Fraudes en cobros de ayudas por desempleo ensombrece a Puerto Rico.

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Empleados públicos han solicitado ya los beneficios por desempleo. EFE/Thais Llorca/Archivo

San Juan, (EFE ).- Las ayudas destinadas a paliar los efectos del COVID-19 sobre la población han despertado la picaresca en Puerto Rico, donde se han desvelado varias tramas, incluida una de estudiantes de un reconocidos colegio para cobrar de forma fraudulenta cheques del programa de Asistencia de Desempleo por la Pandemia usando direcciones de ancianos y de residencias abandonadas para cobrar el beneficio.

La Policía de Puerto Rico trabaja este miércoles en la investigación de varias tramas y personas que han intentado aprovechar la prestación de estas ayudas federales para lucrarse ilegalmente, una nueva mancha sobre la isla caribeña, donde la corrupción ha «salpicado» a múltiples sectores en los últimos años.

El arresto esta semana de un hombre en una oficina del Banco Popular cuando intentaba cambiar un cheque del programa federal de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, en inglés) con identificación falsa es el último episodio de un fraude que preocupa a las autoridades federales.

El arresto siguió a la detención de otro individuo con 60 expedientes con reclamaciones irregulares para ese programa.

Durante el primer arresto, agentes de la Policía confiscaron documentos y equipo electrónico usado para falsificar las licencias de conducir utilizadas para cambiar los cheques obtenidos fraudulentamente del PUA.

UTILIZABAN INFORMACIÓN FALSA

El esquema habitual de fraude se basa en cambiar los cheques de PUA con una identificación fraudulenta tras solicitar el beneficio con información falsa a través del sitio en internet del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH).

Los intentos de fraude al PUA han sido hechos, incluso, por estudiantes, que en un número cercano a una treintena, al parecer han tratado de beneficiarse de este programa de ayuda federal.

El reconocido Colegio San Ignacio de Loyola en San Juan es el centro de una investigación de la que está al frente el jefe de la División de Robos a Bancos de la Policía de Puerto Rico, José Ayala.

La Policía trató de poner en marcha una orden judicial para solicitar al colegio el listado con los nombres de los estudiantes matriculados para comprobar en la base de datos de la agencia y de la empresa Evertec -responsable del programa informático- si estos concuerdan con algunas de las miles de solicitudes que han sido evaluadas para recibir el beneficio y avanzar así en la investigación.

Mientras miles de puertorriqueños reclamaban no haber recibido ningún tipo de ayuda económica en medio de la pandemia, los estudiantes, supuestamente, habrían recibido fraudulentamente miles de dólares del PUA.

Medios locales informaron que se trataba de jóvenes de entre 14 y 18 años que, supuestamente, habrían obtenido cheques de entre 7.000 y 9.000 dólares.

Los jóvenes habrían recurrido a direcciones de casas abandonadas o viviendas de personas mayores que desconocían el procedimiento y nunca habían requerido el PUA.

El centro educativo hizo una llamada a la prudencia para que se lleven a cabo las investigaciones que correspondan.

La reconocida periodista de Telenoticias Ivette Sosa reaccionó a la supuesta participación de su hijo en el esquema de fraude del Colegio San Ignacio de Loyola.

«En los pasados días se ha mencionado en medios y redes sociales que mi hijo está relacionado a una investigación sobre solicitudes de beneficios de PUA. Como madre han sido días difíciles», indicó.

INTERVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL TRABAJO

El incremento de casos en el fraude al PUA hizo que interviniera el secretario del DTRH, Carlos Rivera, quien reconoció que la plataforma electrónica donde se solicita la ayuda no dispone de un método de validación de datos como cuentan otras agencias gubernamentales.

Rivera indicó además que al funcionar de forma automatizada la veracidad de la información presentada por los reclamantes se basa en el juramento de los ciudadanos de que la información que proveen es la correcta.

El funcionario sostuvo que la agencia comprueba las transacciones, pero reconoció también que Trabajo no dispone de empleados suficientes para revisar todas las solicitudes y comprobar que todo lo presentado por los solicitantes es veraz.

Rivera indicó que cuando se baja el formulario de la ayuda de PUA la persona certifica que esa información es cierta, además de advertirse de que de ser falsa habrá consecuencias civiles y criminales.

La Policía ha recuperado hasta la fecha más de 172.000 dólares tras arrestar a más de una treintena de personas por fraude al PUA.

El secretario del DTRH indicó que desde que se puso en marcha este programa unas 400 personas han devuelto cheques a la sede de la agencia alegando que recibieron el dinero tras cometer un error o percatarse que no cualificaban.

Los últimos datos ofrecidos por el DTRH indicaban que se recibieron 24.115 reclamaciones nuevas del PUA en la semana que terminó el pasado 25 de julio.

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