Ciudad de México. — Seis de los 43 estudiantes que desaparecieron en 2014 en el sur de México fueron mantenidos vivos en una bodega por algunos días y presuntamente entregados al comandante de una base militar que ordenó su ejecución, reveló el viernes el gobierno.

Así lo informó el subsecretario de Derechos Humanos y jefe de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas, quien dijo en la conferencia presidencial matutina que una persona identificada como el “coronel José Rodríguez Pérez” fue el responsable de la desaparición de seis de los 43 estudiantes ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre de ese año en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero.

Al defender el informe de la Comisión de la Verdad que había presentado una semana atrás, Encinas indicó que se “presume que seis de los estudiantes se mantuvieron con vida hasta cuatro días después de los hechos y que fueron ultimados y desaparecidos por órdenes del coronel”, quien era comandante de un Batallón de Infantería de Iguala cuando ocurrieron las desapariciones.

El presidente de la Comisión de la Verdad dijo que se obtuvo esa información a través de llamadas al teléfono de emergencia que acreditan que los seis jóvenes estuvieron al menos cuatro días más con vida tras las detenciones masivas del resto de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, en el mismo estado. Cuando la semana pasada se presentó el informe Encinas no mencionó al coronel, pero habló del caso de un soldado que fue infiltrado en el grupo de normalistas que también fue desaparecido.

Ante el anuncio sobre la presunta participación de Rodríguez Pérez en la desaparición de seis estudiantes, la Secretaría de la Defensa Nacional dijo a The Associated Press que se esperará el requerimiento respectivo de la autoridad sobre el caso.

Desde que ocurrió la desaparición de los estudiantes siempre hubo polémica sobre el papel que tuvo el Ejército en el caso. Mientras los familiares de los jóvenes y activistas repetidamente denunciaron que militares estuvieron involucrados de alguna manera en los hechos, el gobierno pasado rechazó los señalamientos y los excluyó de las investigaciones.

El reconocimiento por parte de las autoridades de que algunos mandos militares y soldados tuvieron alguna participación en los hechos llega en un momento crucial para el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien busca mantener en las calles a los militares -que desde 2006 han sido claves en la lucha contra el crimen organizado- e incorporar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa a través de una ley que presentará la próxima semana en el Congreso.

Durante su sexenio, que se inició en 2018, López Obrador le ha entregado a los militares una cantidad cada vez mayor de tareas, que incluyen la construcción de obras emblemáticas -como el nuevo aeropuerto de la capital mexicana y un tren en el sur del país- y el manejo de las aduanas y algunos aeropuertos.

Encinas afirmó que a los normalistas los dividieron en diferentes grupos y que, incluso, se “mandaron a cocinar (disolver) a 10 de los estudiantes”. El funcionario señaló que en las desapariciones y muertes participaron integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos en coordinación y complicidad con autoridades y fuerzas de seguridad del Estado municipal y federal.

Luego de que Encinas diera a conocer la semana pasada el informe de la Comisión de la Verdad, la Fiscalía General anunció que había emitido 83 órdenes de captura, 20 de ellas a militares y el resto a policías, funcionarios estatales o delincuentes, por distintos delitos vinculados con el caso que iban desde delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia.

En esa oportunidad el Ministerio Público no precisó los nombres de los militares implicados en el caso. Pocos días después de los anuncios la Fiscalía General detuvo al ex procurador general Jesús Murillo Karam, quien esta semana fue vinculado al proceso por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia.

Los familiares de los estudiantes desaparecidos, respaldados por cuatro organizaciones humanitrias, afirmaron el viernes que la calificación del caso como “crimen de Estado” por parte de la Comisión de la Verdad, así como el reconocimiento de la responsabilidad de los tres niveles de gobierno, incluyendo elementos del 27 Batallón de Infantería, “da la razón” a lo que denunciaron desde un principio.

En un comunciado los familiares manifestaron dudas sobre la hipótesis que se plantea en el informe del paradero de los jóvenes, y reiteraron que su lucha siempre ha sido por la verdad para que se acredite de la manera «más técnica y científica posible”. Asimismo, expresaron preocupación por los “obstáculos» que se han enfrentado en esta administración, en especial de parte de la Fiscalía General de la República.

Sobre la detención de Murillo Karam, indicaron que “este es un paso hacia la rendición de cuentas de quienes fraguaron una versión falsa”.

“Ni el esclarecimiento de la verdad ni el acceso a la justicia pueden darse por satisfechos o concluidos”, señala el comunicado respaldado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro de Análisis e Investigación Fundar y la organización civil Servicios y Asesorías para la paz (SERAPAZ).

En medio de una intensa lluvia y levantando pancartas en las que se leía “fue el Estado”, cientos de familiares y amigos de los normalistas marcharon el viernes por el centro de la capital mexicana para demandar justicia en el caso.

Clemente Rodríguez marchó por su hijo Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, quien fue uno de los tres estudiantes identificado por un diminuto fragmento de hueso quemado.

Rodríguez dijo que las familias habían sido informadas la semana pasada antes de que se publicara el informe sobre la participación del coronel Rodríguez Pérez.

“Ya no es por omisión, es que participaron”, afirmó el padre al referirse a la participación de los militares en el caso. “Fue el Estado, participaron los tres niveles de gobierno”, agregó.

Hilda Legileño, madre de uno de los estudiantes, dijo, en declaraciones a medios locales, que los familiares seguirán exigiendo la presentación con vida de los estudiantes.

Según la versión de Murillo Karam, que él mismo calificó de “verdad histórica” y que fue defendida durante todo el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), los cuerpos de los 43 estudiantes fueron amontonados por criminales en un basurero e incinerados y sus restos fueron luego arrojados en bolsas en un río.

A la pregunta de quiénes tendrían responsabilidad en los hechos, Encinas dijo que eso deberá determinarlo la Fiscalía General, pero sostuvo que “cuando señalamos que la ‘verdad histórica’ se diseñó en los más altos niveles del gobierno federal involucra a todas aquellas personas que participaron en las reuniones de la presidencia de la república, en la discusión de estos temas y es allí donde habrá que ubicar no solamente el diseño sino particularmente la operación y la implementación de esas acciones”.

El caso, calificado recientemente por el actual gobierno mexicano como “crimen de Estado”, se convirtió en todo un símbolo en un país con más de 100.000 desaparecidos y donde todavía imperan altísimos niveles de impunidad, corrupción y violencia.