Infectada de coronavirus, luego desempleada, y ahora al borde del desahucio

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Houston (TX) Cuando se enteró que había dado positivo al COVID-19, Marisela Vega, indocumentada de 31 años, decidió aislarse en una de las dos habitaciones del departamento donde vive para no contagiar a sus niñas y a su madre anciana, a quienes no pudo tocar por espacio de tres semanas.

Contrajo el virus a través de una compañera del local de comida rápida donde trabajaba, quien a su vez contagió otra trabajadora que dos semanas antes había pedido descanso médico por presentar los mismos síntomas que luego tuvo Vega.

«Fuertes dolores de cabeza, de garganta, fiebre alta y una angustia en el alma por no poder abrazar a mis pequeñas», recordó Vega en entrevista con Efe.

Así, la indocumentada pasó a engrosar la cifra de más de 64.000 personas contagiadas con el coronavirus en el Condado de Harris, donde se asienta Houston, en Texas, estado que acumula hasta el pasado lunes más de 381.000 casos confirmados.

Sumida en mensualidades atrasadas en sus recibos de luz y otros servicios, Vega enfrenta además el despido de su empleador y «el acoso» por parte del complejo habitacional en el que reside por no poder pagar la renta desde el mes de abril. A la montaña de deudas se suma las cuotas quincenales de un auto de segunda mano que adquirió en diciembre del año pasado.

ASISTENCIA DENEGADA

En ese lapso, Vega ha intentando «por todos los medios» solicitar asistencia a través de un programa municipal de emergencia para inquilinos morosos, «pero fue en vano», dijo. Los más de 14 millones de dólares destinados a auxiliar a personas en su misma situación se acabaron en menos de dos horas.

Según el Departamento de Vivienda de Houston, solo 6.800 inquilinos de los cerca de 17.000 solicitantes alcanzaron a recibir fondos.

Vega, sin embargo, se ha salvado del desalojo en vista de que el conjunto residencial en el que vive solicitó protección a través del Acta de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica contra el Coronavirus (CARES, en inglés).

De hecho, a principios de junio, Lina Hidalgo, jueza administrativa del condado Harris, solicitó que se suspendan los desalojos hasta el 24 de agosto para evitar un mayor desastre en la salud pública. El alcalde de Houston, Sylvester Turner, hizo lo mismo.

Algunos magistrados de los 16 distritos dentro del condado han acatado la petición y solo reciben solicitudes de desalojo pero no las ejecutan ni las ponen en agenda.

Debido a que la moratoria federal que prohibía los desahucios aprobada en marzo terminó la semana pasada, Vega dice estar resignada, al punto de que acatará el desalojo que prevé le ordene un juez municipal de la corte civil de Houston.

«No me presentaré, por temor a que allí me esté esperando la migra, y porque no sabría qué decir», confesó Vega.

Según Zoe Middleton, una de las directoras en Houston de la organización Texas Housers, una gran cantidad de indocumentados prefiere evitar presentarse a una audiencia judicial debido a su estatus migratorio.

«Y ese pánico es entendible, al punto de que no esperan ni siquiera que exista un documento oficial para evitar posibles repercusiones», señaló Middleton.

DESALOJOS Y REPRESENTACIÓN LEGAL

De acuerdo a January Advisors, una firma consultora que agrupa estadísticas de las cortes del condado Harris, del 1 de marzo al 25 de julio se recibieron 9.125 solicitudes de desalojo cuyo monto por falta de pago supera los 15 millones de dólares.

De ese total, sólo el 3% de los demandados cuenta con asistencia legal o un abogado que los represente.

Fernando Barrientos, colombiano y residente legal en Estados Unidos, tiene una orden de desalojo pendiente porque tampoco ha podido pagar varios meses de renta, pero la corte cambió la fecha de la audiencia «hasta nuevo aviso».

La empresa donde trabaja paralizó las obras de construcción por varias semanas, sin goce de haber, debido a que varios empleados dieron positivo al COVID-19.

Desde entonces, Barrientos, de 55 años, ha llenado los formularios de los programas de asistencia del condado pero no ha tenido suerte, ni tampoco la tuvo con el cheque de estímulo económico que distribuyó la administración federal.

Barrientos dice tener sus «pocas cosas ya empacadas» para cuando le salga otro lugar donde vivir y dejar el apartamento donde duerme actualmente, porque le será imposible ponerse al corriente con los pagos.

«Me vine a Houston hace dos años a probar suerte porque mi sueño había sido siempre trabajar en una petrolera», indica el colombiano, que no ha podido trabajar en esa industria.

Su otra opción es regresar a la también tejana Dallas, donde vivió antes de mudarse a Houston. Allí, sus familiares podrán darle «una mano» nuevamente, dijo.

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