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Informe denuncia «crueldad sistema de inmigración» en Estados Unidos

Imagen de archivo de la entrada del Centro de Detención de Inmigrantes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Adelanto, California. (Foto: EFE/Iván Mejía)

Nueva York, EE.UU.– Un informe dado a conocer hoy en Nueva York denuncia «la crueldad del sistema de inmigración» de Estados Unidos, el más grande del mundo, manifestada en el funcionamiento cotidiano de los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a través del país, y aboga por reformas que pongan fin a este sistema de exclusión.

El informe «Cruel by Design: Voices of Resistance from Immigration Detention», realizado por el Proyecto de Defensa del Inmigrante y el Centro de Derechos Constitucionales, afirma además que las prácticas de detención durante la pandemia, que comenzó en marzo del 2020, no solo pusieron de relieve las condiciones «inaceptables» de esos centros de detención, sino que ayudaron a propagar el coronavirus en esos centros y fuera de ellos, incluso hasta otros países.

Destaca que entre esas condiciones «horribles» de detención antes y durante la pandemia están la separación de familias, el abuso sexual de niños, histerectomías innecesarias, uso de la fuerza y spray pimienta, insultos racistas, el uso arbitrario y punitivo del confinamiento en solitario, la detención prolongada, traslados sin avisar a abogados o familiares, y negligencia médica que derivó ocasionalmente en muertes.

También que se detiene gente en celdas extremadamente frías y duermen en el piso con muy poca ropa para protegerse del frío, y que se les niega habitualmente los servicios de cuidado médico.

El informe, que se realizó basado en declaraciones de inmigrantes presentadas en procedimientos judiciales para impugnar su detención durante la crisis de salud por la covid y en entrevistas a exdetenidos, se centra en la «necesidad urgente» no sólo de liberar a los prisioneros sino el fin de «un sistema cruel».

Asegura que desde el 2003 mas de 200 personas han muerto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Durante la pandemia inmigrantes en varios centros se declararon en huelga de hambre para denunciar sus condiciones de encarcelamiento y exigir ser enviados a sus hogares con grilletes electrónicos para evitar el contagio.

UN SISTEMA DISEÑADO PARA RENUNCIAR A LA EMIGRACIÓN

El informe recuerda que el hacinamiento, la falta de cuidado medico y las condiciones insalubres exacerbaron la pandemia en los centros de detención y comunidades aledañas, y que al deportar a individuos contagiados se exportó el virus a países como India, Haití, Guatemala o El Salvador.

«Somos humanos, pero ICE no piensa eso», dijo Edinson Calderón, uno de los entrevistados, quien estuvo detenido durante cuatro meses después de huir de la homofobia en Venezuela.

De acuerdo con Calderón, ICE provoca situaciones como las que vivió, «sólo para oírte decir: ‘Por favor, depórtame'».

Así, el informe asegura que el sistema de inmigración está diseñado para desalentar la voluntad de lucha de la gente y que abandone su propósito de vivir en este país.

La lista de detenidos en estos centros incluye a inmigrantes que buscan asilo, supervivientes de torturas y otros que han vivido por décadas en el país sin estatus legal.

También a gente cuyos hijos o esposos son ciudadanos, residentes legales (poseedores de la tarjeta verde), inmigrantes con enfermedades mentales, ancianos e infantes.

El Gobierno federal ha invertido un estimado de 333 mil millones de dólares en este sistema desde que el Departamento de Seguridad Nacional fue creado en 2003, tras los atentados terroristas que hubo en el país dos años antes.

Concluye que la crisis en los centros de detención de ICE no puede ser resuelta a través de reformas parciales como poner fin a las prisiones privadas, mejorar las condiciones o someter a más inmigrantes indocumentados a vigilancia electrónica.

«El centro de este problema es el constante endurecimiento de las políticas de inmigración, lo que apunta a la necesidad de soluciones audaces que reconozcan que el sistema de detención no se puede arreglar», afirma.

«Las reformas parciales por sí solas no serán suficientes para remediar la crueldad de este sistema. Lo que se requiere en última instancia es una transformación de gran alcance, que apunte a poner fin a la detención como una herramienta del régimen de exclusión de los Estados Unidos», concluye.

Líder republicano se desmarca del trumpismo y condena el asalto al Capitolio

Fotografía de archivo del líder de los republicanos en el Senado estadounidense, Mitch McConnell. (Foto: EFE/SHAWN THEW)

Washington, EE.UU.- El líder de los republicanos en el Senado estadounidense, Mitch McConnell, tachó este martes el asalto al Capitolio de «insurrección violenta» y criticó que su partido amonestara a dos legisladores que investigan el papel del expresidente Donald Trump (2017-2021) en ese suceso.

En declaraciones a la prensa en el Capitolio, McConnell describió el ataque perpetrado por una turba de seguidores de Trump el 6 de enero del año pasado como una “insurrección violenta con el propósito de tratar de evitar la transferencia pacífica del poder”.

McConnell se posicionó así después de que el Comité Nacional Republicano (RNC, en inglés), órgano ejecutivo del partido, amonestara el pasado viernes a Liz Cheney y a Adam Kinzinger, dos legisladores republicanos críticos con Trump, por formar parte del comité del Congreso que investiga el asalto al Capitolio.

La dirección del partido, que se opuso a la creación del comité de investigación, acusó a los dos legisladores de apoyar los «esfuerzos de los demócratas para destruir a Trump» y afirmó que el asalto al Capitolio fue «un discurso político legítimo».

Cuestionado por los periodistas, el líder de los republicanos en el Senado se desmarcó de ese posicionamiento y opinó que «no es el trabajo del RNC» señalar a los miembros del partido «que tengan puntos de vista diferentes al de la mayoría».

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, también rechazó este martes la idea de que el asalto fuera «un discurso político legítimo», al recordar en su rueda de prensa diaria que hubo decenas de heridos y que los propios seguidores de Trump «pedían que se ahorcara al vicepresidente», Mike Pence.

El 6 de enero de 2021, una turba de seguidores de Trump asaltó el Capitolio para intentar frenar la ratificación del demócrata Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos, en un suceso que dejó cinco muertos y cerca de 140 agentes heridos.

El suceso fue motivado por las acusaciones infundadas de fraude electoral emitidas por Trump, y a día de hoy el 70 % de los votantes republicanos sigue considerando que los comicios fueron fraudulentos.

A pesar de condenar este martes el ataque al Capitolio, McConnell no participó el pasado 6 de enero en los actos conmemorativos que organizó el Congreso para el primer aniversario del asalto.

Sindicato denuncia que Starbucks despidió a 7 trabajadores por sindicalistas

Fotografía de archivo de miembros del comité organizativo para la constitución del primer sindicato de Starbucks en Bufalo, Nueva York. (Foto: EFE/Jorge Fuentelsaz)

Nueva York, EE.UU.- El incipiente sindicado de trabajadores de Starbucks denunció este martes que la cadena de cafeterías despidió hoy a siete trabajadores de un local situado en Memphis (Tennessee) en represalia por sus esfuerzos de sindicación, un extremo que niega la empresa, que justificó el despido por la «violación del protocolo de seguridad y protección».

«La empresa Starbucks despidió hoy a casi todo el comité sindical organizador en la tienda Poplar & Highland en Memphis, Tennessee», escribió la organización laboral en un comunicado en el que asegura que los siete trabajadores representaban un 35 % de los empleados del local.

Los afectados sostienen que la empresa justificó su decisión por «políticas» que no les aclararon y dijeron estar convencidos de que el despido se debía a su labor en favor del sindicato.

«Este es un claro intento de Starbucks de tomar represalias contra quienes lideramos el esfuerzo sindical en nuestra tienda y de asustar a otros trabajadores. Starbucks no se saldrá con la suya, todo el país mostrará su indignación», aseguró Nikki Taylor, uno de los despedidos y que trabajaba como supervisor de turno.

Por su parte, un portavoz de Starbucks rechazó en declaraciones a Efe que esta decisión tenga relación alguna con sus esfuerzos por crear un sindicato.

Según la compañía, los trabajadores infringieron varias normas, entre las que citó la permanencia en la tienda más allá del horario del cierre y la entrada en una zona cerrada bajo llave «sin permiso o autorización».

Además, según el portavoz, los implicados permitieron el acceso a personas que no trabajaban en la tienda a zonas detrás de la barra, algo expresamente prohibido en el reglamento interno.

Asimismo, insistió en que se llevó a cabo una investigación en la que se chequeó el sistema interno de video-vigilancia.

En la nota, el sindicato hace una llamada a la población de Memphis y del país para que «pidan responsabilidades a Starbucks por su represión sindical y sus represalias».

Asimismo, aseguraron que denunciarán los despidos a la Asociación Nacional de Relaciones Laborales.

Desde que el pasado diciembre dos cafeterías en la ciudad de Búfalo (Nueva York) lograran por primera vez en la historia de la cadena crear un sindicato, varios locales en todo el país les están siguiendo los pasos.

Según datos del propio sindicato, que también ha denunciado en diferentes ocasiones las presiones y el acoso de la compañía contra los trabajadores que defienden la sindicación, tiendas en al menos 19 estados han comenzado ya el proceso para constituir una organización de trabajadores, un movimiento que la empresa ha rechazado públicamente.

«Si una parte significativa de nuestros empleados se sindicalizara, nuestros costos laborales podrían aumentar y nuestro negocio podría verse afectado negativamente por otros requisitos y expectativas que podrían aumentar nuestros costos, cambiar la cultura de nuestros empleados, disminuir nuestra flexibilidad e interrumpir nuestro negocio», dijo la empresa en un comunicado difundido el 9 de diciembre tras la creación del primer sindicato.

Además agregó que estos esfuerzos de organización sindical «podrían tener un impacto negativo en cómo se percibe nuestra marca y tener efectos adversos en nuestro negocio, incluidos nuestros resultados financieros».

Masiva protesta del sector público en Puerto Rico por precariedad salarial

Miles de empleados del sector público de Puerto Rico, principalmente maestros y bomberos, protagonizan una protesta para exigir un salario justo denominada "Gran Marcha de la Indignación" este miércoles en la capital San Juan. (Foto: EFE/Thais LLorca)

San Juan, Puerto Rico.- Los empleados del sector público de Puerto Rico, principalmente maestros y bomberos, protagonizaron este miércoles multitudinarias protestas en San Juan para exigir un salario justo, en la denominada «Gran Marcha de la Indignación».

Los primeros convocantes de esta jornada de protesta fueron los maestros, que se manifestaron así por segunda semana consecutiva pese a que el gobernador Pedro Pierluisi anunció el pasado lunes que los educadores recibirán temporalmente un aumento salarial de 1.000 dólares mensuales a partir de julio próximo.

De todas partes de la isla llegaron los maestros a la «Gran Marcha de la Indignación», que arrancó en el parque Luis Muñoz Rivera, pasó frente al Capitolio-Legislatura- y recorrió varias calles del Viejo San Juan hasta llegar a La Fortaleza, sede del Ejecutivo.

Entre esos miles de educadores estuvo José Guillermo Morales, maestro de música de la escuela elemental José De Diego de Las Piedras, quien dijo a Efe que acudió a la manifestación no solo por exigir un ajuste salarial sino en defensa de las pensiones de sus colegas que se acercan a retirarse.

MAESTROS TIENEN DOS O TRES TRABAJOS PARA SUBSISTIR

El salario base de un maestro en Puerto Rico es de 1.750 dólares mensuales, muy por debajo del costo de vida actual, lo que ha llevado a que muchos docentes tengan que tener uno o dos trabajos adicionales.

«En mi caso, que soy músico, estoy en la calle tocando, que es otro trabajo adicional. También damos clases privadas, hacemos vídeos instruyendo a otros en las redes y estamos en la escuela, siempre buscando sobrevivir», admitió Morales.

Acompañados de música y portando banderas de Puerto Rico, los manifestantes aludieron continuamente en sus consignas y en los lemas de sus pancartas a los reclamos de mejoras salariales y de un retiro digno.

«Sin maestros, el país se paraliza», «Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el Gobierno», «Si se trata de enseñar, enseñamos a luchar», «Le vamos a dar candela en la calle y en la escuela» y «Con firmeza y con valor, yo defiendo mi pensión», fueron algunas de las consignas más coreadas.

Miles de empleados del sector público de Puerto Rico, principalmente maestros y bomberos, protagonizan una protesta para exigir un salario justo denominada «Gran Marcha de la Indignación» este miércoles en la capital San Juan. (Foto: EFE/Thais LLorca)

GOBERNADOR MENOSPRECIA A MAESTROS, BOMBEROS Y POLICÍAS

La gota que colmó el vaso de la paciencia de muchos empleados públicos fueron unas desafortunadas declaraciones del gobernador, quien dijo el pasado lunes que «nadie está obligado» a ser maestro, policía o bombero y que esas profesiones son vocacionales.

«A él no le interesa ninguna de estas profesiones porque él y sus ayudantes especiales cobran sueldos más altos que nosotros y nosotros estamos en la miseria», denunció Lydia Nazario. maestra de preescolar de educación especial en Coamo.

Sobre el aumento salarial de 1.000 dólares anunciado, Nazario criticó en declaraciones a Efe que el dinero proviene de fondos federales de emergencia, por lo que en cualquier momento se puede eliminar.

Una situación similar de precariedad viven los bomberos, cuyo salario base son 1.625 dólares mensuales, y que pidieron también hoy ajustes salariales. Para demostrar su repudio, llevaron uno de sus camiones hasta la calle Fortaleza.

Empleados del sector público de Puerto Rico, principalmente maestros y bomberos, protagonizan una protesta para exigir un salario justo denominada «Gran Marcha de la Indignación» este miércoles en la capital San Juan. (Foto: EFE/Thais LLorca)

NUEVAS PROMESAS DE MEJORAS

En medio de la manifestación, Pierluisi y el secretario de Educación, Eliezer Ramos, anunciaron que el aumento de 1.000 dólares se extenderá a directores escolares, superintendentes regionales y facilitadores docentes a partir del 1 de julio de 2022.

Según explicó Pierluisi en un comunicado, el aumento destinado para el magisterio se identificó como parte de las iniciativas de fondos federales ESSER.

Por su parte, Karen Riquelme, senadora del Partido Nuevo Progresista (PNP), presentó hace varios días un proyecto de ley que establecería un salario base a los bomberos de 2.000 dólares mensuales.

A la gran marcha se unieron también los enfermeros, en un reclamo por un mejor salario y pago de incentivos que aún les adeuda el Gobierno por su trabajo durante la pandemia de covid-19.

Otros funcionarios que se manifestaron hoy fueron trabajadores sociales y sindicalistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, en unas protestas que contaron con la presencia y el apoyo de artistas como PJ Sin Suela, iLe y Emil Martínez.

Al menos 14 muertos por deslizamiento de tierra en Colombia

Deslizamiento en el barrio La Esneda, una de la zonas populosas de Colombia, el 8 de febrero de 2021. (Foto: VOA)

Más de 60 viviendas fueron evacuadas y los equipos técnicos continúan evaluando los daños y los riesgos.

Bogotá, Colombia.- Intensas lluvias provocaron un deslizamiento de tierra que causó la muerte de al menos 14 personas el martes en Risaralda, al oeste de Colombia, informaron las autoridades.

Otras 35 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros médicos para su recuperación y una persona más fue reportada como desaparecida.

El deslizamiento se registró en la madrugada en un sector popular en el que hay casas de madera en el barrio La Esneda, del municipio de Dosquebradas, y la Avenida del Río, que pertenece a Pereira, capital de Risaralda.

El alcalde de Pereira, Carlos Maya, quien confirmó la cifra de víctimas mortales, dijo a la prensa que desde 1977 no se registraba un deslizamiento en la ciudad. El funcionario advirtió que el riesgo de deslizamiento continúa en la zona y, por tanto, instó a los ciudadanos que se retiren del lugar para evitar más víctimas.

“El factor detonante de la emergencia fue una ruptura en el canal de la acequia que, al colapsar, generó una acumulación y flujo constante de agua hacia la ladera”, explicó la Alcaldía de Pereira en un comunicado.

Más de 60 viviendas fueron evacuadas y equipos técnicos continúan evaluando los daños y los riesgos.

El presidente colombiano, Iván Duque, envió sus condolencias a las familias de los fallecidos. “Mi acompañamiento al pueblo Risaraldense en este difícil momento”, indicó en un tuit.

Duque añadió que solicitó al equipo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, a cargo de las labores de búsqueda y rescate, estar “en alistamiento para intervenir cuando se requiera”.

Espacios Abiertos presenta mapa interactivo del impacto de los créditos EITC y CTC


La nueva herramienta permite visualizar el impacto en la economía y en el bolsillo

de la gente de alrededor de $2,600 millones que se pueden recibir del Crédito por Trabajo (EITC)

y del Crédito por Menor Dependiente (CTC)

San Juan, Puerto Rico– Como parte de las iniciativas que anunció hoy la Casa Blanca con motivo del EITC/CTC Action Day,  Espacios Abiertos (EA) presentó un mapa interactivo para mostrar el impacto a nivel de Puerto Rico y de cada municipio, que podrían tener este año el Crédito por Trabajo (EITC, por sus siglas en inglés) y el Crédito por Menor Dependiente (Child Tax Credit o CTC), su relación con la pobreza y la seguridad económica de las familias puertorriqueñas.

“Estamos hablando de más de $2,600 millones en alivios para el bolsillo de la gente. Es crítico que la población conozca y solicite ambos créditos cuanto antes. Esta es una oportunidad única para las familias y para la economía de Puerto Rico. Ahora, el reto estriba en lograr en los próximos meses y antes del 18 de abril, que todas las personas que cualifican para recibir este dinero, lo soliciten” indicó la directora ejecutiva de Espacios Abiertos, Cecille Blondet. Recalcó que en el caso de Puerto Rico—distinto a los estados—se requiere un doble trámite. Para el crédito por trabajo (con beneficios de hasta $6,500), se requiere radicar una planilla en Hacienda. En el caso del crédito por menor dependiente, (de hasta $3,600 por cada menor), se necesita hacer lo propio en el IRS.  Las familias que cualifiquen para ambos créditos, tienen solicitar cada uno por separado.

“El mapa que creamos es una herramienta que utiliza información de las planillas de Hacienda y del Censo y que Espacios Abiertos ha plasmado en un panel interactivo de datos.  Este mapa sirve tanto para visibilizar la inseguridad económica de miles de familias en Puerto Rico, como para presentar de forma gráfica y con detalle el potencial de impacto que tendrían estos créditos en la población de cada municipio de la isla y en la economía puertorriqueña si logramos que todas las personas que cualifiquen puedan acceder estos alivios”, declaró Blondet. 

Dijo que el mapa—creado por analistas de política pública de EA—permite ver el impacto económico para Puerto Rico del EITC y el CTC, al estimar la cantidad de dinero de cada uno de los alivios, la cantidad de personas a beneficiarse, por municipio, por edad, tasa de pobreza y de pobreza infantil. 

“Esta visualización de datos e información deberá también servir de brújula para que las entidades sin fines de lucro y grupos comunitarios puedan asignar recursos y dirigir sus esfuerzos de orientación y preparación de planillas de forma estratégica”, añadió Blondet.

El mapa de impacto de EITC/CTC se suma a otros instrumentos tecnológicos desarrollados por la organización sin fines de lucro para democratizar la información y promover la participación cívica como ha sido el Diccionario de la deuda, el Observatorio Fiscal y QuienMeRepresentaPR.com.  Igualmente, EA ha trabajado desde 2019 con  la Calculadora del Crédito por Trabajo—la cual se actualizó con los nuevos parámetros del crédito por trabajo que viabilizó la Ley Núm. 41 de agosto de 2021 para que las personas puedan determinar el dinero a recibir—y más recientemente, el portal AlivioParaTuBolsillo.com donde se presenta información valiosa del EITC (crédito por trabajo) y CTC (crédito por menor dependiente o Child Tax Credit).

Informes de investigación y política pública de Espacios Abiertos y del Instituto del Desarrollo de la Juventud (IDJ) estiman que más de 304 mil familias podrían beneficiarse este año del Child Tax Credit (CTC) y 466 mil familias del Crédito por Trabajo. En conjunto, ambos representan un impacto trascendental en el bolsillo de los puertorriqueños y en su movilidad económica, con una inyección estimada a la economía de alrededor de $2,600 millones como presenta el mapa.

“Atender la pobreza es un imperativo moral. Todos y todas, juntos y desde cada uno de nuestros espacios podemos aportar facilitando e incentivando a los que cualifican a solicitar estos alivios. Se trata de poner dinero en el bolsillo de la gente y de inyectar actividad a nuestra economía. Entidades sin fines de lucro, asociaciones profesionales, iglesias y comunidades de base de fe, medios de comunicación, líderes comunitarios, industriales, empresarios, patronos, profesionales, jóvenes… todos debemos informarnos, instrumentar y facilitar que para este año 2022 Puerto Rico, nuestra gente y nuestra economía, pueda aprovechar al máximo y beneficiarse de estos dos programas. Ambos han probado tener—en otras jurisdicciones—un impacto sobre la pobreza y la seguridad económica de las personas”, concluyó Blondet.

Enlace a mapa y Crédito por Trabajo en Puerto Rico (espaciosabiertos.org)

Piden investigar de nuevo caso de primera latina condenada a muerte en Texas

Fotografía de archivo cedida por Tribeca donde aparece la hispana Melissa Lucio, condenada en 2008 a muerte por haber matado supuestamente a su hija de 2 años, durante una escena del documental "The State of Texas vs Melissa" de Sabrina van Tassel. (Foto: EFE/Cyril Thomas/Tribeca)

Los Ángeles, EE.UU.– Familiares y abogados de Melissa Lucio, la primera mujer hispana en ser condenada a muerte en el estado de Texas (Estados Unidos), pidieron a la fiscalía que investigue nuevamente el caso y detenga la ejecución, informaron este martes medios locales.

Después de ser hallada culpable en julio de 2008, Lucio fue condenada a la pena capital por asesinar a su hija de dos años en febrero de 2007. La ejecución está prevista para el próximo 27 de abril.

En un esfuerzo por detener la ejecución, familiares y abogados de Lucio, acompañados por activistas, visitaron el lunes la oficina del fiscal de distrito del condado de Cameron, Luis A. Sáenz, para instarlo a que analice un documental sobre el caso y reabra la investigación, reportó la televisora KVEO.

Lucio, de 53 años, fue acusada de matar a su hija de dos años, la menor de sus 14 hijos.

La policía encontró a la niña inconsciente, con moretones, marcas de mordeduras y un brazo roto cuando respondió a un llamado de emergencia el 17 de febrero de 2007. La menor fue trasladada a un hospital, donde fue declarada muerta.

La madre hispana le dijo a la policía que su hija se cayó por las escaleras y que eso le causó la muerte, según documentos judiciales. Sin embargo, un médico forense testificó durante el juicio que la autopsia reveló que la niña no murió al caerse por las escaleras y que algunas de sus lesiones indicaban muerte por traumatismo con objeto contundente.

También se reveló que el médico de la sala de emergencias que intentó revivir a la pequeña declaró que era el peor caso de abuso infantil que había visto.

Lucio declaró a las autoridades que ella era responsable de las marcas de mordeduras y los moretones en el cuerpo de la menor.

La familia, apoyada por la organización Death Penalty Action, un grupo contra la pena de muerte, advirtió en su petición al fiscal que el caso estuvo plagado de inconsistencias.

La solicitud está basada en el documental «State of Texas vs. Melissa», de 2020, que mostró una serie de anomalías en el caso de Lucio.

Entre la larga lista de irregularidades, la cinta destaca que el defensor de oficio que se le adjudicó a Lucio, Peter Gilman, no solo no habló con ningún familiar o conocido de la acusada para enterarse de su carácter dócil ni de los traumas que arrastraba después de una infancia de abusos, sino que ocultó confesiones de que otra hija de la mujer empujó por unas empinadas escaleras a la pequeña fallecida.

El documental, dirigido por Sabrina van Tassel, también apunta a que Lucio posiblemente se vio obligada a confesar al ser interrogada por varias horas.

Más de 30.000 personas han firmado la petición, que también está dirigida al gobernador de Texas, Greg Abbott, y a la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas, para que se investigue el caso nuevamente.

«La van a matar. Ella no es una asesina, ella no es culpable. Solo estamos pidiendo que vean la película», dijo a la televisora Sonya Valencia Álvarez, hermana de Lucio.

Sin embargo, Selina Flores, una de las hijas de Lucio, dijo en su cuenta de TikTok que el documental está sesgado en favor de su madre y no incluyó aportes de muchos de los hijos de la mujer sobre abusos.

“No estoy tratando de cambiar la opinión de nadie sobre quién creen que es culpable, pero los únicos que saben la verdad son los que estaban en la casa cuando ocurría el abuso”, dijo Flores en un mensaje que tiene miles de visualizaciones.

También expresó tristeza por escuchar que su madre está lista para ser ejecutada y aclaró que no quiere que la ejecuten a pesar de que cree que es culpable.

Biden Administration & ICE Resume Immigrant Detention in Berks County

Pennsylvania – Late last week the Shut Down Berks Coalition and Aldea -The People’s Justice Center received confirmation that ICE had resumed immigrant imprisonment at the Berks County Residential Center sometime in January 2022. We call on the Biden administration to immediately release these women and permanently close the Berks immigrant prison. ICE has used the Berks family prison for over 20 years to incarcerate immigrant families, including children as young as 14 days old. After years of community resistance, the Biden administration released all people incarcerated at Berks on February 26, 2021. In September 2021, despite strong opposition from community members, ICE and the Berks County Commissioners reached an agreement to reopen and repurpose the Berks County Residential Center to detain women as young as 18 years old. Today, the facility is incarcerating as many as 65 immigrant women and girls. 

Detaining women at this facility is dangerous and cruel. ICE has an established history of abuse and violence against women in its custody. Berks is the same facility where a staff member was convicted for raping a 19 year old mother in 2014. In a 2018 report, there were 1,224 instances of reported sexual assault in ICE detention. At other immigrant prisons for women, such as the T. Don Hutto Detention Center (Hutto) – which was once a family prison– there has been pervasive sexual abuse, retaliation, medical neglect, and nutritional deprivation. Further, ICE was widely condemned after at least 19 women in ICE custody at the Irwin County Detention Facility in Georgia were forced to receive hysterectomies and other non-consensual procedures. 

President Biden’s stated priorities endorse an immigration system that “welcomes immigrants, keeps families together, and allows people across the country—both newly arrived immigrants and people who have lived here for generations—to more fully contribute to our country.” However, his actions betray this promise and perpetuate the cruelty employed by the Trump administration as a tool for deportation. Detention is unnecessary, immoral, and results in family separation and isolation. The Shut Down Berks Coalition and its members, including Aldea – The People’s Justice Center, call on the Biden administration to immediately release these women and permanently close the Berks immigrant prison. Join us in demanding that President Biden #ShutDownBerks: Tweet @POTUS, call the White House 202-456-1111, and email president@whitehouse.gov, comments@whitehouse.gov!  

The Shut Down Berks Coalition is a group of organizations and individuals fighting to close the Berks County immigrant prison in Pennsylvania and end the practice of imprisoning immigrant families in the U.S.

Aldea – the People’s Justice Center is a non-profit legal services organization that offers universal free representation to persons detained at the Berks County Residential Center and other persons detained in Pennsylvania, and provides free and low-cost services to the most vulnerable members of the immigrant community nationwide.

Congresista presenta ley para legalizar a millones de indocumentados en EEUU

Fotografía de archivo de la congresista de Florida María Elvira Salazar. (Foto: EFE/Giorgio Viera)

Miami, EE.UU.- La congresista de Florida (EE.UU.) María Elvira Salazar presentó este martes en el Congreso de EE.UU. un proyecto de ley para otorgar residencia legal a millones de inmigrantes indocumentados con la verificación de antecedentes penales, el pago de impuestos atrasados y una cuota por la seguridad fronteriza.

El proyecto de ley de la congresista republicana se basa en el denominado «Programa de Dignidad» que, de aprobarse, permitiría a los inmigrantes indocumentados que han permanecido en los Estados Unidos durante cinco años quedarse en el país y trabajar legalmente si cumplen ciertos requisitos.

«Puedes salir de las sombras y vivir una vida digna», dijo hoy Salazar en una rueda de prensa.

De acuerdo con el proyecto legislativo, los participantes en el «Programa de Dignidad» tendrían que pasar una verificación de antecedentes penales, abonar impuestos atrasados y comenzar a pagar otros sobre la renta con base en los nuevos salarios.

Además, deberán pagar al Gobierno federal 10.000 dólares en restitución en un lapso de 10 años por haber ingresado ilegalmente al país.

«Mil dólares al año para vivir en la tierra prometida es más que aceptable», señaló la congresista de origen cubano que representa el distrito 27 de Florida.

Según se matizó a la prensa, el dinero proveniente de la restitución se destinaría a un nuevo Fondo de Trabajadores Estadounidenses, que pagaría la capacitación laboral de los ciudadanos del país.

Las personas que apliquen al programa pagarían un impuesto con la finalidad de aumentar la cantidad de agentes de la Patrulla Fronteriza y actualizar la tecnología de esta agencia federal.

«La mano de obra indocumentada va a pagar por la seguridad fronteriza», de aprobarse esta medida, señaló Salazar.

De salir adelante el proyecto de ley, a los participantes elegibles se les permitiría viajar de ida y vuelta entre EE.UU. y su país de origen y serían residentes legales en lugar de ciudadanos, aunque con posibilidades de obtener la ciudadanía en un futuro.

En un comunicado, Ali Noorani —presidente y director ejecutivo del National Immigration Forum, una organización de defensa de los inmigrantes con sede en Washington DC— señaló hoy que «la introducción de la ‘Ley de Dignidad’ representa un paso decisivo y constructivo hacia las reformas migratorias que se habían retrasado mucho».

«Necesitamos que republicanos y demócratas construyan consenso sobre soluciones que refuercen nuestra fuerza laboral y nuestra economía, ofrezcan certeza a todos nosotros que dependemos de los ‘dreamers’ y campesinos, y establezcan un proceso ordenado y humano para los migrantes que llegan a nuestras fronteras», añade el comunicado.

PROYECTO «ELECTORALISTA»

Por su parte, Vanessa Cárdenas, subdirectora del grupo proinmigrantes America’s Voice, refutó el proyecto de ley al decir que «nos parece un comunicado de prensa dirigido a los votantes inmigrantes en su distrito de Florida».

«Parece diseñado para pulir sus posibilidades de reelección (de Salazar), no un esfuerzo serio para aprobar legislación o enfrentarse a los nativistas en el Partido Republicano», añadió Cárdenas en un comunicado.

Según un informe de 2020 del Instituto de Política Migratoria (MPI), la cifra de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos se ha mantenido relativamente estable, entre los 10,5 millones y 12 millones de personas desde la Gran Recesión de 2007-2009, pero el origen de esta población se ha hecho más diverso.

A principios de este mes de febrero, el condado de Miami-Dade, del sureste de Florida, aprobó la creación de una identificación para sus residentes sin importar su estatus migratorio, una medida con la que se suman a otras grandes ciudades con una amplia comunidad inmigrante.

Con esta aprobación, el condado de Miami-Dade se suma a una lista de jurisdicciones que ofrecen o reconocen identificaciones para indocumentados como Nueva York, Los Ángeles, San Francisco o Washington D.C, entre otras, y en Florida los condados de Broward o Alachua.

Según recogen hoy algunos medios nacionales, Salazar ha estado presentando este proyecto migratorio desde 2021, pero fue este martes el día que marcó su presentación oficial.

«Esperamos trabajar con la representante Salazar y sus colegas para mejorar el proyecto de ley inicial y ayudar al Congreso a negociar soluciones inteligentes», anheló el líder del National Immigration Forum.