Filadelfia, PA- Durante generaciones, Medicare ha representado una promesa fundamental: trabajar, aportar al sistema y recibir atención médica en la vejez o en caso de discapacidad. Bajo el One Big Beautiful Bill (OBBB), esa promesa está comenzando a desaparecer para los latinos de bajos ingresos.

Teodoro Meléndez, un puertorriqueño de 71 años, contribuyó a Medicare y al Seguro Social durante los años en que era joven, saludable y capaz de trabajar. Hoy sufre de diabetes y de complicaciones diabéticas que incluyen ceguera y la amputación de una pierna. Sin embargo, para 2026, su ingreso de Seguro Social se redujo en casi doscientos dólares de su beneficio mensual de $1,294 debido a cambios en Medicare.

No tiene ningún otro ingreso. Además, su beneficio de transporte para citas médicas fue recortado de 74 viajes sencillos por año a 24. Para la primera quincena de enero, solo le quedaban 10 viajes para 2026. El resto deberá pagarlo de su bolsillo o depender del transporte de Medicaid.

El Sr. Meléndez paga $750 al mes de renta en Filadelfia por un apartamento de una habitación, además de servicios, teléfono y comida, una vez que se agotan sus $174 en cupones de alimentos. También debe pagar por artículos de cuidado personal y del hogar. En una economía en la que los precios aumentan rápidamente, los adultos mayores y las personas con discapacidad que reciben el Seguro Social están siendo presionados en todos los frentes.

Lo que ocurre con el Sr. Meléndez no es un caso aislado. A partir de 2026, los beneficiarios de Medicare en todo el país están experimentando mayores gastos debido al aumento de las primas, la reducción de los beneficios suplementarios y los cambios en los planes de Medicare Advantage. Bajo OBBB, los recortes al gasto federal han obligado a las aseguradoras a eliminar los llamados “beneficios adicionales” de los que dependen muchos adultos mayores, como transporte, servicios dentales, de visión y de audición, además de asignaciones para productos de venta libre.

Aunque estos beneficios a menudo se promocionaban como extras, para los adultos mayores de bajos ingresos eran salvavidas. Al mismo tiempo, muchos beneficiarios del Seguro Social están viendo reducciones netas en sus cheques mensuales, ya que las primas de la Parte B de Medicare y otras deducciones han aumentado más rápido que los ajustes por el costo de vida.

Para los adultos mayores que viven con ingresos fijos, incluso una reducción de $50 o $100 puede significar elegir entre medicamentos, comida o servicios básicos. Para quienes reciben Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) o Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI), a veces no existe margen financiero.

Los adultos mayores latinos y las personas latinas con discapacidades resultan afectados de manera desproporcionada. Muchos trabajaron en empleos físicamente exigentes y con acceso limitado a planes de jubilación provistos por los empleadores, lo que hace que el Seguro Social y Medicare sean su principal —y a veces único— soporte.

Las barreras del idioma, la brecha digital y la complejidad de los sistemas de inscripción dificultan aún más cambiar de plan o apelar a reducciones de beneficios. En ciudades como Filadelfia, donde el costo de la vivienda sigue aumentando, estos recortes afectan especialmente. Defensores advierten que la reducción de los beneficios de transporte podría tener graves consecuencias para la salud.

Las citas médicas perdidas, los tratamientos retrasados y las enfermedades crónicas mal manejadas suelen llevar a vistas a salas de emergencia y hospitalizaciones, lo que, irónicamente, incrementa los costos de salud a largo plazo.

“Son políticas que ahorran centavos, pero cuestan dólares”, dijo Damaris Martínez, quien trabaja en Norris Square, y señaló un aumento en las llamadas de personas mayores que buscan ayuda tras perder los beneficios de los que dependían.

Pese a estos desafíos, los adultos mayores y las personas con discapacidad buscan maneras de sobrellevar la situación. Muchos dependen cada vez más de despensas de alimentos, de centros de salud comunitarios y del apoyo familiar. Otros posponen la atención médica, racionan medicamentos o prescinden de necesidades básicas. Las organizaciones comunitarias y los grupos de asistencia legal están registrando un aumento en las solicitudes de asesoría y de ayuda para apelaciones, ya que los beneficiarios intentan entender cambios repentinos en sistemas que creían estables.

Para el Sr. Meléndez y miles como él, el temor no es abstracto: es mensual, tangible y profundamente personal. A medida que los beneficios se reducen y los costos aumentan, la pregunta para muchos adultos mayores y estadounidenses con discapacidades ya no es cómo retirarse con dignidad, sino cómo sobrevivir.