Fotografía del 23 de enero de 2026 que muestra a la directora general adjunta de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Beth Bechdol, posando durante una entrevista con EFE en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/ Pau Mompó Alberola
Santo Domingo.- La directora general adjunta de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Beth Bechdol, advirtió que la situación respecto a la inseguridad alimentaria «no es positiva», al existir «más de ochocientos millones de personas en el mundo» consideradas hambrientas.
«Las personas que más sufren, en los niveles más agudos de inseguridad alimentaria, se encuentran en lugares donde hay conflictos o problemas relacionados con el clima extremo y vulnerabilidades», detalló Bechdol en una entrevista con EFE durante su visita a la República Dominicana.
El pronóstico global para este 2026 es que «probablemente 290 millones de personas en más de 60 países seguirán estando clasificadas en los niveles más graves de inseguridad alimentaria», de acuerdo con la directora adjunta.
Sin embargo, conforme a Bechdol, «hay algunos puntos positivos en la región de América Latina». En el caso de la República Dominicana, considera «muy alentador ver que el gobierno tiene una iniciativa política de hambre cero».
Según el último informe titulado ‘El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo’ de la FAO publicado en 2025, la prevalencia de la subalimentación alimentaria en la República Dominicana pasó de un 21,3 % de la población en el periodo 2004-2006, a un 3,6 % entre los años 2022 y 2024.
Además la inseguridad alimentaria grave -definida como un acceso limitado a los alimentos- en dicho país se situó en un 17,9 % de la población entre 2022 y 2024, casi seis puntos y medio menos que entre 2014 y 2016 (24,3 %).
Situación en Gaza
Específicamente en la Franja de Gaza, Bechdol señaló que «la situación está mejorando en cierta medida», lo que significa que «el número de personas que se encuentran en los niveles más altos de inseguridad alimentaria ha disminuido en los últimos meses, gracias a la mejora del acceso a los alimentos de emergencia».
La situación de inseguridad alimentaria en esta región se vio afectada desde que las tropas israelíes iniciaran su ofensiva como represalia por los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, en la que Israel ha matado ya al menos a 71.667 personas y ha causado 171.343 heridos, muchos con amputaciones, según cifras del Ministerio de Sanidad de la Franja.
El pasado 19 de enero el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas advirtió que la situación en la Franja de Gaza era «extremadamente frágil» a pesar de haber ampliado significativamente sus operaciones en la zona, atendiendo a más de un millón de personas al mes.
A pesar de ello, de acuerdo con Bechdol, desde el alto al fuego que entró en vigor hace más de tres meses, ha aumentado el acceso a alimentos tradicionales, medicinas, agua, refugio y otras formas de asistencia.
«Seguimos vigilando que se garantice el pleno acceso para prestar asistencia y apoyo a la población», señaló la directora general adjunta.
Bechdol destacó que «antes del estallido de la guerra», Gaza «tenía una economía agrícola muy dinámica».
De hecho, el pasado mes de octubre un informe de la FAO alertaba de que el 87 % de las tierras de cultivo de la Franja de Gaza habían resultado dañadas durante la guerra.
«La base agrícola de Gaza ha sido destruida», advertía la organización.
Por ello, la FAO está «elaborando planes con muchos socios para intentar pensar en cómo reconstruir la infraestructura agrícola, los invernaderos y, con suerte, reponer el ganado y las existencias de la zona».
Presupuesto reducido
En este contexto, la directora adjunta del organismo de Naciones Unidas alertó de que la dinámica de los donantes tradicionales de la organización «ha cambiado» y se corre «un gran riesgo».
«Existe la preocupación de que muchos de los presupuestos que los donantes tradicionales han dedicado al hambre y la inseguridad alimentaria estén disminuyendo o reduciéndose. Por eso, muchos de nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de trabajar», indicó.
En ese sentido, la FAO en muchas situaciones de emergencia «ha dado prioridad a la prestación de asistencia agrícola o a la producción de alimentos de emergencia», para que «las personas más vulnerables reciban semillas, vacunas para animales y piensos».
«Aunque a menudo no se habla de ello, las personas más vulnerables y que padecen más hambre suelen estar relacionadas con la agricultura. Son agricultores, ganaderos, pescadores… y debemos asegurarnos de que no solo les proporcionamos ayuda alimentaria, sino que les damos las herramientas necesarias para que puedan seguir manteniéndose por sí mismos», explicó Bechdol.
Policías patrullan cerca del Capitolio de Estados Unidos, en Washington, el viernes 30 de enero de 2026. (AP Foto/Rahmat Gul)
WASHINGTON— El Senado de Estados Unidos aprobó el viernes una iniciativa para financiar la mayor parte del Gobierno hasta finales de septiembre, después de que el presidente Donald Trump hiciera un acuerdo con los demócratas para separar la financiación del Departamento de Seguridad Nacional y permitir que el Congreso debata nuevas restricciones a las redadas migratorias federales.
Ante la posibilidad de un cierre de gobierno el fin de semana, Trump hizo el raro acuerdo con los demócratas del Senado el jueves tras las muertes de dos personas a manos de agentes federales en Minneapolis. Según el acuerdo, el dinero del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) continuará en los niveles actuales durante dos semanas mientras los legisladores consideran las demandas demócratas de que los agentes migratorios no se cubran el rostro, se hagan cambios para las órdenes de arresto y se permita que las autoridades locales ayuden a investigar cualquier incidente.
El proyecto de ley fue aprobado con una votación de 71-29. Ahora pasará a la Cámara de Representantes, que no tiene programado sesionar sino hasta el lunes. Eso significa que el gobierno podría estar en un cierre parcial temporalmente durante el fin de semana hasta que lo aprueben.
Mientras los legisladores de ambos partidos pedían investigaciones sobre los tiroteos por parte de agentes federales, Trump dijo que no quería un cierre y alentó a los miembros de ambos partidos a aprobar la medida.
Las concesiones del presidente a los demócratas provocaron resistencia de algunos republicanos del Senado, lo que retrasó las votaciones finales y proporcionó un adelanto a lo que será el debate durante las próximas dos semanas. En un discurso en el pleno, el senador Lindsey Graham, aliado de Trump, advirtió que los republicanos no deberían ceder demasiado .
«Y al partido republicano, ¿dónde han estado?», preguntó Graham. Afirmó que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y de la Patrulla Fronteriza han sido «calumniados y difamados».
Aun así, algunos republicanos dijeron que creen que eran necesarios cambios en las operaciones de ICE , aunque es poco probable que acepten todas las solicitudes de los demócratas.
Los demócratas exigen cambios
Los demócratas dicen que no volverán a votar para financiar el DHS hasta que el Congreso ponga nuevos límites al ICE y otras agencias federales que realizan las redadas.
«Estas no son demandas radicales», dijo el líder demócrata del Senado Chuck Schumer. “Son estándares básicos que el pueblo estadounidense ya espera de las fuerzas del orden”.
Los demócratas han pedido a la Casa Blanca que «termine con las patrullas itinerantes» en las ciudades y se coordine con las policías locales en los arrestos de inmigración, incluyendo la exigencia de reglas más estrictas para las órdenes de arresto.
También quieren un código de conducta aplicable para que los agentes rindan cuentas cuando violen las reglas. Schumer dijo que los agentes deberían estar obligados a actuar «sin máscaras y con cámaras corporales encendidas», así como portar identificación adecuada, como es práctica común en la mayoría de las agencias policiales.
Alex Pretti, un enfermero 37 años, fue asesinado por un agente de la Patrulla Fronteriza el 24 de enero, dos semanas después de que un agente del ICE matara a Renee Good. Funcionarios de la administración federal, incluyendo a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmaron que Pretti se había acercado agresivamente a los agentes, pero múltiples videos contradicen esa afirmación.
Resistencia republicana
Los republicanos respondieron con sus propias demandas, incluyendo restricciones a las «ciudades santuario», las cuales, según ellos, no hacen lo suficiente para combatir la inmigración ilegal .
«No hay manera de que vayamos a permitir que los demócratas incapaciten a las fuerzas policiales y detengan las deportaciones a cambio de financiar el DHS», aseveró el senador republicano Eric Schmitt antes de la votación.
Graham detuvo los proyectos de ley de gasto hasta que el líder de la mayoría del Senado, John Thune, acordó darle un voto sobre su proyecto de ley de ciudades santuario en una fecha posterior.
Inusuales conversaciones bipartidistas
Las conversaciones bipartidistas entre Trump y Schumer, su frecuente adversario, se produjeron después de la muerte de Pretti.
El enfrentamiento presupuestario ha amenazado con sumir al país en otro cierre, apenas dos meses después de que los demócratas bloquearan un proyecto de ley de gasto por la expiración de subsidios federales de salud. Esa disputa cerró el gobierno durante 43 días.
Ese cierre terminó una vez que un pequeño grupo de demócratas llegó a un acuerdo con los republicanos. Pero los demócratas parecen más unidos esta vez tras los incidentes en que Pretti y Good murieron baleados por agentes federales.
Incertidumbre en la cámara baja
El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha dicho que se opone a dividir el paquete de financiación, pero «si se divide, tendremos que moverlo lo más rápido posible. No podemos permitir que el gobierno cierre».
Johnson dijo que podría tener que tomar algunas «decisiones difíciles» sobre cuándo traer de vuelta a la Cámara de Representantes a Washington para aprobar los proyectos de ley separados por el Senado.
Cabinas para votar instaladas en un centro electoral de Newtown, Pensilvania, el 23 de abril de 2024. (AP Foto/Matt Rourke/Archivo)
SACRAMENTO, California, EE. UU.— Una jueza de Estados Unidos impidió el viernes que ciertas agencias federales requieran el estatus de ciudadanía al distribuir formularios de registro de votantes, el último golpe a una orden ejecutiva sobre elecciones que el presidente Donald Trump firmó el año pasado.
La jueza de distrito Colleen Kollar-Kotelly, en Washington, falló que la separación de poderes consagrada en la Constitución, que otorga a los estados y, en cierta medida, al Congreso la autoridad para establecer las reglas electorales, está en el centro del caso.
«Nuestra Constitución no permite que el presidente imponga cambios unilaterales a los procedimientos electorales federales», escribió la jueza, quien fue designada por el expresidente Bill Clinton.
Específicamente, Kollar-Kotelly bloqueó dos disposiciones de la orden ejecutiva que pretendían imponer reglas de prueba de ciudadanía.
Su fallo indica que las agencias no podrán «evaluar la ciudadanía» antes de proporcionar un formulario federal de registro de votantes a las personas que se inscriben en programas de asistencia pública. También señaló que el secretario de Defensa no puede exigir prueba documental de ciudadanía cuando el personal militar se registre para votar o solicite boletas.
“Nuestra democracia funciona mejor cuando todos los estadounidenses pueden participar, incluidos los miembros de nuestras fuerzas armadas y sus familias que viven en el extranjero. El fallo de hoy elimina una amenaza muy real a la libertad para votar de las familias militares en el extranjero y ratifica la separación de poderes», dijo Danielle Lang, experta en derechos electorales del Centro Legal de Campaña, que representa a los demandantes en el caso.
La Casa Blanca afirmó que la orden ejecutiva de Trump tenía la intención de garantizar la «seguridad electoral» y que el fallo del viernes no sería la última palabra.
“Garantizar que sólo los ciudadanos (estadounidenses) voten en nuestras elecciones es una medida de sentido común que todos deberían poder apoyar”, dijo Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca. «Este no es el veredicto final sobre el asunto y la administración espera obtener la victoria definitiva en esta cuestión».
La posibilidad de que no ciudadanos estuvieran votando fue una estrategia central para Trump y los republicanos durante la campaña de 2024, y los republicanos en el Congreso continúan impulsando propuestas que requerirían prueba de ciudadanía para registrarse para votar. La investigación, incluso entre funcionarios republicanos, ha demostrado que el voto de no ciudadanos es poco común.
El fallo del viernes es uno de varios reveses para la orden ejecutiva del presidente, la cual ha sido objeto de múltiples demandas. En octubre, Kollar-Kotelly impidió al gobierno de Trump agregar un requisito de prueba documental de ciudadanía al formulario federal de registro de votantes. Demandas separadas por parte de fiscales generales estatales demócratas y de Oregon y Washington, que dependen en gran medida de las boletas enviadas por correo, han bloqueado varias partes de la orden de Trump.
Miles de personas salen a las calles durante una huelga general a nivel nacional y protestan contra las operaciones de control migratorio en Nueva York, el 30 de enero de 2026. EFE/EPA/Olga Fedorova
Nueva York.- Miles de neoyorquinos unieron hoy sus voces y desafiaron las gélidas temperaturas para repudiar la política migratoria del presidente Donald Trump en Mineápolis, que ha costado la vida a dos personas abatidas por agentes federales y genera fuertes enfrentamientos con los residentes.
La multitud salió a protestar como parte de la convocatoria nacional a «no trabajar, no ir a la escuela, no ir de compras», una huelga en solidaridad con la ciudad de Minéapolis en su lucha por sacar a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Armados para enfrentar el frío ártico que afecta a Nueva York y otros estados, los manifestantes se reunieron en la ya legendaria plaza de Foley Square, a pasos de la sede de ICE, y marcharon por las calles gritando consignas y portando letreros contra el ICE.
En los letreros se podía leer «Fuera ICE», «ICE es la gestapo de Trump» o «Justicia para todas las víctimas del terrorismo del ICE», así como fotos de inmigrantes que han muerto en centros de detención.
«Exigimos el fin de esta violencia, el fin de los asesinatos de miembros de nuestra comunidad y la salida de ICE de nuestras comunidades», indicaron representantes de la Coalición de Inmigración de Nueva York, uno de los grupos organizadores de la manifestación.
Los enfrentamientos de agentes de ICE con residentes de Mineápolis ha causado las muertes de Renee Gold (7 de enero) y de Alex Pretti (24 de enero), ambos de 37 años, lo que aumentó la indignación respecto a las prácticas migratorias del Gobierno de Trump.
Las crecientes críticas a los abusos del ICE llegan además por parte de figuras del mundo del espectáculo y empresarios, que han hecho públicas sus opiniones en contra de la violencia de la agencia migratoria.
Julio Peña Jr. abraza a su madrastra, Lydia Romero, afuera de un centro de detención de inmigrantes en el centro de Los Ángeles mientras intentan obtener información sobre su padre, Julio César Peña, quien fue detenido por el ICE en diciembre.(Immigrant Defenders Law Center)
Lydia Romero se esforzaba por escuchar la voz débil de su esposo al teléfono.
Una semana antes, agentes de inmigración apresaron a Julio César Peña delante de su casa en Glendale, California, y se lo llevaron. Ahora estaba en un hospital, después de haber sufrido un mini derrame cerebral. Le dijo a Romero que lo tenían esposado a la cama, de una mano y un pie, y que había agentes en la habitación escuchando la llamada. Tenía miedo de morir y quería que su esposa estuviera con él.
“¿En qué hospital estás?”, le preguntó Romero.
“No te puedo decir”, respondió él.
Viridiana Chabolla, abogada de Peña, tampoco pudo obtener una respuesta. El oficial de deportación asignado al caso y la empresa médica contratada en el Centro de Procesamiento del ICE en Adelanto se negaron a decirle dónde estaba internado. Frustrada, intentó llamar a un hospital cercano, el Providence St. Mary Medical Center.
“Me dijeron que aunque tuvieran bajo su cuidado a una persona detenida por el ICE, no podrían confirmar si estaba allí o no, que solo el ICE puede darme esa información”, contó Chabolla. El hospital confirmó esa política a KFF Health News.
Familiares y abogados de personas internadas tras ser detenidas por autoridades federales de inmigración dijeron que enfrentan grandes obstáculos para localizar a los pacientes, saber cómo están de salud y brindarles apoyo legal y emocional.
Aseguran que muchos hospitales se niegan a dar información o permitir el contacto con las personas detenidas. En cambio, dejan que los agentes de inmigración decidan cuánto contacto se permite, si es que se permite alguno. Esto, según los abogados, les arrebata a los pacientes su derecho constitucional a recibir asesoría legal, y los deja vulnerables a abusos.
Los hospitales dicen que buscan proteger la seguridad y privacidad de los pacientes, el personal y las autoridades, aunque empleados de centros de salud en Los Ángeles, Minneapolis y Portland, Oregon —ciudades donde el ICE ha realizado redadas— afirman que eso les ha dificultado su trabajo.
Algunos hospitales aplican lo que llaman “procedimientos de apagón” o blackout —a veces llamado “código negro”— que pueden incluir registrar al paciente con un seudónimo, eliminar su nombre del directorio del hospital o prohibir al personal confirmar si la persona está hospitalizada.
“Sabemos de varios casos en los que se usó este procedimiento de apagón en hospitales del estado, y es muy preocupante”, dijo Shiu-Ming Cheer, subdirectora de justicia migratoria y racial en el California Immigrant Policy Center, una organización de defensa de los inmigrantes.
Estados gobernados por demócratas, como California, Colorado y Maryland, han aprobado leyes para proteger a pacientes de operativos de inmigración dentro de hospitales. Sin embargo, esas leyes no cubren a quienes ya están bajo custodia del ICE.
Más detenidos hospitalizados
Peña es una de las más de 350.000 personas arrestadas por autoridades migratorias desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca.
A medida que aumentan los arrestos y detenciones, también lo hacen los reportes de personas trasladadas a hospitales por agentes de inmigración debido a enfermedades o lesiones, ya sea por condiciones preexistentes o derivadas del arresto o la detención.
No hay estadísticas públicas sobre cuántas personas enferman o se lesionan bajo custodia del ICE, pero comunicados de prensa de la agencia indican que 32 personas murieron bajo custodia migratoria en 2025.
En lo que va del año, han muerto seis más.
El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa al ICE, no respondió a solicitudes de información sobre sus políticas ni sobre el caso de Peña.
Según las propias directrices del ICE, las personas bajo su custodia deben tener acceso a un teléfono, visitas de familiares y amigos, y consultas privadas con sus abogados.
La agencia puede tomar decisiones administrativas, incluyendo el tema de las visitas, cuando un detenido está hospitalizado; pero, según las directrices, debe respetar las políticas del hospital para contactar a familiares si la persona está gravemente enferma.
Consultado sobre las prácticas hospitalarias con personas bajo custodia migratoria, y sobre si existen protocolos recomendados, Ben Teicher, vocero de la Asociación Estadounidense de Hospitales, no quiso comentar.
David Simon, vocero de la Asociación de Hospitales de California, expresó que “en algunos casos, a pedido de las autoridades, los hospitales mantienen la confidencialidad de los nombres de los pacientes y otra información que los identifique”.
Aunque las políticas varían, por lo general cualquier persona puede llamar a un hospital y preguntar por un paciente dando su nombre, y con frecuencia se le transfiere la llamada a la habitación, dijo William Weber, médico de emergencias en Minneapolis y director médico de Medical Justice Alliance, una organización que defiende los derechos médicos de personas bajo custodia.
Los familiares y personas autorizadas por el paciente pueden visitarlo. El personal médico también suele llamar a los familiares para informarles que alguien está hospitalizado o para pedir información que ayude en su atención.
Pero cuando se trata de personas bajo custodia de autoridades, los hospitales frecuentemente acceden a restringir el acceso y dar información, señaló Weber.
El argumento es que estas medidas evitan que personas no autorizadas amenacen al paciente o al personal, ya que los hospitales no tienen la infraestructura de seguridad de una cárcel. Algunos pacientes famosos también solicitan este tipo de medidas.
Abogados y trabajadores de salud cuestionan que esas restricciones sean realmente necesarias. La detención migratoria es una detención civil, no criminal. Aunque el gobierno de Trump afirma que su prioridad es arrestar y deportar criminales, la mayoría de los detenidos no tiene antecedentes penales, según datos del centro Transactional Records Access Clearinghouse y varios medios de comunicación.
Julio César Peña, que padece una enfermedad renal terminal, en su bicicleta en el patio trasero de su casa en Glendale, California. Su familia tuvo dificultades para localizarlo cuando fue hospitalizado tras ser detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.(Peña family)
Detenido delante de su casa
Según su esposa, Peña no tiene antecedentes penales. Llegó a Estados Unidos desde México cuando cursaba sexto grado, y tiene un hijo adulto en el ejército estadounidense. Tiene 43 años, padece enfermedad renal terminal y sobrevivió a un infarto en noviembre. Camina con dificultad y tiene pérdida parcial de la vista, explicó Romero. Fue detenido el 8 de diciembre, mientras descansaba en el exterior de su casa tras un tratamiento de diálisis.
Al principio, Romero logró ubicar a su esposo con el sistema en línea para localizar detenidos del ICE. Lo visitó en un lugar de detención temporal en el centro de Los Ángeles, donde le llevó sus medicinas y un suéter. Luego vio que lo trasladaron al centro de detención en Adelanto. Pero después de que fue hospitalizado, ya no apareció en la base de datos.
Cuando ella y otros familiares fueron al centro de detención para preguntar por él, les negaron el acceso. Romero recibía llamadas ocasionales de su esposo desde el hospital, pero duraban menos de 10 minutos y estaban monitoreadas por el ICE. Ella quería saber en qué hospital estaba para poder estar con él, tomarle la mano, asegurarse de que lo atendieran bien y darle ánimos.
Dijo que mantenerlo esposado y sin ver a su familia era injusto e innecesario. “Está débil”, dijo Romero. “No existe riesgo de que pueda escaparse”.
Las directrices del ICE indican que debe permitirse el contacto y las visitas de familiares “dentro de las limitaciones de seguridad y operativas”. Las personas detenidas tienen derecho constitucional a hablar en privado con su abogado. Weber explicó que las autoridades migratorias deben informar a los abogados dónde están sus clientes y permitirles hablar con ellos en persona o mediante una línea telefónica sin vigilancia.
Sin embargo, los hospitales están en una zona gris respecto a cómo hacer cumplir estos derechos, ya que su enfoque principal es la atención médica, dijo Weber. Aun así, agregó, deben asegurarse de que sus políticas estén alineadas con la ley.
Familia sin acceso
Varios abogados de inmigración han pasado semanas intentando localizar a clientes detenidos por el ICE, y en ocasiones sus esfuerzos han sido frustrados por los hospitales.
Nicolas Thompson-Lleras, abogado de Los Ángeles que representa a personas en proceso de deportación, contó que, el año pasado, dos de sus clientes fueron registrados con nombres falsos en distintos hospitales del condado de Los Ángeles. Inicialmente, los hospitales negaron que los pacientes estuvieran ahí y no permitieron que el abogado los viera. También se les negó el acceso a los familiares.
Uno de esos clientes fue Bayron Rovidio Marín, trabajador de un negocio de lavado de autos, que resultó herido durante una redada en agosto. Agentes migratorios lo vigilaron por más de un mes en el hospital Harbor-UCLA, un centro público, sin presentar cargos.
En noviembre, la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles votó a favor de limitar el uso de políticas de apagón en hospitales públicos para pacientes bajo custodia civil de inmigración. En un comunicado, Arun Patel, director de seguridad del paciente y gestión de riesgos clínicos del Departamento de Servicios de Salud del condado, dijo que estas políticas buscan reducir riesgos para pacientes, médicos, enfermeros y agentes.
“En algunos casos, puede haber preocupaciones sobre amenazas al paciente, intentos de interferir con la atención médica, visitantes no autorizados o el ingreso de objetos prohibidos”, dijo Patel. “Nuestro objetivo no es restringir la atención, sino permitir que se brinde de forma segura y sin interrupciones”.
Pacientes más vulnerables
Thompson-Lleras expresó preocupación de que los hospitales estén colaborando con autoridades migratorias a costa de los pacientes y sus familias, lo que los deja vulnerables a abusos.
“Permite que las personas reciban atención deficiente”, dijo. “Permite que los traten de forma acelerada, sin supervisión, sin intervención familiar y sin defensa alguna. Estas personas están solas, desorientadas, siendo interrogadas —al menos en el caso de Bayron— bajo dolor y efectos de medicamentos”.
Estas situaciones también alarman al personal de salud. En Los Ángeles, dos trabajadores de hospitales —que pidieron no ser identificados por temor a sufrir represalias— dijeron a KFF Health News que el ICE y administradores de hospitales públicos y privados bloquean con frecuencia el contacto entre el personal médico y los familiares de personas detenidas, incluso para obtener información médica necesaria. Eso, afirmaron, va contra la ética médica.
Los procedimientos de apagón son otra preocupación.
“Facilitan, aunque no sea intencionalmente, la desaparición de pacientes”, dijo una de las personas, médica en el Departamento de Servicios de Salud del condado y parte de una coalición de trabajadores preocupados en la región.
En el Legacy Emanuel Medical Center, en Portland, enfermeras expresaron públicamente su indignación por lo que vieron como cooperación con el ICE y violaciones de los derechos de los pacientes. La red Legacy Health envió una carta al sindicato de enfermeras para que frenara esto, acusándolo de hacer declaraciones falsas o engañosas.
“Me dio asco”, dijo Blaire Glennon, una enfermera que renunció en diciembre. Afirmó que muchos pacientes fueron llevados por el ICE al hospital con lesiones graves sufridas durante la detención. “Sentí que Legacy estaba cometiendo enormes violaciones a los derechos humanos”.
Esposado estando inconsciente
Dos días antes de Navidad, Chabolla, la abogada de Peña, recibió una llamada de ICE con la información que ella y Romero llevaban semanas esperando. Peña estaba en el hospital Victor Valley Global Medical Center, a unas 10 millas de Adelanto, y estaba a punto de ser dado de alta.
Emocionados, Romero y su familia manejaron más de dos horas desde Glendale hasta el hospital para recogerlo.
Pero al llegar, encontraron a Peña intubado e inconsciente, todavía esposado de un brazo y una pierna a la cama. Había tenido una fuerte convulsión el 20 de diciembre, pero nadie informó a su familia ni a su abogada, dijo Chabolla.
Tim Lineberger, vocero del grupo KPC Health —propietario del hospital—, dijo que no podía comentar sobre casos específicos por razones de privacidad. Afirmó que las políticas del hospital sobre divulgación de información cumplen con las leyes estatales y federales.
Peña fue dado de alta finalmente el 5 de enero. Aún no tiene fecha de audiencia y su familia presentó una petición para modificar su estatus migratorio en función del servicio militar de su hijo. Por ahora, sigue en proceso de deportación.
KFF Health News es una redacción nacional que produce periodismo en profundidad sobre temas de salud y es uno de los principales programas operativos de KFF, la fuente independiente de investigación de políticas de salud, encuestas y noticias.
In a session marked by tension, protest chants, and repeated calls to order, Councilmembers Rue Landau (Democratic Party, At-Large) and Kendra Brooks (Working Families Party, At-Large) officially introduced on January 29, at Philadelphia City Hall the legislative package known as “ICE OUT.” The ambitious initiative aims to restrict the activities of federal immigration agents in the City of Philadelphia.
From the City Council gallery, demonstrators chanted “ICE Out!”, forcing Council President Kenyatta Johnson to intervene several times to call for silence and respect as the session continued. Despite the agitated atmosphere, the council members moved forward with the proposal, which already has the backing of a veto-proof majority on the City Council.
The “ICE OUT” package comprises several measures to strengthen local protections against immigration enforcement operations. These include prohibiting the use of municipal property for immigration-related purposes, preventing federal agents from wearing masks or using unmarked vehicles, and restricting access to public buildings without a judicial warrant.
Demonstrators and participants in support of the ICE Out proposal in Philadelphia. (Photo: Impacto staff)
Public reactions: fear, anger, and hope
Several community leaders, students, and community members spoke out during the session. Among them was Teófilo Reyes, Organizing Director for Make the Road Pennsylvania, who expressed a strong position on the urgency of approving the measures:
“It is essential that this package passes, because the violation of rights in this country has increased to a level not seen in perhaps 100 years. The fact that the federal government wants to do away with the need for a judicial warrant to enter a home is simply impossible to accept,” Reyes emphasized.
Among attendees, a mix of emotions was evident. Some expressed enthusiasm and hope, while others showed concern and anger. Several people commented that, despite fear, they are not willing to back down:
“There is tremendous fear in the community right now—not only in the immigrant community. It’s in the Hispanic, Latino community and in every ethnicity, because this is a generalized attack, and you can’t live like this,” said one demonstrator.
One example is Lidia, a mother of three who has worked in cleaning services for 18 years:
“That violence can come to Philadelphia, abuse of power, and we cannot allow ICE to use city resources without consequences.”
Councilmembers announced that in the coming weeks, they will detail the scope of each ordinance in the package, which, if approved, would redefine the limits of cooperation between the City of Philadelphia and federal immigration authorities.
The meeting concluded with applause and animated conversations, underscoring that although fear is present, the community is also determined to defend and expand its rights.
La Ciudad de Filadelfia mantiene activos sus protocolos de emergencia ante una ola de frío extremo que ha mantenido temperaturas bajo cero durante más de 13 días consecutivos y que, según los pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología, continuará al menos durante la próxima semana. Las autoridades advierten que estas condiciones representan un riesgo grave para la salud de las personas, así como para viviendas, servicios públicos e infraestructura crítica.
De acuerdo con los reportes meteorológicos, las temperaturas nocturnas seguirán registrándose en un solo dígito debido al viento, e incluso podrían descender por debajo de cero en algunos momentos. Aunque durante el día se espera un ligero aumento hacia la próxima semana, el frío intenso persistirá durante las madrugadas y las primeras horas de la mañana.
Ante este panorama, distintas dependencias municipales operan de manera coordinada para garantizar la continuidad de los servicios esenciales y proteger a la población. Continúan las labores de retiro de nieve y hielo en todos los vecindarios, así como la vigilancia de ríos y redes de agua potable, de los que dependen más de 1,6 millones de residentes.
Las autoridades también han extendido el Enhanced Code Blue, una alerta que permite la apertura de centros de calentamiento en bibliotecas, centros recreativos y refugios de la ciudad. Estos espacios ofrecen resguardo, servicios básicos y, en muchos casos, conexión con otros programas de apoyo para personas sin hogar o para quienes enfrentan problemas con calefacción o agua en sus viviendas. La ciudad recordó que nadie es rechazado en estos centros y pidió a la comunidad que reportara a personas desprotegidas llamando al 215-232-1984.
El Departamento de Salud Pública exhortó a la población a vigilar los signos de hipotermia, como temblores, confusión, cansancio extremo, dificultad para hablar o somnolencia, y a buscar atención médica inmediata en caso de emergencia. También pidió a los residentes que revisaran el estado de los adultos mayores, de las personas con enfermedades crónicas o discapacidades.
Por su parte, el Departamento de Bomberos advirtió sobre el uso seguro de calentadores portátiles, los cuales pueden provocar incendios si no se emplean correctamente. Solo están permitidos los calentadores de queroseno en viviendas unifamiliares y bifamiliares, mientras que los de propano deben usarse exclusivamente en exteriores.
El frío prolongado también aumenta el riesgo de congelamiento de tuberías y de roturas en las líneas de agua, una situación común durante los meses más fríos del año. La Ciudad pidió a los residentes que reportaran fugas o interrupciones del servicio al 215-685-6300 y recomendó mantener áreas con tuberías por encima de los 40 grados Fahrenheit, dejar correr ligeramente el agua durante la noche y revisar la presión antes de dormir y al despertar.
Como medida preventiva adicional, la Oficina de Manejo de Emergencias recomienda que cada hogar cuente con un suministro de agua para al menos tres días, calculando un galón por persona y por mascota al día.
Las autoridades municipales reiteraron que la preparación, la información y la solidaridad comunitaria son claves para enfrentar esta prolongada emergencia invernal y reducir sus impactos en la salud y la seguridad de la población.
Manifestantes y participantes a favor de la propuesta Ice Out en Filadelfia. (Foto: Impacto staff)
En una sesión marcada por la tensión, los gritos de protesta y repetidos llamados al orden, las concejalas Rue Landau (Partido Demócrata y at-Large) y Kendra Brooks (Partido de las Familias Trabajadoras y at-large) presentaron oficialmente el pasado 29 de enero, en la Alcaldía de Filadelfia, el paquete legislativo conocido como “ICE OUT”, una ambiciosa iniciativa que busca limitar la actividad de agentes federales de inmigración en la ciudad de Filadelfia.
Desde las gradas del Concejo Municipal, manifestantes coreaban “¡Fuera ICE!”, lo que obligó al presidente del Concejo, Kenyatta Johnson, a intervenir en varias ocasiones para pedir silencio y respeto mientras se desarrollaba la sesión. A pesar del ambiente agitado, las concejalas avanzaron con la presentación de la propuesta, que ya cuenta con el respaldo de una mayoría a prueba de veto (veto-proof majority) en el Concejo Municipal.
El Concejo de Filadelfia tiene 17 miembros, por lo que se requiere el voto afirmativo de 12 concejales para aprobar una legislación sin el consentimiento de la alcaldesa mediante la anulación de su veto.
El paquete “ICE OUT” está compuesto por varias medidas que buscan reforzar las protecciones locales frente a operativos migratorios, entre ellas prohibir el uso de propiedades municipales para realizar operativos del ICE (por sus siglas en inglés, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), e impedir que agentes federales utilicen máscaras o vehículos no identificados y restringir el acceso a edificios públicos sin una orden judicial.
Reacciones de la gente: miedo, rabia y esperanza
Varios líderes comunitarios, estudiantes y personas de la comunidad se expresaron; entre ellos, Teófilo Reyes, director de campañas de la organización Make the Road Pennsylvania, adoptó una postura contundente sobre la urgencia de aprobar estas medidas: “Es esencial que este paquete pase, porque la violación de los derechos en este país ha aumentado hasta un nivel que quizás no se ha visto en 100 años”. El hecho de que el Gobierno federal quiera deshacerse de la necesidad de una orden judicial para entrar a una casa es simplemente imposible de aceptar”, subrayó Reyes,
Entre los asistentes se percibía una mezcla de emociones. Algunos mostraban entusiasmo y esperanza; otros, preocupación y enojo. Varias personas comentaron que, pese al miedo, no están dispuestas a retroceder: “Hay un tremendo miedo en la comunidad ahorita, y no solo en la comunidad inmigrante. Es en la comunidad hispana, latina y en cualquier etnia, porque es un ataque generalizado y así no se puede vivir”, mencionó una manifestante.
Un ejemplo de este sentir es el de Lidia, madre de 3 hijos, quien trabaja desde hace 18 años en limpieza: “Esa violencia puede llegar a Filadelfia: es abuso de poder y no podemos dejar que ICE use los recursos de la Ciudad sin consecuencias”.
Los concejales adelantaron que en las próximas semanas se detallará el alcance de cada una de las ordenanzas que componen el paquete, el cual, de ser aprobado, redefiniría los límites de cooperación entre la Ciudad de Filadelfia y las autoridades federales de inmigración.
El encuentro cerró entre aplausos y conversaciones animadas, dejando claro que, aunque el miedo está presente, la comunidad también está decidida a defender y profundizar sus derechos.
Quitar nieve pesada y congelada bajo estas condiciones no solo es difícil, sino peligroso. (Foto: Aleida Garcia)
Hace una semana, una gran tormenta de invierno cubrió Filadelfia y la región circundante con casi dos pies de nieve, una acumulación pesada que rápidamente se endureció en bloques de hielo a medida que las temperaturas se desplomaron. Lo que comenzó como una escena invernal pintoresca pronto se convirtió en un desafío para toda la ciudad.
Antes de la tormenta, la alcaldesa Cherelle Parker prometió: “Nuestros héroes cuidarán a las personas más vulnerables de la Ciudad”. El lunes, la alcaldesa agradeció públicamente a todos los socorristas, incluidos los operadores del 311 y 911. Sin embargo, varios días después, muchos residentes aún luchan por desenterrar sus autos en calles congestionadas, recorrer aceras heladas y despejar el acceso a sus hogares.
La tormenta llegó con fuerza y se mantuvo. La nieve cayó durante horas y, cuando las temperaturas descendieron cerca de cero, se compactó y congeló, convirtiendo el acto de palear en un trabajo extenuante. La Ciudad de Filadelfia había pretratado las carreteras, desplegado camiones de sal y coordinado respuestas de emergencia, pero el frío prolongado ha complicado las labores de limpieza mucho después de que dejó de nevar.
Las opiniones de los residentes sobre la respuesta municipal han sido diversas. Aunque las principales vías se despejaron con eficiencia, los servicios de emergencia se mantuvieron operativos y la comunicación fue constante; algunos —como Mario Pineda, del noreste de Filadelfia— consideran que la preparación pudo haber sido mejor. “No vienen a las calles pequeñas”, dijo Pineda. Aun así, muchos otros elogiaron el esfuerzo de limpieza.
Tras varios días con temperaturas cercanas a cero y sensaciones térmicas en los dígitos simples, han surgido serias preocupaciones de salud y seguridad. Quitar la nieve pesada y congelada bajo estas condiciones no solo es difícil, sino peligroso. Los profesionales de la salud advierten que el esfuerzo físico en clima frío puede provocar ataques cardíacos, derrames cerebrales y emergencias respiratorias, especialmente en personas mayores o con problemas de presión arterial o del corazón. A pesar de estos riesgos, muchos residentes sienten que no tienen opción. El estacionamiento limitado, las calles saturadas y los autos enterrados bajo capas de hielo han obligado a muchos a pasar horas desenterrándolos. En algunos vecindarios, los vehículos siguen atrapados detrás de murallas de hielo formadas por las máquinas quitanieves.
A pesar de estos desafíos, la tormenta también dejó ver la resiliencia y la solidaridad de los barrios de Filadelfia. En muchas zonas, los vecinos se ayudaron mutuamente. En algunos bloques, residentes fuertes y capacitados despejaron repetidamente las aceras durante toda la nevada y las bajas temperaturas. Sus esfuerzos facilitaron —y hicieron más seguro— que los adultos mayores, los padres con niños y las personas con movilidad limitada pudieran salir de sus hogares. “Somos muy afortunados de tener buenos vecinos”, dijo Bernie Mailer, de Filadelfia.
La tormenta llegó con fuerza y se mantuvo. La nieve cayó durante horas y, cuando las temperaturas descendieron cerca de cero, se compactó y congeló, convirtiendo el acto de palear en un trabajo extenuante. (Foto: Aleida Garcia)
Este tipo de apoyo comunitario ha caracterizado a Filadelfia durante mucho tiempo, especialmente en momentos de crisis. Desde capitanes de cuadra organizando limpiezas hasta vecinos compartiendo palas y sal, la tormenta recordó que la comunidad suele llenar los vacíos que deja el clima extremo.
Aun así, el hielo persistente revela la necesidad de apoyo continuo y de flexibilidad en los días posteriores a tormentas importantes. Defensores piden a las autoridades municipales y a los empleadores que consideren períodos de gracia extendidos para la remoción de nieve, mayor apoyo a los residentes vulnerables y mayor coordinación con los grupos comunitarios para evitar lesiones.
Mientras Filadelfia se descongela lentamente, la respuesta a esta tormenta será recordada no solo por la rapidez con la que se despejaron las carreteras, sino también por cómo los vecinos se apoyaron mutuamente cuando el frío se negó a ceder.
Con otro posible temporal de invierno acercándose este fin de semana, los residentes ya se preparan para lo que pueda venir. La idea de volver a desenterrar autos, limpiar aceras y asistir a vecinos vulnerables resulta agotadora. Pero si llega otra tormenta, los habitantes de Filadelfia ya conocen el ritual: prepararse, ayudarse y resistir juntos.
Overcrowded streets, limited parking, and snow-buried vehicles have forced people to spend hours digging out. (Photo: Aleida Garcia)
A week ago, a major winter storm blanketed Philadelphia and the surrounding region with nearly two feet of snow — a heavy accumulation that quickly hardened into blocks of ice as temperatures plunged. What began as a picturesque winter scene soon became a citywide challenge.
Before the storm, Mayor Cherelle Parker promised, “Our heroes will take care of the City’s most vulnerable people.” On Monday, the Mayor publicly thanked first responders, including 311 and 911 operators, for their efforts. But several days later, many residents are still struggling to dig out cars on overcrowded streets, navigate icy sidewalks, and clear access to their homes.
The storm arrived with force and stayed. Snow fell steadily for hours, and as temperatures dropped to near zero, the snow compacted and froze, making shoveling backbreaking labor. The City of Philadelphia had pre-treated roads, deployed salt trucks, and coordinated emergency responses, but the prolonged cold has complicated cleanup efforts long after the snowfall stopped.
Residents’ reviews of the city’s response have been mixed. While major roadways were cleared efficiently, emergency services remained operational, and communication remained consistent, some residents — such as Mario Pineda of Northeast Philadelphia — felt more could have been done. “They don’t come out to the small streets,” Pineda said. Still, many others praised the overall snow removal efforts.
With several days of temperatures hovering near zero and wind chills dipping into the single digits, serious health and safety concerns have emerged. Clearing heavy, frozen snow under these conditions is not only difficult — it can be dangerous. Medical professionals warn that cold-weather exertion can trigger heart attacks, strokes, and respiratory emergencies, especially for seniors and individuals with high blood pressure or heart conditions. Yet despite the risks, many residents feel they have little choice. Limited parking, overcrowded streets, and vehicles buried beneath layers of ice have forced people to spend hours digging out. In some neighborhoods, cars remain trapped behind ice walls created by plows pushing snow to the sides of narrow streets.
Amid these challenges, the storm has also revealed the resilience and solidarity of Philadelphia’s neighborhoods. In many areas, neighbors stepped in to help one another. On some blocks, able-bodied residents repeatedly cleared sidewalks throughout the snowfall and deep freeze. Their efforts made it safer for elderly residents, parents with children, and people with mobility issues to leave their homes. “We are so lucky to have great neighbors,” said Bernie Mailer of South Philadelphia.
This kind of mutual aid has long defined Philadelphia, especially during crises. From block captains organizing cleanup efforts to residents sharing shovels and salt, the storm reminded many that community support often fills the gaps left by extreme weather.
Still, the lingering ice highlights the need for ongoing flexibility and support in the days following major storms. Advocates are urging city officials and employers to consider extended grace periods for snow removal, increased outreach to vulnerable residents, and continued coordination with neighborhood groups to prevent injuries.
As Philadelphia slowly thaws, the city’s response will be remembered not only for how quickly roads were cleared, but for how neighbors showed up for one another when the cold refused to let go.
With another winter storm possibly heading toward the region this weekend, residents are already bracing for what may come next. The thought of digging out cars, clearing sidewalks, and checking on vulnerable neighbors all over again is exhausting. But if another storm arrives, Philadelphians know the routine well: prepare, help one another, and endure together.
