Inicio Blog Página 919

La violencia vuelve a sembrar de muerte las calles de Puerto Príncipe

Puerto Príncipe
Dos personas cargan un cajón para recoger el cuerpo de una persona en la calle este miércoles en Puerto Príncipe (Haití). EFE/ Johnson Sabin

Puerto Príncipe.- Las calles de Pétion-ville, en las colinas de Puerto Príncipe, volvieron este miércoles a sembrarse de cuerpos, en la que es la única comuna de la capital de Haití que aún no está completamente en poder de las bandas armadas.

Los al menos siete muertos aparecidos esta jornada en Pétion-ville se suman a los otros quince cadáveres con los que amaneció hace dos días esa misma zona, en circunstancias aún no esclarecidas.

En ambas jornadas las imágenes fueron similares: cuerpos tiroteados (en esta ocasión algunos en medio de llamas y otros ya carbonizados), camillas con fallecidos introducidas en ambulancias o trabajadores cargando ataúdes.

De acuerdo con las últimas informaciones colgadas por la Policía Nacional de Haití (PNH) en las redes sociales, en el curso de una operación en Pétion-ville el jefe de banda Mackandal fue herido de muerte.

También indicó que, después de disparar a una patrulla, tres miembros de pandillas fueron abatidos y dos vehículos Inmovilizados.

Por otra parte, un agente de la Policía fue asesinado por hombres armados en Delmas 72, comunicó el Sindicato Nacional de Policías Haitianos (Synapoha).

La violencia sigue muy presente en la zona metropolitana de Puerto Príncipe, pese a las patrullas de la Policía y el estado de emergencia y el toque de queda en el departamento del Oeste, donde está la capital.

En las últimos días, esa violencia se ha trasladado del centro de la ciudad a diferentes zonas de Pétion-ville, donde se registran enfrentamientos entre bandas o hay ataques de las pandillas en su intento por hacerse con el control de esas áreas, todo ello en medio de intensos tiroteos.

A la inseguridad ya existente, se suma que a principios de mes unos 3.000 presos, entre ellos miembros y cabecillas de bandas, lograron fugarse de las dos prisiones más importantes de la ciudad, tras ser asaltadas por los grupos armados.

Una ciudad paralizada en la que aumentan los desplazados

Todo ello repercute en el funcionamiento de la ciudad: prácticamente no hay actividad comercial, las escuelas están cerradas y es constante el ir y venir de personas que huyen de sus casas, de sus barrios, hacia zonas consideradas más seguras.

 Según los últimos datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la última escalada de la violencia en Puerto Príncipe, que comenzó a final de febrero pasado, ha llevado a que más de 15.000 personas se hayan convertido en desplazados.

En total, más de 86.000 haitianos viven en 84 puntos de desplazamiento, por lo que se han convertido en centros de refugiados en escuelas, iglesias y plazas públicas, en los que sus habitantes sobreviven en condiciones insalubres e inhumanas.

Además, de acuerdo con la OIM, en menos de una semana 17.000 personas abandonaron la capital en busca de un lugar más seguro y se fueron con familiares o amigos a otras provincias, con el peligro que conlleva viajar, puesto que la ciudad y las carreteras están rodeadas por las bandas.

Esta agencia de Naciones Unidas calcula que, desde principios de año, en el área metropolitana de Puerto Príncipe la población desplazada ha aumentado en un 15 % y unas 160.000 personas no pueden regresar a sus hogares.

Mientras tanto, continúan las evacuaciones de extranjeros y, este miércoles, Estados Unidos evacuó a una quincena de sus ciudadanos con un vuelo de helicóptero de Puerto Príncipe a República Dominicana.

El Departamento de Estado de EE. UU. detalló que espera evacuar de esta forma a unas 30 personas de nacionalidad estadounidense cada día.

 Todo ello ocurre mientras se espera la implementación del consejo presidencial de transición, tras cuya constitución dejará el poder el primer ministro haitiano, Ariel Henry, y también el despliegue de la misión multinacional de apoyo a la seguridad que encabezará Kenia.

More bodies found in streets of Port-au-Prince

Two people walk near the body of a person on a street in Port-au-Prince, Haiti, on 20 March 2024. EFE/ Mentor David Lorens/ATTENTION EDITORS: EXPLICIT GRAPHIC CONTENT

The streets of Pétion-ville, in the hills of Port-au-Prince, were once again littered with bodies on Wednesday, being the only commune in the Haitian capital not yet completely under the control of armed gangs.

At least seven bodies were found on Wednesday in Pétion-ville following another 15 discovered two days ago in the same area under circumstances that have not yet been clarified.

On both days the scenes were similar: bodies with gunshot wounds (on this occasion some were on fire and others already charred), the deceased placed into ambulances, and workers carrying coffins.

According to the Haitian National Police (PNH) on social media, during an operation in Pétion-ville, gang leader Mackandal was fatally wounded.

It added that, after shooting at a patrol car, three gang members were killed and two vehicles immobilized.

On the other hand, a police officer was murdered by armed men in Delmas 72, reported the national police union (Synapoha).

Violence is still present in metropolitan Port-au-Prince, despite police patrols and the state of emergency and curfew in Ouest department, where the capital is located.

In recent days, this violence has moved from the city center to various areas of Pétion-ville, where there are attacks by and clashes between gangs in their attempt to gain control of those areas, amidst intense shootouts.

On top of the existing insecurity, at the beginning of the month some 3,000 prisoners, including gang leaders, escaped from the two most important prisons in the city when the institutions were attacked by armed groups.

The functioning of the city has been severely impacted. There is almost no commercial activity, schools are closed and people are still fleeing their homes towards areas they consider safer.

According to the latest data from the International Organization for Migration (IOM), the escalation of violence in Port-au-Prince, which began at the end of February, has led to more than 15,000 people becoming internally displaced.

More than 86,000 Haitians now live in 84 displacement points, which is why schools, churches and public squares have become refugee centers, where many people live in unsanitary conditions.

Furthermore, according to the IOM, in less than a week 17,000 people left the capital in search of safety in other provinces, with the danger that travel entails, since the city and the roads are surrounded by gangs.

This United Nations agency estimates that, since the beginning of the year, in metropolitan Port-au-Prince the displaced population has increased by 15 percent and some 160,000 people cannot return to their homes.

Meanwhile, the evacuations of foreigners continue. On Wednesday, the United States evacuated 15 of its citizens by helicopter to the Dominican Republic. The State Department said that it expects to evacuate about 30 US citizens each day in this way.

Haiti awaits the implementation of the transitional presidential council, after which Prime Minister Ariel Henry will step down, and also the deployment of the of the multinational security support mission that Kenya will lead.

Activistas denuncian crisis de derechos humanos en pueblos originarios del sur de México

Activistas
El secretario general nacional de la Confede, Oscar Solorzano (d) participa en una reunión con líderes sindicales nacionales e internacionales, en San Cristobal de las Casas, estado de Chiapas (México). EFE/Carlos López

San Cristóbal de Las Casas (México).- Activistas denunciaron la creciente violencia en el sureño estado mexicano de Chiapas, donde aseguraron que hay múltiples violaciones a los derechos humanos.

“Chiapas vive en una crisis de derechos humanos, violentados y abandonados por parte de las autoridades. Estamos en medio de desapariciones, asesinatos, desplazamientos que no han sido atendidos por el Gobierno mexicano”, indicó Dora Lilia Roblero García, directora del Centro de Derechos Humanos -conocido como El Frayba-, durante la celebración del 35 aniversario de la organización en San Cristóbal de Las Casas, en Chiapas.

La activista denunció que la violación a los derechos humanos en Chiapas se agudizó desde 2022 y se generalizó en todo el estado, por lo que este aniversario los llama a la reflexión para “entrelazar conocimiento”.

«Las autoridades no han atendido ni han pensado dar solución o por lo menos investigar, lo cual nos preocupa mucho porque existe gente sufriendo, hay una situación de miedo y afectación psicológica”, dijo la defensora de derechos humanos.

El Frayba reunió para este evento a diversas organizaciones en las instalaciones del Centro Indígena de Capacitación Integral (Cedeci), y entre los invitados estuvo el obispo Raúl Vera López, presidente del Consejo Directivo de la organización.

También estuvo presente Blanca Martínez, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios y una comisión de las organizaciones Las Abejas de Acteal, ejidatarios de San Jerónimo Bachajón, Organización Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio, el gobierno comunitario de Chilón y simpatizantes zapatistas.

Los activistas señalaron que durante estos 35 años de trabajo pocos han sido los cambios por parte de las autoridades, pues continúan dándose privaciones arbitrarias de la libertad, torturas sistemáticas, violencia estructural y hay múltiples casos por resolver.

“Parece que no somos seres humanos merecedores de una justicia digna porque somos pobres, porque somos indígenas, porque no somos ricos”, dijo en el evento Guadalupe Vázquez Luna, mujer tzotzil, activista y sobreviviente de la masacre de Acteal, perpetrada por paramilitares que dejaron sin vida a 45 personas en diciembre de 1997.

Activistas, ONG y comunidades han señalado en los últimos meses el clima de «guerra civil» que se vive en el estado por los conflictos armados, presencia de grupos del crimen organizado y carteles del narcotráfico, lo que ha desencadenado homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados, en particular en comunidades indígenas y afines al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Ante este panorama violento institucional, la guerra entre los carteles de México y los procesos electorales que se avecinan en México este 2024, las organizaciones presentes en el evento aseguraron que buscarán nuevas estrategias para hacer valer los derechos Humanos de los pueblos originarios y campesinos en México. Señalaron los activistas.

Governor’s plan to boost mass transit aid passes Pennsylvania House, but faces long odds in Senate

transit
Gov. Josh Shapiro's. (Photo: AP/File)

HARRISBURG, Pa. — Pennsylvania’s House of Representatives on Wednesday approved Gov. Josh Shapiro’s plan to boost funding for public transportation systems still trying to recover pre-pandemic ridership numbers and facing a drop-off in funding when federal COVID-19 aid runs out.

The Democratic-controlled chamber voted 106-95, with all but one Democrat in favor, and all but five Republicans opposing it.

The bill would deliver an increase of about 20% in state aid to public transportation systems, proposed by the Democratic governor in his budget plan earlier this year. However, the bill faces long odds in the Republican-controlled Senate, with Republicans protesting the amount of the funding increase and objecting to procedures that House Democrats used to pass the bill.

Under the bill, the state would increase the share of state sales tax collections devoted to public transit agencies from 4.4% of receipts to 6.15%. That would translate to an estimated increase of $283 million in the 2024-25 fiscal year on top of the $1.3 billion going to transit agencies this year.

About two-thirds of the state aid goes to the Philadelphia-area Southeastern Pennsylvania Transportation Authority, or SEPTA, and another 20% goes to Pittsburgh Regional Transit. The rest goes to 29 public transportation systems around Pennsylvania.

The bill also excuses transit agencies from a 15% fund-matching requirement for five years.

Democrats defended the increase as an economic good and necessary to keep transit systems from cutting services or increasing fares.

“This is going to benefit all of us, and it’s going to keep Pennsylvania moving,» said Rep. Jennifer O’Mara, D-Delaware.

House Minority Leader Bryan Cutler, R-Lancaster, called the bill a “mass transit bailout.” The size of the subsidy increase is “eye-popping,» Cutler said, and he suggested that more funding won’t fix the things that are ailing public transit systems, including lagging ridership, rising fuel costs and high-profile incidents of crime.

“There are structural problems in mass transit systems that funding alone will not solve,” Cutler said.

Cutler’s criticisms echoed those in the past by Senate Republicans. In a statement Wednesday, Senate Majority Leader Joe Pittman, R-Indiana, said simply that Senate Republicans haven’t agreed to pass the bill.

Republicans also protested that the bill could be found unconstitutional by a court after the public transit provisions were inserted into a bill created for an entirely different purpose. Senate Republicans wrote the original bill to give landowners an income tax deduction for the use of natural gas, coal, oil or other natural deposits on their land.

Public transportation authorities across the U.S. have yet to fully recover their ridership after it dropped off during the pandemic and mass transit advocates say systems lack the revenue to avoid service cuts when federal COVID-19 relief aid runs out.

In addition, they say, operating costs have grown, with inflation that hit a four-decade high in 2022 and rising wages and fuel prices.

Bill to offset student debt through tax credit passes Pennsylvania House

credit
Pennsylvania State Capitol Complex. (Photo: Ilustrativa/Pexels)

HARRISBURG, Pa. — To offset the burden of student debt, employers in Pennsylvania could get a tax credit if they make contributions to their employees’ tuition savings account, under a bill that passed the Pennsylvania House of Representatives on Wednesday.

The legislation, which passed unanimously and now goes on to the state Senate, would allow employers to contribute up to $500 to an employee’s tuition savings account annually for a tax credit equal to 25% of the employer’s total contributions.

Tuition savings accounts, like the 529 plan, can be used for educational expenses — like tuition, room and board, books — at K-12 schools, college or career training programs and are meant to lower future borrowing.

Sponsors for the bill say with student debt totaling $1.77 trillion nationally, the legislation would help reduce the financial burden on students.

Pennsylvania ranks nearly last in just about every measure for college affordability. Tuition rates are high, students leave encumbered with more debt and the state gives less to higher education than others.

Employers that make contributions would have to do so equally to all employees who have tuition savings accounts.

The Department of Revenue estimates there are roughly 600,000 tuition savings accounts owned by Pennsylvania employees. The state would see an estimated $65.7 million cost annually, if each eligible account received the maximum contribution.

Fire destroys senior community clubhouse in Philadelphia suburb, but no injuries reported

A fast-moving fire destroyed a clubhouse at a large senior community in a Philadelphia suburb but no injuries were reported. (Photo: AP)

NORTH WALES, Pa. A fast-moving fire destroyed a clubhouse at a large senior community in a Philadelphia suburb early Wednesday, but no injuries were reported.

The fire at the Village of Neshaminy Falls in North Wales was reported around 5:30 a.m. and was brought under control within two hours. The fire spewed thick black smoke throughout the community and sent flames shooting into the sky.

The clubhouse was a vital part of the community, which has hundreds of residents. It hosts numerous activities and was the site where residents cast ballots in elections.

The building was closed and apparently empty when the fire broke out. The cause of the blaze remains under investigation.

Vaping causes similar DNA changes as smoking, study finds

vaping
Young people use single-use vaping products in London, Britain. (Photo: EFE/TOLGA AKMEN/File)

A recent study has revealed that vaping causes the same DNA changes in human cells as smoking, with these associated with the future development of lung cancer in smokers.

The study, published in the Cancer Research journal, analyzed DNA changes in cheek cell samples taken from over 3,500 users of vaping devices or electronic cigarettes, including individuals with limited tobacco smoking history.

«We cannot say that e-cigarettes cause cancer based on our study, but we do observe e-cigarette users exhibit some similar epigenetic changes in buccal cells as smokers, and these changes are associated with future lung cancer development in smokers,” said Chiara Herzog, the author of the study from University College London, and University of Innsbruck in Austria.

Herzog emphasized the need for further research to determine whether these features could be used to individually predict cancer in smokers and e-cigarette users.

Specifically, the study examined the effects of e-cigarettes and tobacco on human cells by studying a type of epigenetic change in samples called DNA methylation.

The epigenome refers to an extra layer of information that is superimposed on human genetic material, the DNA.

Epigenomes change throughout a person’s life and can be influenced by various factors, both genetic and non-genetic, such as aging, lifestyle, exposure to hormones, chemicals, environmental factors, stress, and psychological trauma.

The study found that oral epithelial cells showed substantial epigenomic changes in smokers, which are further elevated in lung cancers or pre-cancers compared to the normal lung tissue, supporting the idea that smoking-associated epigenetic changes allow cells to grow more quickly.

Similar epigenomic changes were observed in the cells of e-cigarette users who had smoked fewer than 100 tobacco cigarettes in their lifetime.

«While the scientific consensus is that e-cigarettes are safer than smoking tobacco, we cannot assume they are completely safe to use and it is important to explore their potential long-term risks and links to cancer,” Herzog said.

The researchers also found that some smoking-related epigenetic changes remain more stable than others after giving up smoking, including such changes in cervical cells.

The epigenome reflects how the human body responded to past environmental exposures like smoking and enables scientists to predict future health outcomes and disease, said Martin Widschwendter, another author of the study. 

PA Horticultural Society Named on Fast Company’s “World’s Most Innovative Companies of 2024”

horticultural

PHS joins the ranks of Nvidia, YouTube, Taco Bell, and other leaders in business and philanthropy 

PHS recognized for its innovative, community-led, horticulture initiatives in the Philadelphia region that help advance health and well-being 

PHILADELPHIA, PA — (March 19, 2024) — Today, The Pennsylvania Horticultural Society (PHS) has been named to Fast Company’s prestigious list of the World’s Most Innovative Companies of 2024.  

This year’s list shines a spotlight on businesses that are shaping industry and culture through their innovations. These organizations are setting new standards and achieving remarkable milestones in all sectors of the economy. Alongside the World’s 50 Most Innovative Companies, Fast Company recognizes 606 organizations across 58 sectors and regions. 

“I am honored to have the Pennsylvania Horticultural Society recognized on this prestigious list alongside so many impressive organizations driving impact and innovation within their fields. We hope to leverage this incredible accolade to further expand our impact using horticulture to advance health and well-being. We act to fulfill our belief that gardens, trees, and great horticulture are must-have elements for every neighborhood in a thriving, equitable city and region. PHS invites everyone to embrace gardening as their superpower to transform our society and environment, a concept we call ‘Gardening for the Greater Good,’” stated PHS President, Matt Rader. 

In 2023, the work of PHS’s programs directly engaged over 300,000 people in the Philadelphia region with program impacts being felt by 1.14 million Philadelphia residents who live within a 5-minute walking distance of a PHS project. This work is made possible by time, money, and passion invested by PHS’s members, volunteers, sponsors, donors, foundation and government partners as well as the proceeds of PHS’s Pop Up Gardens and the Philadelphia Flower Show. Below are highlights of PHS’s recent work that was recognized by Fast Company

Creating Economic Opportunity

PHS Workforce Development provides hands-on work experience, training, education, job placement, and ongoing support for returning citizens and those with barriers to employment in seeking green industry jobs. In 2023, the program graduated over 50 participants with most graduates garnering permanent employment with one of PHS’s employment partners. Through PHS’s Same Day Work and Pay program, PHS has created 9,000+ daily jobs, offering people the opportunity to clean and green their community while benefiting from additional social support services. PHS’s LandCare program helped create business growth opportunities for women and minority led contractors and community organizations who partnered to help clean and green vacant land. In addition, the PHS Philadelphia Flower Show created opportunities for under-represented leaders in horticulture to reach national audiences including the acclaimed Black Girl Florist Collective. 

Forging Health Research Partnerships

PHS partnered with the University of Pennsylvania to launch a $10 million research project in 2023 to study the effects of its nature-based programs to mitigate crime and promote positive public health outcomes in urban neighborhoods. This research program is focused on studying nature-based impacts in 60 low-income, BIPOC communities. 

Restoring Philadelphia’s Tree Canopy

In 2023, PHS was the lead partner for the innovative development and implementation of the City of Philadelphia’s first ever Philly Tree Plan, an ambitious 10-year plan to restore urban tree canopy in the city. In September 2023, The Philly Tree Plan was awarded $12 million to enact numerous projects to help build tree canopy in Philadelphia’s lowest canopy neighborhoods. PHS will establish and house the Philly Tree Coalition, which will tie the partners together in a formal joint venture to raise awareness and funds needed to fully implement the Philly Tree Plan. PHS will lead initiatives to help restore tree canopy in 7 designated high-priority areas.   

Enacting Place-Based Greening Efforts to Build Communities

2023 also marked the first year of PHS’s “Love Where You Live” program through which north Philadelphia’s Nicetown and Tioga residents articulated a green vision for their neighborhood which experiences below-average incomes and health outcomes. Residents established specific neighborhood priorities to address concerns surrounding trash and litter, access to fresh, healthy food, crime, and job opportunities. 

PHS employed a “Green Team” to articulate horticulturally driven strategies to achieve residents’ aspirations for the neighborhood guided by community input. In the program’s first year, PHS cleaned and greened 580,000 square feet of vacant land, planted 178 trees, provided 31 residents with gardening kits to participate in a Front Garden Challenge, created 31 new raised beds at 5 community gardens, created 1,120 daily green jobs, and concluded a 2-week paid workforce development bootcamp for residents.  

These mission-driven programs continue to see significant growth and expansion annually, allowing PHS to advance its impact and innovation throughout the Philadelphia region.  

The World’s Most Innovative Companies stands as Fast Company’s hallmark franchise and one of its most anticipated editorial efforts of the year.  

Fast Company’s editors and writers identified the companies driving progress around the world and across industries, evaluating thousands of submissions through a competitive application process. The result is a globe-spanning guide to innovation today, from early-stage startups to some of the most valuable companies in the world. Fast Company’s Most Innovative Companies package is available online, as well as in-app form via iTunes, and on newsstands beginning March 26. The hashtag is #FCMostInnovative. 

“Our list of the Most Innovative Companies is both a comprehensive look at the innovation economy and a snapshot of the business trends that defined the year,” said Fast Company editor-in-chief Brendan Vaughan. “We saw extraordinary innovation across the board in 2023, but we also saw a handful of clear patterns: the growing footprint and impact of AI, the triumphant return of live events, and great leaps forward in climate tech. We face daunting challenges on many fronts, but the solutions we celebrate in MIC give me plenty of hope about the future.” 

Fast Company will host the Most Innovative Companies Summit and Gala on May 16. The summit features a morning and afternoon of inspiring content, followed by a creative black-tie gala including networking, a seated dinner, and an honoree presentation. This event celebrates the Most Innovative Companies honorees and provides an inside look at cutting-edge business trends and what it takes to innovate in 2024.  

ABOUT PENNSYLVANIA HORTICULTURAL SOCIETY

The Pennsylvania Horticultural Society (PHS), an internationally recognized nonprofit organization founded in 1827, uses horticulture to advance the health and well-being of the Greater Philadelphia region. PHS programs create healthier living environments, increase access to fresh food, expand access to jobs and economic opportunity, and strengthen deeper social connections between people. PHS’s work spans 250 neighborhoods; an expansive network of public gardens and landscapes; year-round learning experiences; and the nation’s signature gardening event, the Philadelphia Flower Show. PHS provides everyone with opportunities to garden for the greater good as a participant, member, donor, or volunteer. 

ABOUT FAST COMPANY

Fast Company is the only media brand fully dedicated to the vital intersection of business, innovation, and design, engaging the most influential leaders, companies, and thinkers on the future of business. Headquartered in New York City, Fast Company is published by Mansueto Ventures LLC, along with our sister publication Inc., and can be found online at www.fastcompany.com

Editorial Roundup: Pennsylvania

pennsylvania

Altoona Mirror. March 15, 2024

Pennsylvania school districts and the communities in which they reside could benefit from a special, mandatory four-session course required by the state Legislature and Department of Education, targeted for one of the junior high grades and spaced out over the course of the school year.

The lead front-page article in last weekend’s Mirror — “Area sees increase in juvenile crime” — provided plenty of justification for such a special learning experience.

The logical question emanating from that article is whether the Legislature and Governor’s Office would endorse the idea and take meaningful steps to formally implement it as soon as practicable, preferably by fast-tracking the course’s preparation and providing funding to help districts surmount any local-level financial constraints that might exist.

The issue is serious enough to warrant such a get-it-done-quickly strategy. No community — not Altoona, not anywhere else in Blair County, not anywhere else in Pennsylvania, period — should have to deal with such an undermining situation.

Educating schoolchildren early-on about what crime-solving and criminal justice really are all about might go a long way toward helping young people avoid getting on the wrong side of the law.

What is being advocated here is worth a try, if not permanently then authorized initially as a pilot project — an experiment — covering a specific number of years, to be followed by a decision on whether it should be made permanent.

Last weekend’s article began: “Several teenagers charged as adults in a New Year’s Day shooting in the city (Altoona) are just the tip of the proverbial iceberg, said local officials, who admit juvenile violence is a growing trend.”

The following paragraph mentioned Blair County District Attorney Pete Weeks’ observation that the lack of available bed spaces, probation officers and certain other resources has been making it difficult for law enforcement agencies to detain and address acts of violence by juveniles who see little — if any — consequences for committing serial crimes.

“That’s been a huge part of the problem,” Weeks said, adding that without consequences when they commit a crime, juveniles often increase the seriousness of their crime.

“They don’t believe that there’s a consequence because that’s what the system is showing them,” Weeks said.

Later in the article, Patrick Tomassetti, Altoona Police Department public relations officer, is quoted as saying shooting incidents involving juveniles are becoming a major concern.

Meanwhile, in that weekend article, Clark Sheehe, probation office supervisor, expanded on Tomassetti’s point, saying that although Blair County is considered a fifth-class county, it is seeing the amount of juvenile crime cases a third-class county would normally handle.

About the sessions proposed at the top of this editorial:

The logical first session would do well to touch on the investigation of a crime, evidence-gathering and the pressures those with evidence feel, whether or not they disclose what they know. The second session could center on the arrest process, and the third, on the court proceedings.

Finally, the fourth session could deal with incarceration — what the guilty individual is realizing as he or she is locked up for however long.

The education option can be one of the easier, less-costly assets for addressing the growing juvenile crime problem here or anywhere else.

Unfortunately, it is not a cure-all, and more ideas need to be forthcoming.

___

Scranton Times-Tribune. March 17, 2024

As the days get longer and the weather warms, our thoughts turn to spring pastimes like gardening, baseball and waiting in traffic as roadwork season kicks into gear.

The last is not necessarily a negative thing. Short-term pain can lead to long-term gain, especially this spring, as a burst of federal funding spurs long-neglected infrastructure repairs.

In Schuylkill County, the long-awaited Frackville Grade project is finally underway. The $115 million project will rehabilitate a crumbling 4.4-mile section of Route 61 with $21 million coming from the Bipartisan Infrastructure Law passed in November 2021.

Any number of projects across Northeast Pennsylvania have been green-lighted or speeded up because of increased federal funding under the Infrastructure Law. In Scranton, work has begun on the replacement of the Green Ridge Street Bridge. And planning is underway to demolish the closed Water Street Bridge in Pittston and build a new one by 2026.

The “bipartisan” part of the law’s title is perhaps overblown, as only 19 of the 50 Republican senators at the time voted “aye.” In the House, controlled in 2021 by Democrats, only 13 GOP members approved. Of course, that hasn’t stopped many of them from issuing press releases and attending ribbon cuttings when these important projects land in their districts.

But in the spirit of bipartisanship, let’s focus on the good the $1 trillion bill has wrought. As of the end of February, $14.7 billion in Infrastructure Law funding has been announced for 445 projects in Pennsylvania. Those projects go well beyond roads and bridges, paying for improvements in Internet access, water systems, public transit, airports and the electrical grid.

Those are investments in the commonwealth’s and the nation’s future, facilitating trade, economic growth and opportunity. They show what we can still achieve if we work together in the spirit of democracy and compromise.

For too long, the U.S. neglected upkeep of the systems that allow us to prosper as “infrastructure weeks” came and went. The Infrastructure Law broke an impasse that was holding us back as other countries constructed modern airports, high-speed rail lines and robust telecommunications networks.

As we get deeper into this national election year, we should focus less on the rhetoric that divides us and more on the initiatives we can pursue together that will make us a stronger nation. And we should hold candidates at all levels accountable by insisting they address what they can achieve in office to further the common good, even if that means reaching across the aisle.

Because putting up with some painful bipartisanship in the short term, like enduring stalled traffic for a highway construction project, can lead to a better, brighter future.

___

Pittsburgh Post-Gazette. March 18, 2024

Pennsylvania’s system for funding cyber charter schools sucks money out of public schools and deposits it in vast reserves for private online academies that simply do not work. Reforming this system is essential to any school funding reform in the commonwealth, and Gov. Josh Shapiro’s proposal is a good place to start: Cap cyber charter funding at $8,000 per pupil.

Currently, cyber charter schools are funded at the same rate as brick and mortar charter schools, an absurd arrangement that has allowed the online schools to amass comically huge reserves: over $250 million across the 14 organizations, and that was in 2022. The schools have seen massive growth since the COVID pandemic as parents reject traditional educational models, and with combined spending of nearly $17 million on advertising in 2021 and 2022, it’s clear they’re competing with each other, and with other schools, for lucrative students.

The state’s funding scheme, passed in 2002 and clearly obsolete, is also based on each pupil’s school district’s per-student spending. The idea is that public schools should be neither helped nor harmed by students choosing a charter school. But it also creates incentives to poach kids from districts that pay better — and not to take kids from those that don’t.

The two largest losers, unsurprisingly, are the school districts in Philadelphia and Pittsburgh. But relative to their enrollments, PPS shells out a lot more to cyber charters than Philadelphia. That’s because, despite its atrocious outcomes, PPS is by far the best funded urban district in the state — and thus pays handsomely to charters who educate Pittsburgh pupils.

In PPS, all charters are taking a substantial $146 million cut of the public school budget this year — but if cyber charter funding were slashed to $8,000 per child, the district would retain about $13 million per year. That’s good, but it’s hardly enough to fix a budget that’s staring at negative reserves — that is, default — in 2025.

Meanwhile, across the rest of Allegheny County Mr. Shapiro’s $8,000 proposal would bring another $14 million per year back to public school coffers.

Generous funding of cyber charter programs might make sense if they produce substantially improved outcomes, but the opposite is true. Proficiency rates in cyber charters lag those in traditional public schools by 20% or more in every discipline and at every grade level. While cyber charters may work for some students, schools also learned during the COVID that, broadly speaking, online education is almost never an adequate alternative to in-person instruction.

Some charters do claim that the $8,000 proposal would cause them to close their doors. This is unlikely, given their vast reserves, but candid negotiations may result in a modest increase in the per student funding cap. That’s fine: The purpose isn’t to end cyber charters entirely, but to allow them to fulfill their limited purpose without unfairly burdening the system.

Right now, however, that’s exactly what they’re doing. Reform is necessary.

___

LNP/LancasterOnline. March 13, 2024

No one wants to pay higher taxes.

But taxes go up when newspapers don’t hold local governments accountable, and governments can’t be held accountable without an assist from state laws requiring transparency.

A study by University of Notre Dame finance professor Pengjie “Paul” Gao in 2018 found local governments spend more on borrowing costs, wages and other expenses when local newspapers aren’t there to keep an eye on them.

Newspaper reporters attend public meetings, query unexplained executive sessions and file public records requests. Their intent, always, is to inform readers about how taxpayer dollars are spent and how government decisions are made.

Several years ago, LNP ‘ LancasterOnline waged a court battle to obtain records about how the Lancaster County District Attorney’s Office used assets seized in drug forfeiture cases. This newspaper prevailed, with help from the nonprofit law firm Institute for Justice, and brought thousands of pages of those records into public view.

This newspaper has sought police body camera footage and the names of individuals seeking to fill judicial vacancies.

LNP ‘ LancasterOnline recently obtained, through a public records request, a copy of a settlement between Conestoga Township and a former township secretary who accused longtime Republican township Supervisor John Berry of workplace harassment and retaliation.

This newspaper learned that the township paid the former secretary $45,000 — $31,500 went to her and $13,500 went to her lawyers.

Berry, who’s been charged with theft of a township air compressor worth $1,400, resigned his elected position March 1, according to LNP ‘ LancasterOnline’s Jade Campos. (And Berry has been terminated as township roadmaster, a salaried position.)

This newspaper also discovered through a Right-to-Know Law request that Democratic Gov. Josh Shapiro spent more than $92,000 in public funds to replace appliances and acquire new furnishings for the Governor’s Residence in Harrisburg in the first six months of his term. LNP ‘ LancasterOnline’s Jaxon White reported that the purchases included kitchen items from a Reading-based supplier totaling $35,000 and a $4,500 “power-reclining” sectional sofa with heat and massage features. As we wrote in a Jan. 3 editorial, “It’s very easy to spend other people’s money — state lawmakers do it all the time, too. The least we taxpayers could get in return would be a detailed, transparent and accessible accounting.”

Pennsylvania’s Right-to-Know Law and Sunshine Act are for everyone, not just journalists. The state’s Office of Open Records ( openrecords.pa.gov ) offers valuable guidance about how to use these laws constructively.

Left to their own devices, government officials too often find that secrecy is easier than transparency, and have to be reminded just what state laws say.

This is why LNP ‘ LancasterOnline has been pressing for the release of the names of minors whose deaths are examined by the Lancaster County coroner.

Coroner Dr. Stephen Diamantoni is fighting a December ruling by the Office of Open Records ordering him to publicly disclose the name of a 3-year-old boy who fatally shot himself with his father’s firearm in the southern end of Lancaster County in October.

Diamantoni is defying Pennsylvania’s open-records law, which clearly states that the details of any death investigated by a county coroner are a matter of public record. And those details include the name of the deceased individual, as well as the cause and manner of death, regardless of age.

As we wrote in a Jan. 14 editorial, when “a child dies in circumstances that are open to question or interpretation … there’s a public interest in ensuring access to information about that death. Accurate and complete reporting serves to keep misinformation or conspiracy theories or unfounded rumors from taking root. And it sheds light on the response of law enforcement and the judicial system.”

Society, we noted, “cannot formulate the necessary policies, laws and strategies to keep children safe if it’s not fully informed about the circumstances in which children die.”

The journalists of LNP ‘ LancasterOnline, and the newspaper’s owner, WITF, are spurred by a commitment to the public’s right to know. They are trained to effectively utilize state transparency laws to cast light on the inner workings — and spending — of state, county and local government, including school districts.

They do this every week, not just during Sunshine Week. But this is a good time to consider where we’d be without local journalists pressing for greater transparency — and to remind elected officials that democracy functions best in sunlight, not darkness.

Estados Unidos cae de los 20 países más felices del mundo por primera vez desde 2012

felices
EFE/LARRY W. SMITH

Washington.- Estados Unidos cae por primera vez en más de una década del ‘top 20’ de los países más felices del mundo impulsado, especialmente, por la bajada en la percepción de la felicidad de sus jóvenes, según el Informe Mundial de la Felicidad 2024 publicado este martes.

Los datos del nuevo informe, anunciados coincidiendo con la celebración mañana miércoles del Día Internacional de la Felicidad de la ONU, sitúan a Estados Unidos en la posición 23 de un total de 143 países analizados, mientras que en la edición del año pasado ocupaba el 15.

Desde los inicios de la publicación del estudio en 2012, este país nunca antes había abandonado los 20 primeros puestos, un descenso que el documento relaciona con los jóvenes estadounidenses porque la percepción de felicidad entre los menores de 30 años baja “significativamente”.

Pero hay países que muestran aumentos significativos en las evaluaciones sobre el nivel de vida; Serbia -en la 37 posición- y Bulgaria -en la 81- son los ejemplos más claros de esta tendencia al ascender, respectivamente, 69 y 63 puestos desde la edición de 2013.

También es relevante la escalada de posiciones de Letonia, situado en el puesto 46 mientras que en 2013 estaba en el 90, y de la República del Congo (Brazzaville), con un ascenso del puesto 129 en 2013 al 89 este año.

Ante estos movimientos, Finlandia se mantiene como líder del ranking por séptimo año consecutivo, con Dinamarca pisándole los talones al recortar distancias en la puntuación; por contra, Afganistán sigue ocupando el último puesto (143), por lo que se gana el título del país más infeliz del mundo.

El ranking de los 10 primeros lo completan, en este orden, Islandia, Suecia, Israel, los Países Bajos, Noruega, Luxemburgo, Suiza y Australia; mientras que en la cola hay nombres como el Líbano, Lesoto, Sierra Leona, la República Democrática del Congo (Kinshasa), Zimbabue y Botsuana.

La principal publicación mundial sobre la felicidad en el mundo es una colaboración entre Gallup, el Oxford Wellbeing Research Centre, la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU y el Consejo Editorial del Informe Mundial de la Felicidad (WHR por sus siglas en inglés).

Su información se basa en la Encuesta Mundial Gallup, que pide a los encuestados que valoren su vida en una escala del 0 -siendo la peor vida posible- al 10 -la mejor vida posible-, y así se obtienen respuestas de personas de más de 140 países, en este caso entre 2021 y 2023.

Posteriormente, los principales científicos del bienestar del mundo analizan dichas respuestas con el objetivo de clasificar a los estados según su nivel de felicidad, por lo que tienen en cuenta factores clave como la esperanza de vida, la sensación de libertad, la generosidad, el PIB o la percepción de la corrupción.

Si bien hay países que progresan en el ranking, en el otro extremo se ubican Afganistán, el Líbano y Jordania, que son los que han descendido más posiciones en la edición de este año.

El director general de Gallup, Jon Clifton, remarca la utilidad de esta investigación sobre la felicidad mundial para que los líderes políticos puedan elaborar “políticas eficaces” a partir de “datos sólidos” sobre lo que la población considera “que hace que la vida merezca la pena”.

De media, los ‘boomers’ son más felices que los ‘millennials’

Por primera vez, el Informe Mundial de la Felicidad ofrece clasificaciones separadas por grupos de edad que, entre otros datos, desprende que “la tendencia global positiva en la satisfacción vital” entre las edades de 15 a 24 años acabó con la pandemia del coronavirus.

De esta comparación entre generaciones, se deduce también que, de media, las personas nacidas antes de 1965 -‘boomers’ y sus predecesores- son más felices que aquellas que han nacido después de 1980 – ‘millennials’ y generación Z-.

Asimismo, las evaluaciones sobre la propia vida entre las generaciones de ‘millennials’ y posteriores son peores a medida que avanzan de edad, mientras que las valoraciones vitales entre los ‘boomers’ y predecesores son más altas a más edad.

Hablando concretamente de países, el que tiene a los niños y jóvenes menores de 30 años más satisfechos es Lituania y, para los mayores de 60 años, Dinamarca es el país más feliz del mundo.