Este 1 de mayo toda Latinoamérica y buena parte del mundo festejan el Día Internacional del Trabajo; una celebración que se aprovecha normalmente para reivindicar los derechos de los trabajadores; tales como el derecho a no trabajar excesivas horas, a una paga justa, a seguridad social, a una seguro de vejez, etcétera. La fecha se debe a la gran huelga obrera que inició en Chicago el 1 de mayo de 1868, y que terminó en una masacre 3 días después; mismo motivo por el cual EE. UU. no adoptó la conmemoración el 1 de mayo, sino que instauró el “Labor Day” el primer lunes de septiembre.
Es claro que desde los días de Chicago hasta hoy los trabajadores han logrado enormes conquistas, y una de las más importantes, la organización de los sistemas de Seguridad Social desde comienzos del siglo XX; con lo cual se empezó a atender las necesidades de salud de los obreros más desamparados, y luego nació la idea de fijar un ahorro obligatorio para cuidar de las personas cuando ya no fueran laboralmente productivas.
Aunque no se menciona mucho, inmigración y fuerza laboral son dos ideas que van muy de la mano; ya que, en general, a lo largo de la historia el principal motivo para migrar a otras regiones o países es precisamente la búsqueda de trabajo y de mejores condiciones laborales y de vida. Es esta búsqueda la que ha atraído a los Estados Unidos a millones de inmigrantes de todo el mundo durante los pasados 200 años; y la misma que ha atraído a millares de inmigrantes de América Latina en los siglos XX y XXI.
Por eso, para los trabajadores inmigrantes es urgente la reflexión sobre cómo tutelar su seguridad; sobre cuáles son las mayores trabas a las aspiraciones de los recién llegados y, no menos importante, sobre cómo avanzar en el tema de la paridad salarial hacia las mujeres, que a menudo sufren las injusticias de un sistema que todavía concede mayores prebendas al empleo masculino, independientemente de la fuerza bruta necesaria, –lo que a veces se usa de excusa–, ya que, si dos trabajos son equivalentes en su función, ambos deberían recibir salarios similares.
La justicia laboral son parte de los derechos humanos, y es por lo que se hace urgente que Gobierno y Congreso se decidan a realizar una reforma migratoria, para regularizar a los millones de inmigrantes que trabajan en la sombra; y muchos de ellos han sido esenciales durante la pandemia, y se encuentran entre los muertos por COVID-19. No actuar es robar el derecho a una atención social y sanitaria, y a un ahorro pensional que les permita retirarse y llevar una vida digna cuando cumplan la edad de jubilación.
Para los inmigrantes, la fuerza laboral más grande del país, esta fecha es sinónimo de movilización y lucha por sus derechos, y para que su importancia se reconozca. En Filadelfia, según un informe de The Pew Charitable Trusts del 2018 la población inmigrante creció en un 69 % entre los años 2000 a 2016, y más de 232 mil residentes eran inmigrantes, lo que representa el 15 % de los residentes de la ciudad, y el 19 % de los trabajadores. Los inmigrantes, incluidos los indocumentados, son motores de la economía, por eso la más allá de una acto de humanidad, regularizarlos es un acto de justicia.
