Ciudad de México. — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció el martes que ordenó investigar a los jefes de la Marina que participaron en el operativo en el que supuestamente se manipularon y ocultaron pruebas en el proceso que siguió a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014. En paralelo, los familiares de los jóvenes acusaron a las Fuerzas Armadas de ocultar información y reclamaron al gobierno la falta de avances en el caso.
López Obrador admitió que vio con antelación un video difundido la víspera por un equipo de expertos independientes que ahonda en el caso. En éste aparecen marinos operando en el basurero de Cocula horas antes de que el lugar fuera acordonado. El gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) dijo que los estudiantes habían sido incinerados en ese sitio, aunque ahora se sabe que eso no sucedió.
El gobernante mencionó que la investigación pondrá énfasis en el almirante responsable de la acción y que los militares ya han declarado en la Fiscalía, pero no ofreció detalles ni precisó la instancia a la que le ordenó realizar las averiguaciones.
El Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) presentó el lunes un tercer informe —el primero durante la administración de López Obrador— que se basó en documentos y videos militares y de inteligencia que estuvieron ocultos durante siete años. Aunque el acceso a algunos registros fue bloqueado en ocasiones, finalmente fueron proporcionados gracias a la intervención directa del presidente.
“Se han abierto los archivos como nunca y no se oculta absolutamente nada”, dijo López Obrador durante su conferencia matutina al asegurar que se está cumpliendo su instrucción de entregar a la Fiscalía General y el grupo de expertos nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) toda la información que se requiera sobre el caso.
Los familiares de los jóvenes cuestionaron el martes la actuación de las fuerzas armadas y las instituciones mexicanas durante los tres años de la administración de López Obrador, y expresaron su molestia por la falta de avances en el esclarecimiento de lo que ocurrió.
“¿Cómo no estar enojado?. A tres años sale una información que tenía que ser entregada en su momento”, dijo en conferencia de prensa Mario González, familiar de los jóvenes desaparecidos, al rechazar la demora de la fuerza armada en la entrega de los informes y videos claves sobre el proceso. “No sabemos nada de nuestros hijos”, expresó González la cuestionar la actuación de los mandos actuales y recordó que hace tres años les ofrecieron que se llegaría a la verdad.
“Las fuerzas armadas han jugado sucio”, afirmó Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los normalistas, al cuestionar de manera directa la actuación de los militares, y recordó que “tenían el deber de contribuir a su esclarecimiento”.
“Hoy nos queda claro que hubo una manipulación de la escena del basurero de Cocula, es decir, esta manipulación tuvo como objetivo ensuciar el proceso de investigación y ocultar la verdad”, sostuvo Rosales, y agregó que la prioridad ahora es la búsqueda de los estudiantes y esclarecer los hechos.
En su intervención el abogado se preguntó sobre las razones que llevaron a la fuerza armada a ocultar por años la información sobre el caso y denunció que en la actualidad los militares siguen incurriendo en esa situación. “No se está dando la información en sede ministerial y eso está representando un gran obstáculo”, acotó.
En respuesta al anuncio que realizó el mandatario, Rosales dijo que no sólo se debe investigar a los marinos “sino contra la cadena de mando que ordenó este montaje jurídico”, y que sus acciones tengan “consecuencias jurídicas”.
Durante la conferencia de prensa los familiares solicitaron a López Obrador una reunión para exigir mayor apoyo y celeridad en el proceso.
El 26 de septiembre de 2014 policías de Iguala, en el estado de Guerrero, capturaron a un grupo de estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa con la participación de otras corporaciones de seguridad y delincuentes. Según la versión del gobierno de Peña Nieto, los jóvenes fueron entregados al crimen organizado, que los asesinó, incineró en un basurero de un municipio vecino -Cocula- y tiró los restos a un río cercano.
Los dos primeros informes del grupo de expertos y la actual fiscalía ya habían dicho que la versión de una gran cremación en el basurero no era real y que hubo un montaje para decir que ahí se encontró un hueso de uno de los jóvenes.
Ahora el nuevo informe señala que hubo dos investigaciones paralelas, la oficial y otra de un grupo de crisis que no compartían datos, y que la llamada “verdad histórica” del gobierno de Peña Nieto fue una gran operación dirigida por una “autoridad superior” —que no se detalla— en la que participaron “múltiples actores”, desde la policía de Guerrero, a la federal, el Ejército, la Marina, los servicios de inteligencia y diversas agencias de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
Los expertos mostraron el lunes videos de un dron entregados por la Secretaría de Marina donde la mañana del día del anuncio y casi seis horas antes de que se resguardara el lugar, marinos sacaron tres bultos de un vehículo —cuyo contenido se desconoce— e hicieron un fuego que pronto quedó apagado. Luego se ve a personas agarrar y tirar cosas en la parte más profunda de la hondonada. La Marina no explicó a los expertos el objetivo de esta actividad.
Las imágenes aéreas fueron cotejadas con documentos militares, por lo que el grupo de la CIDH aseguró que hay certeza de que quienes estaban allí eran miembros de la Marina y de la PGR. En el video también se ve un helicóptero que sobrevuela a baja altura y levanta una gran polvareda sobre donde teóricamente estaban todas las pruebas.
Luego llegó el entonces procurador Jesús Murillo Karam —quien en octubre de 2014 dijo a medios la supuesta “verdad histórica”, ahora descartada— y horas más tarde el equipo de peritos argentinos que representa a los padres de los estudiantes. Fue entonces cuando se acordonó la zona. Dos semanas antes el ejército había dicho que en ese lugar no había nada.
Con la llegada al poder de López Obrador se creó la Comisión de la Verdad y una fiscalía especial dentro de la federal que en 2020 ordenó capturar por primera vez a militares. El anuncio tuvo una gran carga simbólica, dado el cada vez mayor poder que ha dado el presidente a las fuerzas armadas, pero sólo se ha informado de un militar capturado.
Unas 140 personas han sido detenidas desde 2014 pero la mayoría fueron excarcelados por irregularidades en sus procesos y sólo en torno a medio centenar sigue en prisión. Además, delincuentes que presuntamente podrían haber sido testigos clave fueron asesinados.
