Ciudad de México. — El exprocurador general de México Jesús Murillo Karam permanecerá en la cárcel para afrontar un proceso penal por desaparición forzada, delitos contra la administración de justicia y tortura en el caso de los 43 estudiantes de magisterio desaparecidos hace ocho años en el sur del país.
Así lo determinó un juez el miércoles tras casi doce horas de audiencia en las que el exfuncionario reconoció que pudo haber “errores”, problemas y cosas que se hicieron mal durante la investigación, pero insistió en su versión de los hechos y dijo que nadie ha podido presentar otra.
Murillo Karam fue detenido el viernes por el departamento que él mismo dirigió entre 2012 y 2015. Durante seis meses, fue el máximo encargado de la investigación de la desaparición de los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa en la localidad de Iguala, en el sureño estado de Guerrero, un caso que causó conmoción dentro y fuera del país.
Según la “verdad histórica” presentada por Murillo Karam ante la presión pública para que se aclarara el crimen, que fue la versión oficial durante todo el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), los jóvenes fueron capturados por policías locales y entregados a criminales que los mataron, los quemaron en una gran hoguera en un basurero y arrojaron sus restos a un río.
Pero un grupo de expertos internacionales y la fiscalía mexicana echaron por tierra la versión del basurero, confirmaron que en el crimen participaron distintas autoridades locales, estatales, federales y militares, y que se torturó a decenas de detenidos. Esto, junto a otras irregularidades, derivó en que muchos de los procesados quedaran en libertad.
Ahora, con la detención de Murillo justo un día después de que la Comisión de la Verdad creada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador considerara los hechos como un “crimen de estado”, el caso Ayotzinapa da un giro y sienta en el banquillo a quienes presuntamente orquestaron el encubrimiento.
Murillo Karam tomó la palabra en un par de ocasiones durante la audiencia. En una de ellas, arremetió contra el Equipo Argentino de Antropología Forense, los peritos de las familias de los 43 desaparecidos, que fueron los primeros en denunciar las irregularidades de la procuraduría.
“Desde hace seis o siete años han buscado una alternativa, han inventado muchas y todas se caen”, declaró Murillo Karam en relación a los expertos.
El juez que lleva el caso, Marco Antonio Fuerte Tapia, consideró que había indicios “pertinentes, idóneos y lícitos” suficientes para iniciar el proceso. Pese a la avanzada edad del acusado, 74 años, y a sus dolencias crónicas, el magistrado lo mantuvo en prisión preventiva alegando que la posibilidad de fuga había aumentado ya que podría enfrentar una pena de hasta 40 años de cárcel.
Fuerte Tapia consideró que el exprocurador tuvo una conducta dolosa por no denunciar unas torturas que tendría que conocer, ya que en una conferencia de prensa se refirió a declaraciones de testigos que todavía no habían sucedido y que se mostraban maltratados en videos.
Además, habría alterado presuntamente indicios y lugares de los hechos para que “cuadraran” con la denominada “verdad histórica», que no pudo concluir de manera objetiva con lo ocurrido, dijo Fuerte Tapia. Entre los indicios que se alteraron o perdieron están los restos óseos, uno de los cuales fue confirmado como el de uno de los tres estudiantes identificados.
El exprocurador fue imputado también como supuesto autor material no solo de un delito de obstrucción de la justicia sino de la desaparición forzada, ya que, según el juez, este cargo puede aplicarse a quien propicie el ocultamiento de una desaparición aunque no participe en la detención de las víctimas. Y, de acuerdo con Fuerte Tapia, hay indicios suficientes de que Murillo Karam frustró líneas de investigación que podrían haber llevado a localizar a los muchachos.
Tomas Zerón, el jefe de la investigación y subalterno de Murillo Karam que está oculto en Israel, está acusado de ser quien realizó las torturas y sembró evidencias — según se aprecia en videos que fueron divulgados hace años por el grupo de expertos independientes— pero el juez consideró a Murillo Karam como un autor material ya que era el encargado máximo de la investigación y controlaba todos sus puntos.
La defensa intentó que se excluyeran como pruebas las diversas presentaciones a medios que hizo Murillo Karam con el argumento de que se violaría el derecho del acusado a no autoincriminarse, pero el juez consideró este elemento “inadmisible”.
Al margen del proceso abierto contra Murillo Karam, y para el que el juez concedió tres meses más de investigación que podrían ampliarse, la fiscalía ha emitido 20 órdenes de captura contra militares, incluyendo mandos y personal de los batallones situados en Iguala, la ciudad donde fueron capturadas las víctimas.
Además se busca a otros 62 funcionarios, criminales y policías mientras el gobierno intenta agilizar la extradición de Zerón.
A ocho años de lo ocurrido no hay indicios de que los estudiantes estén vivos y se desconoce cuál fue su destino.
Por eso, poco después de que el exprocurador escuchara sus imputaciones en la sala de audiencias de una cárcel al norte de Ciudad de México, cansado y sin dejar de moverse, una representante de los padres de los estudiantes, que no fue identificada, tomó la palabra con un distorsionador de voz activado y exigió que se hicieron justicia.
“Lo que más queremos es saber dónde están nuestros hijos”, dijo.
