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Puerto Rico ofrece cooperación a R. Dominicana para investigar trama corrupta

Foto de archivo del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi. (Foto: EFE/Thais Llorca)

San Juan, Puerto Rico.- El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, ofreció este lunes «cooperación» a las autoridades dominicanas en la investigación de una gran red de corrupción en ese país, que podría salpicar a la isla vecina.

Un total de 19 personas fueron detenidas durante el fin de semana en la República Dominicana en la llamada Operación Calamar, entre ellas tres exministros de la Administración de Danilo Medina (José Ramón Peralta, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo).

Guerrero, exministro de Hacienda, es propietario de cuatro concesionarios de vehículos en Puerto Rico y se sospecha que estos negocios podrían haber sido usados para desviar parte del dinero de la trama.

«El Gobierno de Puerto Rico va a cooperar con las autoridades del Gobierno dominicano en todo lo que respecte a cualquier vínculo con Puerto Rico», afirmó Pierluisi en declaraciones a la prensa.

El gobernador dijo que el Departamento de Justicia se pondrá a disposición de su contraparte dominicana por si requiere su ayuda para esclarecer este caso.

«Si hubo cualquier ilegalidad aquí, que nos lo dejen saber», subrayó Pierluisi, quien detalló los requisitos de ley de la isla para informar sobre grandes transacciones tanto en el sistema bancario como en la adquisición de vehículos.

El supuesto entramado de corrupción distrajo a los contribuyentes más de 19.000 millones de pesos (unos 345,5 millones de dólares) y afectó a varias instituciones, entre ellas el Ministerio de Hacienda.

Aumentan los casos de infección con un hongo superresistente en EE. UU.

(Foto: EFE/ERIK S. LESSER)

Washington, EE. UU.– Las infecciones con el hongo Cándida auris, un microorganismo superresistente a los medicamentos y potencialmente mortal, crecieron de forma dramática en Estados Unidos entre 2019 y 2021, según un estudio publicado este lunes en la revista especializada Annals of Internal Medicine.

En concreto, los investigadores alertan del aumento de los casos que son resistentes a las equinocandinas, el principal fármaco que se utiliza para tratar las infecciones con el hongo Cándida.

Este tipo de casos fueron tres veces más frecuentes en 2021 que en los dos años anteriores, según el estudio, que analizó datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), así como los recogidos por las autoridades sanitarias a nivel local y estatal.

Los datos muestran un aumento del porcentaje de crecimiento de las infecciones con Cándida auris, que pasó de ser del 44 % en 2019 al 95 % en 2021.

Para los investigadores, que trabajan para los CDC, el aumento puede estar relacionado con las dificultades que la pandemia de covid-19 ha producido en el sistema sanitario, como la escasez de sanitarios o el uso de más medicamentos antimicrobianos.

El informe enfatiza que el Cándida auris, que se detectó por primera vez en EE. UU. en 2016, está catalogado como «amenaza urgente» por los CDC, debido a su resistencia a los medicamentos y su alta tasa de mortalidad.

La mayoría de casos se dan en centros sanitarios, sobre todo entre pacientes que llevan mucho tiempo ingresados o que están conectados a ventiladores mecánicos, explican los autores.

EE. UU. ve necesaria más migración para aumentar la mano de obra

(Foto: EFE/JIM LO SCALZO)

Washington, EE. UU.- La Casa Blanca ve necesaria una mayor migración y un mayor gasto en cuidados infantiles para aumentar la menguada mano de obra en el país.

Así lo señala el informe anual del Consejo de Asesores Económicos del presidente estadounidense, Joe Biden, publicado este lunes.

En el reporte, los asesores indican que el país hace frente a «una gran escasez» de mano obra conforme se recupera de la pandemia de covid-19.

Apuntaron que la falta de trabajadores en el mercado laboral no solo se debe al coronavirus, sino también a tendencias demográficas de largo recorrido y la menor participación de adultos en dicho mercado.

El informe llama la atención sobre el hecho de que sin una mayor inmigración y sin mayores esfuerzos que animen a más adultos a participar en el mercado laboral la mano de obra es probable que siga «constreñida en el futuro».

Por ello sugirieron «políticas proactivas» como un mayor gasto en los cuidados infantiles, un aumento de la migración y un mayor poder de negociación de los trabajadores para incrementar la mano de obra.

De lo contrario, advirtieron del «impacto negativo» en los estándares de vida de un menor crecimiento económico motivado por la menor participación de adultos en el mercado laboral y una población envejecida.

Durante la pandemia, se dio un fenómeno conocido como «la gran dimisión» en la que muchos trabajadores en el país renunciaron voluntariamente a sus puestos de trabajo.

En febrero pasado, la tasa de desempleo en EE. UU. creció dos décimas y se situó en el 3,6 %, después de tres meses consecutivos en los que había bajado, en un momento en que los ojos están puestos en los efectos que puedan tener sobre el mercado laboral las subidas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal para contener la inflación.

Incidentes en Santo Domingo en protestas por operación anticorrupción

Los diputados Luis Henríquez (3i) y Rudy María Méndez (c) del opositor Partido de la Liberación Dominicana PLD, son auxiliados mientras huyen de los gases lacrimógenos hoy, luego de que se registraran incidentes en la entrada del Palacio de Justicia donde se encuentran detenidos varios altos funcionarios del gobierno pasado, en Santo Domingo (República Dominicana). (Foto: EFE/Orlando Barría)

Santo Domingo.- El Palacio de Justicia de Santo Domingo fue este lunes escenario de disturbios, con cuatro legisladores heridos, cuando seguidores de la oposición lanzaron piedras al edificio y la Policía respondió con gases lacrimógenos, en protesta por la operación anticorrupción de este fin de semana.

En la denominada operación Calamar fueron detenidas 19 personas, entre ellas 3 exministros de la Administración de Danilo Medina (José Ramón Peralta, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo, candidato del ahora opositor Partido de la Liberación Dominicana a las elecciones presidenciales de 2020) y el ex contralor general de la República Daniel Omar Caamaño.

Este lunes el Comité Político de esta formación opositora se reunió y, a sus puertas, se congregaron decenas de simpatizantes con gritos como «Estamos en la calle y no tenemos miedo» y carteles en los que se leía «Gonzalo preso político».

De allí, marcharon hacia el Palacio de Justicia y empezaron a tirar piedras a la sede judicial, causando la rotura de cristales, tras lo cual la Policía que acordonaba la entrada lanzó gases lacrimógenos.

En los disturbios cuatro legisladores del Partido de la Liberación Dominicana (PDL) resultaron con heridas leves, en especial cortes, y recibieron atención sanitaria en un centro médico cercano.

Simpatizantes del Partido de la Liberación Dominicana PLD protestan hoy, en la entrada del Palacio de Justicia donde se encuentran detenidos varios altos funcionarios del gobierno pasado, en Santo Domingo (República Dominicana). (Foto: EFE/Orlando Barría)

«Estábamos en la puerta del Palacio de Justicia queriendo hacer valer nuestro rol fiscalizador», esperando autorización para que dejaran «pasar una comisión a conversar», cuando sufrieron el «atropello» por parte de «un coronel que trabaja para la Fiscalía», relataron los diputados.

Como diputados, denunciaron, «tenemos el deber de ir a cualquier institución del Estado a solicitar cualquier información que entendamos», pero «fuimos agredidos, empujados, maltratados».

Justo antes de estos incidentes, la dirección del PLD se reunió para abordar la operación Calamar y presentar una declaración al respecto.

«No podemos dejar pasar, de expresar nuestra profunda indignación por la manera oportunista y atropellante en que fueron detenidos nuestros compañeros», por un Ministerio Público que actúa como «instrumento en la reelección» del presidente dominicano, Luis Abinader, el año próximo, según el texto leído ante la prensa por el secretario general del PLD Charlie Mariotti.

Pidieron al Ministerio Público investigar también a Abinader por el dinero recibido en la campaña para las elecciones de 2020, en las que ganó con su Partido Revolucionario Moderno (PRM) y avanzaron que se anunciará una jornada nacional de movilización, en la que las calles de República Dominicana «serán testigos de las luchas que libraremos» a favor del sistema democrático.

En la Operación Calamar han sido detenidas por el momento 19 personas, entre ellas los antiguos ministros Peralta (Presidencia), Guerrero (Hacienda) y Castillo (Obras Públicas y excandidato presidencial) y el ex contralor Omar Caamaño, junto al que fuera director del Consejo Estatal del Azúcar Luis Miguel Piccirilo, el antiguo director de Catastro Nacional Claudio Silver Peña y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.

Manifestantes del Partido opositor de la Liberación Dominicana PLD huyen hoy, de los gases lacrimógenos, luego de que se registraran incidentes en la entrada del Palacio de Justicia donde se encuentran detenidos varios altos funcionarios del gobierno pasado, en Santo Domingo (República Dominicana). (Foto: EFE/Orlando Barría)

Los detenidos en el operativo, que incluyó 40 registros en diferentes partes del país, serán presentados en las próximas horas ante los tribunales.

Según un comunicado de la Procuraduría General de la República, los cargos preliminares del Ministerio Público son asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente y lavado de activos, entre otros.

El supuesto entramado de corrupción distrajo a los contribuyentes más de 19.000 millones de pesos (unos 345,5 millones de dólares).

Shapiro Administration Announces $1.5 Million in Grants to Help Bolster Special Education Teacher Workforce

Photo, ThisIsEngineering, pexels

The Pennsylvania Department of Education (PDE) today announced that $1.5 million in grant funding is available to institutions of higher education (IHE) that partner with school districts to expedite the process to become a special education teacher.

“As we work to create a pipeline of high-quality educators in the Commonwealth, it is critical that we create partnerships to support schools and today’s learners,” said Acting Secretary of Education Dr. Khalid N. Mumin. “This grant funding will enable schools to meet their unique staffing needs and provide more opportunities for flexible, accelerated certification for prospective educators.”

Pennsylvania is facing a major shortage of educators across the Commonwealth. A decade ago, roughly 20,000 teacher certifications were issued each year, while in 2021 only about 6,000 were issued. The Shapiro Administration is taking action to address the education workforce shortage and make it a little bit easier for Pennsylvanians to become a teacher, because creating real opportunity for our children starts with having enough well-qualified, well-paid teachers in our classrooms.

In his budget address, Governor Josh Shapiro unveiled a refundable tax credit of up to $2,500 for three years for anyone who earns a new license or certification in education, nursing, or law enforcement, to help more Pennsylvanians become teachers and combat the shortage of education professionals in Pennsylvania. Governor Shapiro’s budget also includes an additional $103.8 million in funding for special education in Pennsylvania. This funding will support school districts as they provide high-quality education services to students with disabilities and special needs.

Through the Accelerated Program for PK-12 Special Education Teacher Certification, grants are available to colleges and universities with approved PK-12 special education certification programs to partner with at least one school district, approved private school, career and technical center, charter school, cyber charter school, or intermediate unit to provide individuals who currently hold bachelor’s degrees with summer field experiences, mentoring by experienced special educators during the school year, and deliver a postbaccalaureate program for PK-12 special education teacher certification within 18 months. Programs must offer most of the coursework during summer 2023 and summer 2024; provide a combination of in-person and virtual options for flexibility and support to the accelerated program participants working full-time; and ensure a minimum of 12 weeks of student teaching.

The maximum grant award for IHEs is $100,000 and the funds are available through December 31, 2024. IHEs should apply through the Attract-Prepare-Retain (APR) Repository by April 7, 2023. A webinar will be held on Wednesday, March 22, 2023, from 12:00 PM – 1:00 PM, and the session will be recorded and made available on the APR Repository.

This program builds on the Department’s efforts to recruit and retain teachers in Pennsylvania. PDE’s educator workforce strategy works to ensure there is a robust pipeline of educators in place to provide a high-quality education to learners of all ages across the Commonwealth.

Governor Shapiro believes that the foundation for building strong and safe communities starts with an adequate and equitable public education system. His 2023-24 budget is the first step toward a comprehensive solution to improve our public schools, push education dollars out equitably, support our teachers, and invest in targeted solutions that meet students’ needs at every level.

For more information on the Pennsylvania Department of Education, please visit the website or follow PDE on Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, or Pinterest.

Exnovia demanda a Bad Bunny por 40 millones de dólares

Bad Bunny habla en la presentación de Sony Pictures Entertainment en CinemaCon 2022 en Las Vegas el 25 de abril de 2022. En marzo de 2023, una exnovia de Bad Bunny demandó al superastro por 40 millones de dólares por una grabación muy conocida que ella le dio al cantante antes de que se volviera famoso. (Foto: AP/Chris Pizzello/Archivo)

San Juan, Puerto Rico. — Una exnovia de Bad Bunny demandó al superastro puertorriqueño por 40 millones de dólares por una conocida grabación de voz que le proporcionó al cantante antes de que se hiciera famoso.

Carliz De La Cruz Hernández, cuya sensual grabación diciendo “Bad Bunny, baby” se incluyó en dos canciones del artista, afirmó en una demanda presentada este mes en Puerto Rico que su voz y la frase que ella inventó se están usando sin su permiso.

La demanda, que fue reportada primero por el sitio puertorriqueño de noticias Noticel, señala que la frase se usó en la canción “Pa ti”, que tiene más de 355 millones de vistas en YouTube y más de 235 millones de reproducciones en Spotify. También se utilizó en la canción “Dos mil 16”, que cuenta con más de 60 millones de vistas en YouTube y 280 millones de reproducciones en Spotify.

La demanda establece que la “voz distinguible” de De La Cruz también se ha utilizado sin su consentimiento para canciones, discos, promociones, conciertos en todo el mundo, televisión, radio y plataformas sociales y musicales.

“Desde entonces, miles de personas comentan directamente en las redes sociales de Carliz, así como cada vez que acude a cualquier lugar público, acerca del ‘Bad Bunny Baby’. Lo anterior, ha provocado, y actualmente causa, que De La Cruz se sienta preocupada, angustiada, intimidada, agobiada y ansiosa”, señala la querella.

Además de Bad Bunny, cuyo nombre verdadero es Benito Martínez Ocasio, fue demandado Noah Kamil Assad Byrne, su mánager.

Se envió un mensaje a Assad y representantes de Bad Bunny sin obtener una respuesta de momento.

De La Cruz y Martínez se hicieron pareja en 2011. Un año después comenzaron a estudiar en la Universidad de Puerto Rico en el puerto norteño de Arecibo mientras trabajaban en una tienda de comestibles cercana. La demanda señala que, durante esa época, Martínez creaba constantemente canciones y ritmos y le consultaba su opinión a De La Cruz, quien estaba a cargo de programar las fiestas en las que se presentaba, manejar sus cuentas y contratos.

El origen de la frase, “Bad Bunny, baby”, llegó en 2015, cuando Martínez le pidió a De La Cruz que se grabara diciéndola. Ella la grabó en un baño mientras se quedaba con una amistad, porque ese era el sitio menos ruidoso de dónde se encontraba, y se la mandó a Martínez, señala la demanda.

El 1 de enero de 2016, Martínez le pidió a De La Cruz que se casara con él e hicieron planes para hacerlo en julio de ese año. En abril, Rimas Entertainment firmó a Martínez y tambíen en 2016 De La Cruz fue aceptada en la Universidad de Puerto Rico para estudiar derecho. Ella terminó su relación con Martínez en mayo de ese año.

Regresaron en 2017, pero se separaron una vez más.

En mayo de 2022, un representante de Bad Bunny se aproximó a De La Cruz, diciendo que necesitaba hablar con ella.

En una llamada, el representante le mencionó: “Yo sé que no te gusta hablar de Voldemort (refiriéndose a Martínez), pero tengo que preguntarte algo’”, señala la demanda.

Le ofreció 2.000 dólares para comprar la grabación de su voz. De La Cruz lo rechazó y habló con alguien en Rimas Entertainment quien también ofreció comprar la grabación diciendo que se usaría en el álbum “Un verano sin ti”, que estaba por ser lanzado, señala la demanda.

Nunca lograron llegar a un acuerdo y la canción fue publicada sin el consentimiento de De la Cruz, según los documentos judiciales.

Llegan a acuerdo de $ 9.25 millones en demandas de la protesta de 2020 en Filadelfia

La policía despliega gases lacrimógenos para dispersar a una multitud durante una protesta el 31 de mayo de 2020 en Filadelfia por la muerte de George Floyd. Funcionarios de Filadelfia anunciaron un acuerdo de $9,25 millones el lunes 20 de marzo de 2023 con cientos de personas por varias demandas que cuestionan la respuesta policial a las protestas y los disturbios civiles en 2020 después de la muerte de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis. (Foto: AP/Matt Rourke/Archivo)

Las autoridades de Filadelfia anunciaron el lunes un acuerdo de 9,25 millones de dólares con cientos de personas por varias demandas que cuestionan la respuesta policial a las protestas y los disturbios civiles en 2020 tras la muerte de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis.

Las autoridades dijeron que el dinero se distribuirá entre 343 demandantes en relación con las acciones policiales durante las protestas que estallaron en el oeste de Filadelfia, ya lo largo de la Interestatal 676, en el centro de la ciudad esa primavera. Además, una subvención proporcionará entre $500,000 y $600,000 para asesoramiento sobre salud mental para los residentes del oeste de Filadelfia.

El 1 de junio de 2020, se difundieron videos en las redes sociales, de la policía de Filadelfia disparando gases lacrimógenos contra docenas de manifestantes atrapados en la I-676. Los responsables eran oficiales del equipo SWAT en ambos lados, muchos de los cuales no pudieron retirarse a una rampa de acceso y treparon para subir un terraplén empinado, sobre un muro y valla,

Los abogados que demandaron por los eventos del día anterior en y alrededor de un corredor comercial del oeste de Filadelfia que es el corazón de un vecindario predominantemente negro, dijeron que los testigos informaron que las comunidades residenciales se convirtieron en una zona de guerra, con tanques que viajaban en las calles laterales «persiguiendo a los residentes hasta sus hogares y disparando indiscriminadamente botes de gas lacrimógeno contra ellos”.

El alcalde Jim Kenney y la comisionada de policía Danielle Outlaw enfrentaron duras críticas en dos auditorías de la planificación y respuesta a las protestas, que incluyeron múltiples enfrentamientos, quema de vehículos policiales e instancias de robos oportunistas y vandalismo en distritos comerciales. Una revisión citó fallas en la planificación que, según los investigadores, llevaron a una escasez de personal, respuestas emocionales de los oficiales y, a veces, usos excesivos de la fuerza.

 Los manifestantes marchan por la Interestatal 676 el 1 de junio de 2020, en Filadelfia, durante una marcha que pide justicia por la muerte de George Floyd. Funcionarios de Filadelfia anunciaron un acuerdo de $9.25 millones el lunes 20 de marzo de 2023 con cientos de personas por varias demandas que cuestionan la respuesta policial a las protestas y los disturbios civiles en 2020 después de la muerte de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis. (Foto: AP/Matt Rourke/Archivo)

Kenney le dijo a WCAU-TV que esperaba que el acuerdo “continuara el proceso de curación” luego de la pandemia, la injusticia racial, los disturbios civiles y la presidencia de Donald Trump.

“Hemos pasado por el escurridor, y si esto puede llevarnos a un punto en el que podamos seguir sanando, vale la pena”, dijo Kenney.

Outlaw calificó el lunes las manifestaciones masivas en Filadelfia y en todo el país tras la muerte de Floyd como “de alcance sin precedentes”, pero dijo que su departamento era “una organización de aprendizaje”.

«Junto con las partes interesadas de la ciudad, el estado y la comunidad, continuaremos trabajando sin parar para mejorar lo que hacemos como policía para proteger los derechos de la Primera Enmienda de los manifestantes, mantener seguras a nuestras comunidades y oficiales y, en última instancia, demostrar que estamos comprometidos, a un estándar más alto”, dijo Outlaw en un comunicado.

Las autoridades también dijeron que la ciudad puso fin hace dos años a su participación en un programa federal que permite la distribución de equipos militares excedentes a las agencias policiales estatales y locales. Poco después, se devolvió todo el equipo recibido bajo ese programa, dijo un portavoz de la ciudad.

“No debería haber lugar para militarizar un departamento de policía que se supone debe servir a sus ciudadanos”, dijo el lunes el abogado Charles McLaurin del Fondo de Defensa Legal de la NAACP.

Algunos de los demandantes mencionaron lesiones persistentes y efectos en la salud debido al gas lacrimógeno, el gas pimienta, las balas de goma y las bridas plásticas utilizadas en sus arrestos. Muchos de los oradores dijeron que el acuerdo no pondrá fin a sus esfuerzos y prometieron buscar reformas de gran alcance en las operaciones y la conducta policial.

Carta abierta al próximo alcalde

La candidata a alcalde Cherelle Parker (derecha) habla durante un foro de alcaldes el 14 de marzo en la Escuela Primaria Gloria Casarez en Kensington. Los candidatos han sido invitados a un foro de alcaldes de la junta escolar de Filadelfia centrado en temas educativos, programado para el martes por la noche.

La Junta de Educación pide al próximo alcalde de la ciudad que apoye cuatro prioridades clave en una carta abierta en la plataforma educativa de la Junta.

Se necesita un pueblo para educar a nuestros hijos. Los padres y tutores, miembros de la familia, educadores, consejeros, líderes escolares, enfermeras, personal de apoyo, nuestros socios, entre otros; abrazan colectivamente a nuestros estudiantes para brindar el apoyo académico, social y emocional que nuestros estudiantes necesitan para prosperar y tener éxito. Además, nuestro alcalde y miembros del Concejo Municipal, quienes autorizan casi la mitad de los fondos para las escuelas públicas en Filadelfia, tienen un papel muy importante para garantizar que nuestros niños tengan los recursos que necesitan para alcanzar su mayor potencial.

La Junta de Educación hace un llamado al próximo alcalde y miembros del Concejo Municipal de nuestra ciudad para que apoyen cuatro prioridades clave para garantizar el rendimiento académico y el bienestar de todos los estudiantes:

1. Financiar completamente las escuelas de distrito y chárter de la ciudad.

2. Mejorar las instalaciones escolares.

3. Abordar la violencia armada.

4. Proporcionar incentivos para ayudar a las escuelas con el personal completo.

Financiamiento total de las escuelas del distrito

El Distrito Escolar de Filadelfia es el único distrito escolar en la Mancomunidad de Pensilvania que no puede recaudar sus propios impuestos, y el distrito depende completamente de nuestros funcionarios electos, locales y estatales para proporcionar los recursos necesarios para garantizar que todos los estudiantes de la ciudad tengan acceso a una educación pública de calidad que los prepare para el éxito futuro.

De acuerdo con un análisis del Centro de Leyes de Interés Público y el Centro de Leyes de Educación, el Distrito Escolar necesitaría $1.14 mil millones adicionales al año para satisfacer las necesidades educativas de nuestros alumnos. Esto incluye $318 millones adicionales en fondos anuales de la ciudad. Por lo tanto, hacemos un llamado a los funcionarios de la ciudad para que equilibren las necesidades de nuestros estudiantes con las necesidades de los residentes y se comprometan a financiar completamente nuestras escuelas, aumentando las asignaciones anuales en $318 millones dentro de cuatro años.

Mejorando las Instalaciones Escolares

Nuestro objetivo es garantizar que las escuelas sean espacios seguros, acogedores y saludables donde los estudiantes y el personal quieran estar y aprender todos los días. La edad promedio de nuestros edificios escolares es de 70 años; y según un análisis de 2017 de las instalaciones del Distrito Escolar, los costos de mantenimiento diferido del distrito totalizan $4.5 mil millones. Se debe considerar la renovación de al menos 85 de nuestros edificios y se debe considerar el cierre y reemplazo de 21 edificios.

Dicho esto, estamos haciendo inversiones sustanciales en mejoras ambientales y de capital para nuestras instalaciones escolares. El año pasado, nos comprometimos a invertir $325 millones de fondos de estímulo federal durante cuatro años en grandes proyectos y renovaciones. Esto se sumó a llevar nuestras inversiones de capital totales a $ 2 mil millones durante los próximos seis años. Las mejoras actuales incluyen: nuevos proyectos de construcción y renovación, incluidas la ampliación de aulas, áreas de juegos, estacionamientos y mejoras importantes en el interior y el exterior; y mejoras ambientales que incluyen acciones de reducción relacionadas con el asbesto, certificaciones “sin plomo” y la instalación de 1,665 estaciones de hidratación. Pero se necesitan más recursos de nuestros socios de la ciudad y el estado para asegurarnos de que todos nuestros estudiantes estén aprendiendo en edificios seguros que los preparen para el éxito futuro.

Abordar la violencia armada

Existe una necesidad urgente de disminuir los niveles de violencia armada en la ciudad para mantener seguros a nuestros estudiantes, donde sea que estén, pero especialmente cuando van y vienen de la escuela. Aplaudimos el trabajo del alcalde Kenney y el Concejo Municipal para abordar esta crisis actual, pero se necesita hacer más para proteger a nuestros jóvenes. El Distrito Escolar ha implementado una serie de medidas para abordar el paso seguro hacia y desde la escuela. Sin embargo, abordar la violencia armada requiere una respuesta coordinada e integral, por lo que le pedimos al próximo alcalde y al Concejo Municipal que apoyen la implementación de programas para mantener a los estudiantes seguros cuando no están en la escuela. Estas incluyen:

• Aumentar los corredores seguros alrededor de todas las escuelas.

• Garantizar que los jóvenes tengan lugares seguros a donde ir, como bibliotecas y centros recreativos, después de la escuela, los fines de semana, durante el verano y en otros momentos cuando las escuelas están cerradas.

• Crear zonas de seguridad alrededor de las escuelas y hacer cumplir las leyes sobre armas, incluida la prohibición de que los menores posean armas.

• Expandir los servicios de salud mental del Distrito Escolar que apoyan la salud social y emocional de nuestras comunidades escolares.

Proporcionar incentivos para las escuelas con personal completo

El Distrito Escolar de Filadelfia está en desventaja para contratar y retener personal de manera competitiva en comparación con los distritos suburbanos mejor financiados, ya que el personal del Distrito de Filadelfia gana menos en promedio que sus pares con la misma experiencia y credenciales. Además, nuestro personal enfrenta desafíos exacerbados por las prioridades enumeradas anteriormente, a saber: instalaciones obsoletas, violencia armada y financiamiento inadecuado. Hacemos un llamado al próximo alcalde y a los miembros del consejo de la ciudad para que se asocien con el distrito escolar en los esfuerzos de reclutamiento y retención al proporcionar:

Estacionamiento en la calle alrededor de las escuelas para el personal escolar.

Pases SEPTA para el personal escolar que usa el transporte público; y condonación de préstamos, vales de vivienda u otros incentivos para que los residentes de la ciudad trabajen en las escuelas de Filadelfia.

La Junta de Educación aprecia enormemente el apoyo a la educación pública que el Concejo Municipal y el alcalde Kenney le han brindado al Distrito Escolar a lo largo de los años. Es nuestra responsabilidad colectiva unirnos y servir como un pueblo para que nuestros niños los apoyen, eduquen, protejan e inspiren para que alcancen su mayor potencial, a menudo superando los enormes desafíos que muchos enfrentan todos los días.

Prosecutors rest in sedition case against Proud Boys leaders

Proud Boys leader Henry "Enrique" Tarrio wears a hat that says The War Boys during a rally in Portland, Ore., Sept. 26, 2020. Federal prosecutors have rested their seditious conspiracy case against former Proud Boys leader Enrique Tarrio and four lieutenants charged with plotting to stop the peaceful transfer of presidential power from Donald Trump to Joe Biden after the 2020 election. Jurors will hear testimony by defense witnesses before they begin deliberating. (Photo: AP/Allison Dinner/File)

Washington, EE. UU. — Federal prosecutors on Monday rested their seditious conspiracy case against former Proud Boys leader Enrique Tarrio and four lieutenants charged with plotting to stop the transfer of presidential power from Donald Trump to Joe Biden after the 2020 election.

Jurors will hear testimony from defense witnesses before deliberating in one of the most serious cases to come out of the Justice Department’s massive investigation of the violent Jan. 6, 2021, Capitol insurrection.

Defense attorneys have argued there is no evidence the Proud Boys plotted to attack the Capitol and stop Congress from certifying Biden’s electoral victory. Norm Pattis, an attorney for former Proud Boys leader Joseph Biggs, said the group Boys had no plan, “no understanding” and no “implicit conspiracy” for Jan. 6.

“They did not come to your home to cause a riot,” Pattis told jurors on Monday.

The jury in Washington’s federal court has heard more than 30 days of testimony over more than two months by more than 20 prosecution witnesses, including two former Proud Boys members who are cooperating with the government in hopes of lighter sentences.

Tarrio, a Miami resident who served as national chairman of the group, and the other Proud Boys could face up to 20 years in prison if convicted of seditious conspiracy.

The case comes on the heels of the seditious conspiracy convictions of Oath Keepers leader Stewart Rhodes and a Florida leader of the antigovernment group. Four other Oath Keepers were convicted of seditious conspiracy in January. Rhodes and other Oath Keepers are scheduled to be sentenced in May.

Also on trial with Tarrio and Biggs are Ethan Nordean, Zachary Rehl and Dominic Pezzola.

Nordean, of Auburn, Washington, was a Proud Boys chapter leader. Biggs, of Ormond Beach, Florida, was a self-described Proud Boys organizer. Rehl was president of the Proud Boys chapter in Philadelphia. Pezzola was a Proud Boys member from Rochester, New York.

Nordean’s attorney called the first defense witnesses, including former Proud Boys member Travis Nugent, of Vancouver, Washington. Nugent, who hasn’t been charged with any riot-related crimes, testified that he was shocked to see rioters breach police barricades near the Capitol.

“It definitely felt spontaneous to me,” Nugent said. “I didn’t know it was going to happen.”

“You had every reason to expect violence, didn’t you?” prosecutor Conor Mulroe asked Nugent during his cross-examination.

“No,” Nugent replied.

Most of the defendants aren’t accused of engaging in violence themselves. Tarrio wasn’t even at the Capitol on Jan. 6. Police arrested him in Washington, D.C., on separate charges two days before the riot, and he heeded a judge’s order to leave the nation’s capital.

“It’s too hard to blame Trump,” Sabino Jauregui, one of Tarrio’s lawyers, said during the trial’s opening statements. “It’s easier to blame Enrique as the face of the Proud Boys.”

Prosecutors have employed an unusual theory that Proud Boys leaders mobilized a handpicked group of foot soldiers — or “tools” — to supply the force necessary to carry out their plot by overwhelming police and breaching barricades. Defense attorneys have dismissed the government’s “tools” theory as a novel, flawed concept with no legal foundation.

Jurors have seen hundreds of messages that Tarrio and other Proud Boys privately exchanged on the Telegram platform and publicly on social media before, during and after the Jan. 6 attack. The messages show the Proud Boys becoming increasingly agitated as Trump’s legal challenges fail in the weeks leading up to Jan. 6. The messages also show the Proud Boys celebrating the attack on the Capitol and their role in it.

In one exchange shown to jurors, Tarrio urged his fellow extremists to stay at the Capitol on Jan. 6.

“Make no mistake,” he wrote. “We did this.”

That evening, Rehl’s mom asked if he was OK.

“I’m ok!” Rehl replied. “Seems like our raid of the capital set off a chain reaction of events throughout the country. i’m so (expletive) proud.»

The Proud Boys trial has lasted significantly longer than the judge and attorneys expected when jury selection began in December. The proceedings have been bogged down by bickering. Defense lawyers have routinely sparred with U.S. District Judge Timothy Kelly during breaks in testimony and repeatedly asked for him to declare a mistrial.

Two onetime Proud Boys members, Matthew Greene and Jeremy Bertino, were among the key witnesses for prosecutors.

Greene testified in January that Proud Boys members were expecting a “civil war” after the 2020 election. Bertino testified last month that the Proud Boys saw themselves as “the tip of the spear» and plotted to keep Biden out of the White House because they wanted to “save the country” from what they feared would be a tyrannical government.

Greene and Bertino said they didn’t know of any specific plan to storm the Capitol. Greene said group leaders celebrated the attack on Jan. 6 but didn’t explicitly encourage members to use force.

“My expectation was, if there was violence started, you should not back down,” Greene testified.

Bertino, of North Carolina, is the only Proud Boys member who has pleaded guilty to a seditious conspiracy charge. Greene, of Syracuse, New York, pleaded guilty to conspiring to obstruct the Jan. 6 joint session of Congress certifying the Electoral College vote.

$9.25 million settlement settlementin 2020 protest lawsuits

Police deploy tear gas to disperse a crowd during a protest on May 31, 2020, in Philadelphia over the death of George Floyd. Philadelphia officials announced a $9.25 million settlement Monday, March 20, 2023, with hundreds of people over several lawsuits challenging the police response to the protests and civil disorder in 2020 after George Floyd's death at the hands of Minneapolis police. (Photo: AP/Matt Rourke/File)

Philadelphia officials announced a $9.25 million settlement Monday with hundreds of people over several lawsuits challenging the police response to the protests and civil disorder in 2020 after George Floyd’s death at the hands of Minneapolis police.

Officials said the money will be distributed among 343 plaintiffs in connection with police actions during the protests that erupted in west Philadelphia and along Interstate 676 in the city center that spring. In addition, a grant will provide $500,000 to $600,000 for mental health counseling for west Philadelphia residents.

Videos of Philadelphia police firing tear gas on June 1, 2020, at dozens of protesters trapped on I-676 by SWAT team officers on both sides — many unable to retreat to an on-ramp and clambering to get up a steep embankment and over a concrete wall and fence — were spread widely on social media.

Attorneys suing over events the day before in and around a west Philadelphia business corridor that is the heart of a predominantly Black neighborhood said witnesses reported residential communities turned into a war zone, with tanks traveling on side streets «chasing residents into their homes and indiscriminately firing canisters of tear gas at them.”

Protesters march down Interstate 676 on June 1, 2020, in Philadelphia, during a march calling for justice over the death of George Floyd. Philadelphia officials announced a $9.25 million settlement Monday, March 20, 2023, with hundreds of people over several lawsuits challenging the police response to the protests and civil disorder in 2020 after George Floyd’s death at the hands of Minneapolis police. (Photo: AP/Matt Rourke/File)

Mayor Jim Kenney and Police Commissioner Danielle Outlaw faced harsh criticism in two audits of the planning and response to the protests, which included multiple clashes, the burning of police cars, and instances of opportunistic thefts and vandalism in business districts. One review cited failures in planning that researchers said led to short staffing, emotional responses from officers, and sometimes excessive uses of force.

Kenney told WCAU-TV he hoped the settlement would “continue the healing process” following the pandemic, racial injustice, civil unrest, and Donald Trump’s presidency.

“We’ve been through the wringer, and if this can bring us to a point where we can continue to heal, it’s worth it,” Kenney said.

Outlaw on Monday called the mass demonstrations in Philadelphia and across the nation following Floyd’s death “unprecedented in scope” but said her department was “a learning organization.»

«Along with city, state, and community stakeholders, we will continue to work non-stop towards improving what we as police do to protect the First Amendment rights of protestors, keep our communities and officers safe, and to ultimately prove that we are committed to a higher standard,” Outlaw said in a statement.

Officials also said the city two years ago ended its participation in a federal program that allows distribution of surplus military equipment to state and local law enforcement agencies. Shortly afterward, all of the equipment received under that program was returned, a city spokesperson said.

“There should be no place for militarizing a police department that is supposed to serve its citizens,” attorney Charles McLaurin of the NAACP Legal Defense Fund said Monday.

Some of the plaintiffs cited lingering injuries and health effects due to tear gas, pepper spray, rubber bullets and the zip-ties used in their arrests. Many of the speakers said the settlement will not end their efforts and vowed to seek far-reaching reforms of police operations and conduct.