La audiencia contra Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del club Jet Set, concluyó en la madrugada del 19 de junio de 2025 con una decisión que ha generado gran controversia.

La jueza Fátima Veloz, del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, impuso las siguientes medidas de coerción:

Garantía económica de RD$ 50 millones (aproximadamente 842,000 dólares) para cada uno.

-Impedimento de salida del país.

-Presentación periódica ante el tribunal.

-El caso fue declarado complejo, lo que permite una investigación más extensa1.

El Ministerio Público había solicitado:

-Prisión preventiva por 18 meses para Antonio Espaillat.

-Arresto domiciliario para Maribel Espaillat.

Alegaron negligencia criminal, intento de intimidación a testigos y riesgo de fuga 2 3.

Desarrollo de la audiencia

La audiencia comenzó el 18 de junio a las 11:45 a.m. y se extendió por más de 12 horas.

Participaron más de 100 abogados, tanto de las víctimas como de los imputados. Se otorgó un receso a las 1:35 p.m. y se reanudó en la tarde para escuchar a la defensa.

Muchos abogados de las víctimas solicitaron que el caso se reclasificara como homicidio voluntario por dolo eventual, en lugar de homicidio involuntario.

Algunos afirmaron que Maribel Espaillat intentó interferir con la investigación, contactando a testigos.

El Ministerio Público ya ha anunciado que apelará la decisión, calificándola como una “burla a las víctimas”.

Los familiares de las víctimas del colapso en la discoteca Jet Set han reaccionado con indignación y dolor, pues exigían que los propietarios Antonio y Maribel Espaillat no fueran puestos en libertad.

Muchos familiares expresaron el día de su detención, que esperaban una condena ejemplar.

Una madre que perdió a su hija declaró:“No es suficiente con que estén detenidos”. Queremos que paguen con cárcel por cada vida que se perdió.

En entrevistas televisadas, algunos familiares dijeron sentirse revictimizados ante el temor que los acusados enfrentaran el proceso en libertad, lo que consideran una burla a su dolor.

Aumento de querellas

Desde la detención, se produjo un aluvión de nuevas querellas. Casi un centenar de acciones legales, entre demandas civiles y penales, presentadas por familiares de las víctimas. La familia Pimentel Soriano, que perdió a tres miembros, expresó: “Nuestra familia no volverá a ser la misma. Seguimos viniendo aquí cada mes porque no permitiremos que se olvide. Aún esperamos justicia”.

Críticas al sistema judicial

Cruz Melda Villar de Díaz, quien perdió varios nietos y sobrinos, declaró: “Él (Antonio Espaillat) tiene que pagar. A nosotros no nos interesa el dinero. Yo perdí todo lo que tenía. Aquí no hay justicia”.

Muchos familiares han denunciado que no han recibido información clara del proceso judicial y sienten que el caso está siendo manejado con lentitud y falta de transparencia.

Los antecedentes

Los hermanos fueron detenidos el 12 de junio, y un tribunal aplazó hasta el siguiente miércoles la medida cautelar en contra ellos, considerados responsables de no tomar las medidas precautoria para evitar el accidente donde el techo del Jet Set se desplomó el pasado 8 de abril causando la muerte de 236 personas y heridas a más de 180.

El pasado domingo 15 de junio, el empresario, para quien el Ministerio Público pedía prisión preventiva, fue trasladado esposado, con un casco y un chaleco antibalas en medio de un fuerte dispositivo de seguridad a la sala de audiencia desde la prisión del cuarto piso del Palacio de Justicia, donde también se ubica el citado tribunal.

Unos minutos antes, también fuertemente custodiada, ingresó a la sala Maribel Espaillat, y quien, al igual que Antonio, estaba detenida desde el pasado jueves, aunque desde el día siguiente se encontraba ingresada en una clínica, a la que fue enviada tras finalizar la audiencia del domingo, que se celebró a puertas cerradas, sin presencia de la prensa.

Negligencia e irresponsabilidad

A la sala acudieron varios de los heridos en la tragedia, así como sus abogados y de los familiares de algunos de los fallecidos, quienes reclamaron justicia, a la vez que acusaban a los hermanos Espaillat de actuar de manera irresponsable ante los daños que presentaba la discoteca Jet Set.

Los hechos ocurridos la madrugada del 8 de abril pasado en el centro de diversión «han generado un duelo colectivo» producto «del comportamiento de Antonio y Maribel Espaillat que fueron negligentes e irresponsables, una muestra absoluta del desprecio a la vida humana», declaró a la prensa el titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, el procurador adjunto Wilson Camacho.

Según la investigación del Ministerio Público, para la que contrató tres peritos, «durante años el Jet Set Club operó con una sistemática y grave negligencia en el mantenimiento y adecuación estructural de sus instalaciones, poniendo en riesgo la vida de sus clientes y empleados».

Los hermanos Espaillat «permitieron y gestionaron la realización de importantes remodelaciones, adecuaciones y ampliaciones en la estructura del establecimiento sin obtener los permisos requeridos ni realizar las evaluaciones estructurales necesarias por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones o la Alcaldía del Distrito Nacional”, señaló la información oficial.

Los imputados «apelaron a soluciones paliativas inadecuadas solo en interés de ahorrar recursos y siempre tuvieron conocimiento pleno de los problemas del techo». Incluso Maribel Espaillat, «con conocimiento de un incidente de caída de escombros horas antes del desplome y ante la petición de suspender la actividad, se negó a hacerlo, alegando la ausencia de su hermano», quien estaba en el extranjero.

Los peritajes técnicos han confirmado hallazgos críticos como la ausencia de una columna esencial, el anclaje deficiente de vigas y la ausencia de muros de mampostería de soporte, que validan las fallas estructurales directamente atribuibles a las acciones y omisiones de la gestión de la discoteca, agregó el documento del Ministerio Público.

También se alude a movimientos de los imputados para presuntamente intentar intimidar o manipular a empleados de la empresa Inversiones E y L, S.R.L., la cual manejaba la discoteca, y que pueden actuar como testigos en el proceso.

El Ministerio Público ha interrogado a uno de los empleados de la discoteca, Gregory Adames, quien supuestamente habría advertido a Antonio Espaillat de que la infraestructura presentaba un deterioro físico y no había condiciones para realizar la fiesta del 8 de abril, a la que cientos de personas acudieron para disfrutar de la actuación del popular merenguero Rubby Pérez, también fallecido en el siniestro.

Por otra parte, se ha solicitado que se investigue la posible responsabilidad del Estado y del Ayuntamiento del Distrito Nacional, por no haber supervisado adecuadamente las condiciones del local.

Los familiares están movilizados, organizados y decididos a que este caso no quede impune.