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Senado de EE. UU. confirma a Markwayne Mullin como secretario de Seguridad Nacional

Por
Associated Press
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Markwayne Mullin, senador republicano por Oklahoma y nominado para ser secretario de Seguridad Nacional, en el Congreso en Washington, el 18 de marzo del 2026.. (Foto: AP/Manuel Balce Ceneta)

El Senado confirmó el lunes a Markwayne Mullin como secretario de Seguridad Nacional, aprobando al nominado del presidente Donald Trump para tomar las riendas de la atribulada agencia después de que Kristi Noem fue despedida en medio de fuertes críticas relacionadas con las operaciones de control migratorio y deportaciones del gobierno federal.

Mullin, un senador republicano por Oklahoma que es conocido por su estrecha amistad con Trump, ha intentado presentarse como una mano firme, asegurando que su objetivo será sacar a la agencia de la primera plana de las noticias.

Asume el control del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) en un momento complicado, horas después de que Trump ordenó el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) para reforzar la seguridad en los aeropuertos durante un estancamiento presupuestario en el Congreso.

Los senadores lo confirmaron en el cargo en una votación prácticamente en proporción partidista de 54-45.

El financiamiento para operaciones de rutina del DHS ha quedado bloqueado desde el 14 de febrero, lo que ha provocado largas esperas en aeropuertos de todo el país ante la ausencia de agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) que no han cobrado su sueldo durante el estancamiento. Los demócratas exigen que el gobierno de Trump federal implemente cambios en sus operaciones de control migratorio tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses este año en Minneapolis. El mandatario rechazó la más reciente propuesta y las conversaciones se han estancado.

Expeleador de artes marciales mixtas

Aunque el senador llega al cargo después de más de una década en el Congreso y con la experiencia de dirigir un creciente negocio familiar de plomería en Oklahoma, no era considerado como una figura clave en materia migratoria.

Expeleador de artes marciales mixtas y miembro del equipo de lucha en la universidad que ha dirigido las sesiones de entrenamiento en el gimnasio del Congreso, Mullin compaginó con legisladores de ambos partidos y a menudo es considerado como un negociador partidista en Washington.

Fue su lealtad a Trump lo que le consiguió el puesto y probablemente se mantendrá fiel al enfoque del mandatario. Mullin fue un firme defensor de la agenda migratoria de Trump y de los agentes del ICE antes de ser elegido para el cargo.

“Puedo tener opiniones diferentes a las del resto de la sala, pero como secretario de Seguridad Nacional estaré protegiendo a todos”, declaró Mullin durante su audiencia de confirmación.

El control migratorio y el estancamiento presupuestario

El primer desafío de Mullin será restablecer el financiamiento para operaciones de rutina de la agencia, el cual ha quedado bloqueado desde mediados de febrero cuando los demócratas exigieron mayor control a las operaciones migratorias. Quieren que los agentes de inmigración se identifiquen apropiadamente en sus uniformes y lleven el rostro descubierto, además de abstenerse de realizar operativos cerca de escuelas, iglesias, hospitales y otros lugares sensibles; que lleven cámaras corporales; y que obtengan la aprobación de un juez antes de entrar en viviendas o espacios privados.

En su audiencia de confirmación de la semana pasada, Mullin intentó presentarse como una mano firme —una imagen que fue cuestionada por el presidente de la comisión, el senador republicano Rand Paul. Los demócratas también se muestran escépticos por considerarlo como un ejecutor leal de la agenda de Trump.

Paul votó en contra de Mullin. Los senadores demócratas John Fetterman y Martin Heinrich se sumaron a la mayoría de los demás republicanos.

“Markwayne Mullin está listo para liderar”, dijo el senador John Barrasso, el segundo republicano de mayor rango. Afirmó que Mullin “servirá con seriedad y carácter. Será un líder que hará más seguro a nuestro país”.

Mullin llega al cargo en un momento en que el apoyo público a la agenda migratoria del presidente ha caído tras un año de operativos en varias ciudades del país. Bajo el liderazgo de Noem, se acusó a los agentes de usar fuerza excesiva para arrestar a inmigrantes, mantenerlos retenidos en condiciones insalubres y eludir el debido proceso para su deportación expedita.

Durante su audiencia de confirmación se retractó de algunos de sus comentarios, admitiendo que se equivocó al arremeter contra el manifestante Alex Pretti después de que fue abatido a tiros por un agente del ICE. Aseguró que, como secretario, se abstendría de emitir juicios antes de que se realice una investigación.

También arrojó luz sobre otras formas en que podría influir en la política migratoria. Por ejemplo, afirmó que los agentes estarían ahora obligados a contar con una orden firmada por un juez —no las órdenes administrativas que los agentes del ICE utilizan actualmente — para entrar en una casa, salvo en circunstancias excepcionales.

Reconoció las preocupaciones en algunas comunidades sobre la construcción de enormes centros de detención del ICE en sus vecindarios y afirmó que cortar fondos federales a las llamadas jurisdicciones santuario que no colaboran con el ICE sería un último recurso.

Pero, es en última instancia la Casa Blanca la que fija la agenda sobre cómo se ejecuta la visión migratoria de Trump, y se tiene previsto que Mullin siga el ejemplo. Trump enfrenta un fuerte grupo de presión dentro del Partido Republicano para cumplir su promesa de deportar a un millón de personas al año.

FEMA y la ayuda federal para desastres

Mullin también tendrá que trazar un nuevo rumbo en la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, que ha sido objeto de escrutinio mientras entrega ayuda por desastres a partes del país duramente golpeadas por huracanes y otras catástrofes naturales.

Un número creciente de críticos, incluso compañeros republicanos, afirmó que la política de Noem de aprobar personalmente los contratos por encima de 100.000 dólares ralentizó la respuesta a desastres, y el departamento aún no cuenta con un administrador de tiempo completo.

Mullin presentó un nuevo enfoque sobre la gestión federal de emergencias durante su audiencia de confirmación en el Senado, al rechazar la idea de eliminar la FEMA y decir que revocaría la norma de Noem sobre la aprobación de contratos.

Periodistas de Voice of America alegan que Trump quiere volverlo un medio de propaganda

Por
Associated Press
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Voice of America
ARCHIVO - El edificio de The Voice of America en Washington D.C., el 5 de mayo de 2025. (Foto AP/Gene J. Puskar, archivo)

Algunos periodistas del medio Voice of America, que ofrece noticias en todo el mundo, denunciaron en una demanda el lunes que el gobierno de Trump, que en gran medida ha paralizado el medio financiado por el gobierno, convirtiendo lo que queda en una voz de propaganda.

La demanda sostiene que las transmisiones de VOA dirigidas a poblaciones en Irán, China, Corea del Norte y a poblaciones kurdas no se están gestionando como fuentes de noticias objetivas, como exige la ley. En cambio, repiten los argumentos de la Casa Blanca y suprimen noticias que el gobierno desea minimizar, según la demanda, presentada el lunes ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Washington.

En respuesta, la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales, que dirige Voice of America, afirmó que el dinero de los contribuyentes debe respaldar emisiones que reflejen la política de Estados Unidos y los intereses del pueblo estadounidense.

La disputa más reciente refleja posturas distintas entre los periodistas y el gobierno del presidente Donald Trump, que ha promovido medios afines que rara vez ofrecen algo más que preguntas suaves, de manera más notable en el Pentágono.

Un juez federal ordenó la semana pasada que cientos de periodistas de VOA que habían sido puestos en licencia con goce de sueldo durante el último año volvieran a trabajar, al señalar que la elegida por Trump para dirigir la USAGM, Kari Lake, se excedió en su autoridad. El gobierno está apelando ese fallo.

Voice of America, que ha transmitido sus emisiones a todo el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, fue concebida para mostrar la libertad de prensa a países donde no existe esa tradición. Pero, en lugar de operar de ese modo, los periodistas de VOA Barry Newhouse, Ayesha Tanzeem, Dong Hyuk Lee y Ksenia Turkova afirman que se ha colocado a leales a Trump para dirigir lo que se informa en las pocas transmisiones de VOA que aún quedan.

Por ejemplo, la cobertura de la guerra con Irán enviada a ese país no ha incluido ninguna noticia sobre el número de muertos por los ataques aéreos de Estados Unidos ni las perspectivas de líderes políticos y mundiales fuera del gobierno, mientras que el bombardeo de una escuela primaria fue “apenas mencionado”, indicó la demanda. El funcionario designado por Lake que supervisa los servicios en persa, kurdo y afgano ha dicho que todas las apariciones de invitados en las transmisiones deben ser aprobadas por él, añadió.

Los demandantes manifestaron en un comunicado: “A través del periodismo de VOA, quienes viven en sociedades autoritarias prueban un poco de democracia. Sin integridad editorial, VOA no será diferente de los portavoces del gobierno que nuestras audiencias ya escuchan en su propio país”.

El gobierno ha cuestionado si los contribuyentes deberían asumir el costo de transmitir opiniones que van en contra de los intereses estadounidenses. Lake, en un testimonio ante el Congreso el año pasado, sugirió que se elimine el tradicional cortafuegos entre el gobierno y los periodistas en agencias como Voice of America y Radio Free Europe/Radio Liberty. Lake expresó: “Deberíamos poder tener control sobre qué tipo de contenido sale. Debería estar alineado con nuestra política exterior”.

La Agencia para los Medios Globales “es responsable de la supervisión de sus redes, incluida Voice of America, y de garantizar el cumplimiento de la carta de VOA, que exige un periodismo autorizado y preciso que refleje y presente con claridad las políticas de Estados Unidos”, señaló la agencia en un comunicado el lunes.

Las organizaciones PEN America y Reporteros Sin Fronteras respaldaron el lunes a los periodistas de VOA en su demanda.

Mayor Parker proposes a dollar tax on shared rides to save Philadelphia’s public schools

Por
Aleida García
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Philadelphia’s public schools

ALEIDA GARCIA

The sounds of the rain fell against the brick facade of the Delaplaine McDaniel School at 1801 South 22nd Street, but inside, something was shifting. Standing beside Superintendent Dr. Tony Watlington, Mayor Cherelle Parker stepped to the microphone Monday and did what community advocates, parents, and educators had been begging City Hall to do: she put money on the table to rescue 18 schools from the School District of Philadelphia’s Facilities Plan.

A Crisis in the classrooms

Mayor Parker explained that the school district’s financial distress stems from decades of chronic underfunding by the state. and the expiration of federal COVID-19 relief funds. Superintendent Watlington’s $225 million cut plan has been an attempt to triage the situation. At the Central Office, approximately 130 vacant positions would be eliminated, saving $30 million. At the school level, 220 building-substitute positions would be cut, and roughly 340 employees would be reassigned to fill vacancies rather than face layoffs. Even so, a deficit will remain.

Mayor Parker’s proposal is a $1-per-ride tax on rideshare services like Uber and Lyft originating within city limits. This proposal aligns with taxes such as cigarette and soda taxes. Originally floated as a 20-cent fee in her March 12 budget address, Parker raised it to $1 per ride after the district revealed the full extent of its cash crisis. The tax would generate an estimated $192 million over five years, beginning six months earlier than planned, protecting critical school-based positions threatened by a $300 million structural deficit. “While I am mayor, we will do everything we can so students don’t have to suffer.” — Mayor Cherelle Parker.

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One driver, two kids, one question

Roberto, a father of two from Juanita Park who drives for both Lyft and Uber, heard about the mayor’s announcement. His response was layered. “I support keeping the schools open. That’s my priority,” he said. “My kids go to our neighborhood school, and I want them to stay there. I understand the district needs money.” But Roberto paused, his voice carrying the particular weight of a man doing math in real time. “I already pay real estate taxes. I already pay the soda tax every time I buy a drink. And now this. Other parents with kids in these same schools — they don’t have a new tax on their work. Why should the burden fall on drivers?”

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Mayor Parker addressed this tension directly at the announcement, making clear that rideshare companies — not drivers — can elect to absorb the tax but are not legally required to do so. Roberto had heard that, too. “Maybe the company pays it. But we all know how these companies work,” he said with a quiet smile. “Maybe the rider should pay for it, then the city could spread the burden around more.” Make it fair.”

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Roberto did find comfort in other parts of the plan — particularly the Philadelphia Parking Authority pilot, which will use $3 million annually to help low-income residents clear tickets and recover impounded vehicles. “That helps people like me. You lose your car, you lose your income.” But his eyes came back to the same place they always did: the school down the street. “Keep that school open. That’s all I’m asking.” Roberto’s concern is far from singular. In January, Watlington unveiled a $2.8 billion Facilities Master Plan proposing 20 closures. After fierce community resistance — 47 public listening sessions, 35 data-verification sessions with principals, and over 13,000 survey responses — the number was revised to 18 in February. Twelve properties would be repurposed for district use; the rest would be conveyed to the city for workforce housing. The 18 targeted schools are exempt from the budget cuts, but for families in those communities, that promise offers cold comfort.

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The ongoing costs.

Parker’s five-year revenue plan also draws on shifting 1% more of Real Property Tax to the district, projected to contribute $119 million over five years, alongside a push for philanthropic investment. “Our kids are worth it, and they deserve it,” said Mayor Cherelle Parker. The proposal enters three months of City Council hearings beginning March 24. The rideshare tax would not take effect until July 1, 2027, and Harrisburg’s authorization remains uncertain in a divided legislature. Philadelphia’s history with targeted taxes is instructive. The $2-per-pack cigarette tax launched in October 2014 raised roughly $50 million in its first nine months specifically for the school district — a genuine help, but projected to decline as smokers quit or crossed city lines. The sweetened beverage tax, in place since January 2017, has generated over $481 million in total, funding pre-K and parks — vital programs, but not direct operational relief for schools facing this deficit. Creative taxes help but are only part of the solution. For Roberto, maths remains unresolved. He wants the school to stay. He wants the tax to be fair. He wants his children to walk to class in September and find their teachers still there.

Nuevo impuesto a Uber y Lyft para financiar escuelas en Filadelfia

Por
Aleida García
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impuesto
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La lluvia golpeaba la fachada de ladrillo de la escuela Delaplaine McDaniel, en el 1801 de South 22nd Street, pero dentro del edificio algo estaba cambiando. De pie junto al superintendente del Distrito Escolar de Filadelfia, el Dr. Tony Watlington, la alcaldesa Cherelle Parker se acercó al micrófono el pasado lunes, e hizo lo que líderes comunitarios, padres y educadores llevaban tiempo pidiendo al Ayuntamiento: puso dinero sobre la mesa para rescatar a 18 escuelas del Plan de Instalaciones del Distrito Escolar de Filadelfia.

Una crisis en las aulas

La alcaldesa Parker explicó que la crisis financiera del distrito escolar es el resultado de décadas de financiamiento estatal insuficiente y de la expiración de los fondos federales de alivio por la pandemia de COVID-19. El plan de recortes por 225 millones de dólares presentado por el superintendente Watlington ha sido un intento de contener la emergencia.

En la oficina central del distrito, se eliminarían aproximadamente 130 puestos vacantes, lo que representaría un ahorro de 30 millones de dólares. A nivel escolar, se recortarían 220 puestos de sustitutos por edificio y cerca de 340 empleados serían reasignados para cubrir vacantes en lugar de enfrentar despidos. Aun así, el déficit persistiría.

La propuesta de la alcaldesa consiste en un impuesto de 1 dólar por viaje a servicios de transporte compartido como Uber y Lyft que se originen dentro de los límites de la ciudad. Esta iniciativa se alinea con otros impuestos específicos, como los impuestos al cigarrillo y a las bebidas azucaradas. Originalmente presentada como una tarifa de 20 centavos en su discurso presupuestario del 12 de marzo, Parker aumentó el monto a un dólar por viaje después de que el distrito revelara la magnitud total de su crisis de liquidez.

Se estima que el impuesto generaría 192 millones de dólares en cinco años, comenzando seis meses antes de lo previsto, lo que permitiría proteger puestos escolares esenciales amenazados por un déficit estructural de 300 millones de dólares.
“Mientras yo sea alcaldesa, haremos todo lo posible para que los estudiantes no tengan que sufrir”, afirmó Cherelle Parker.

Un conductor, dos hijos, una pregunta

Roberto, padre de dos hijos y residente de Juanita Park, trabaja como conductor tanto para Lyft como para Uber. Al enterarse del anuncio de la alcaldesa, su reacción fue compleja.

“Yo apoyo que las escuelas sigan abiertas. Esa es mi prioridad”, dijo. “Mis hijos van a la escuela del vecindario y quiero que se queden ahí. Entiendo que el distrito necesita dinero”.

Pero Roberto hizo una pausa, con la expresión de alguien haciendo cuentas en tiempo real. “Ya pago impuestos a la propiedad. Ya pago el impuesto a las sodas cada vez que compro una bebida. Y ahora esto. Otros padres con hijos en estas mismas escuelas no tienen un impuesto nuevo sobre su trabajo. ¿Por qué la carga tiene que caer sobre los conductores?”

La alcaldesa Parker abordó esta tensión directamente durante el anuncio, dejando claro que las empresas de viajes compartidos —no los conductores— pueden optar por absorber el impuesto, aunque no están legalmente obligadas a hacerlo. Roberto ya había escuchado eso.

“Tal vez la compañía lo pague. Pero todos sabemos cómo funcionan esas empresas”, dijo con una sonrisa discreta. “Quizás el pasajero debería pagarlo, así la ciudad podría repartir la carga entre más personas. Que sea justo”.

Roberto también encontró alivio en otras partes del plan, en particular en el programa piloto de la Autoridad de Estacionamiento de Filadelfia, que destinará 3 millones de dólares anuales para ayudar a residentes de bajos ingresos a saldar multas y recuperar vehículos confiscados.

“Eso ayuda a gente como yo. Si pierdes el carro, pierdes el ingreso”, explicó. Pero su mirada siempre volvía al mismo lugar: la escuela de la esquina. “Mantengan esa escuela abierta. Eso es todo lo que pido”.

Los costos que continúan

La preocupación de Roberto no es única. En enero, Watlington presentó un Plan Maestro  por 2,800 millones de dólares que proponía el cierre de 20 escuelas. Tras una fuerte resistencia comunitaria —47 sesiones públicas de escucha, 35 reuniones de verificación de datos con directores y más de 13,000 respuestas a encuestas— la cifra se redujo a 18 en febrero.

Doce propiedades serían reutilizadas para uso del distrito y el resto sería transferido a la ciudad para proyectos de vivienda. Aunque las 18 escuelas señaladas están exentas de los recortes presupuestarios, para las familias de esas comunidades la promesa ofrece poco consuelo.

El plan de ingresos a cinco años de Parker también incluye redirigir un 1% adicional del impuesto a la propiedad inmobiliaria al distrito escolar, lo que aportaría 119 millones de dólares en cinco años, además de un impulso a la inversión filantrópica.

“Nuestros niños lo valen y se lo merecen”, afirmó la alcaldesa.

La propuesta entrará en tres meses de audiencias en el Concejo Municipal a partir del 24 de marzo. El impuesto a los viajes compartidos no entraría en vigor hasta el 1 de julio de 2027, y su aprobación en Harrisburg sigue siendo incierta en una legislatura dividida.

La historia de Filadelfia con impuestos dirigidos ofrece lecciones importantes. El impuesto de dos dólares por paquete de cigarrillos, implementado en octubre de 2014, recaudó aproximadamente 50 millones de dólares en sus primeros nueve meses específicamente para el distrito escolar, aunque se proyectó que disminuiría a medida que los fumadores dejaran el hábito o compraran fuera de la ciudad. El impuesto a las bebidas azucaradas, vigente desde enero de 2017, ha generado más de 481 millones de dólares, financiando programas de pre-K y parques —iniciativas vitales, pero que no alivian directamente los costos operativos de las escuelas frente a este déficit.

Los impuestos creativos ayudan, pero solo son parte de la solución

Para Roberto, las cuentas siguen sin cerrar. Quiere que la escuela permanezca abierta. Quiere que el impuesto sea justo. Quiere que, en septiembre, sus hijos caminen a clase y encuentren a sus maestros todavía allí.

Sindicatos de Filadelfia exigen la salida de ICE del aeropuerto PHL, el pago inmediato a trabajadores de la TSA y el fin de ambientes laborales inseguros

Por
Redacción Impacto
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Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) patrullan el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong, el lunes 23 de marzo de 2026, en Kenner, Luisiana. (David Grunfeld/The New Orleans Advocate vía AP)

En respuesta al despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en aeropuertos ordenado por el presidente Trump —como medida para enfrentar las largas filas de seguridad provocadas por la negativa del Congreso a aprobar un presupuesto que garantice el pago a los empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA)—, el presidente del Consejo AFL-CIO de Filadelfia, Daniel P. Bauder, emitió la siguiente declaración:

“Nuestro Consejo representa a más de 110 sindicatos locales, incluidos más de una docena en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia (PHL). La presencia de agentes de ICE en el lugar de trabajo pone tanto a los trabajadores como al público viajero en una situación innecesariamente insegura y peligrosa.

Los miembros sindicales en PHL sirven alimentos, empujan sillas de ruedas, reparan maquinaria, registran a los pasajeros, limpian instalaciones, gestionan la seguridad y realizan muchas otras labores. Sin estos trabajadores, PHL no podría funcionar. El despliegue de ICE en el aeropuerto pone en riesgo a todos los trabajadores, sin importar su raza, etnia o estatus migratorio.

ICE tiene un historial ampliamente documentado de:

  • Detener personas sin causa probable, incluidos ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes y titulares de visas.
  • Usar fuerza inapropiada, incluso letal, contra ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes y titulares de visas.
  • Participar en prácticas de perfil racial en sus operaciones, incluyendo contra ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes y titulares de visas.

Hacemos un llamado a todos nuestros funcionarios electos para que exijan el fin inmediato del despliegue de ICE en PHL. Esta amenaza es otra distracción frente a los verdaderos problemas que enfrentan los trabajadores de Filadelfia.

Dejen de jugar juegos políticos con nuestra seguridad y nuestros lugares de trabajo.

Solo hay una solución real a los problemas que estamos viendo en PHL y en aeropuertos de todo el país: el Congreso debe financiar de inmediato a la TSA. Los trabajadores de la TSA, miembros del sindicato AFGE, han estado presentándose a trabajar todos los días sin recibir su salario porque creen en la misión de mantener seguro al público que viaja. Merecen que se les pague, no ser reemplazados por agentes armados, sin la capacitación adecuada, que han demostrado lo peligrosos que pueden ser.

Todo trabajador tiene derecho a un lugar de trabajo seguro, libre del temor al acoso, a violaciones de derechos civiles, a lesiones o a detenciones ilegales. Exigimos que ICE abandone inmediatamente PHL y que el Congreso pague ya a los trabajadores de la TSA y garantice la seguridad de todos los trabajadores del aeropuerto”.

ACLU promotes national campaign on citizenship featuring a Springsteen song

Por
Impacto Staff
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ACLU
Photo: ACLU Web

WASHINGTON — The American Civil Liberties Union (ACLU) has launched a national advertising campaign ahead of its April 1 arguments before the U.S. Supreme Court in a historic case involving the constitutional right to birthright citizenship.

Titled “The Beat,” the campaign features Bruce Springsteen’s iconic song “Born in the U.S.A.” In a rare move, the musician authorized the use of the anthem to highlight what is at stake in the case Trump v. Barbara and to underscore the role of birthright citizenship as a core American value.

“Bruce Springsteen’s song ‘Born in the U.S.A.’ is an American anthem. It captures what birthright citizenship has made possible for generations: the simple, powerful guarantee that if you are born here, you belong here,” said Anthony D. Romero, executive director of the ACLU. “As the ACLU prepares to defend this bedrock principle in the nation’s highest court, millions of Americans agree that the 14th Amendment — not the president — determines who is a citizen.”

Produced in partnership with Stink, Creative Artists Agency, and the ACLU, and directed by award-winning filmmaker Anderson Wright, the campaign centers on a nationally distributed video that will air across broadcast and digital platforms. The 30-second television spot is scheduled to debut March 23 and will run during high-profile programs such as MLB Opening Day coverage, Survivor, and the finale of The Voice. A digital billboard will also appear outside Minneapolis’ Target Center on March 30 and 31, coinciding with the launch of Springsteen’s 2026 Land of Hope and Dreams American Tour.

The video opens with the unmistakable drumbeat that gives the campaign its name and portrays everyday moments across the country — in classrooms, workplaces, family gatherings, and civic milestones. The scenes build into a nationwide portrait of people learning, working, and contributing to their communities, concluding with the message: “Protect Birthright Citizenship.”

The case stems from an executive order signed by President Donald Trump on the first day of his second term that sought to deny automatic citizenship to babies born in the United States to parents without permanent legal status. The ACLU quickly challenged the order in court and secured rulings preventing it from taking effect. Multiple courts have found the policy unconstitutional and inconsistent with long-standing Supreme Court precedent.

The Supreme Court will now consider whether a president can unilaterally restrict the Constitution’s guarantee of citizenship to children born on U.S. soil. Oral arguments are set for April 1, when ACLU National Legal Director Cecillia Wang — herself a birthright citizen — is expected to present the organization’s case.

Released in 1984, “Born in the U.S.A.” originally told the story of a Vietnam veteran returning home to economic hardship and a country struggling to live up to its ideals. Decades later, the song resonates in a new constitutional context, drawing renewed attention to the legal and lived meaning of being born in the United States.

ACLU impulsa campaña nacional sobre ciudadanía con tema de Springsteen

Por
Redacción Impacto
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ACLU
Fotografía de archivo del cantante estadounidense Bruce Springsteen. (Foto: EFE/Julio P.Gandul)

WASHINGTON — La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) lanzó una campaña publicitaria nacional previa a los argumentos que presentará el 1 de abril ante la Corte Suprema de Estados Unidos en un caso considerado histórico sobre el derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento.

La campaña, titulada “The Beat”, utiliza la icónica canción “Born in the U.S.A.” del músico Bruce Springsteen, quien autorizó de manera excepcional su uso para destacar lo que está en juego en el litigio Trump v. Barbara. La iniciativa busca resaltar el significado de la ciudadanía por nacimiento como un principio fundamental de los valores estadounidenses.

“El tema de Bruce Springsteen es un himno nacional que refleja lo que la ciudadanía por nacimiento ha hecho posible durante generaciones: la garantía simple y poderosa de que si naces aquí, perteneces aquí”, señaló Anthony D. Romero, director ejecutivo de la ACLU. “Mientras nos preparamos para defender este principio ante el tribunal más alto del país, nos acompañan millones de estadounidenses que coinciden en que es la Decimocuarta Enmienda —y no el presidente— la que determina quién es ciudadano”.

La campaña fue producida en colaboración con Stink, Creative Artists Agency y la ACLU, bajo la dirección del cineasta Anderson Wright. Su pieza central es un video de distribución nacional que se transmitirá en televisión y plataformas digitales, incluyendo espacios durante programas de alta audiencia como el día inaugural de la temporada de las Grandes Ligas (MLB), Survivor y la final de The Voice. El anuncio televisivo de 30 segundos debutará el 23 de marzo, mientras que un cartel digital se exhibirá frente al Target Center de Minneapolis los días 30 y 31 de marzo, coincidiendo con el inicio de la gira estadounidense de Springsteen en 2026.

El video muestra escenas cotidianas en distintos puntos del país —en aulas, centros de trabajo, reuniones familiares y eventos cívicos— que se entrelazan hasta culminar con un mensaje claro: “Protejan la ciudadanía por nacimiento”.

El caso surge después de que, en el primer día de su segundo mandato, el presidente Donald Trump firmara una orden ejecutiva que buscaba negar la ciudadanía automática a bebés nacidos en Estados Unidos de padres sin estatus legal permanente. La ACLU impugnó la medida de inmediato y logró fallos judiciales que han impedido su entrada en vigor. Varias cortes han determinado que la política es inconstitucional y contraria a precedentes establecidos por la Corte Suprema.

Ahora, el máximo tribunal evaluará si un presidente puede restringir unilateralmente la garantía constitucional de ciudadanía para personas nacidas en territorio estadounidense. La audiencia oral del caso está prevista para el 1 de abril, cuando la directora legal nacional de la ACLU, Cecillia Wang —quien también es ciudadana por nacimiento— presentará los argumentos de la organización.

La canción “Born in the U.S.A.”, lanzada en 1984, abordó originalmente las dificultades de un veterano de Vietnam que regresaba a un país marcado por tensiones económicas y sociales. Décadas después, su mensaje vuelve a cobrar relevancia en un nuevo contexto constitucional, en medio del debate sobre el significado legal y social de nacer en Estados Unidos.

¿How much is this war costing?

Por
Magdaleno Rose-Avila
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Captura de video del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en declaraciones este domingo a un seleccionado grupo de periodistas en una visita con grandes medidas de seguridad a Arad, localidad del sur de Israel que este sábado noche sufrió un impacto de un misil iraní que dejó más de 60 heridos, entre ellos 10 graves, donde afirmó que "es hora de que los líderes del resto de los países se sumen" a la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán. (Foto: EFE/Oficina del Primer Ministro de Israel)

It appears that no one in the administration in Washington has a clear grasp of the true cost of this war. Nor is there any realistic endgame—something that should have been clearly defined before the bombing ever began.

It is increasingly evident to many observers that this attack was largely driven by Israel, which persuaded the United States to go along with it under the belief that it would be a swift and simple operation. The assumption seemed to be that, after the first bombs fell, Iranians would flood the streets and remove what remains of their government.

That, clearly, has not happened.

While there are numerous groups inside Iran that oppose the current leadership, it should not be assumed that they support U.S. or Israeli intervention. Opposition to a government does not automatically translate into support for foreign military action.

As of today, no clear justification has been presented for why Iran was bombed at this moment. President Trump initially claimed the goal was to eliminate Iran’s Islamic leadership and stated that he would personally name the country’s new leaders.

When asked how long the United States would remain in the war, Trump once said, “when Israel tells us,” and at other times claimed he would simply “feel it in his bones” when it was time to stop.

Any competent military planner could have outlined a more coherent strategy for the Department of Defense than the one currently unfolding.

The Strait of Hormuz should have been a central consideration from the beginning. Ensuring it remained open should have been addressed before the first bomb was dropped, not after.

Current estimates suggest the war is costing more than one billion dollars per day, and that figure includes only the cost of munitions. It does not account for personnel hours, the loss of aircraft, the destruction of military facilities, the evacuation of embassy staff, or the removal of American civilians from the region.

If all these costs were placed on a single spreadsheet, even the most ardent MAGA supporter would struggle to justify the expense—especially given the economic pressures already facing millions of Americans.

Some estimates suggest total costs may already be approaching $100 billion.

All the bombs being used by Israel are supplied by the United States, and requests for additional weapons are inevitable. Those costs, too, must be added to the total.

Beyond direct military spending, the war has had a significant impact on global oil prices, driving up the cost of gasoline, fertilizer, and countless oil‑dependent goods. These increases ripple through the economy and are ultimately paid by consumers.

Trump has demanded that other nations help secure oil shipments while simultaneously declaring that the U.S. has already “won”—yet he continues to call for “more winning,” without ever defining what victory actually looks like.

Meanwhile, the president’s supposed global allies—Russia, China, and North Korea—have instead aligned themselves with Iran, providing support and intelligence that helps track American forces.

Some within the administration appear to believe that once the bombing stops, everything will simply fall back into place. History suggests otherwise.

Even optimistic projections indicate it could take 18 to 24 months to return to anything resembling normalcy.

There are rumors that, through back channels, officials are searching for an off‑ramp that includes a ceasefire. Iran, however, has reportedly made it clear that any ceasefire without reparations is unacceptable.

At the same time, many countries are forging new economic and trade agreements that exclude the United States. These deals could damage American manufacturing and agriculture for years as lost markets are difficult—if not impossible—to recover.

America’s global reputation has suffered severe damage. As usual, the consequences will not be borne by politicians, but by ordinary people—those who may lose jobs, homes, and opportunities for their children, along with the stability of their communities.

History shows that the true costs of war extend far beyond the battlefield. After conflicts in Vietnam and the Middle East, long‑term expenses—such as healthcare for veterans and the rebuilding of destroyed infrastructure—were rarely fully accounted for. The psychological toll is even harder to measure, with high rates of PTSD affecting not only combatants but millions of children across all countries involved.

Most Americans have never experienced their homes being bombed, their families killed, or their loved ones severely injured. They have never had to flee in the middle of the night as buildings collapsed around them. But those caught in the line of fire are living with unimaginable trauma, constant fear, and a future torn apart.

The long‑term, devastating cost of this war will far exceed anything we can currently calculate.

A song from the 1960s asked a simple question: What is war good for?

Absolutely nothing.

IA Generativa: si el 95% de los proyectos no son rentables, ¿qué esperar en 2026?

Por
Carlos Meneses
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Carlos Meneses es ingeniero y CIO en Benme IT, certificado en Inteligencia Artificial Aplicada con más de 20 años de experiencia en transformación digital.

El año 2025 será recordado como el momento en que la Inteligencia Artificial (IA) dejó de ser una promesa de laboratorio para convertirse en una herramienta de escritorio. Con una adopción masiva, donde una de cada seis personas en el mundo ya interactúa con modelos generativos, la tecnología ha alcanzado una madurez operativa sin precedentes. Sin embargo, al cerrar el ciclo, la lección es clara: el entusiasmo no paga las facturas. En 2026, el tablero de juego cambia de la simple adopción a la búsqueda implacable del valor real.

A pesar de que el 75% de las empresas ya utilizan IA de algún modo, nos enfrentamos a una brecha de ejecución. La adopción ha sido veloz en economías desarrolladas, dejando un espacio crítico en mercados emergentes. Para los emprendedores, 2026 será el año de la “IA aplicada”: no se trata de crear el próximo gran modelo de lenguaje, sino de “bajar a tierra” la tecnología existente para resolver problemas específicos en sectores que aún operan con métodos tradicionales.

El gran desafío sigue siendo el retorno de inversión (ROI). El dato es demoledor: según un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el 95% de los proyectos corporativos de IA generativa no han logrado métricas de rentabilidad claras. Hemos aprendido por las malas que la IA no es un bálsamo mágico que arregla un negocio ineficiente. Si la estrategia base es débil o los datos están desorganizados, la IA solo acelera el caos.

Se estima que las organizaciones encuestadas invirtieron entre 30.000 y 40.000 millones de dólares en estas iniciativas, con resultados nulos o muy pobres en términos financieros.

¿Qué podemos esperar en los próximos meses? La tendencia se moverá en tres ejes fundamentales:

1-Gobernanza y ROI como prioridad absoluta: La alta dirección ya no aprobará presupuestos de IA por “miedo a quedarse atrás”. Cada implementación deberá ir acompañada de un métrica cuantificable para evaluar el éxito. Veremos un auge en sistemas de auditoría de IA que midan no solo el rendimiento técnico, sino el impacto directo en el balance de resultados.

2-La especialización sobre la generalización: Tras el boom de los asistentes generales, 2026 verá la consolidación de IA verticales. Veremos modelos hiper-especializados en sectores como el legal, el diagnóstico médico avanzado y la logística de última milla, donde los incrementos de ventas —que ya rozan el 16% en retail— se convertirán en el estándar de la industria.

3-Soberanía de datos y ética operativa: Con marcos regulatorios más estrictos, las empresas invertirán masivamente en infraestructura propia. El objetivo será evitar la fuga de propiedad intelectual y garantizar que los modelos de IA se entrenen con datos de calidad, mitigando los errores que hundieron proyectos en 2025.

En conclusión, este no será el año de la IA “más inteligente”, sino de la IA “más útil”. Aquellos que logren alinear su estrategia tecnológica con objetivos realistas, no solo sobrevivirán a la resaca del entusiasmo, sino que liderarán la nueva economía global.

* Carlos Meneses es ingeniero y CIO en Benme IT, certificado en Inteligencia Artificial Aplicada con más de 20 años de experiencia en transformación digital. https://es.benmeit.com/

Celebración “inspiración latina” en Filadelfia

Por
Montserrat Mandri Fernandez
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Mujeres homenajeadas durante la celebración de la inspiración latina, acompañadas por Alexis Rodríguez, organizador del evento. (Foto: Montserrat Mandri Fernández)

El pasado viernes 20 de marzo, Filadelfia se vistió de celebración con el evento “Inspiración Latina”, una emotiva jornada dedicada al día de la mujer.  La actividad fue organizada por Luis Alexis Rodríguez, representante de la agencia Stay at Home Homecare, ubicada en 3368 Memphis St., Filadelfia, PA. El espacio se llenó de alegría y reconocimiento, congregando a la comunidad latina para rendir homenaje a mujeres emprendedoras que han dejado una huella significativa en distintos ámbitos.

La velada comenzó con palabras y una oración de bienvenida de Alexis, que estableció un tono de gratitud y unidad que se mantuvo a lo largo de toda la celebración.

De izquierda a derecha: Yoseli Bello, Lina Bono, Wendy Ferreira, Ive Báez, Samantha Félix, Marjorie Paredes y Tomasina Sosa, mostrando sus reconocimientos durante el evento Inspiración Latina, con sede en la agencia Stay at Home Homecare. (Foto: Montserrat Mandri Fernández)
 

El eje central de la celebración fue el homenaje público a mujeres líderes y emprendedoras que, con su constancia y dedicación, han impactado positivamente en la comunidad latina de Filadelfia. Cada una de las invitadas fue reconocida por su trayectoria y su compromiso con el desarrollo social y profesional.

Entre las homenajeadas destacó Uri Polanco, quien compartió con los asistentes su recorrido por el mundo de la organización de eventos. Su historia comenzó gracias a una oportunidad brindada por Alexis y, tras más de catorce años de experiencia en diseño de interiores y eventos, se ha convertido en una figura de referencia para la comunidad.

Por su parte, Wendy Ferreira, directora de Ferreira Tours Personalizados, resaltó ante el público la importancia de priorizar a las personas sobre los negocios, una filosofía que guía cada paso en su agencia de viajes y que la ha llevado a construir relaciones sólidas y de confianza.

La celebración reunió a otras mujeres con trayectorias igualmente destacadas: Lina Bono, cofundadora de “Mujeres que Inspiran”, locutora, voz comercial y maestra de ceremonias; Maryorie Paredes, cofundadora y CEO de “Mujeres que Inspiran”; Eudanis José, empresaria, educadora, directora ejecutiva de Eudanis Makeup y Edudanis Dominican Beauty Salón, además de directora de Miss República Dominicana Filadelfia; Hindira Santana, psicóloga; Ive Báez, de Ive Artisan Kitchen, quien deleitó a los asistentes con el tradicional postre de habichuelas dulces; Noemí López, psicóloga clínica y sexóloga; Yoseli Bello, conferencista; Tomasina Souza, representante del Consulado de República Dominicana; Samantha Félix, consultora de negocios; y Evelyn Hernández y Norma Figueroa, integrantes de la agencia organizadora que brindaron apoyo logístico durante el evento. Cada una de estas mujeres fue reconocida por su dedicación, su espíritu emprendedor y su contribución al fortalecimiento el tejido social y profesional de la comunidad latina.

El momento de la entrega de reconocimientos concluyó con Angélica Arias, responsable del catering. Angélica compartió que próximamente abrirán su propio restaurante, destacando su espíritu emprendedor. Su exquisita comida fue el broche de oro de la noche, deleitando a los presentes con platillos tradicionales que dejaron a todos con un grato sabor de boca.

El ambiente festivo favoreció el intercambio de experiencias y contactos entre las mujeres, reforzando la unidad y el apoyo en la comunidad latina.

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