Cientos de puertorriqueños colmaron el pasado 4 de junio un centro de convenciones donde legisladores federales efectuaban una audiencia pública para decidir el futuro del estatus político de la isla, la cual pasa dificultades para recuperarse de huracanes, sismos y una profunda crisis económica. Una por una, docenas de personas, desde políticos a jubilados y personas jóvenes, tomaron el micrófono para hablar en contra del actual estatus territorial de la isla, con el que se reconoce a sus habitantes como ciudadanos de Estados Unidos, pero no se les permite participar en las elecciones presidenciales, se les niegan ciertas prestaciones federales y sólo les permite un representante en el Congreso estadounidense con facultades limitadas de voto.
La audiencia tuvo lugar dos semanas después que un grupo de miembros demócratas de la Cámara de Representantes propusieran, incluyendo el líder de la mayoría de la cámara baja y un republicano, lo que sería el primer plebiscito vinculante mediante el cual se ofrecería a los electores en Puerto Rico tres opciones: Estadidad, independencia o independencia con libre asociación, cuyas condiciones serían definidas después de negociaciones.
El Congreso tendría que aceptar a Puerto Rico como el estado 51 de Estados Unidos si los electores lo deciden, pero se prevé que la propuesta no sobreviva en el Senado, donde los republicanos se han opuesto desde hace mucho tiempo a la estadidad. “Todos, inclusive los propios congresistas, saben que las posibilidades de que esto se convierta en ley son mínimas y quizás ninguna pero no deja de ser importante””, dijo el exgobernador de Puerto Rico Aníbal Acevedo Vilá a The Associated Press.
Cuando se había cumplido una hora de la audiencia, un pequeño grupo de personas, entre ellas un excandidato a gobernador que apoya la independencia, irrumpió en la sala, señaló con el dedo hacia el panel de legisladores estadounidenses y gritó “120 años de colonialismo”.
La mayoría del auditorio abucheó al grupo y pidió a gritos que se marchara al tiempo que los legisladores hacían un llamado a la calma.
“La democracia no todo el tiempo es bella, pero es necesaria”, dijo el representante Raúl Grijalva, de Arizona, presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara Baja, que supervisa los asuntos de los territorios estadounidenses.
La propuesta de un plebiscito vinculante, una medida que no ha sido presentada aún ante la comisión, ha frustrado a algunos en la isla, que ya ha celebrado siete referendos unilaterales no vinculantes sobre su condición política, sin que haya emergido una mayoría abrumadora. La consulta anterior se efectuó en noviembre de 2020: 53% de los votos fueron a favor de la estadidad y 47 en contra, pero tuvo una participación de poco más de la mitad de los electores registrados.
La audiencia del sábado tuvo lugar en medio del continuo descontento con el actual estatus político de Puerto Rico, y la Corte Suprema de Estados Unidos enfadó todavía más a muchos en abril al ratificar el trato diferenciado a los residentes de Puerto Rico. Con una votación de 8-1, la corte falló que no permitir a los puertorriqueños acceder al programa de seguridad de ingreso suplementario (SSI por sus siglas en inglés), que beneficia a estadounidenses ciegos, discapacitados y adultos mayores, no constituye una discriminación inconstitucional en contra de ellos.
Como resultado, muchos de los que hablaron en la audiencia pública del sábado recibieron de buena manera el plebiscito vinculante propuesto.
“Finalmente vemos la luz al final del túnel”, afirmó Víctor Pérez, un veterano militar estadounidense que lamentó el estatus político actual. “Incluso después de todo nuestro servicio y sacrificio, volvemos a casa y se nos niega el pleno derecho al voto y la igualdad… No podemos votar por nuestro presidente, nuestro comandante en jefe, (pero) nos envían a la guerra”.
Grijalva subrayó que los testimonios presentados el sábado lo ayudarán a él y a otros legisladores a revisar la medida propuesta, que, dijo, es una forma de enmendar. Añadió que espera que llegue al pleno de la Cámara de Representantes en agosto. Si se aprueba, se llevará a cabo el 5 de noviembre de 2023.
Acevedo, el exgobernador, dijo que no ha perdido la esperanza a pesar de los numerosos intentos a lo largo de las décadas por cambiar el estatus político de Puerto Rico, que se convirtió en territorio estadounidense en 1898 después de la guerra hispano-estadounidense.
“Resolver este problema ya de más de 120 años tiene que darse en algún momento”, sostuvo. “¿Cuándo se van a dar las condiciones? Pues es impredecible”.
