Migrantes pidieron «clemencia» al presidente estadounidense, Donald Trump, al vencer este lunes el Estatus de Protección Temporal (TPS) de casi 60.000 hondureños y nicaragüenses, lo que los expone a la deportación tras vivir más de 25 años en Estados Unidos.
«Le pedimos, por favor, que, ya que cerró las fronteras, a los que estamos acá adentro nos dé un estatus temporal, se lo pedimos con clemencia, de corazón, que no olvide que nosotros hemos construido, hemos trabajado, hemos aportado», declaró a EFE la hondureña Iris Aguilar en Miami.
Una docena de hondureños se reunieron en de la Pequeña Habana para advertir de una «verdadera tragedia humana» porque este lunes termina dicho alivio migratorio vigente desde 1999 para Honduras y Nicaragua porque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) considera que «ya no continúan cumpliendo los criterios para la designación del TPS».
El fin del TPS afectaría en particular a migrantes de Florida, donde vive uno de cada tres de los más de 1 millón de beneficiarios de Estados Unidos, según un reporte del Congreso, además de ser el segundo estado, después de Texas, con más hondureños, de los que más de 55.000 perderán ahora su protección a la deportación.
«Pedimos al presidente que queremos el TPS, que nos active el TPS porque en estos momentos, a partir de las 12:00 de la noche, nuestro seguro médico, muchos beneficios van a ser cortados, después de las 12:00 de la noche, estamos sin nada, sin licencia», expuso Lesly Mejía, una de las afectadas.
¿Condiciones para volver?
El DHS argumentó que Washington concedió el TPS a estas nacionalidades tras el golpe en octubre de 1998 del huracán Mitch, el segundo ciclón más mortífero en la historia del Atlántico porque dejó más de 11.300 muertos en Centroamérica, incluyendo cerca de 7.000 en Honduras y casi 4.000 en Nicaragua.
Pero ahora asegura que, desde entonces, «ha habido mejoras notables» en las situaciones de ambos países que «permiten el adecuado retorno de sus ciudadanos», un argumento que ha respaldado la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, aunque los migrantes afirman que «al contrario, las condiciones empeoraron».
«En Nicaragua se establece una dictadura y en Honduras los gobiernos se volvieron cómplices del crimen organizado. Lamentamos profundamente las recientes declaraciones de la Presidenta Xiomara Castro al afirmar que Honduras ya es un país seguro para retornar. Esa afirmación dista de la realidad», sostuvo Mejía.
Las deportaciones desde Estados Unidos amenazan con agravar la situación económica en Honduras, donde más de la cuarta parte de la economía, el 27 % del producto interior bruto (PIB), depende de las remesas, advirtió Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, que representa a los hondureños.
«Honduras es un país que ahora mismo no tiene las condiciones para recibir a más de 55.000 hondureños que gozan del beneficio del TPS, y 60.000 niños, ciudadanos americanos que nacieron en este país, y sus respectivas madres, esposas o padres», alertó.
Un último intento
Para combatir el fin del TPS, Flores apuntó que aún persiste un proceso legal en una corte en el Noveno Circuito, en San Francisco, pero la decisión llegaría el 18 de noviembre, por lo que en estos dos meses los hondureños quedan expuestos a la deportación.
Esto ya trastoca la vida de familias estadounidenses como la del puertorriqueño Julio Marrero, casado con una beneficiaria del TPS que lleva dos meses sin empleo y tiene miedo de salir de casa, pues la deportación implicaría dejar atrás a sus hijos y nietos.
«(Tiene) mucho miedo, mucho de que vengan a tocar la casa, está encerrada, no quiere salir ni a afuera y es muy alarmante. Si no se llega a hacer nada el 18 de noviembre, pues estamos viendo prácticamente tener que salir del país», relató Marrero.
La desprotección de los hondureños y nicaragüenses llega días después que un juez federal bloqueó el viernes la orden de la Administración Trump de poner fin al TPS que ampara a más de un millón de inmigrantes de Venezuela y Haití.
