El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández fue trasladado el miércoles a los tribunales de justicia en Tegucigalpa para la audiencia inicial en el proceso de extradición solicitado por Estados Unidos.
Hernández fue trasladado media hora antes de la cita prevista para las 10:00 a.m. bajo un fuerte operativo de seguridad desde la sede de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE), donde pasó la noche, luego de ser arrestado en su residencia en Palmeras de San Ignacio, en Tegucigalpa, la tarde del martes. Antes del arresto, su casa estuvo rodeada 18 horas por unos 600 policías.
Hernández dijo el martes que estaba «listo» para colaborar con la justicia de su país.
Entre los cargos contra el expresidente se incluyen tráfico de sustancias controladas con destino a Estados Unidos, portación y tenencia de armas y conspiración, según una versión «no oficial» solicitada por la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa.
El ex mandatario, de 53 años de edad, fue señalado por narcotraficantes de haber recibido sobornos antes de llegar al poder a cambio de contratos gubernamentales y protección contra posibles capturas y extradiciones a Estados Unidos.
«No es un momento fácil, a nadie se lo deseo», dijo Hernández el martes, al asegurar que está «presto» para cooperar.
En la cita de este miércoles, donde está asignado el juez Edwin Ortez Cruz de la Corte Suprema de Justicia, el exmandatario escuchará los cargos en la acusación formulada por los fiscales federales de Estados Unidos.
Se sabría también si Hernández debe responder a otros cargos presentados por la Fiscalía General de Honduras contra su persona.
En Washington, una persona familiarizada con el asunto, citada por Reuters, dijo que el gobierno de EE. UU. esperaba que proporcionar detalles extensos sobre los cargos pudiera persuadir a la administración de Xiomara Castro de Zelaya para que actuara rápidamente.
Durante los dos mandatos de Hernández, que sumaron ocho años, cultivó vínculos estrechos con Washington. Dejó el cargo a fines de enero, cuando asumió la presidencia de Honduras Castro de Zelaya.
No obstante, el gobierno de Estados Unidos ha mostrado públicamente su enojo por el crecimiento de la corrupción y el déficit del estado de derecho en Honduras, que tiene al país del norte como su mayor socio comercial.
Horas después de ceder el poder a la izquierdista Castro en enero, Hernández asumió como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo a VOA que el Parlacen no está en la lista de organizaciones internacionales reconocidas por la ley estadounidense.
El juez decidirá en esta audiencia si el expresidente es recluido en e DNFE o es enviado al Primer Batallón de Infantería para cumplir la prisión preventiva.
Reacciones en el Congreso de EE. UU.
El senador Patrick Leahy, quien preside el Comité de Apropiaciones del Senado, instancia encargada de avalar los fondos de cooperación internacional del gobierno estadounidense, reaccionó también ante el proceso abierto a Hernández por iniciativa de Washington.
“Tuvo la oportunidad de ayudar a su país. En cambio, se ayudó a sí mismo y a sus compinches, mientras el pueblo hondureño perdió sus vidas, sus familias y sus comunidades por los estragos de las bandas de narcotraficantes”, escribió el senador en un comunicado difundido por su oficina y replicado en redes sociales.
Además, el senador federal señala cómo “las sucesivas administraciones» estadounidenses, durante los dos mandatos consecutivos del ahora expresidente, «mancillaron nuestra reputación al tratar a Hernández como un amigo y socio”. “Los funcionarios estadounidenses perdieron de vista lo que representamos y que nuestros verdaderos socios son el pueblo hondureño”, matizó el legislador.
Por su parte la congresista demócrata Norma Torres, opinó que Hernández “ha sido una figura central en socavar el Estado de derecho en su propio país y en proteger y ayudar a los narcotraficantes a mover sus materiales a través de Honduras a los Estados Unidos”.
Ha trascendido que el documento acusatorio para solicitar la extradición contabiliza hasta en 500 toneladas de estupefacientes que han transitado por Honduras para llegar Estados Unidos, de lo que presuntamente el exmandatario es responsable.
“Es fundamental que nuestra nación haga que el presidente Hernández rinda cuentas, para que el pueblo hondureño pueda comenzar el proceso de rendición de cuentas, sanación y cambio”, opinó la congresista.
