beneficios públicos, incluyendo el Mission Asset Fund con sede en San Francisco y la National Day Laborer Organizing Network con sede en Pasadena, California.
El martes 7 de abril, el gobernador de California, Gavin Newsom, declaró que se está “considerando” ayuda estatal para los inmigrantes indocumentados, pero también ha puesto en duda, en los últimos días, que se pueda pagar algo más allá de las funciones básicas del gobierno en medio de una creciente crisis financiera.
Para los vendedores inmigrantes que son ciudadanos estadounidenses, la situación es difícil pero no tan grave.
José Rivera, de 70 años, quien ha operado una florería cerca del centro de Los Ángeles durante 37 años, estaba vendiendo, con la ayuda de su sobrina, sus últimos ramos en una acera prácticamente vacía, a fin de marzo. Dado que el mercado mayorista donde compra sus flores ya había cerrado, planeaba dejar de trabajar e irse a casa una vez que hubiera vendido lo que ya tenía en el negocio.
Rivera no puede pagar los $2,000 por el alquiler de su tienda porque sus ingresos se han evaporado en las últimas semanas. Pero tiene la esperanza de recibir un cheque de estímulo y uno de los préstamos para pequeñas empresas que el gobierno federal ha autorizado.
“Tengo esperanzas”, dijo. “Pago impuestos”.
Al cerrar los negocios, algunos trabajadores despedidos se dedican a la venta ambulante por primera vez.
Marlon Castro, de 35 años, ganaba $550 a la semana en una barbería de Huntington Park hasta que perdió su trabajo en marzo. Dijo que pagará su alquiler de abril pero no está seguro de que pueda hacer lo mismo en mayo.
Intentó quedarse en casa después que la barbería lo despidiera, para ayudar a frenar la propagación del virus. Pero Castro, que es indocumentado, se dio cuenta rápidamente de que no podía hacerlo porque mantiene a su hijo de 10 años y a su familia en Guatemala. Así que empezó a vender máscaras de tela en una acera del barrio coreano por $3 cada una, mientras él mismo usaba una.
Parado cerca de una parada de autobús el pasado 1 de abril, a Castro le iban bien las ventas, sólo unas horas antes que el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, recomendara a todos los angelinos usar máscaras de tela al aire libre para evitar la propagación del virus por personas que pueden no saber que lo tienen.
“Las vendo a buen precio, para ayudar a mi comunidad también”, comentó Castro. “Sé que estoy arriesgando mi vida, pero no tengo miedo porque el Dios está conmigo”.
Pero dijo que su familia se puso triste cuando supo que tenía que seguir en la calle, y le dicen constantemente que se cuide. Al preguntarle cómo veía su futuro, Castro se puso a llorar.
“He estado aquí durante 18 años y nunca antes había pasado nada como esto”, explicó. “Pero no vamos a perder la esperanza
Esta información fue producida por Kaiser Health News, un programa editorialmente independiente de Ia Kaiser Family Foundation no relacionado con Kaiser Permanente.
