FILADELFIA — Un comité del Concejo Municipal de Filadelfia aprobó un proyecto de ley destinado a fortalecer las protecciones para inmigrantes víctimas de delitos y de trata de personas que buscan un alivio migratorio federal a través de las visas U y T.

La iniciativa, presentada por la concejal general Dra. Nina Ahmad y aprobada por el Comité de Salud Pública y Servicios Humanos, establecería normas claras para las agencias municipales encargadas de procesar las solicitudes de certificación necesarias para estos programas migratorios. El proyecto pasará ahora al pleno del Concejo Municipal para una votación final programada para el 11 de junio.

Las visas U ofrecen protección migratoria a las víctimas de ciertos delitos que colaboren con las autoridades en las investigaciones, mientras que las visas T son para sobrevivientes de trata de personas. Aunque los solicitantes de visas T no están obligados a obtener certificaciones de agencias locales, estos respaldos pueden fortalecer mucho sus casos ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigraciónd (USCIS).

Actualmente, en Filadelfia, el Departamento de Policía, la Fiscalía del Distrito y el Departamento de Servicios Humanos pueden emitir las certificaciones necesarias para iniciar el proceso de solicitud federal. Sin embargo, no existe una política uniforme que regule cómo se tramitan estas solicitudes, ni plazos establecidos para responderlas, ni la obligación de explicar las razones de una negativa.

Según Ahmad, la legislación busca eliminar obstáculos que impiden a los sobrevivientes inmigrantes acceder a un estatus legal, autorización de trabajo y recursos esenciales.

“Esta votación favorable representa el siguiente paso para abordar una de las muchas barreras que enfrentan los inmigrantes que solicitan visas T y U para obtener estatus legal, autorización de empleo y acceso a recursos”, afirmó Ahmad. “Este proyecto de ley tiene que ver con la seguridad pública. Cuando las víctimas temen denunciar, guardan silencio, y una ciudad donde las víctimas permanecen en silencio es una ciudad menos segura para todos”.

La propuesta exige que las agencias municipales respondan a las solicitudes de certificación en un plazo máximo de 90 días y establece un procedimiento acelerado para casos urgentes, que deberán resolverse en un período de dos a tres semanas. Asimismo, las agencias deberán publicar en sus sitios web los procedimientos para solicitar dichas certificaciones.

El proyecto también incluye medidas de confidencialidad que prohíben compartir el estatus migratorio de un solicitante fuera de la agencia correspondiente, salvo cuando la ley federal lo exija o cuando exista autorización expresa del solicitante. Además, establece criterios para la aprobación de certificaciones y obliga a las agencias a proporcionar explicaciones por escrito cuando una solicitud sea denegada.

Organizaciones defensoras de los inmigrantes y proveedores de servicios legales expresaron su respaldo a la medida.

“La Coalición de Inmigración de Pensilvania apoya al Concejo Municipal de Filadelfia en el establecimiento de estándares claros y protecciones de datos para las certificaciones de visas U y T”, señaló Jasmine Rivera, directora ejecutiva de la organización. “Estas medidas aportan transparencia tanto para los empleados municipales como para las víctimas de delitos y trata de personas”.

Por su parte, Isabel Abreu, abogada de HIAS Pennsylvania, indicó que la organización ha trabajado con cientos de inmigrantes sobrevivientes de violencia doméstica y agresión sexual en Filadelfia y respalda firmemente la propuesta.

“Esta legislación es fundamental para garantizar que las barreras administrativas a nivel local no impidan que los sobrevivientes accedan a las protecciones federales disponibles bajo la ley”, afirmó Abreu. “También promueve la seguridad comunitaria al ayudar a que las víctimas se sientan seguras para denunciar delitos y colaborar con las investigaciones”.

Lilah Thompson, directora de la Práctica de Derecho Migratorio de la Asociación de Defensores Públicos, destacó que la iniciativa contribuirá a fortalecer la confianza entre las comunidades inmigrantes y las instituciones públicas.

Si es aprobado por el pleno del Concejo Municipal el próximo mes, el proyecto establecerá el primer marco estandarizado de la ciudad para el manejo de solicitudes de certificación de visas U y T, una medida que, según sus defensores, mejorará tanto la seguridad pública como el acceso a la justicia para las víctimas inmigrantes.