Trabajadores en todo Florida se ausentaron el jueves de las obras de construcción y de los campos de tomate, mientras que una gran cantidad de restaurantes, tiendas y otros pequeños establecimientos nunca abrieron sus puertas en protesta por una nueva ley estatal que impone restricciones para los inmigrantes que viven en el país sin autorización.
En el área metropolitana de Orlando, decenas de manifestantes, incluidos algunos camiones con pequeñas grúas de construcción, se reunieron en protesta en una importante intersección ubicada afuera de la oficina de un legislador estatal que promovió la medida.
En Immokalee, una zona en el suroeste de Florida conocida por sus cultivos de tomate, cientos de manifestantes, muchos de ellos acompañados de sus familias, marcharon por 3 kilómetros (2 millas) alrededor del poblado con pancartas y gritando consignas.
En Fort Lauderdale, opositores a la medida gritaron consignas y ondearon banderas afuera del comedor latino de Isis Córdova, el cual permaneció cerrado en protesta.
“Logré obtener un estatus legal en este país, y dije que el día que tuviera papeles levantaría la voz. Voy a hablar por aquellas personas que no tienen una voz”, dijo Córdova. “Porque sé lo que es estar en sus zapatos, del otro lado, con ese miedo y viviendo en las sombras”.
La ley que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó el mes pasado refuerza su programa de reubicación de migrantes y limita los servicios sociales para los inmigrantes que no cuenten con estatus legal permanente. Aumenta los requerimientos para los establecimientos con más de 25 empleados para el uso de E-Verify, un sistema federal que determina si un empleado puede trabajar en Estados Unidos de forma legal. Otra cláusula obliga a los hospitales que aceptan Medicaid a incluir una pregunta de ciudadanía en sus formatos de admisión, requerimiento que los críticos aseguran que tiene como objetivo disuadir a los migrantes que viven sin autorización en Estados Unidos de buscar atención médica.
El mes pasado, el grupo por los derechos civiles de los latinos LULAC emitió una recomendación para que los hispanos se abstengan de viajar al estado, advirtiendo que la nueva ley margina a las comunidades migrantes y es inmoral. Otros grupos por los derechos civiles, entre ellos la NAACP y Human Rights Campaign, también han recomendado no viajar a Florida, argumentando que las nuevas leyes y políticas de DeSantis y los legisladores republicanos son “abiertamente hostiles hacia los afroestadounidenses, personas de color e individuos LGTBQ+”.
“Los medios de comunicación han sido deliberadamente imprecisos sobre esta distinción entre la inmigración legal e ilegal para crear este tipo de indignación basada en una premisa falsa”, afirmó Jeremy Redfern, secretario de prensa de la oficina de DeSantis. “Cualquier negocio que explote esta crisis al emplear a extranjeros que se encuentran ilegalmente en el país y no a residentes de Florida tendrá que rendir cuentas. Cada país defiende sus fronteras con un derecho soberano a hacerlo”.
Isaac Dubon, dueño de un negocio de construcción en el sur de Florida, dijo que los inmigrantes son importantes para el estado debido a que realizan trabajos que los demás no quieren hacer.
“Trabajamos mucho en este país, 15 o 16 horas seguidas sin parar”, declaró. «Pasamos por muchas cosas. También pagamos impuestos, como todos los demás, y sostenemos a la economía del país».
Activistas de California se unen al llamado al boicot contra ley antiinmigrante de Florida
“No podemos permitir que esta ley entre en vigencia en Florida porque rápidamente otros estados pueden tomar ejemplo”, advirtió a Gloria Saucedo, activista con más de tres décadas de lucha por los derechos de los inmigrantes en California, sobre la norma SB 1718 que el próximo 1 de julio entrará en vigor en Florida.
“Esto es una mera arma política para lograr el apoyo de los más conservadores. Al igual que Donald Trump está usando a los indocumentados como arma política para ganar adeptos”, ahondó la activista, que fue parte de las protestas realizadas en San Diego, en el sur de California.
El llamado al boicot también se realizó en otras grandes ciudades del país con numerosa población de inmigrantes como Chicago (Illinois), Houston (Texas) y la californiana Los Ángeles.
“Vamos a volver a salir a las calles”, dijo Marú Galván, miembro de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), una de las organizaciones convocadas en la icónica Placita Olvera, en Los Ángeles, para una concentración organizada por Mobilize 4 Immigrants.
Los manifestantes recordaron que California vivió un ataque parecido con la aprobación en 1994 de la Propuesta 187, que criminalizaba a los indocumentados y que, aunque nunca llegó a entrar en vigor, cambió el color político del estado para dejarlo en manos demócratas.
Por su parte, Luis J. Vega, organizador del movimiento Todos Somos Arizona, que luchó contra la ley antiinmigrante SB1070, aprobada en 2010 en Arizona, resaltó que el objetivo del movimiento es no “dejar solos a los inmigrantes en Florida”.
“No están solos nuestros hermanos del estado de Florida por ética y por conciencia estamos a nivel nacional pidiendo un boicot en contra de esta ley racista del gobernador DeSantis”, agregó.
Este jueves se desarrollaron acciones en otras ciudades de California como Stockton, Santa Ana, y Fresno.
Los organizadores en California están preparando un viaje hasta Florida para el próximo 1 de julio, día que entrará en vigor la polémica ley, la SB 1718, que requiere que las empresas con más de 25 empleados usen el programa E-verif para determinar su estatus migratorio y establece multas para los infractores.
Además, obliga a los hospitales y a las salas de emergencias a recopilar datos sobre el estado migratorio de los pacientes, convierte en delito el transporte al estado de Florida de indocumentados y contempla hasta 15 años de prisión, y prohíbe la financiación de programas de ciudades y condados para dar tarjetas de identificación a migrantes, entre otros.
La jornada «Un día sin inmigrantes» programó un gran número de protestas en Florida, donde los manifestantes advirtieron que la norma afectará a sectores vitales como la agricultura, la construcción y el turismo, según dijo a EFE María Cárdenas, una de las organizadoras de una marcha en Immokalee, zona agrícola de Florida.
«Hemos recomendado a la comunidad que se solidarice con la gente inmigrante, que no vaya a trabajar para que la comunidad local vea el impacto laboral y también económico. Sabemos que ya han cerrado negocios», aseguró Cárdenas, quien es trabajadora social.
