En esta imagen de archivo, soldados israelíes muestran a reporteros el túnel subterráneo hallado bajo el hospital de Shifa, en la Ciudad de Gaza, el 22 de noviembre de 2023. (AP Foto/Victor R. Caivano, archivo)
Zeker Miller
WASHINGTON (AP) — Estados Unidos está “seguro” de que los grupos insurgentes palestinos utilizaron el mayor hospital de Gaza para retener a “al menos unos pocos” rehenes durante su sangriento ataque del 7 de octubre sobre el sur de Israel y para albergar infraestructura de mando, según una evaluación de los servicios de inteligencia estadounidenses desclasificada el martes y compartida por un funcionario del país.
La evaluación ofrece el respaldo más firme de Washington a las afirmaciones israelíes acerca del complejo del hospital de Shifa, que fue allanado por las fuerzas de Israel en noviembre en una operación criticada por organizaciones humanitarias globales y por algunos miembros del partido del presidente Joe Biden. Sin embargo, la información difundida no respalda totalmente algunas de las acusaciones más significativas de Israel, como que servía de punto central para las actividades de Hamás y Yihad Islámica Palestina. El funcionario estadounidense compartió el reporte bajo condición de anonimato.
“La Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos confía en su juicio sobre este asunto y ha corroborado de forma independiente la información acerca del uso del complejo hospitalario por parte de Hamás y YIP para varios propósitos relacionados con su campaña contra Israel”, apunta el informe. Además, indica que cree que los grupos “utilizaron el complejo del hospital de al-Shifa y lugares situados debajo de él para albergar infraestructura de mando, ejercer ciertas actividades de mando y control, almacenar algunas armas y retener a al menos unos pocos rehenes».
Estados Unidos cree que los miembros de Hamás se marcharon del lugar días antes de que Israel asaltó el complejo el 15 de noviembre y destruyeron documentos y aparatos electrónicos sensibles antes de que las tropas entrasen en las instalaciones.
Los funcionarios estadounidense ya habían apuntado previamente a información de inteligencia clasificada, obtenida independientemente de los israelíes, para respaldar la operación de su aliado.
“Puedo confirmarles que tenemos información de que Hamás y Yihad Islámica Palestina usan algunos hospitales en la Franja de Gaza, incluyendo el de al-Shifa, y los túneles bajo ellos, para ocultar y respaldar sus operaciones militares y retener a los rehenes”, dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, a reporteros un día antes de la entrada de las tropas israelíes al complejo.
Los hospitales de Gaza han jugado un papel central en las narrativas enfrentadas en torno a una guerra en la que, según el Ministerio de Salud gazatí, dirigido por Hamás, han muerto 22.100 personas — aunque no diferencia entre civiles y combatientes. Los hospitales cuentan con una protección especial en virtud de las leyes internacionales de la guerra, pero pueden perderla si se demuestra que se utilizan con fines militares.
Antes de allanar el hospital, el ejército israelí presentó una detallada maqueta en 3D del hospital de Shifa que mostraba una serie de instalaciones subterráneas que, según dijo, formaban parte de un elaborado centro de mando y control de Hamás bajo el mayor centro sanitario del enclave. El ejército no ha presentado aún ninguna infraestructura tan amplia y desarrollada como el supuesto centro.
Fotografía de archivo del presidente electo de Colombia, Gustavo Petro. EFE/Carlos Ortega
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó este martes que hay al menos cuatro ciudadanos del país andino entre los 31 migrantes secuestrados el sábado pasado mientras iban en un camión en el estado mexicano de Tamaulipas, fronterizo con Estados Unidos.
«En este secuestro múltiple en México hay cuatro colombianos. La embajada colombiana en México coordina con el estado mexicano el rescate sanos y salvo», dijo el mandatario en un mensaje publicado en la red social X (antes Twitter).
El secuestro de los migrantes, en su mayoría venezolanos, fue confirmado este martes por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
«Se sabe que es un camión con 30 o 31 migrantes que fueron bajados, dejaron a cinco, se llevaron a los demás migrantes, pero ya se está haciendo la búsqueda desde los primeros momentos», detalló López Obrador en declaraciones a medios tras terminar su conferencia matutina en el sureño estado de Tabasco.
El presidente mexicano afirmó que la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana del Gobierno federal está investigando el caso, pero enfatizó que aún se desconoce qué grupo realizó el secuestro y por qué motivo.
Según los reportes, los migrantes interceptados son en su mayoría venezolanos que habrían salido de la norteña ciudad de Monterrey a Matamoros, fronteriza con Brownsville (Texas), para asistir a su cita de asilo humanitario en Estados Unidos.
El hecho ocurre después de que se registraron cifras históricas en diciembre de personas que buscan entrar a Estados Unidos en la frontera con México, donde la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) confirmó el mes pasado la llegada de más de 2,2 millones de migrantes de enero a noviembre.
Joel Embiid, de los 76ers de Filadelfia, salta para encestar frente a Andre Drummond, de los Bulls de Chicago, en el encuentro del martes 2 de enero de 2024 (AP Foto/Matt Slocum)
Joel Embiid sumó 31 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias en su regreso tras sufrir un esguince de tobillo, Tyrese Maxey anotó 21 unidades y los 76ers de Filadelfia aplastaron el martes 110-97 a los Bulls de Chicago.
Embiid se perdió los cuatro partidos de la gira que emprendieron los Sixers durante las festividades de fin de año. Filadelfia tuvo una foja de 2-2 en dichos encuentros.
Uno de esos duelos fue en Chicago, hace apenas tres noches. Los 76ers cayeron por 105-92 y jamás tuvieron la ventaja en la segunda mitad.
Por una razón Embiid fue el Jugador Más Valioso de la campaña anterior. Con el regreso de su pívot, los 76ers propinaron una paliza ante unos Bulls que habían jugado bien recientemente, incluso sin su base lesionado Zach LaVine, quien podría volver el viernes a la alineación.
Difícilmente el jugador dos veces elegido al Juego de Estrellas habría ayudado mucho a Chicago en este partido. Los Bulls cayeron a un registro de 10-6 sin su astro.
Migrantes caminan tras llegar deportados desde El Paso, Texas (EE. UU.), en el Aeropuerto Internacional La Aurora de Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/ David Toro
El Gobierno de Estados Unidos expulsó del país durante el año fiscal 2023 a 142.580 indocumentados, casi el doble que los deportados en el periodo fiscal anterior, informó este viernes el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con las cifras difundidas por esta agencia federal, el número de expulsados entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023 casi duplica a los 72.177 del año fiscal 2022.
Entre los datos de 2023 destacan asimismo las 62.545 deportaciones bajo el Título 42, la medida de emergencia que permitía las expulsiones expeditas desde la frontera y que se dejó de aplicar en mayo de este año. A modo de ejemplo, en todo el año fiscal 2022 fueron emitidas 65.076 órdenes de expulsión.
En 2023, los inmigrantes fueron expulsados a más de 170 países, principalmente México, país de donde eran originarias 54.056 personas, según los datos difundidos hoy.
Asimismo, la oficina Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés), principal brazo investigador del Departamento de Seguridad Nacional, se incautó 1,2 millones de libras (544,3 kilos) de narcóticos, además de identificar y ayudar a 1.806 víctimas de explotación infantil, según un comunicado difundido.
«El ICE continúa desarticulando organizaciones criminales transnacionales, eliminando amenazas a la seguridad nacional y pública, y defendiendo la integridad de las leyes de inmigración de Estados Unidos», señaló en la nota el director adjunto de esa agencia federal, Patrick J. Leichleitner.
De acuerdo con los datos divulgados hoy, en el año fiscal 2023 los agentes de la división de Operaciones de Ejecución y Deportación (ERO, en inglés) del ICE ejecutaron un total de 170.590 órdenes de arresto, un 19,5 % más que el periodo fiscal anterior. Del total, 73.822 correspondieron a no ciudadanos con antecedentes penales.
«Los arrestados tenían un promedio de cuatro cargos y condenas por persona, incluidos más de 33.209 cargos o condenas por agresión, 7.520 por delitos relacionados con armas, 1.713 por delitos relacionados con homicidio y 1.615 por secuestro», ahondó la agencia federal.
Los datos de hoy se dan a conocer una semana después de que el Gobierno de Estados Unidos revelara que en noviembre las autoridades detuvieron a más de 242.000 migrantes y solicitantes de asilo en la frontera sur.
De acuerdo con las cifras de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP), los datos de noviembre suponen un ligero aumento, menos del 1 %, en comparación con octubre, pero mantienen la tendencia de la alta llegada de migrantes en la frontera con México que se ha ido evidenciando en los últimos meses.
Cherelle Parker, la recién juramentada alcaldesa número 100 de Filadelfia, a la izquierda, y la nueva presidenta del Concejo Municipal de Filadelfia, Kenyatta Johnson, a la derecha, levantan la mano juntas a la audiencia durante su ceremonia de inauguración, el martes 2 de enero de 2024, en el Met de Filadelfia. (Alejandro A. Alvarez/The Inquirer via AP)
Cherelle Parker prestó juramento públicamente como la alcaldesa número 100 de Filadelfia
Este martes Cherelle Parker, quien ha ocupado cargos locales y estatales y se involucró por primera vez en la política cuando era adolescente, juró públicamente su cargo, como la alcaldesa número 100 de Filadelfia, convirtiéndose en la primera mujer en hacerlo.
Parker se desempeñó durante 10 años como representante estatal del noroeste de Filadelfia antes de su elección al Concejo Municipal en 2015. Dijo que era una líder cuya experiencia en el gobierno le permitiría abordar los enormes problemas de la ciudad.
La demócrata de 51 años con décadas de experiencia política tomó el mando de la sexta ciudad más grande del país, en una larga ceremonia llena de música de alabanzas y agradecimientos, en el histórico Met de Filadelfia, ante unas 1000 personas invitadas.
Parker es la sucesora del alcalde demócrata Jim Kenney, quien declarara haber votado por ella.
«Según todas las estadísticas imaginables, se supone que no debería estar aquí hoy», dijo Parker a sus partidarios reunidos para su discurso de aproximadamente una hora. «Yo, Cherelle Parker, era una niña que la mayoría de la gente pensaba que nunca tendría éxito. Y casi me hicieron pensar lo mismo».
Rodeada de familiares, amigos, exalcaldes y actuales legisladores y funcionarios estadounidenses y estatales, Parker se hizo eco de su promesa de campaña: hacer de Filadelfia la «ciudad grande más segura, limpia y verde de la nación, que brindará acceso a oportunidades económicas para todos».
Parker ganó las primarias de mayo, en la concurrida carrera por la alcaldía, como la única candidata negra, y se alzó con una victoria en noviembre en la ciudad fuertemente demócrata, ante su contrincante republicano David Oh.
El mensaje apasionado de Parker resonó entre los votantes preocupados por la seguridad pública, y por los problemas de calidad de vida, desde el alumbrado público defectuoso hasta los baches y la recolección de basura.
Parker también hizo énfasis en la creación de una fuerza policial bien capacitada que esté comprometida con la comunidad, y los tratamientos para la salud mental y el apoyo conductual.
Parker nombró a su nuevo comisionado de policía en noviembre, Kevin Bethel quien fue bien recibido en general por la opinión pública.
Prometió no rehuir las decisiones difíciles, reconociendo que escuchó críticas en la campaña electoral de que carecía de compasión para lidiar con la adicción.
«Vamos a tener un enfoque basado en datos y en la investigación que es elaborada por los mejores profesionales de la aplicación de la ley y la salud pública que podamos encontrar», dijo. «Pero quiero que sepan que no todo el mundo va a estar contento cuando tomemos estas decisiones.
En sus primeros 100 días se incluye un plan para aumentar el número de policías de Filadelfia en las calles, actuando «como guardianes y no como guerreros», dijo. También declaró una emergencia de seguridad pública para dirigir recursos a los vecindarios, observando el crimen, la violencia armada y la adicción.
Otra de las ordenes ejecutivas que firmó, fue para eliminar algunas barreras para los empleos de la ciudad, como los requisitos de título universitario. También anunció sus intenciones de mantener abiertos los edificios escolares por más tiempo; revisar los planes de vivienda de la ciudad para comprender mejor el desarrollo de propiedades de la ciudad, y dar un paso a viviendas más asequibles; reducir la burocracia para hacer negocios en la ciudad; y un nuevo enfoque para resolver los problemas de la ciudad con los vertidos de basura, los coches abandonados y los baches.
«Esta oportunidad de cumplir de manera significativa para la ciudad de Filadelfia, no solo para los próximos cuatro años, sino para el trabajo que hacemos ahora, debería ser una base para el futuro», dijo. » Estoy hablando de pasos transformadores audaces, que cuando las personas salgan de sus casas, puedan tocar, ver y sentir los resultados de nuestro trabajo. Si no lo ven, es culpa nuestra».
El mismo día, al otro lado del estado, en el condado de Allegheny, donde se encuentra la segunda ciudad más grande del estado, Pittsburgh, Sara Innamorato prestó juramento como ejecutiva del condado. Innamorato es también la primera mujer en ocupar el cargo y, bromeó, quizás la primera con tatuajes. Ganó con una campaña progresista, imaginando una ciudad verde y sostenible que sea «hecha y dirigida por los sindicatos», al tiempo que aborda con compasión los problemas de la pobreza, la delincuencia y la adicción.
Vestida completamente de blanco, un guiño a las sufragistas, prometió: «En mi administración, las prioridades de la comunidad serán las prioridades del condado».
La realidad es que, dijo a sus partidarios, hay personas en el condado que viven experiencias muy diferentes.
«En demasiados casos, esas diferencias se derivan de deficiencias en nuestro enfoque de la economía, los servicios sociales y la justicia», dijo. «Ahora no tenemos que avergonzarnos de estos hechos y de dónde nos quedamos cortos, pero sí tenemos que reconocerlo. Tenemos que sentirnos cómodos identificando las injusticias, nombrándolas y comprendiéndolas, porque solo así podremos erradicarlas, reparar nuestros cimientos y reconstruir sobre bases más sólidas».
Varias encuestas señalan a que los votantes hispanos se están inclinando por opciones independientes de cara a las elecciones de 2024.
Varios estudios señalan que en 2060, 1 de cada 4 votantes estadounidenses será de origen latino, lo que abriría la puerta a que ambos partidos implementen estrategias a largo plazo para cautivar el voto de este segmento de población.
Desde hace varios años, las encuestas señalan que el voto latino cada vez tiene más relevancia en Estados Unidos.
Una de las razones es que, demográficamente, es un segmento poblacional que tiene una presencia mayor debido a su crecimiento generacional. Una proyección de la Oficina del Censo de Estados Unidos señala que para 2060, 1 de cada 4 estadounidenses será de origen latino, lo que confirmaría su influencia en el panorama electoral.
Sin embargo, expertos en comunicación política insisten en que no hay que tratar a los latinos como un grupo monolítico, porque, al igual que pasa con otros segmentos poblaciones, aquí también se dan diferencias ideológicas marcadas por sus preocupaciones.
Una encuesta de la Universidad Internacional de Florida (FIU, por sus siglas en inglés), señala que el 52,9 % de los votantes hispanos cree que el país se está moviendo en la dirección incorrecta. Sus mayores preocupaciones son la inflación, la economía y la inmigración. De los encuestados, el 19,8% identificó la inflación como un problema clave, con un 16,6 % considerando la economía como una preocupación principal y un 7,5 % diciendo que la inmigración, específicamente las fronteras abiertas, es la amenaza número uno a la seguridad del país, incluso mayor que el terrorismo.
“Nuestra encuesta revela las diversas y cambiantes prioridades de los votantes hispanos en Estados Unidos, enfatizando su impacto crucial en la escena política”, explica Brian Fonseca, director del Instituto Jack D. Gordon de Políticas Públicas de FIU en declaraciones recogidas por la Voz de América.
En ese sentido, señala que “cuestiones centrales como la atención sanitaria y la inmigración muestran un alejamiento de los puntos de vista partidistas tradicionales, lo que indica un panorama electoral más matizado a medida que nos acercamos a 2024”.
Sobre eso, considera que este panorama obligará, en cierta manera, a que las campañas de ambos partidos se enfoquen en estrategias “genuinas” para cautivar el voto latino.
“Este cambio exige políticas que representen y aborden genuinamente las necesidades únicas de este grupo demográfico clave, que podría redefinir significativamente las estrategias políticas en futuras elecciones”, recalca.
Aumenta la afiliación no partidista entre los hispanos
Aunque la mayoría de los hispanos siguen registrados como demócratas, el respaldo al partido está disminuyendo, según los resultados de la Encuesta Anual de Opinión Pública Hispana, respaldada por FIU. De hecho, muchos hispanos están empezando a optar por no afiliarse a ningún partido político y esta tendencia podría tener un mayor impacto en los demócratas, según los estudiosos en ciencias políticas que han llevado a cabo estos pronósticos.
«Los demócratas siempre han dado por sentado a los hispanos, y ahora es un problema porque esta encuesta te dice que no pueden seguir haciéndolo», dice Eduardo Gamarra, director del Foro de Opinión Pública Latina en FIU, además de profesor de ciencias políticas en la misma institución educativa.
Pero eso no quiere decir que, necesariamente, los hispanos hayan inclinado la balanza hacia las opciones más conservadoras, ya que, de acuerdo con estos datos, los hispanos encuestados muestran un apoyo poco entusiasta para los eventuales candidatos de ambos partidos en las elecciones presidenciales de EE. UU. de 2024.
El voto latino, en datos
El Foro de Opinión Pública Latina del Instituto de Políticas Públicas de FIU acaba de publicar una encuesta realizada a 1.221 hispanos seleccionados aleatoriamente entre votantes registrados en los 22 estados de EEUU con la mayor concentración de hispanos, según la Oficina del Censo.
La mayoría de los encuestados no quieren ni al presidente Joe Biden -que opta a la reelección – ni al ex presidente Donald Trump -el favorito según las encuestas entre los candidatos republicanos- en la boleta electoral de 2024. Cuando se les preguntó si alguno de los dos debería postularse para presidente, el 45 % de los votantes encuestados dijo que no creen que Biden debería postularse para presidente, mientras que el 57 % dijo que no quieren ver a Trump en la boleta.
El respaldo a Biden habría disminuido en un 14 %, de un 67 % en 2020 a un 53 % hoy. Mientras que Trump, aunque sigue siendo una opción “impopular entre los hispanos”, habría incrementado el respaldo entre este segmento de población del 29 % al 33 %.
Las opciones independientes
Los resultados de la encuesta demuestran una creciente fuerza independiente entre los votantes registrados dentro de la comunidad hispana en todo Estados Unidos. Los expertos politólogos señalan a la “insatisfacción” con los actuales partidos lo que les ha llevado a “optar por no afiliarse a ningún partido, centrándose más en el candidato como individuo y eligiendo al candidato que mejor refleje sus valores personales y priorice sus preocupaciones políticas”.
Mayor esfuerzo para cautivar el voto latino
Con todo, señalan que a medida que la población latina tiene mayor impacto en las elecciones presidenciales, eso hará que los partidos destinen más recursos para realizar campañas más estratégicas y concretas al respecto. Todo con un único objetivo: cautivar el voto latino.
“A medida que las comunidades hispanas en Estados Unidos comiencen a mostrar su fuerza política en la política presidencial, será beneficioso para ambos partidos principales invertir más tiempo, esfuerzo y recursos en estas comunidades”, dice Carlos Díaz-Rosillo, director del Adam Centro Smith para la Libertad Económica de FIU y ex asesor del expresidente Donald Trump.
Con todo, también señala que “la encuesta deja claro lo que sucede cuando un partido consistentemente da por sentado el apoyo de los hispanos, y es que ese apoyo se erosiona”. En esa línea, señala que si “no se realizan inversiones sostenidas y a largo plazo en los latinos, el apoyo acaba siendo episódico”.
“El camino hacia la Casa Blanca, cada vez con mayor intensidad pasa por el voto hispano y esa es una realidad que las campañas presidenciales ya no pueden ignorar”, apunta Díaz-Rosillo al respecto.
Rep. Scott Perry, R-Pa., chair of the House Freedom Caucus, speaks during a news conference on Capitol Hill in Washington, July 14, 2023. A liberal activist wants a Pennsylvania court to bar U.S. Rep. Scott Perry from the state's primary ballot, arguing that Perry engaged in insurrectionist activity and cannot appear on the state's ballot under the Constitution's insurrection clause. The seven-page lawsuit was filed Tuesday, Jan. 2, 2024, in Pennsylvania's Commonwealth Court. (Photo: AP/Patrick Semansky/File)
HARRISBURG, Pa.— A liberal activist asked a Pennsylvania court on Tuesday to bar U.S. Rep. Scott Perry from the state’s primary ballot, arguing that Perry isn’t eligible because of his efforts to keep President Donald Trump in office and block the transfer of power to Democrat Joe Biden.
The seven-page lawsuit asks Pennsylvania’s Commonwealth Court to declare that Perry engaged in insurrectionist activity and cannot hold public office under the Constitution’s insurrection clause. The lawsuit by activist Gene Stilp names Perry and Pennsylvania’s secretary of state, Al Schmidt.
Perry, a Republican, is expected to run for a seventh term, although candidates cannot file paperwork yet to qualify for Pennsylvania’s April 23 primary ballot.
In part, the filing cites Perry’s role in trying to use the Department of Justice to help Trump stall the certification of the election by installing an acting attorney general who would be receptive to Trump’s false claims of election fraud.
The challenge comes on the heels of Maine’s Democratic secretary of state removing Trump from the state’s presidential primary ballot under the clause and a ruling by the Colorado Supreme Court that booted Trump from the ballot there. Trump is expected to appeal both to the U.S. Supreme Court.
In a statement, Perry’s lawyer, John P. Rowley, suggested that those appeals would ensure that the lawsuit against Perry is nullified.
“This lawsuit was filed by a partisan activist who clearly has no regard or understanding of how our Democratic Republic works,» Rowley wrote. «It is but the latest effort by an extremist to disqualify a duly elected official with whom he disagrees. We are confident the Supreme Court will put an end to this lunacy.”
Perry has not been charged with a crime, although he is the only sitting member of Congress whose cellphone was seized by the FBI in its investigation into efforts to illegally overturn the results of the 2020 presidential election.
Perry has fought efforts by federal investigators to review texts and emails from his cell phone. A judge last month ordered Perry to turn over more than 1,600 texts and emails to FBI agents. Perry did not appeal it, his lawyer said.
Schmidt’s office declined comment Tuesday. It previously opposed a similar lawsuit in federal court seeking to remove Trump from the ballot in Pennsylvania. Stilp last week withdrew that lawsuit, and plans to file a new lawsuit in state court, saying he has a better chance of success there than in federal court.
The 155-year-old Civil War-era clause — Section 3 of the 14th Amendment to the Constitution — bars from office those who “engaged in insurrection.” It was designed to keep representatives who had fought for the Confederacy during the Civil War from returning to Congress.
Cherelle Parker, the newly sworn-in 100th mayor of Philadelphia, left, and new Philadelphia City Council President Kenyatta Johnson, right, raise their hands together to the audience during their inauguration ceremony, Tuesday, Jan. 2, 2024, at the Met in Philadelphia. (Photo: AP/Alejandro A. Alvarez/The Philadelphia Inquirer)
Cherelle Parker, who has held local and state office and first got involved in politics as a teenager, publicly swore her oath of office on Tuesday as Philadelphia’s 100th mayor, becoming the first woman to do so.
The 51-year-old Democrat with years of political experience took the helm of the nation’s sixth-largest city in a ceremony at the historic Met in Philadelphia. She succeeds term-limited Democratic Mayor Jim Kenney.
“By every statistic imaginable, I am not supposed to be standing here today,” Parker told supporters gathered for her roughly hourlong address. “I, Cherelle Parker, was a child who most people thought would never succeed. And they almost did have me thinking the same thing.”
Cherelle Parker takes the oath of office as the 100th mayor of Philadelphia, Tuesday, Jan. 2, 2024, during inauguration ceremonies on stage at the Met in Philadelphia. (Photo: AP/Tom Gralish/The Philadelphia Inquirer)
Surrounded by family, friends, former mayors and current U.S. and state legislators and officials, Parker echoed her campaign promise: to make Philadelphia the “safest, cleanest, greenest big city in the nation that will provide access to economic opportunity for all.”
Parker had emerged early in the crowded mayoral race as the only leading Black candidate, and soared to a victory in November’s election in the heavily Democratic city. Parker’s moderate message resonated with voters who are increasingly worried about public safety as well as quality-of-life issues, from faulty streetlights to potholes to trash collection. She also promised a well-trained police force that is engaged with the community along with mental health and behavioral support.
Parker served for 10 years as a state representative for northwest Philadelphia before her election to the City Council in 2015. She said she was a leader whose government experience would allow her to address gaping problems in the city.
Sara Innamorato speaks during the Allegheny County Democratic Committee’s Black Caucus candidate forum, April 29, 2023, at the Carnegie Library in Pittsburgh. Innamorato took her oath as Allegheny County executive on Tuesday, Jan. 2, 2024. (Photo: AP/Arturo Fernandez/Pittsburgh Post-Gazette/File)
Tucked into attendees’ seats was an action plan laying out her intentions, which Parker promised was a commitment. And to the naysayers who may cast doubt before she gets started, she asked supporters to tell them, “Don’t throw shade on my Philly shine.”
She vowed in her remarks to — in the first 100 days — announce a plan to increase the number of Philadelphia police officers on the streets, acting «as guardians, and not warriors,” she said. She also said she’d declare a public safety emergency to drive resources into neighborhoods, eyeing crime, gun violence and addiction.
Parker tapped her new police commissioner in November, who she said will tackle the city’s pressing concerns.
She promised not to shy away from tough decisions, acknowledging that she heard criticism on the campaign trail that she lacked compassion in dealing with addiction.
“We’re going to have a data-driven and research-based approach that is put together by the best law enforcement and public health professionals that we can find,” she said. «But I want you to know everyone is not going to be happy when we make these decisions.
Cherelle Parker, the newly sworn-in 100th mayor of Philadelphia, takes the podium to deliver her inauguration address during the ceremony, Tuesday, Jan. 2, 2024, at the Met in Philadelphia. (Photo: AP/Alejandro A. Alvarez/The Philadelphia Inquirer)
Her administration pledged to eliminate some barriers for city jobs such as college degree requirements. She also announced intentions to keep school buildings open longer; to review the city’s Lank Bank to better understand developing city-owned property to make way for more affordable housing; reducing the red tape to do business in the city; and a new approach to solving the city’s issues with dumping, litter, abandoned cars and potholes.
“This opportunity to deliver in a meaningful way for the city of Philadelphia — not just for the next four years, but the work we do now — it should be a foundation for the future,” she said. “I’m not talking about incremental change. I’m talking about bold transformative steps, that when people walk outside of their houses, they can touch, see and feel the results of our labor. If they don’t see it, it’s on us.”
Across the state in Allegheny County, home to the state’s second-largest city of Pittsburgh, Sara Innamorato took her oath as county executive on Tuesday. Innamorato is also the first woman to serve in the role and, she joked, perhaps the first with tattoos. She won on a progressive campaign, envisioning a green, sustainable city that is “union-made and union-run,” while compassionately tackling issues of poverty, crime and addiction.
Outgoing Philadelphia City Council President Darrell Clarke, right, hands over an oversized gavel to newly-elected City Council President Kenyatta Johnson during inauguration ceremonies, Tuesday, Jan. 2, 2024, at the Met in Philadelphia. (Photo: AP/Tom Gralish/The Philadelphia Inquirer)
Dressed in all white — a nod to the suffragettes — she promised, “In my administration, the community’s priorities will be the county’s priorities.”
Actress Sheryl Lee Ralph, left, raises her fist in the air after her guest appearance to read a poem at the inauguration of Philadelphia Mayor Cherelle Parker, not pictured, at the Met, Tuesday, Jan. 2, 2024, in Philadelphia. (Alejandro A. Alvarez/The Philadelphia Inquirer via AP)
The reality is, she told supporters, there are people in the county living vastly different experiences.
Kenyatta Johnson, with his wife, Dawn Chavous, center, and their sons, right, takes the oath of office as president of Philadelphia City Council president during inauguration ceremonies, Tuesday, Jan. 2, 2024, at the Met in Philadelphia. Mayor Cherelle Parker is at left. (Photo: AP/Tom Gralish/The Philadelphia Inquirer)
“In too many cases, those differences stem from shortcomings in our approach to economics, to social services and to justice,” she said. “Now we don’t need to be ashamed of these facts and where we fall short, but we do have to acknowledge it. We have to be comfortable identifying injustices, naming them and understanding them because only then can we root them out, repair our foundations and rebuild on stronger footing.”
This photo provided by the Municipal Water Authority of Aliquippa shows the screen of a Unitronics device that was hacked in Aliquippa, Pa., Saturday, Nov. 25, 2023. The hacked device was in a pumping booster station owned by the Municipal Water Authority of Aliquippa. An electronic calling card left by the hackers suggests they picked their target because it uses components made by an Israeli company. (Photo: Municipal Water Authority of Aliquippa)
HARRISBURG, Pa. — The tiny Aliquippa water authority in western Pennsylvania was perhaps the least-suspecting victim of an international cyberattack.
It had never had outside help in protecting its systems from a cyberattack, either at its existing plant that dates to the 1930s or the new $18.5 million one it is building.
Then it — along with several other water utilities — was struck by what federal authorities say are Iranian-backed hackers targeting a piece of equipment specifically because it was Israeli-made.
“If you told me to list 10 things that would go wrong with our water authority, this would not be on the list,” said Matthew Mottes, the chairman of the authority that handles water and wastewater for about 22,000 people in the woodsy exurbs around a one-time steel town outside Pittsburgh.
The hacking of the Municipal Water Authority of Aliquippa is prompting new warnings from U.S. security officials at a time when states and the federal government are wrestling with how to harden water utilities against cyberattacks.
The danger, officials say, is hackers gaining control of automated equipment to shut down pumps that supply drinking water or contaminate drinking water by reprogramming automated chemical treatments. Besides Iran, other potentially hostile geopolitical rivals, including China, are viewed by U.S. officials as a threat.
A number of states have sought to step up scrutiny, although water authority advocates say the money and the expertise are what is really lacking for a sector of more than 50,000 water utilities, most of which are local authorities that, like Aliquippa’s, serve corners of the country where residents are of modest means and cybersecurity professionals are scarce.
Besides, utilities say, it’s difficult to invest in cybersecurity when upkeep of pipes and other water infrastructure is already underfunded, and some cybersecurity measures have been pushed by private water companies, sparking pushback from public authorities that it is being used as a back door to privatization.
Efforts took on new urgency in 2021 when the federal government’s leading cybersecurity agency reported five attacks on water authorities over two years, four of them ransomware and a fifth by a former employee.
At the Aliquippa authority, Iranian hackers shut down a remotely controlled device that monitors and regulates water pressure at a pumping station. Customers weren’t affected because crews alerted by an alarm quickly switched to manual operation — but not every water authority has a built-in manual backup system.
With inaction in Congress, a handful of states passed legislation to step up scrutiny of cybersecurity, including New Jersey and Tennessee. Before 2021, Indiana and Missouri had passed similar laws. A 2021 California law commissioned state security agencies to develop outreach and funding plans to improve cybersecurity in the agriculture and water sectors.
Legislation died in several states, including Pennsylvania and Maryland, where public water authorities fought bills backed by private water companies.
Private water companies say the bills would force their public counterparts to abide by the stricter regulatory standards that private companies face from utility commissions and, as a result, boost public confidence in the safety of tap water.
“It’s protecting the nation’s tap water,” said Jennifer Kocher, a spokesperson for the National Association of Water Companies. “It is the most economical choice for most families, but it also has a lack of confidence from a lot of people who think they can drink it and every time there’s one of these issues it undercuts the confidence in water and it undercuts people’s willingness and trust in drinking it.”
Opponents said the legislation is designed to foist burdensome costs onto public authorities and encourage their boards and ratepayers to sell out to private companies that can persuade state utility commissions to raise rates to cover the costs.
“This is a privatization bill,” Justin Fiore of the Maryland Municipal League told Maryland lawmakers during a hearing last spring. “They’re seeking to take public water companies, privatize them by expanding the burden, cutting out public funding.”
For many authorities, the demands of cybersecurity tend to fade into the background of more pressing needs for residents wary of rate increases: aging pipes and increasing costs to comply with clean water regulations.
One critic, Pennsylvania state Sen. Katie Muth, a Democrat from suburban Philadelphia’s Montgomery County, criticized a GOP-penned bill for lacking funding.
“People are drinking water that is below standards, but selling out to corporations who are going to raise rates on families across our state who cannot afford it is not a solution,” Muth told colleagues during floor debate on a 2022 bill.
Pennsylvania state Rep. Rob Matzie, a Democrat whose district includes the Aliquippa water authority, is working on legislation to create a funding stream to help water and electric utilities pay for cybersecurity upgrades after he looked for an existing funding source and found none.
“The Aliquippa water and sewer authority? They don’t have the money,” Matzie said in an interview.
In March, the U.S. Environmental Protection Agency proposed a new rule to require states to audit the cybersecurity of water systems.
It was short-lived.
Three states — Arkansas, Missouri and Iowa — sued, accusing the agency of overstepping its authority and a federal appeals court promptly suspended the rule. The EPA withdrew the rule in October, although a deputy national security adviser, Anne Neuberger, told The Associated Press that it could have “identified vulnerabilities that were targeted in recent weeks.”
Two groups that represent public water authorities, the American Water Works Association and the National Rural Water Association, opposed the EPA rule and now are backing bills in Congress to address the issue in different ways.
One bill would roll out a tiered approach to regulation: more requirements for bigger or more complex water utilities. The other is an amendment to Farm Bill legislation to send federal employees called “circuit riders” into the field to help smaller and rural water systems detect cybersecurity weaknesses and address them.
If Congress does nothing, 6-year-old Safe Drinking Water Act standards will still be in place — a largely voluntary regime that both the EPA and cybersecurity analysts say has yielded minimal progress.
Meanwhile, states are in the midst of applying for grants from a $1 billion federal cybersecurity program, money from the 2021 federal infrastructure law.
But water utilities will have to compete for the money with other utilities, hospitals, police departments, courts, schools, local governments and others.
Robert M. Lee, CEO of Dragos Inc., which specializes in cybersecurity for industrial-control systems, said the Aliquippa water authority’s story — that it had no cybersecurity help — is common.
“That story is tens of thousands of utilities across the country,” Lee said.
Because of that, Dragos has begun offering free access to its online support and software that helps detect vulnerabilities and threats for water and electric utilities that draw under $100 million in revenue.
After Russia attacked Ukraine in 2022, Dragos tested the idea by rolling out software, hardware and installation at a cost of a couple million bucks for 30 utilities.
“It was amazing, the feedback,” Lee said. «You wonder, ‘Hey I think I can move the needle in this way’ … and those 30 were like, ‘Holy crap, no one’s ever paid attention to us. No one’s ever tried to get us help.'»
En esta fotografía de archivo del 6 de enero de 2021, insurrectos leales al presidente Donald Trump participan en disturbios afuera del Capitolio, en Washington. (Foto: VOA)
Muchos en Estados Unidos alertan de las consecuencias que podría tener el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump; sin embargo, algunos expertos recuerdan que existen mecanismos para proteger el orden establecido y destacan cómo el sistema se mantuvo firme en 2020.
Durante los últimos tres años, la democracia más antigua del mundo ha sido puesta a prueba de maneras no vistas en décadas.
Un presidente en funciones intentó anular unos comicios y sus partidarios asaltaron el Capitolio para impedir que el ganador asumiera el poder. Quienes apoyaron ese ataque lanzaron una campaña contra las oficinas electorales locales, expulsando a administradores veteranos e incitando a los estados conservadores a que aprobaran nuevas leyes que dificultaran votar.
Al mismo tiempo, los últimos tres años demostraron que la democracia estadounidense es resistente.
Los intentos del expresidente Donald Trump de revocar los resultados de las elecciones de 2020 fracasaron, bloqueados por los controles y contrapesos del sistema constitucional, y ahora el exmandatario enfrenta cargos a nivel federal y estatal por esas iniciativas.
Luego, los votantes intervinieron. En cada estado crucial para las elecciones presidenciales, rechazaron a todos los candidatos que respaldaron las mentiras de Trump de que los comicios habían sido robados y que se postularon a cargos a nivel estatal desde los que se ejercía cierto nivel de supervisión sobre las elecciones.
La infraestructura electoral del país funcionó bien, con sólo algunos trastornos durante los comicios intermedios de 2022. Las nuevas leyes electorales, muchas de las cuales son técnicas y de implementación gradual, tuvieron poco impacto perceptible sobre la votación real.
Los votantes han dado un paso al frente para defender nuestra democracia en los últimos años”
Joanna Lydgate, directora general de States United
“Los votantes han dado un paso al frente para defender nuestra democracia en los últimos años”, dijo Joanna Lydgate, directora general de States United, una organización apartidista dedicada a proteger los comicios y que da seguimiento a quienes se niegan a creer en la legitimidad de las elecciones presidenciales de 2020. “Los funcionarios estatales y locales han hecho un trabajo extraordinario para proteger nuestras elecciones libres e imparciales”.
Entonces, ¿por qué toda la preocupación? Como señalan rápidamente Lydgate y cualquiera que trabaje en el campo prodemocracia, la gran prueba —considera— ocurrirá en 2024.
Trump se postula nuevamente para la Casa Blanca y ha predominado en las primarias republicanas a medida que se acercan las primeras votaciones. Ha pedido que se indulte a quienes fueron enjuiciados por el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, aún insiste falsamente en que las elecciones de 2020 fueron “robadas”, y dice que utilizará al gobierno federal para vengarse de sus enemigos políticos.
En esta fotografía de archivo del 6 de enero de 2021, insurrectos leales al presidente Donald Trump participan en disturbios afuera del Capitolio, en Washington. (Foto: VOA)
Trump ha utilizado una retórica cada vez más autoritaria en su campaña para obtener la nominación del Partido Republicano. Si gana, sus aliados han planeado llenar el gobierno con personas leales para que la burocracia no obstaculice los planes más controvertidos de Trump de la forma en que lo hizo durante su primer mandato.
Se ha llegado a tal punto que recientemente el comentarista conservador Hugh Hewitt le preguntó a Trump si planeaba ser un dictador: “Para nada”, respondió el exmandatario. “No, yo voy a gobernar como alguien que es muy popular entre el pueblo”.
Las elecciones de 2024 podrían provocar todo tipo de conflictos, incluidos escenarios que notablemente no se han materializado a pesar de la preocupación generalizada al respecto desde 2020: violencia en las urnas, observadores electorales partidistas demasiado agresivos o fallas en el recuento de votos.
No obstante, parece poco probable que Trump pudiese regresar a la Casa Blanca si pierde las elecciones. Eso es lo que no logró en 2020, y ahora está en una posición más débil.
Su estrategia en ese entonces fue utilizar el dominio republicano en las legislaturas, gobernaciones y secretarías de Estado de los estados políticamente oscilantes para tratar de enviar listas de electores falsos al Congreso, a pesar de que el demócrata Joe Biden ganó esos estados y obtuvo la presidencia.
Desde entonces, los republicanos han perdido dos de esos cargos de secretario de Estado en estados reñidos —Arizona y Nevada—, así como la gobernación de Arizona y el control de las legislaturas estatales en Michigan y Pensilvania. En el Congreso, los legisladores aprobaron un proyecto de ley bipartidista que cierra algunas de las lagunas jurídicas en el recuento de votos del Colegio Electoral que Trump intentó aprovechar para permanecer en el cargo, lo que dificulta la impugnación de las certificaciones estatales en la Cámara de Representantes.
El resultado es que será mucho más difícil que Trump intente revertir una derrota en 2024 que en 2020. La forma más probable de que regrese a la Casa Blanca es si gana las elecciones directamente.
“Esto no significa que los riesgos hayan desaparecido”, dijo Rick Hasen, profesor de derecho de la Universidad de California, campus de Los Ángeles. “Significa que hemos librado con éxito la última guerra”.
Lecciones de la historia
La historia está llena de ejemplos de gobernantes autoritarios que primero llegaron al poder tras ganar unas elecciones democráticas legítimas. Pero el riesgo para la democracia de alguien que gana legítimamente unos comicios es diferente al riesgo de que un candidato intente revertir una derrota electoral.
Cuando Trump comenzó a afirmar falsamente que había ganado las elecciones de 2020 e instó a los republicanos a anular la voluntad de los votantes de sus estados y enviar a sus electores al Congreso, todos los funcionarios republicanos con el poder para actuar eso se negaron.
Los líderes republicanos del poder legislativo de Michigan rechazaron su solicitud de anular a los votantes. En Georgia, donde las papeletas presidenciales fueron contadas tres veces y confirmaron la victoria de Biden, el gobernador Brian Kemp y Brad Raffensperger, el secretario de Estado, se granjearon la furia de Trump al rechazarlo. Lo mismo hicieron Doug Ducey, el entonces gobernador de Arizona, y los líderes republicanos de la legislatura de ese estado.
Algunos republicanos sí intentaron ayudar a Trump. Ken Paxton, fiscal general de Texas, encabezó a un grupo de 17 fiscales generales republicanos que presentaron una demanda en la que instaban a la Corte Suprema de Estados Unidos a anular los comicios. El máximo tribunal desestimó rápidamente el caso. Trump perdió todas salvo una de las más de 60 demandas que él y sus aliados presentaron en diferentes estados para anular las elecciones, a veces ante jueces que él había designado.
Luego, en noviembre de 2022, todos los candidatos de los estados políticamente oscilantes que respaldaron los intentos de Trump para revertir su derrota —y que se postulaban para un cargo estatal en el que se ejercía cierto papel relacionado con las elecciones— perdieron.
“No hay duda de que nuestra democracia se ha visto abollada en un par de momentos últimamente, pero hemos decidido que nos gusta en comparación con la alternativa”, dijo Justin Levitt, quien se desempeñó como asesor para la democracia y los derechos electorales durante dos años en la Casa Blanca de Biden y ahora es profesor de derecho en la Universidad Loyola Marymount, en Los Ángeles.
Nuestra democracia se ha visto abollada en un par de momentos últimamente, pero hemos decidido que nos gusta en comparación con la alternativa”
Justin Levitt, profesor de derecho en la Universidad Loyola Marymount
Los negacionistas de las elecciones han podido lograr avances en un área: cargos en los que simplemente tienen que ganar unas primarias republicanas. Eso ha significado que han asumido el poder en gobiernos locales de muchas zonas rurales, a menudo perturbando comicios y apegándose a teorías de conspiración o procedimientos como el recuento manual, que es menos confiable y requiere más tiempo que tabular miles de votos en máquinas.
Además, han podido ampliar su poder dentro de los cuerpos legislativos republicanos, desde las cámaras estatales hasta el Congreso. El representante federal Mike Johnson, quien ayudó a organizar un informe en apoyo de la demanda rápidamente desestimada para anular la victoria de Biden, es ahora el presidente de la Cámara de Representantes.
Si Johnson conserva su cargo de presidente de la cámara baja en enero de 2025, podría estar en condiciones de causar una alteración en la certificación de una victoria de Biden. Los republicanos más dispuestos a socavar la democracia también podrían tener mayor influencia en las legislaturas estatales.
Y además está la opinión de quienes respaldan a Trump. Ellos aseguran estar incluso más preocupados por la democracia que quienes se oponen a él. Normalmente, los miembros del partido que está fuera del poder sienten que la democracia no funciona tan bien para ellos, pero la situación de Trump es diferente. Es el primer presidente en la historia de Estados Unidos que enfrenta un proceso judicial y promueve la narrativa de que está siendo perseguido por su probable oponente en las elecciones generales.
Trump dice que los casos penales y los intentos separados de excluirlo de las elecciones bajo la cláusula de insurrección de la Constitución son una forma de interferencia electoral.
La Corte Suprema de Colorado encontró que su papel en el ataque del 6 de enero era motivo suficiente para retirarlo de la boleta electoral del estado bajo la 14ta Enmienda, un fallo que la campaña de Trump dijo que apelará pronto ante la Corte Suprema federal, donde tres de sus nominados ayudan a conformar la mayoría conservadora.
El jueves, la secretaria de Estado de Maine, Shenna Bellows, expulsó a Trump de la boleta de las primarias de ese estado, con lo que se convirtió en el primer funcionario electoral en tomar tal medida. Bellows, de extracción demócrata, puso en pausa su fallo hasta que el sistema judicial de Maine se pronuncie sobre el caso.
Durante su campaña, Trump ha adoptado un enfoque de “lo que me digas o hagas rebota en mí y se te pega a ti”, y acusó a Biden de ser la verdadera amenaza para la democracia.
Un argumento más revelador proviene de una disputa que uno de los exabogados del expresidente presentó ante la Corte Suprema de Colorado. Scott Gessler, exsecretario de Estado de Colorado, argumentaba en contra de los intentos de un grupo liberal de expulsar a Trump de la boleta electoral.
“Si toda la nación elige a alguien para ser presidente, ¿puede ser eso una insurrección o es eso una selección democrática?”, preguntó Gessler.
Gessler se refería al caso hipotético de que un exconfederado ganara la Casa Blanca en el siglo XIX, pero es fácil ver cómo esto es aplicable a los comicios que el país tiene ante sí.
O, como dijo Levitt sobre la democracia estadounidense: “Depende de nosotros cuán resistente la hagamos”.
