Una persona usa una mascarilla de protección en San Juan. (Foto: EFE/Thais Llorca)

 (VOA) — La salvadoreña Janeth Chávez conoce de primera mano cómo los efectos del coronavirus pueden cambiar la vida de una persona. Ella no ha tenido el virus en su sistema, pero sus efectos colaterales repercutieron en su salud y en su bolsillo.

Ella tiene una discapacidad, debido a una lesión medular que la mantiene en una silla de ruedas desde hace 36 años. Para que su vida sea óptima, debe recibir terapias. Pero dentro de sus limitaciones no solo está la movilidad física, sino también las carencias económicas. Debido a la pandemia, ha tenido que ingeniárselas para continuar con su tratamiento.

“Uno de los mayores contratiempos que tuve fue asumir un costo por hacerme mis tratamientos médicos en un hospital privado”, afirmó a Voz de América, argumentando que todos los hospitales en su país, como en el resto del mundo, estaban atendiendo emergencias del COVID-19. “Si no es una emergencia, no tienes que llegar”, explicó en alusión a la política hospitalaria en su país.

Esta salvadoreña también es parte de una asociación que reivindica los derechos de mujeres con discapacidad. Explica que muchas mujeres no podían acceder a sus tratamientos, suspendidos por la pandemia, incluyendo el servicio de ginecología. “Por ejemplo, en el tema de salud sexual y reproductiva no ha habido seguimiento”, explicó.

La misma opinión tiene Elsy Cárcamo, ginecóloga obstetra que pertenece a la Unión Médica por la Salud y Vida de las mujeres. Cárcamo señaló que este es otro efecto silencioso del COVID-19, que el Estado ha descuidado y que grupos defensores de los derechos humanos han denunciado constantemente.

De acuerdo con la experta, el mismo aislamiento y el hecho de que muchos de los centros que tenían que brindarles atención se enfocaran únicamente en atender las emergencias del virus, podría estar causando una crisis de salud a corto plazo. “No tenían acceso a un hospital, a métodos de planificación familiar y si ya eran usuarias de estos, a continuar con sus métodos. No pudieron acceder a programas preventivos como el de cáncer de cuello de útero o a su citología”, entre otros, afirmó.

Repercusiones nunca vistas

Para Cárcamo, hasta los programas de violencia de género quedaron relegados a segundo plano y siguen así por parte del gobierno salvadoreño, que previamente había terminado algunos programas destinados a este fin. Incluso dejó de asignar presupuestos para este tema. “No ven la salud sexual y reproductiva como algo vital en la vida de las mujeres, pero si no hay salud no hay desarrollo humano”, sostuvo, argumentando que la negación del servicio constituye una violación de los derechos humanos. Desde su punto de vista, las repercusiones de vulnerabilidad social y económica que esta pandemia tiene y tendrá a largo plazo en la vida de las mujeres que alcanzará cuotas nunca vistas.

La Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, en su informe “COVID-19 en la vida de las mujeres”, ha señalado ese hecho. El organismo apunta que las violaciones a los derechos de las mujeres es una pandemia que aumenta y profundiza las desigualdades de género existentes. También ha indicado que los recursos que antes estaban destinados a los programas de salud y combatir la violencia contra la mujer se han visto desprovistos de estos fondos para “brindar alivio inmediato a los efectos de la COVID-19”.

Por confinamiento

La imposición de toques de queda y confinamiento han sido otras medidas que han impactado directamente en los derechos de las mujeres. Wendy Lisseth Morales Gálvez, directora de Asociación Azul Originario (AZO), ONG que presta asistencia humanitaria, entre otras acciones, contó a VOA que durante la pandemia su labor de acompañamiento y apoyo a las mujeres aumentó, en especial durante el período en el que el gobierno de Nayib Bukele ordenó el confinamiento.

Sostuvo que las medidas “no estaban apegadas a derechos” y faltó un trabajo coordinado con los actores locales de las diferentes zonas del país, ya que se debía tomar en cuenta las condiciones socioeconómicas de ciertos grupos para evitar atropellos. La activista afirmó que como asociación han acompañado a algunos sectores de la población femenina a presentar denuncias contra la Administración por arrestos arbitrarios. Muchos arrestos fueron a mujeres jefas de hogar del sector informal, que venden diferentes productos en las calles para alimentar a su familia. Muchas fueron llevadas a centros de contención o centros de detención contra su voluntad.

Muerte y dolor

Las medidas por confinamiento en algunos casos también trajeron luto y dolor, como en el caso de la auxiliar de enfermería y estudiante universitaria Keyla Martínez, una joven que murió luego de que las autoridades la trasladaran a instalaciones de la Policía Nacional de Honduras por incumplir el toque de queda impuesto por el gobierno como medida para frenar la pandemia.

El arrestó de Martínez ocurrió el pasado 6 de febrero cuando regresaba de su trabajo y según los policías que la privaron de libertad, ella se suicidó, pero según las pesquisas hechas por el Ministerio Público, la víctima fue asesinada por “asfixia mecánica” (ahorcada).

Amnistía Internacional ha denunciado el caso, así como la madre de Keyla, Norma Rodríguez, que exige justicia al Estado hondureño y denunció que ella, así como su familia, están sufriendo un acoso sistemático por parte de la Policía por denunciar el asesinato.

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