El millonario monto de unos 310 millones de dólares destinados por Estados Unidos busca parar la inmigración ilegal desde países del Triángulo Norte. (Foto: VOA)

El gobierno estadounidense de Joe Biden ha decidido destinar 310 millones de dólares para la ayuda humanitaria adicional que busca poner freno a la inmigración irregular y a las causas que la originan desde países como Guatemala, Honduras y El Salvador.

La vicepresidenta Kamala Harris, a cargo de la compleja tarea de detener el creciente flujo inmigratorio en la frontera sur impulsado por el presidente Joe Biden, hizo la promesa esta semana al presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei. 

La idea es que los ciudadanos de estos países no se vean obligados a dejar atrás la vida en las tierras que los vieron nacer, en virtud del sueño americano que les ponga ante sí la posibilidad de alimentarse, estar a salvo de maras y de la violencia que cuesta vidas cada año en estas naciones y otras oportunidades para ellos y sus hijos.

Biden ya ha pedido al Congreso otros 861 millones de dólares para atender, el próximo año, las causas que impulsan la migración irregular desde Centroamérica, en el marco de un plan de 4.000 millones de dólares para la región. Sin embargo, estas cifras son parte de un proyecto de presupuesto aún por discutir y aprobar por el Congreso.

La corrupción: ¿Cómo podrá Estados Unidos esquivarla?

El gobierno de Estados Unidos está enterado de que no será tarea fácil. El enviado especial para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, dijo días atrás al resumir su visita a Centroamérica que la corrupción es uno de los principales motivos de la inmigración masiva procedente de esas naciones.

«La corrupción es el factor principal de la desestabilización en Centroamérica”, dijo Zúñiga la pasada semana a medios. «Si algo va mal en Centroamérica, lo sentimos en Estados Unidos», agregó.

Las sanciones son algunos de los métodos que podría usar Estados Unidos, según ha dicho el propio Zúñiga, al afirmar que lo contempla: «Sanciones, listas de las personas que están involucradas en casos de corrupción, así como a los familiares de estos».

Y para ello -avisó- los departamentos del Tesoro y Justicia harán «lo que sea necesario». A su vez la administración Biden trabaja en la creación de un grupo anticorrupción, que involucra al los departamentos de Justicia y de Estado.

«Estamos del lado de los que son víctimas de la corrupción y no del lado de los que están involucrados en la corrupción», dejó claro Zúñiga hace pocos días.

Estados Unidos contempla además en este esfuerzo la labor conjunta con aliados de la región, ha dicho Zúñiga: «No solo trabajar entre nosotros mismos, sino también con los países de la región para asegurarnos de que tengan los medios para hacer cumplir sus leyes y poder monitorear sus fronteras».

Establecer cláusulas de transparencia y rendición de cuentas, como en otras ocasiones, para poner en función estos montos millonarios, podría ser clave también para que estos fondos lleguen a los necesitados.

Otro recurso podría ser, sostienen observadores, que los recursos sean puestos en manos de organizaciones no gubernamentales y agencias de Estados Unidos y otros países que garanticen su correcta utilización en atacar, por ejemplo, la inseguridad alimentaria.

Ya por adelantado, está establecido que la asistencia será parcialmente gestionada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), y se estructurará en dos grandes partidas: una de 255 millones de dólares para ayuda humanitaria y otra de 55 millones para hacer frente a la inseguridad alimentaria en la región.

¿Quiénes son los más necesitados de esa ayuda en Centroamérica?

Los que huyen de la violencia y de las pandillas en sus países, los que no tienen trabajo ni oportunidades, los que buscan un futuro mejor para sus hijos, engrosan las listas de inmigrantes irregulares, según corroboró la Voz de América en una serie de reportajes bajo el título de Más Allá del Muro, que entrevistó a inmigrantes, menores no acompañados, autoridades migratorias, granjeros, responsables de refugios que albergan migrantes y otros protagonistas de este desafío que enfrenta la administración Biden.

El Programa Mundial de Alimentos dijo en un informe a principios de este año que después de que varios huracanes azotaran la región y de los efectos económicos de la pandemia del coronavirus, el número de personas que padecen hambre en Guatemala, El Salvador y Honduras ha llegado a 7,8 millones. Así que garantizar la seguridad alimentaria será uno de los fines de este dinero destinado por Estados Unidos.

Pero no solo estas son las razones para escapar de sus casas. La violencia contra las mujeres, las personas LBGTQ y los afrodescendientes y hasta la pandemia está provocando la estampida.

¿Qué esperar?

La vicepresidenta Harris se reunió el jueves con representantes de instituciones filantrópicas para pedirles que ayuden a la Casa Blanca a esbozar un plan que ofrezca un futuro mejor para Honduras, Guatemala y El Salvador.

«La mayoría de las personas no quieren abandonar sus hogares; no quieren abandonar a sus abuelos y no quieren abandonar su cultura», indicó Harris al comienzo de una mesa redonda con varios directores ejecutivos de fundaciones, tales como Arturo Aguilar, director de Rockefeller Brothers Fund, o Darren Walker, presidente de la Fundación Ford.

El trabajo cercano con México está en esta agenda para frenar la inmigración. Está previsto que la vicepresidenta Harris y el presidente de México Andrés Manuel López Obrador sostengan una reunión virtual el próximo 7 de mayo, a un mes de la primera conversación para abordar asuntos de interés bilateral como la inmigración.

El caso de El Salvador no es todavía claro cómo cooperarán ambas naciones, dado que la controversia surgida días atrás a través de las redes sociales entre el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y la única congresista estadounidense de origen centroamericano, Norma Torres, escaló recientemente al punto de que un legislador y un asesor especial Zúñiga afirmaran que habría incurrido Bukele en una  supuesta interferencia electoral.

Honduras, otro de los países en la mira de Estados Unidos, atraviesa por la coyuntara dado por la la condena a cadena perpetua para Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, que dejó en evidencia al Gobierno hondureño, en riesgo al país, y de paso esbozó el difícil camino que le espera a las relaciones de Estados Unidos con el país centroamericano, según analistas.

El experto en temas de inmigración, Jahir Dabroy, dijo a la VOA que el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, podría liderar las relaciones en el Triángulo Norte. Justo ha sido con Giammattei que la vicepresidenta Harris ha conversado en los últimos días.

«Hay un tema de agenda de geopolítica internacional que trasciende nuestros intereses», dijo Dabroy. Según el experto, Estados Unidos busca mantener la influencia en el territorio y por ello refuerza las relaciones bilaterales y regionales. Está previsto que en junio Harris y Giammattei se reúnan frente a frente.

«De aquí a junio, los gobiernos deberíamos tener trazada una hoja de ruta para que haya acuerdos de gobierno a gobierno para establecer el duro camino que tenemos para lograr no solo la paz, el progreso y el desarrollo, sino contar con la colaboración de ustedes en los temas donde necesitamos ser fortalecidos», ha dicho Giammattei.

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