En un paso importante para proteger a las familias inmigrantes, el condado anunció una nueva política que prohíbe a sus empleados compartir información con agentes de inmigración (ICE) sin una orden judicial válida. La decisión fue presentada el 18 de junio, en una reunión pública de la Junta de Comisionados, y representa un compromiso firme con la comunidad latina e inmigrante que vive en la zona.

A partir de ahora, ningún trabajador del condado podrá entregar datos como el estatus migratorio o el país de origen de una persona, a menos que un supervisor lo autorice y exista una orden firmada por un juez. “Los empleados del condado no son agentes de inmigración”, señala el documento, dejando claro que el gobierno local no tiene la responsabilidad de hacer cumplir las leyes migratorias federales.

Si un empleado del condado es contactado por ICE, deberá pedir primero documentos legales que respalden la solicitud, como una orden judicial, y luego notificar a su jefe, quien deberá consultar con el abogado del condado antes de entregar cualquier información.

Los comisionados demócratas Neil Makhija y Jamila Winder, quienes tienen mayoría en la junta, explicaron que esta política reafirma el compromiso de no recopilar ni pedir información migratoria, a menos que lo exijan leyes estatales o federales. “Queremos que todas las personas en el condado, sin importar su estatus migratorio, se sientan seguras al interactuar con nuestras oficinas”, señalaron.

Esta medida llega en un momento de alta tensión, ya que las redadas de ICE han aumentado en varias partes del país. Tan solo en las últimas semanas, más de 20 personas fueron detenidas en Norristown, una ciudad donde uno de cada tres habitantes es latino.

Montgomery es el tercer condado más poblado de Pensilvania y emplea a unas 3,000 personas. Además de esta nueva política, el condado también anunció que ya no mantendrá detenidas a personas buscadas por ICE después de que paguen su fianza, a menos que exista una orden judicial firmada por un juez.

Este cambio se hizo público poco después de conocerse el caso de Andrea Lozano-Alanis, una mujer que fue entregada a ICE luego de haber pagado su fianza de 77 dólares. Ella permanece ahora en un centro de detención en Clearfield County.

Para organizaciones como Community for Change Montgomery County, esta política representa un avance. “Cierra una laguna legal que estaba dejando expuestas a muchas personas. Toda protección adicional es bienvenida”, dijo Stephanie Vincent, integrante del grupo.

El comisionado republicano Thomas DiBello, el único conservador en la junta, mencionó que recibió la propuesta final solo unas horas antes de la votación. Aunque expresó dudas, reconoció que el documento parece ajustarse a la ley.

Con esta decisión, el Condado de Montgomery quiere reafirmar su compromiso con la comunidad inmigrante, enviando un mensaje claro: «en este lugar, todos deben ser tratados con dignidad y respeto, sin temor a ser entregados a inmigración por acudir a un hospital, una oficina pública o una escuela».