El martes 23 de abril, por la mañana se manifestaron frente al edificio de la oficina central del Distrito Escolar de North Penn, pidiendo respuestas ante el ataque a una estudiante que pudo haber sido evitado. (Foto: Impacto staff)

El incidente de violencia escolar sucedido hace algunos días en la escuela media Pennbrook, en el Distrito Escolar de North Penn, continúa generando asombro, controversia y mucho disgusto entre los alumnos, los padres e incluso entre los propios trabajadores del distrito.

En primer lugar, el evidente mal manejo del Distrito Escolar de North Penn en el caso del estudiante agresor ha intensificado la irritación de los padres y excompañeros de clase que ya habían sido víctimas de sus arranques de ira e intimidaciones. En segundo lugar, una vez que cumplió con sus amenazas atacando brutalmente a otra alumna, en su primera comunicación enviada a los padres, la dirección de la escuela presentó el hecho como un altercado entre estudiantes, cuando luego se supo claramente que se trató de un asalto de un adolescente varón, posiblemente con disforia de género, (ya que se identifica como mujer, y ha tenido un largo y violento historial) contra una estudiante de séptimo grado.

Las heridas que dejó el ataque sobre la víctima, que aparentemente eligió al azar, hicieron que los alumnos de séptimo grado volvieran a sus hogares con los síntomas de un fuerte shock psicológico y gran incertidumbre sobre su regreso al colegio; todavía varios de ellos no han regresado.

Si bien lo que importa no es el género biológico o percibido del agresor, sino su conducta antisocial y agresiva, es posible que el hecho de cometer el atroz ataque sí tenga que ver con su identidad.

Un problema que se tiende a evitar, para no contradecir las tendencias actuales, es que en la búsqueda de promover las libertades y los derechos de la población LGBTiQ+, en varios casos se ha terminado por mal empoderar a los chicos y chicas trans, pues en muchos espacios se tiene temor de imponerles a ellos las mismas exigencias de disciplina que se piden a cualquier otro estudiante cuando quebrantan las normas.

Es una realidad que dentro de la comunidad LGBTiQ+ también hay quienes sufren de acoso, pero eso no debería significar que estén exentos de disciplina o de un trato equitativo, por querer compensar el maltrato de otros alumnos quienes deben ser a su vez corregidos.

Es importante recordar que esta minoría no es la única que enfrenta discriminación o falta de sensibilidad en las escuelas. Estudiantes de comunidades racializadas, aquellos con problemas de aprendizaje o desarrollo, con trastornos emocionales, e incluso inmigrantes documentados e indocumentados, también forman parte de grupos minoritarios susceptibles de ser targets de acoso.

Sin embargo, no por ello están exentos de cumplir las reglas establecidas para todos los estudiantes, las cuales buscan garantizar su seguridad, su sano desarrollo y un ambiente propicio para el aprendizaje, tanto académico como de inteligencia emocional, y para la sana convivencia social, objetivo fundamental de la educación durante los años escolares.

Esto ha llevado a que algunos adolescentes trans, como en el presente caso, que padecen serios problemas de personalidad y de comportamiento agresivo, no hayan sido tratados con los mismos parámetros, aplicando las medidas disciplinares cuando fueran necesarias, por temor a no sufrir un “back-slash” o retorno negativo de los padres, o de la prensa y las redes sociales, o una acusación legal por conductas discriminatorias.

Si bien de una parte es importante preservar el camino recorrido en la defensa de los derechos de las minorías LGBTiQ+ y grupos afines –y está bien establecer algunas normas especiales para protegerlos de cualquier conducta discriminatoria–, no se puede tampoco, por ceder al miedo de ser políticamente incorrecto, darles un poder excesivo, de modo que se termine cayendo, paradójicamente, en una cultura discriminatoria y punitiva hacia la mayoría “binaria”, con consecuencias tan previsibles como aparentemente fue lo que sucedió en la escuela Pennbrook, en donde varios testimonios aseguran haber advertido de las amenazas recibidas y hechas públicamente.

Diversos testimonios de estudiantes, y no solo de esa escuela, ya venían advirtiendo a sus padres, de que en las aulas y en los lugares comunes algunos miembros de la comunidad LGBTiQ+ tienen privilegios, y notan cómo los mismos maestros muchas veces hacen como que no están viendo y escuchando sobre sus graves faltas de conducta.

Por miedo a las represalias, un alumno de esa escuela, que prefiere no ser identificado, compartió que “los mismos maestros les tienen miedo, se dejan agredir verbalmente y no reaccionan, por eso hacen lo que quieren”. Otros de sus compañeros que estaban presentes mientras el alumno compartía su sentir, aseguraron que es verdad, y por ello se sienten inseguros y frustrados por la “injusticia”.

El distrito escolar dice que se realizará una investigación externa para llegar al fondo de este caso de aparente negligencia sistémica; pero habría que preguntarse qué tipo de investigación se hará, en una cultura cada vez más temerosa de confrontarse con el sentido común y en donde cada vez más personas se van ubicando en extremismos, y además en un momento de polarización ideológica y política.

A la luz de este lamentable hecho, se hace imperativo reflexionar profundamente sobre el rumbo que queremos dar a la educación de nuestros niños. Debemos cuestionarnos cómo ofrecer una guía y acompañamiento genuino a todas las niñas y los niños, sin importar si tienen o no problemas de salud mental, si pertenecen a minorías o mayorías. Es fundamental convertir nuestras escuelas en entornos seguros y confiables donde todos los menores, quienes de una u otra forma se han visto afectados por el prolongado período de la pandemia y el actual aumento de la violencia, puedan aprender y desarrollarse plenamente.

Como educadores, no se debería perder de vista que parte del amor es establecer límites, es así como se estructuran personalidades sanas y seguras.

Como periodistas, no debemos ceder a la autocensura y tenemos el deber de nombrar los hechos con precisión, sin temor a ser acusados de transfobia por el simple hecho de señalar que la estudiante agresora es transgénero. Esto no implica culpar a toda la comunidad transgénero, ya que muchos de sus miembros han reprobado públicamente las acciones de esta adolescente. Si bien no se puede etiquetar a toda una comunidad como violenta, ocultar la identidad de genero con la que se identifica la agresora, podría resultar en una omisión prejuiciosa. Pero en este caso particular, como todo parece indicar, sí jugó un papel fundamental en la falta de acción contundente y oportuna para detener el ataque, lo que ha causado un daño profundo en la víctima y sus familiares, y a los estudiantes de la escuela, en especial en aquellos que presenciaron el hecho y no fueron escuchados.

Si el Distrito Escolar de North Penn del condado de Montgomery, en Pensilvania, lo que quería evitar era una denuncia por discriminación a la alumna que hoy está detenida, ahora muy probablemente tendrá que defenderse de más de una demanda por no haber sido capaz de evitar lo que se anunciaba como una amenaza creíble.

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