Nueva York, (EFE ).- Una niña de 13 años ha presentado este miércoles una demanda en una corte federal contra la Administración del presidente Donald Trump por haberla enviado de regreso a su país de origen, donde su vida peligra, en violación al debido proceso de ley.
La ACLU, la organización humanitaria Oxfam y otros grupos de derechos civiles representan a la menor en la demanda, en la que aseguran que la orden de la Administración Trump que restringe la inmigración en la frontera invocando la Ley del Servicio de Salud Pública por la pandemia del COVID-19 es «ilegal».
La niña, a la que sólo identifican como GYJP, llegó sola a la frontera de EE.UU. huyendo de las pandillas que habían hecho que su madre, una expolicía, tuviera que dejar El Salvador cuando se negó a cooperar con el grupo.
Señalan además que la madre, que ahora vive en Nueva York, fue blanco de las pandillas salvadoreñas por su negativa a cooperar con ellos, por lo que se vio forzada a huir rápidamente.
Al llegar a los EE.UU. se le otorgó protección legal y su hija intentó unirse a ella cuando las pandillas comenzaron a amenazar también su vida.
Sin embargo, pese a que la menor dijo a las autoridades lo ocurrido, informarles que su madre residía en los EE.UU. y entregarles su número de teléfono, los agentes no llamaron y, en su lugar, la regresaron sola a El Salvador, donde se esconde, alegan los demandantes.
Las autoridades migratorias estadounidenses no realizaron una audiencia de su caso, violando el debido proceso legal, afirmaron las organizaciones en un comunicado conjunto.
Destacaron que según los antiguos estatutos de inmigración que protegen a los niños y a quienes buscan protección, GYJP debió haber sido enviada a un refugio hasta que fuera entregada a su madre y haber tenido un proceso justo para determinar su derecho a la protección, lo que le habría permitido reunirse permanentemente con su madre.
«El Gobierno de Trump se esconde detrás de COVID-19 como una forma de devolver a los niños a un grave peligro. Al igual que la horrible política de separación familiar de Trump, los tribunales deberían concluir que este último ataque contra niños es ilegal», afirmó el abogado de ACLU, Lee Gernt.
Esta es la segunda demanda que por el mismo motivo presentó la ACLU y Oxfam en las últimas horas en contra del uso de normas de salud para expulsar a menores de edad sin el proceso debido.
En la primera, el juez Emmet Sullivan, del distrito federal de Columbia (Washington), detuvo la deportación de un hondureño de 16 años, dando tiempo a la organización para proseguir con su demanda sin que el menor fuera deportado.
