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¿Beneficio o presión social? Cómo afecta la inmigración a la economía de EE. UU.

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Solicitantes de asilo son vistos dentro de un autobús frente al Hotel Roosevelt el 19 de mayo de 2023 en Nueva York, EE. UU.

Aunque la llegada de migrantes a Estados Unidos puede dar un alivio a mercados laborales con falta de personal, también supone una presión a nivel local. Los expertos analizan la desconexión entre la opinión pública sobre los migrantes y la influencia económica que presentan.

WASHINGTON — El rápido aumento en la inmigración hacia Estados Unidos durante los últimos cuatro años ha dividido la opinión pública en cuanto a las consecuencias que tiene la llegada de millones de personas para la economía del país. Aunque los estudios revelan que puede ser beneficioso para el mercado laboral, también supone una presión adicional para los gobiernos locales.

“Hay consenso entre los economistas en que el impacto económico de la inmigración en EE.UU. es pequeño, sin importar la magnitud del flujo”, dijo Madeline Zavodny, profesora de economía de la Universidad del Norte de la Florida. “Nuestra economía es capaz de absorber cantidades pequeñas o grandes de inmigrantes, particularmente en el largo plazo, con efectos muy pequeños sobre los locales”.

Durante un evento el miércoles del Instituto Brookings, un centro de estudios en Washington, expertos discutieron el efecto económico que tienen las nuevas tendencias migratorias para EE. UU.

Aunque la economía del país, coincidieron, se podría beneficiar de contar con más trabajadores, existen grupos de personas que “tenderán a verse afectados negativamente”. Entre ellos, los estadounidenses menos educados o que no han terminado la escuela secundaria.

“Eso se debe a que históricamente muchos de los flujos que llegaban a EE. UU. eran personas que tenían niveles de educación muy bajos. Y entonces, los locales que también tuvieron muy poca educación, se enfrentan a mucha competencia en el mercado laboral”, agregó Zavodny.

Un segundo grupo que se podría ver afectado negativamente es el de los inmigrantes previos, quienes podrían ver sustitutos muy cercanos a sus labores.

Sin embargo, “para el estadounidense promedio la inmigración es a menudo un complemento, no un sustituto en el mercado laboral. En realidad, podría aumentar sus salarios o aumentar sus oportunidades de empleo”, explicó la economista.

Un reciente estudio de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), encontró que EE. UU. va a tener 1,7 millones de personas más en su mercado laboral este 2024 debido a las tendencias migratorias. En la próxima década, serán 5,2 millones de trabajadores más.

Este aumento en el grupo de trabajadores no solo aumenta el Producto Interno Bruto (PIB), según la OPC, sino que beneficiará al gobierno federal en recaudación de impuestos con cerca de un billón de dólares adicionales.

Tara Watson, experta en economía del Instituto Brookings, detalló la “ayuda” que puede significar la inmigración para un país cuya población continúa envejeciendo y a su vez, aportando menos al Seguro Social. La presencia de personas inmigrantes jóvenes dotaría de recursos adicionales a este fondo, según explicó.

Los expertos detallaron que los inmigrantes no sólo aportan a la mano de obra sino a la demanda de ella, al ser parte de la compra de productos producidos en el país. Especialmente al poblar áreas rurales donde se dedican a trabajos de agricultura o empaque de alimentos.

Aumenta la presión social

Los retos, sin embargo, afectan a la economía a nivel local. Los expertos coincidieron en que la llegada masiva de inmigrantes supone un alto costo para los gobiernos estatales y municipales, lo que aumenta el desdén de la población.

“Lo que más les preocupa es la inmigración ilegal, el desorden y el caos que ven en la frontera. Ven gente fluyendo hacia ciudades, ven la presión que se ha ejercido sobre los servicios sociales, los costos fiscales, hay una sensación de que hay presión sobre el mercado laboral y simplemente una sensación general de desorden social en las personas”, dijo Ruy Teixeira del Instituto Empresarial Americano, una organización en la capital estadounidense.

Teixeira resaltó que esa sensación se extiende a pensar que los migrantes “se están aprovechando de EE. UU. y sus fronteras”.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos estimó que entre 2005 y 2019, costaron a los gobiernos estatales y locales un estimado de 21.400 millones de dólares.

Los costos inmediatos ocurren al financiar las escuelas públicas, donde los hijos de inmigrantes suelen estudiar, así como el cuidado médico.

“Mucho de esto se debe a que los inmigrantes que llegaron recientemente han estado trayendo niños y también son relativamente jóvenes, por lo que tienden a tener más hijos. Y por eso hay costos que se imponen particularmente a los distritos escolares. Por lo tanto, es posible que veamos cierta superpoblación… es posible que también veamos cierta presión en los mercados de alquiler y de vivienda”, explicó Zavodny.

Datos oficiales apuntan a que la mayoría de la población migrante se compone de adultos entre 35 y 54 años, lo que constituye adultos en el pico de sus años laborales.

Hasta abril del año fiscal actual, las autoridades fronterizas encontraron 1,5 millones de personas en la frontera suroeste, la mayoría eran adultos solteros. La mayoría provenientes de México, Venezuela, Guatemala, Honduras y El Salvador.

The Trump campaign opens a new outreach office in a heavily Latino part of Pennsylvania

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The "Latino Americans for Trump" office opens in Reading, Pa., Wednesday, June 12, 2024. (Photo: AP/Joe Lamberti)

The pastor opened with a prayer in Spanish, asking that the Lord’s spirit and guidance direct the proceedings without offering an English translation. Most of the around 50 attendees were white and weren’t appearing to follow along, though they knew enough to sing out “Amen!” at the end.

Thus began former President Donald Trump ‘s campaign teaming up with the Republican National Committee and Pennsylvania GOP to open a “Latino Americans for Trump” office Wednesday in the town of Reading.

“We believe in the American Dream and the only way to obtain the American Dream is working hard,” Luis Fortuno, the former governor of Puerto Rico, told the same crowd. For the smaller group of Spanish speakers present, he followed with remarks that leaned heavily on the theme of “Necesitamos cambio” — Spanish for “We need change.”

Trump and top Republicans are looking to boost their support among Hispanic voters in a swing state that could well decide the election. Having shuttered many party offices that specialized in minority outreach, they are betting that promises to prioritize entrepreneurship and smaller government can resonate with a voting bloc that historically has favored Democrats.

The «Latino Americans for Trump» office opens in Reading, Pa., Wednesday, June 12, 2024. (AP Photo/Joe Lamberti)

Reading is perhaps best known as the namesake for the Reading Railroad from the Monopoly gameboard. A town of about 95,000 around 65 miles northwest of Philadelphia, Reading is 67% Latino, according to U.S. Census figures, and home to high concentrations of people of Dominican and Puerto Rican heritage.

Biden’s approval rating has dropped among Hispanic adults in national polls, but it remains unclear if Trump can capitalize.

The Reading office opening comes a week after Trump’s campaign established its first Pennsylvania office at a site in northeast Philadelphia. That event was billed as a “Blacks for Trump” gathering and featured Republican Texas Rep. Wesley Hunt and other prominent Black Republicans.

Both in Philadelphia and in Reading on Wednesday, most of the attendees were white.

Trump himself held a rally meant to energize Latino support on Sunday in Las Vegas, where he quipped: “We need every voter. I don’t care about you, I just want your vote.” The former president also said immigrants were turning the U.S. “into a dumping ground” and vowed, “We’re not going to let them destroy our country.”

President Joe Biden ’s campaign says Trump is dealing in dangerous and racist stereotypes and has dismissed his campaign’s office openings as superficial patronizing of minority voters.

The «Latino Americans for Trump» office opens in Reading, Pa., Wednesday, June 12, 2024. (Photo: AP/Joe Lamberti)

Biden’s reelection campaign, together with the Pennsylvania Democratic Party, has opened 24 offices and has 100-plus staffers across the state, and has spent months organizing house parties and other voter mobilization efforts. It has been spending on ads in Pennsylvania since late last summer with a special emphasis on voters of Puerto Rican or Caribbean heritage.

Yrene Rodriguez, 46, an accountant at Reading Community College who said she and her whole family are Biden supporters, dismissed Wednesday’s efforts by Trump’s backers as “just propaganda.”

“They just want to get people to say nice things about him,” Rodriguez said.

Luis Rodriguez, who owns a real estate wholesaling and rehabbing business with offices in Pennsylvania, addressed the Trump office opening and talked about the importance of extending the U.S.-Mexico border wall, a signature promise from Trump’s first campaign that he pursued in office.

Asked after the event about concerns Trump’s harsh personal rhetoric might alienate some Hispanics, Rodriguez, who isn’t related to Yrene, said such suggestions don’t have «any backing or validity.”

Michael Rivera, a commissioner in Berks County, which encompasses Reading, spoke at the office opening in English and Spanish and said more effort to reach out to Hispanic voters «demonstrates the Republican Party’s understanding of the power of diversity among the American people.”

Located in a red-brick building across from a downtown CVS, the campaign office was indistinguishable from most corporate spaces, except for the placards in the front window reading “Latino Americans for Trump,» “Stop Illegal Voting” and “Joe Biden, You’re Fired.”

Attracting more attention was a table of Trump merchandise set up for the event on the sidewalk outside. Some people walking by rolled their eyes or voiced their objections, but others were delighted with the display.

“I only want the true king. The true king of America!» bellowed one man, loud enough to be heard inside the office. “That’s Trump.”

The following is a statement from Biden-Harris 2024 Pennsylvania Hispanic Media Press Secretary, Nemesis Mora on Trump’s so-called “Latino American” outreach in Reading:

“Donald Trump does not care about the Latino community. He’s spent his entire adult life vilifying us, and his entire time in office making our communities worse off. This is the same guy who campaigned with America’s most infamous sheriff and serial civil rights abuser, Joe Arpaio. Trump is the same guy who humiliated the Puerto Rican community by throwing paper towels at our families following Hurricane Maria and admitted that his underwhelming response in providing aid to the island was due to our ‘second-class citizen status.’ The convicted white-collar felon now thinks that by inviting two Puerto Ricans to his faux Latino outreach event in Pennsylvania, he will earn our community’s vote. It’s an insult to the intellect and dignity of every Latino voter.”

“The truth is, Donald Trump has failed Latinos and our families, while President Biden has actually delivered real results for Pennsylvanians like lowering health care costs, creating good-paying jobs resulting in the lowest Latino unemployment ever, and making historic investments leading to Latino small businesses opening at the fastest rate in a decade. That’s why this November, Latinos in Pennsylvania will send Trump back to Mar-a-Lago.”

Campaña de Trump abre nueva oficina en zona de Pensilvania con gran población latina

El exgobernador de Puerto Rico Luis Fortuño habla en la inauguración de una oficina de "Latino Americans for Trump" en Reading, Pensilvania, el miércoles 12 de junio de 2024. (AP Foto/Joe Lamberti)

Will Weissert

READING, Pensilvania, EE.UU. (AP) — El pastor arrancó con una oración en español, pidiendo que el espíritu y la guía del Señor dirigieran las acciones del día y no ofreció traducción al inglés. La mayoría de los cerca de 50 asistentes eran blancos y no parecían comprender lo que decía, aunque sabían lo suficiente como para expresar «¡Amén!” al final.

Así comenzó la campaña del expresidente Donald Trump, que hizo equipo con el Comité Nacional Republicano y el Partido Republicano de Pensilvania para inaugurar el miércoles una oficina de “Latino Americans for Trump” (Latinos Estadounidenses por Trump) en la localidad de Reading.

“Creemos en el sueño americano y la única manera de conseguirlo es trabajando duro”, dijo a la misma multitud Luis Fortuño, exgobernador de Puerto Rico. Ante el reducido grupo de hispanohablantes presentes, siguió con comentarios que se apoyaron en gran medida en la consigna “Necesitamos cambio”.

Trump y los dirigentes republicanos buscan potenciar su apoyo entre los votantes hispanos en un estado indeciso que bien podría decidir las elecciones. Tras haber cerrado muchas oficinas del partido especializadas en llegar a las minorías, confían en que las promesas de dar prioridad a la iniciativa empresarial y a un gobierno más pequeño puedan resonar en un electorado que históricamente ha favorecido a los demócratas.

Reading es quizás más conocida por ser el homónimo del ferrocarril de Reading del tablero del Monopoly. Se trata de una ciudad de unos 95.000 habitantes situada a unos 105 kilómetros (65 millas) al noroeste de Filadelfia, con un 67% de población latina, según datos del censo, y con altas concentraciones de habitantes de ascendencia dominicana y puertorriqueña.

El índice de aprobación de Biden ha bajado entre los adultos hispanos en las encuestas nacionales, pero sigue sin estar claro si Trump puede sacar provecho de ello.

La apertura de la oficina de Reading tiene lugar una semana después de que el equipo de campaña de Trump estableciera su primera oficina en Pensilvania en un local del noreste de Filadelfia. Ese evento fue anunciado como una reunión de “Negros por Trump” y contó con la participación del representante republicano de Texas Wesley Hunt y otros prominentes republicanos de raza negra.

Tanto en Filadelfia como en Reading el miércoles, la mayoría de los asistentes eran blancos.

El equipo de campaña del presidente Joe Biden afirma que Trump recurre a estereotipos peligrosos y racistas, y ha tachado las inauguraciones de oficinas de su campaña de condescendencia superficial con los votantes de minorías étnicas de Estados Unidos.

El equipo de campaña de Biden, con el apoyo del Partido Demócrata de Pensilvania, ha abierto 24 oficinas con más de 100 empleados en todo el estado, y durante los meses pasados se han organizado fiestas en casas y otras iniciativas de movilización de votantes. Además, ha estado gastando en anuncios en Pensilvania desde finales del verano pasado, haciendo especial hincapié en los votantes de ascendencia puertorriqueña o caribeña.

Yrene Rodríguez, de 46 años, una contadora del Reading Community College que dijo que ella y toda su familia son partidarios de Biden, calificó las actividades del miércoles de los partidarios de Trump de “mera propaganda”.

“Sólo quieren que la gente diga cosas buenas de él”, indicó Rodríguez.

Luis Rodríguez, propietario de un negocio inmobiliario de venta al por mayor y restauración con oficinas en Pensilvania, habló en la inauguración de la oficina de Trump sobre la importancia de ampliar el muro fronterizo entre Estados Unidos y México, una promesa emblemática de la primera campaña de Trump que trató de mantener durante su mandato.

Cuando se le preguntó después del evento sobre el temor de que la dura retórica personal de Trump podría ahuyentar a algunos hispanos, Rodríguez, que no tiene vínculos familiares con Yrene, dijo que tales insinuaciones no tienen “ningún respaldo o validez”.

Michael Rivera, un comisionado en el condado de Berks, que abarca Reading, habló en la apertura de la oficina en inglés y español, y dijo que el intento de acercarse a los votantes hispanos “demuestra que el Partido Republicano entiende el poder de la diversidad entre el pueblo estadounidense”.

Ubicada en un edificio de ladrillos rojos frente a una farmacia CVS del centro de la ciudad, la oficina de campaña no se distinguía de la mayoría de los espacios corporativos, excepto por las pancartas en la ventana frontal que decían “Latino Americans for Trump”, “Alto al voto ilegal” y “Joe Biden, estás despedido”.

Lo que más llamaba la atención era una mesa con productos de Trump colocada en la acera. Algunas personas que pasaban por allí entornaban los ojos o expresaban su desacuerdo, pero otras estaban encantadas con la exhibición.

“Sólo quiero al verdadero rey. ¡El verdadero rey de Estados Unidos!”, gritó un hombre lo suficientemente alto como para que se oyera dentro de la oficina. “Ese es Trump”.

Sobrevivientes de masacre escolar en Connecticut se gradúan con emociones encontradas

Connecticut
Lilly Wasilnak, sobreviviente de la masacre en la Escuela Sandy Hook de Newtown, Connecticut, llega a una marcha contra la violencia armada el 7 de junio del 2024 en esa localidad. (Foto AP /Bryan Woolston)

NEWTOWN, Connecticut, EE. UU.— Al igual que los estudiantes de último año en todas partes, los miembros de la generación 2024 de la preparatoria Newtown High School tendrán sentimientos agridulces en su ceremonia de graduación: entusiasmo por ir a la universidad o comenzar su carrera, y tristeza por dejar a sus amigos y su comunidad.

Pero alrededor de 60 de los 330 niños que se graduarán el miércoles cargarán además el peso emocional de haber sobrevivido a una de las masacres escolares más mortíferas en la historia de Estados Unidos, y de saber que muchos de sus excompañeros no estarán allí para cruzar el escenario con ellos. Veinte de sus compañeros de primer grado y seis maestros fueron asesinados en la escuela primaria Sandy Hook el 14 de diciembre de 2012.

Las víctimas serán honradas durante la ceremonia, pero los detalles se mantienen en secreto.

Pronto, estos sobrevivientes de Sandy Hook abandonarán la comunidad que muchos llaman una “burbuja” debido a la comodidad y protección que les ha brindado del mundo exterior. Cinco de ellos se sentaron con The Associated Press para hablar de su graduación, sus planes futuros y cómo esa tragedia aún moldea sus vidas.

“Estarán allí con nosotros. Creo que todos estamos muy emocionados por el día”, dijo Lilly Wasilnak, de 17 años, quien estaba en un salón de clases al final del pasillo del aula donde sus compañeros perdieron la vida. “Pero creo que no podemos olvidar … que falta una buena parte de nuestra generación. Así que, rumbo a nuestra graduación, todos tenemos emociones encontradas: intentamos estar emocionados por nosotros mismos y por este logro por el que hemos trabajado tan duro, pero también (por) aquellos que no pueden compartirlo con nosotros; que deberían haber podido”.

Emma Ehrens fue una de los 11 niños que sobrevivieron al ataque en el aula 10. Ella y otros lograron huir cuando el pistolero se detuvo para recargar su arma y otro estudiante, Jesse Lewis, gritó a todos que corrieran. Jesse no se salvó. Cinco niños y los dos profesores que estaban en el aula fueron asesinados.

“Definitivamente voy a sentir muchas emociones encontradas”, declaró Ehrens, de 17 años. “Estoy superemocionada por haber terminado con la escuela secundaria y pasar al siguiente capítulo de mi vida. Pero también estoy tan … profundamente triste, supongo, por tener que cruzar ese escenario sola. … Me gusta pensar que estarán allí con nosotros y cruzarán ese escenario con nosotros”.

Grace Fischer, de 18 años, estaba en un aula al final del pasillo donde se produjeron los asesinatos con Ella Seaver y Wasilnak. Como faltaban solo 11 días para Navidad, la escuela estaba llena de espíritu navideño y los niños estaban ansiosos por hacer casitas de jengibre ese día.

“Por mucho que hayamos intentado tener una niñez normal, una escuela normal, no fue del todo normal”, manifestó Fischer. “Pero a pesar de que nos falta … una parte tan grande de nuestra generación, como dijo Lilly, de todos modos, nos vamos a graduar. … Queremos ser esos adolescentes normales que cruzan el escenario ese día y tienen ese sentimiento de celebración en nosotros mismos, sabiendo que hemos llegado hasta aquí”.

Dejar su casa y la ‘burbuja’

Muchos de los supervivientes dijeron que todavía viven con el trauma de ese día: los ruidos fuertes aún los hacen saltar de sus asientos y algunos siempre están atentos a las salidas de cualquier lugar. Muchos han pasado años en terapia por trastorno de estrés postraumático, depresión o ansiedad.

La ciudad proporcionó una variedad de servicios a las familias. Los funcionarios los protegieron tanto como pudieron de los medios y de los forasteros, y los estudiantes dijeron que dejar una comunidad tan protectora será tanto difícil como, en cierto modo, liberador.

“En Sandy Hook, lo que pasó siempre como que se cierne sobre nosotros”, dijo Matt Holden, de 17 años, quien estaba en un salón de clases al final del pasillo donde ocurrió el tiroteo. “Creo que al irnos y poder crear nuevos recuerdos y conocer gente nueva —incluso si estaremos más aislados de las personas que tienen historias como las nuestras— seremos más libres para escribir nuestra propia historia. … Y, ya sabes, no dejar que este evento que ocurrió cuando éramos muy pequeños defina nuestras vidas”.

Ehrens dijo que siente cierta ansiedad por dejar Newtown, pero que es un paso necesario para comenzar el siguiente capítulo de su vida.

“Definitivamente se siente para mí como que estamos atrapados en el mismo sistema en el que hemos estado atrapados durante los últimos 12 años”, dijo.

“Para mí, siento que definitivamente va a mejorar y podré liberarme de ese sistema y convertirme en quien soy en lugar de, como siempre, la niña de Sandy Hook”, enfatizó Ehrens.

Fischer hizo eco de ese sentimiento y agregó que, aunque será difícil dejar la ciudad y a los amigos con quienes creció, hará nuevos amigos y construirá una nueva comunidad mientras explora nuevos desafíos en la universidad.

“Sandy Hook siempre estará conmigo”, dijo.

La tragedia estimula el activismo, da forma a sus futuros

Los cinco estudiantes de último año han participado activamente en la Junior Newtown Action Alliance (Alianza Júnior de Acción de Newton) y sus esfuerzos contra la violencia armada, y han dicho que buscan prevenir que ocurran tiroteos mediante el control de armas y otras medidas. La semana pasada, varios de ellos se reunieron con la vicepresidenta Kamala Harris en la Casa Blanca para discutir sus experiencias y pedir un cambio.

Dicen que sus compañeros asesinados han motivado su activismo, el cual todos planean continuar después de dejar la secundaria.

Seaver, de 18 años, explicó que trabajar con la alianza la hace sentir menos impotente. Planea estudiar psicología en la universidad y convertirse en terapeuta, ayudando a la comunidad tal como la comunidad la ayudó a ella.

“Compartir mis ideas y trabajar con todas estas personas increíbles para intentar crear un cambio realmente le da significado al trauma que todos nos vimos obligados a experimentar”, refirió Seaver. “Es una forma de sentir que estás haciendo algo. Porque estamos (haciéndolo). Estamos luchando por el cambio y de verdad que no vamos a parar hasta lograrlo”.

Ehrens dijo que planea estudiar ciencias políticas y derecho, con el objetivo de convertirse en política o abogada de derechos civiles.

Fischer reportó que ella también espera convertirse en abogada de derechos civiles.

Holden planea graduarse en ciencias políticas y quiere impulsar cambios en la política de armas.

Por su parte, Wasilnak dijo que iniciará la universidad sin decidir aún una especialidad, pero que tiene la intención de continuar con sus denuncias contra la violencia armada.

“Para mí, sabía que quería hacer algo más desde que era más joven, cuando ocurrió la tragedia”, dijo Wasilnak. “Quería convertir esa cosa tan terrible en algo más, y que esos niños y maestros no murieran en vano. Por supuesto, lo que les sucedió fue horrible y nunca debería haber ocurrido. Pero creo que, para mí, algo más grande tenía que surgir de esto, de lo contrario todo habría sido en vano”.

Voto de los mayores de 50 en Arizona es clave para una victoria presidencial, dice sondeo

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Unas personas salen de un centro de votación. (Foto: EFE/Sarah Yáñez-Richards)

Los electores mayores de 50 años en Arizona, el grupo de votantes más grande en ese estado considerado como bisagra, son definitivos para inclinar la balanza de quién ocupará la Casa Blanca, según una encuesta revelada este miércoles por la Asociación Estadounidense de Personas Retiradas (AARP, en inglés).

Arizona es un estado indeciso en el que las campañas del presidente Joe Biden y el exmandatario Donald Trump han enfocado esfuerzos al considerarlo definitivo para asegurar la reelección.

Kennedy recalcó que los votantes mayores de 50 años son el bloque electoral más grande «que podría inclinar la balanza» para cualquier candidato en esta elección.

«Si los candidatos quieren ganar, deben prestar atención a las cuestiones que importan a los votantes mayores de 50 años, desde la protección del Seguro Social hasta el apoyo a los cuidadores familiares», agregó.

Este grupo representó en las elecciones de 2020 el 55 % de todos los votantes de Arizona y el 64 % en las elecciones intermedias de 2022.

En 2020 el presidente Biden ganó el estado por poco más de 10.000 votos por lo que «es vital» escuchar las opiniones de este grupo, dijo Dana Kennedy, directora estatal de AARP Arizona este miércoles en una conferencia de prensa al presentar los resultados.

La encuesta realizada a 1.358 votantes mayores de 50 años encontró que el 78 % informaron que las posiciones de los candidatos en materia de Seguridad Social son importantes para decidir por quién votar en noviembre.

Para el 74 % de los votantes es vital conocer las propuestas sobre el programa de salud pública para adultos mayores conocido como Medicare.

El 67 % quiere saber cómo los candidatos ayudarán a las personas a permanecer en sus hogares a medida que envejecen y el 65 % quiere saber sobre las propuestas del costo de la vivienda y los servicios públicos.

El tema de la inmigración y la seguridad fronteriza es importante para el 41 % de los votantes de 50 años en Arizona, seguido por la inflación y el aumento de precios (28 %) y las amenazas a la democracia (27 %).

Según el sondeo de AARP, Trump aventaja actualmente a Biden en el grupo de mayores de 50 por 10 puntos porcentuales con el 49 %. Sin embargo, entre las votantes mujeres los candidatos están empatados.

Biden lidera entre los votantes hispanos mayores con el 48 % frente al 37 % del republicano.

En la carrera por la silla del Senado de ese estado, el congresista demócrata Rubén Gallego y la republicana Kari Lake están casi igualados, con ella superando por un punto porcentual al hispano (48 % -47 %).

Las mujeres mayores de 50 años apoyan a Gallego por 12 puntos porcentuales más, mientras los hombres prefieren a Lake por 15 puntos.

El congresista Gallego lidera entre los votantes hispanos mayores de 50 años, con 62 %, mientras Lake obtuvo el 36%.

Infecciones anteriores de COVID-19 podrían ofrecer mayor protección ante resfriados, dice estudio

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Esta imagen de microscopio de 2020 proporcionada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos muestra partículas del virus SARS-CoV-2 que causan las infecciones de COVID-19. (Foto: AP/Hannah A. Bullock, Azaibi Tamin/CDC/Archivo)

Si ha tenido COVID-19, es posible que tenga algo de protección contra algunas versiones de la gripe común.

Un estudio nuevo sugiere que infecciones de COVID-19 anteriores reducen el riesgo de contraer resfriados causados por primos del coronavirus más leves, lo que podría proporcionar una clave para ampliar las vacunas contra el COVID-19.

“Creemos que va a haber un brote futuro de un coronavirus”, dijo el doctor Manish Sagar, principal autor del estudio publicado el miércoles en la revista Science Translational Medicine. “Las vacunas podrían mejorarse si replicamos algunas de las respuestas inmunológicas que son proporcionadas por una infección natural”.

El estudio evaluó pruebas PCR de COVID-19 realizadas a más de 4.900 personas que buscaron atención médica entre noviembre de 2020 y octubre de 2021. Después de controlar cosas como la edad, el género y enfermedades preexistentes, Sagar dijo que él y sus colegas encontraron que las personas que habían tenido COVID-19 anteriormente tenían un 50% menos de probabilidades de desarrollar un resfriado común con síntomas causado por un coronavirus en comparación con las personas que contaban, en ese momento, con su esquema completo de vacunación y no habían contraído el COVID-19.

Varios virus provocan resfriados; se cree que los coronavirus son responsables de aproximadamente uno de cada cinco resfriados.

Los investigadores vincularon la protección contra los resfriados causados por coronavirus con la respuesta de las células antivirus a dos proteínas víricas específicas. Estas proteínas no se utilizan actualmente en la mayoría de las vacunas, pero los investigadores proponen añadirlas en el futuro.

“Nuestros estudios sugieren que estas podrían ser estrategias novedosas para mejores vacunas que no sólo aborden los coronavirus actuales, sino cualquier coronavirus futuro que pueda surgir”, comentó Sagar, del Centro Médico de Boston.

El doctor Wesley Long, patólogo del Houston Methodist de Texas que no participó en el estudio, dijo que los hallazgos no deberían ser vistos como un golpe contra las vacunas actuales, que abordan la proteína “espiga” que se encuentra en la superficie del virus SARS-CoV-2 que provoca el COVID-19.

Estas vacunas, comentó, siguen siendo “su mejor defensa contra una infección grave de COVID-19, la hospitalización y la muerte”.

Legisladores demócratas reclaman a Biden medidas para proteger a los ‘soñadores’

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El senador demócrata por California, Alex Padilla, habla durante una rueda de prensa de organizaciones proinmigrantes celebrada este miércoles, con motivo de los 12 años del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) frente al congreso en Washington (EE. UU.). (Foto: EFE/Lenin Nolly)

Varios legisladores demócratas reclamaron este miércoles al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que adopte medidas urgentes para proteger a los conocidos como ‘soñadores’, los inmigrantes irregulares que llegaron al país siendo menores.

El senador Alex Padilla y las representantes Delia Ramírez, Sylvia García y Rashida Tlaib participaron de una rueda de prensa de organizaciones proinmigrantes en el Congreso con motivo de los 12 años del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) que se cumplen esta semana.

«La realidad es que esos niños ya no son niños», dijo Ramírez, que está casada con uno de los 800.000 inmigrantes que llegaron a acogerse a este programa promovido por el expresidente Barack Obama (2009-2017) y que permite trabajar legalmente a sus beneficiarios.

DACA, que a lo largo de los años ha enfrentado numerosos desafíos legales, está ahora ante un tribunal de apelaciones federal que estudia su legalidad.

Activistas latinos protestan durante una rueda de prensa de organizaciones proinmigrantes celebrada con motivo de los 12 años del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) este miércoles, frente al congreso en Washington (EE. UU.). (Foto: EFE/Lenin Nolly)

Ramírez alertó de la «fragilidad» de DACA y la situación en la que podría dejar a sus beneficiarios, en manos de una decisión judicial que podría exponerlos a la deportación, por lo que reclamó a Biden una solución definitiva.

Para estos legisladores, que no han logrado aprobar en el Congreso una ley que proteja definitivamente a estos ‘soñadores’ por la oposición de la mayoría de republicanos, la única solución que queda es que Biden adopte una medida ejecutiva.

Padilla recordó que «hace 12 años la vida cambió para cientos de miles de familias en todo el país» gracias a DACA.

El senador, sin embargo, dijo que ahora, «mientras se impugna DACA en los tribunales, el sueño de cientos de miles de vecinos, de familiares, está amenazado»

Finalmente, García, fue crítica con la decisión que tomó Biden la semana pasada para limitar las solicitudes de asilo en la frontera con México y dijo que es una medida que «no va a funcionar».

«En lugar de perder un tiempo valioso impulsando políticas de la era Trump, nuestro presidente debería brindar alivio a los ‘soñadores’ y otros inmigrantes que viven en nuestro país. A largo plazo», afirmó.

Salarios en EE. UU.: latinas son mayoría en sectores dependientes de propinas

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Una mesera sirve comida en un restaurante de Chapel Hill, Carolina del Norte, el 16 de abril de 2021.

Casi 7 de 10 trabajadores con salarios basados en propinas en Estados Unidos son mujeres, y entre ellas, aproximadamente 3 de 10 son de minorías, reveló el Centro Nacional de Derecho de la Mujer.

WASHINGTON — Las mujeres latinas, junto a otras minorías racializadas, están «sobrerrepresentadas» en la fuerza laboral dependiente de propinas en Estados Unidos, por lo que son más propensas a vivir cerca o bajo el umbral de pobreza en comparación con sus contrapartes masculinos y las mujeres blancas no hispanas.

A pesar de representar solo el 7,9 % del total de la fuerza laboral en EE. UU., la participación de las hispanas entre quienes dependen de propinas asciende a casi el doble, con un 12,9 %, revela un informe publicado este miércoles por el Centro Nacional de Derecho de la Mujer (NWLC, en inglés).

Esto coincide con otro estudio de la ONG con sede en Washington, que sitúa a las hispanas entre las mayorías con los 40 empleos peores pagados del país.

Salarios de pobreza

Casi 7 de 10 trabajadores con salario basado en propinas en EE. UU. son mujeres, y entre ellas, aproximadamente 3 de 10 son de comunidades minoritarias. Entre este último grupo, las latinas están entre los grupos más numerosos, por detrás de las mujeres blancas no hispanas. Las mujeres negras y las que pertenecen al grupo de asiáticas estadounidenses y nativas de las islas del Pacífico también están entre esta mayoría.

Esto quiere decir que quienes trabajen como camareras de restaurantes y otros servicios reciben en la gran mayoría de los casos un salario de sólo 2,13 dólares por hora antes de propinas, a pesar de que el salario mínimo federal se ha mantenido en 7,25 dólares por hora desde 2009. Es lo que se llama «salario inframínimo», que es aquel que está por debajo de lo que establece por ley puesto que está llamado a complementarse con las propinas.

Aunque por ley los empleadores están obligados a garantizar que sus trabajadores reciban al menos el salario mínimo estatal cuando las propinas no llegan a este nivel, muchos no cumplen este requisito.

«A nivel nacional, la tasa de pobreza de los trabajadores que reciben propinas (10,3 %) es más del doble de esa tasa entre los trabajadores en general», insiste el estudio, que además muestra que en los estados donde aún el salario fijo es de 2,13 dólares la hora, «el 30,8 % de las trabajadoras de propinas, incluidas las latinas, viven en o cerca de la pobreza».

En específico dentro de este sector, el 33,9 % de las mujeres hispanas viven cerca de la pobreza, en comparación con el 24,4 % de los hombres blancos no hispanos.

Las mujeres en el grupo dependiente de propinas «se ven especialmente afectadas por los salarios de pobreza especialmente a la luz del creciente costo de los alimentos, el cuidado infantil y la vivienda», agrega la investigación.

Esta alta concentración femenina también contribuye a ahondar la brecha salarial y de género en EE. UU., donde las mujeres que trabajan a tiempo completo durante todo el año generalmente reciben solo 84 centavos por cada dólar pagado a los hombres.

Discriminación e inseguridad laboral

Entre los factores que contribuyen a la representación desproporcionada de las latinas en este grupo sobresale la discriminación, aseguró a la Voz de América la experta en Justicia Laboral del NWLC, Diana Ramírez.

«El trabajo de la mujer y el trabajo de las Latinas es menos valorado debido a la discriminación absoluta. También es debido a la segregación ocupacional: latinas son representadas de manera desproporcionada en trabajos mal remunerados. La industria de restaurantes en general es muy acogedora con los inmigrantes, y con personas que por varias razones no pueden laborar en otras industrias», insistió Ramírez.

Entre las latinas que dependen de propinas, el porcentaje de madres (casi el 31 %) es más alto que entre sus contrapartes blancas no hispanas (25,3 %). El empleo mal remunerado también conlleva problemas para acceder al cuidado infantil, «tienen horarios impredecibles y, a menudo, no tienen licencia (o días pagados) por enfermedad y mucho menos licencia familiar y médica remunerada», explicó la experta del NWLC.

Las mujeres que tienen que depender de las propinas como su mayor fuente de ingresos también enfrentan un mayor riesgo de acoso sexual, debido a la presión que pueden sentir por tolerar comportamientos inapropiados de los clientes sólo para llegar a fin de mes.

Mejoras en estados con políticas salariales justas

El estudio del Centro Nacional de Derecho de la Mujer también demuestra que los ingresos de los trabajadores por propinas varían según su lugar de residencia. Estados con políticas de salario justo como Alaska, California, Minnesota, Montana, Nevada, Oregón y Washington exigen que los empleadores paguen el salario mínimo estatal regular a quienes reciben propinas.

En estos territorios, los ingresos medios del sector dependiente de propinas son 7.000 dólares más altos y las tasas de pobreza decrecen en más del 30 % menos, un número que disminuye en más de un 35 % más bajas entre quienes tienen hijos, precisó Diana Ramírez.

«La brecha salarial de género para todas las mujeres que trabajan a tiempo completo durante todo el año es casi 30 % más pequeña» en estos estados con políticas de salario justo en comparación con los que garantizan sólo 2,13 dólares la hora, aclaró la experta.

Ramírez destacó que «frente al aumento del costo de vida, los trabajadores que reciben propinas necesitan y merecen un salario justo para prosperar»

«Aumentar el salario mínimo general y garantizar que los trabajadores que reciben propinas también lo reciban, antes que las propinas, es un paso clave hacia la seguridad financiera para las mujeres y las familias, y ayuda a promover la igualdad salarial para las mujeres», concluyó la especialista del NWLC, que aboga por políticas federales y estatales que garanticen la seguridad laboral e ingresos justos para todos los trabajadores.

Editorial Roundup: Pennsylvania

Pennsylvania

Altoona Mirror. June 11, 2024

Blair County residents can be excused for not becoming very concerned about the worst-ever Atlantic hurricane season predicted last month by the National Oceanic and Atmospheric Administration.

Seldom is this county affected seriously by those weather events, witnessed most often in southern states such as Florida, South Carolina and Louisiana.

However, Blair has not always escaped impacts from such storms, as looking back, especially to 1972, can attest. That was the year when Hurricane Agnes, “downgraded” to tropical storm status, wreaked havoc in Pennsylvania, causing $2.3 billion in losses.

According to the online encyclopedia Wikipedia, Agnes, whose effects were widespread from the Caribbean to Canada, destroyed more than 3,000 businesses in the Keystone State alone, as well as 68,000 homes, while damaging numerous others.

The damage to Pennsylvania businesses exceeded $1 billion; damage to roadways totaled $500 million; and damage to crops and school districts was $120 million and $40 million, respectively.

Then there was what Wikipedia described as Agnes’ “devastating effect on the already-bankrupt railroads in the northeastern U.S., as lines were washed out and shipments delayed.”

The former Penn Central Railroad, important to the Blair County economy, sustained nearly $20 million in damages.

Many older Blair residents can recall clearly the damage that county population centers such as Altoona, Williamsburg and Tyrone experienced.

A ride eastbound on Route 22 east of Blair County revealed sights along the Juniata River that once seemed unimaginable. And Blair emerged from Agnes very lucky. Again, according to Wikipedia:

“Hundreds were trapped in their homes in Wilkes-Barre due to the overflowing Susquehanna River. At the historic cemetery in Forty Fort, 2,000 caskets were washed away, leaving body parts on porches, roofs and in basements. In Luzerne County alone, 25,000 homes and businesses were either damaged or destroyed. Losses in that county totaled to $1 billion.”

In Harrisburg, then-Gov. Milton Shapp and his wife Muriel had to be evacuated from the Governor’s Mansion by boat due to the flooding in the state’s capital city. Indeed, Agnes was a horrific watery experience unlike what Pennsylvania ever had to endure prior to 1972 — or which it has had to experience since.

Hopefully, 2024 will produce nothing to mimic 1972 but, nevertheless, even residents of Blair and other area counties should not pooh-pooh what the National Oceanic and Atmospheric Administration has predicted for the current hurricane season, which runs from June 1 through Nov. 30.

According to a May 24 report in the Wall Street Journal, “this season will see between 17 and 25 named storms with winds of 39 miles an hour or higher (and) of those, 8 to 13 are forecast to become hurricanes with winds of 74 miles an hour or higher. Four to 7 major hurricanes of Category 3 or above with maximum sustained winds of 111 miles an hour or higher are expected to form.”

Each of those numbers is the highest NOAA has ever forecast since the federal agency began issuing seasonal hurricane outlooks in 1998. Ocean heat between 2 and 3½ degrees Fahrenheit above normal is the reason for NOAA’s prediction.

Ocean heat is the source of energy for hurricane formation. Local residents shouldn’t lose sleep over NOAA’s latest prediction, but 1972 provided an important lesson that always should be heeded.

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Pittsburgh Tribune-Review. June 11, 2024

In 2022, the U.S. Supreme Court decision overturning Roe v. Wade did more than just upend reproductive health law. It also made back-burner issues take on more urgency.

If limits on abortion result in more pregnancies, more policies will be required to respond to the resulting children’s needs.

States will need plans to handle more child care. Schools that have been shrinking in enrollment may see that change, possibly meaning more demands from school districts for buildings and staff.

Then there are the requirements of pregnant and postpartum parents who will need to adjust to their newborns.

America has long been behind many other countries when it comes to maternity and paternity leave. Sweden provides 69 weeks at a sliding scale of payment. The United Kingdom gives a year of leave and 39 weeks of pay at 90% of average wage. In Canada, a new mother gets 50 weeks at 55% pay.

But the U.S. is in a small minority of countries that doesn’t provide or require paid leave. Collectively, the Marshall Islands, Micronesia, Nauru and Palau have a population half the size of Pittsburgh. The only other country with no paid parental leave is Papua New Guinea with a population of 10 million — still about 76% Pennsylvania’s population.

So how is this an area where the leader of the free world isn’t leading?

In 1993, the U.S. passed the Family and Medical Leave Act. It gives employees up to 12 weeks off for a list of covered incidents, including childbirth or adoption. The employee must have worked at the company for at least 12 months and the company has to have at least 50 employees to qualify. Otherwise, the job isn’t guaranteed to be there upon return. And pay is never a guarantee. That’s what vacation time — or a spouse to pick up the slack — is for.

The idea of whether and how to accommodate parental leave has been left to employers in the same way government frequently allows some industries to police themselves. That means 31 years after the Family and Medical Leave Act, many women are still healing from childbirth when they have to go back to work. A 2023 study by human resources company Remote found 15% of workers can’t afford to take the 12 weeks available by law.

States are making their own policies. Oregon has the most generous, with 12 weeks at 100% salary, with several others close to that. Overall, 13 states have their own family leave requirements. South Carolina would be 14th, but its 12-week paid policy refers only to its own employees.

A Pennsylvania bill has support from Democrats and Republicans in the House and Senate. Ideally, that would mean good debate, little infighting and quick passage. But as the two chambers have differing ideas about funding, it may devolve without accomplishing anything.

It shouldn’t. Pennsylvania has bemoaned the loss of population to other states and the need to be attractive to employers. Solving the issue of paid parental leave could be a reason for people and companies to come to or stay in the Keystone State.

If the U.S. can’t lead on the issue, Pennsylvania can.

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Pittsburgh Post-Gazette. June 10, 2024

A bid by Pennsylvania Senate Republicans — with the support of several of their Democratic colleagues — to cut the state’s earned income and electricity taxes is certainly tantalizing: Tax cuts in the Keystone State are few and far between.

But they also undercut Republicans’ own arguments, which are largely sound, about the importance of fiscal responsibility, even as Pennsylvania sits on record reserves. The state’s financial stability — much like Pittsburgh’s — is more fragile than it appears. Permanently cutting revenues by $3 billion would deplete the surpluses Pennsylvania has accumulated, almost entirely due to the federal pandemic stimulus windfall, in only about three years.

The proposal is the mirror image of Gov. Josh Shapiro’s proposed 2024-2025 budget, which would spend $3 billion more than the commonwealth expects to bring in.

It sets up a classic debate: Should the state return $3 billion to the people in the form of tax cuts or in the form of spending on government services?

Either way, it’s too much. Making permanent $3 billion annual commitments, whether in tax cuts or in spending, will quickly draw down the state’s historic reserves. That will leave a deepened structural deficit that a future governor or legislature will have to remedy.

The prudent approach would be to drain less of the reserves — say, under $2 billion — and to split that between new spending and modest tax breaks.

The tax cuts passed the Senate, 36 to 14, in early May. They would cut Pennsylvania’s income tax by 9%, bringing it down from 3.07% to 2.8%. They would also eliminate the gross receipts tax as applied to electricity companies — 5.9% on all funds coming into the firm — and require that the savings be passed on entirely to customers.

With a median income of about $73,000, the income tax cut would save the average Pennsylvania household about $200 per year. While estimates of average electricity bills vary, getting rid of the gross receipts tax would probably save the average household another $100 or so.

A fair compromise that would keep the best of the GOP proposal, while preserving the state’s fiscal stability and the possibility for more spending, would be to keep the income tax at 3.07% — or, at most, cut it to an even 3% — but ditch the gross receipts tax.

Gross receipts taxes, which tax all revenues regardless of source, are notoriously inefficient and punitive. As applied to utilities, they are deeply regressive — even more than the state’s flat income tax — because poorer households pay a greater proportion of their income for electricity. While an income tax cut would be scaled based on income, ending the gross receipts tax would be felt more equally by everyone.

It’s good politics and good policy to return some of Pennsylvania’s windfall to the people. But it must be done right, or else future Pennsylvanians will have to pay for it.

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Scranton Times-Tribune. June 9, 2024

Republicans appear to be of two minds about mail voting as we approach the November General Election.

On the one hand, Donald Trump, who has stubbornly, but wrongly, insisted mail voting is rife with fraud that cost him reelection in 2020, has spoken in favor of a Republican National Committee initiative called “Swamp the Vote,” which urges party members to use any means possible, including the mail, to cast their ballots.

On the other hand, the RNC continues to oppose efforts to ensure mail ballots are not rejected for purely technical reasons.

Last week, the committee criticized a legal effort to remove rules empowering Pennsylvania counties to reject mail ballots if voters fail to properly date the outside of the envelope. Liberal groups suing to abolish the date requirement say it serves no purpose, as all mail ballots must be received in county election bureaus by Election Day and the date they were mailed or signed is immaterial.

Such onerous restrictions routinely rob thousands of Pennsylvanians of their votes. Recent reporting by the nonprofit news organizations Spotlight PA and Votebeat concluded Pennsylvania counties rejected nearly 16,000 ballots cast in the April primary for various reasons, including incorrect or missing dates.

Republican resistance to mail voting, regardless of efforts to get GOP voters to at least consider that method, can be chalked up purely to numbers and politics. Roughly three-quarters of mail ballots in Pennsylvania are filed by Democrats, for example, so tighter restrictions on the practice here are most likely to reduce Democratic totals.

And despite persistent claims to the contrary, allegations that mail voting leads to widespread fraud remain unsupported by the evidence. In fact, in recent months, two stories that supposedly provided such evidence have totally fallen apart.

In February, the conservative group Project Veritas and its former leader publicly acknowledged the falsity of claims by a postal worker in Erie that his supervisors illegally backdated mail-in presidential ballots in 2020. The admission came as part of a legal settlement between a postmaster and Project Veritas, which had widely spread those claims.

And late last month, Salem Media Group Inc., the conservative media company behind the film “2000 Mules,” which alleged a nationwide conspiracy to stuff ballot drop boxes in 2020, said it would halt distribution of the widely debunked movie and a related book. Salem issued an apology to a Georgia man who was falsely depicted in the film as illegally putting multiple ballots in a drop box. That retraction also came as part of an out-of-court settlement.

It’s regrettable it has taken so long for Project Veritas and Salem to admit they spread misinformation that has so damaged many Americans’ faith in mail voting and the election system as a whole. Before 2020, 29 states allowed no-excuse mail voting — including five that used mail ballots exclusively —all without controversy. In the 2016 presidential election, one in four voters used ballots that were mailed to them.

Perhaps the softening of the Republican position on mail voting coupled with continued fact-checking of spurious fraud claims will eventually allow us to return to those happy days when mail voting was an uncontroversial option making it easier for Americans to participate in the democratic process.

Discrepancias en primarias de Puerto Rico ponen bajo la lupa a contrato de máquinas de votación

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La bandera de Puerto Rico ondea frente al Capitolio de la isla, el 29 de julio de 2015, en San Juan. (Foto: AP/Ricardo Arduengo/Archivo)

Coral Murphy Marcos

SAN JUAN, Puerto Rico (AP) — La Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico informó el martes que se encuentra en proceso de revisar su contrato con una empresa estadounidense de votación electrónica después de descubrirse cientos de discrepancias en las primarias de la isla.

El problema se derivó de un defecto de software que hizo que las máquinas, suministradas por Dominion Voting Systems, calcularan erróneamente los totales de votos, indicó Jessika Padilla Rivera, presidenta interina de la comisión.

Aunque nadie ha impugnado los resultados de las primarias del 2 de junio, que identifican correctamente a los ganadores, los totales de votos dados a conocer por las máquinas fueron menores, en algunos de los casos, al total de las papeletas, y algunas máquinas invirtieron ciertos totales o contabilizaron cero votos para algunos candidatos.

“La preocupación es que, evidentemente, nosotros tenemos unas elecciones en noviembre, y nosotros tenemos que darle al país no solamente la certeza de que la máquina expida un resultado correcto, es que ese resultado que se expide es el mismo que se divulga”, dijo Padilla.

En las primarias de Puerto Rico se utilizaron más de 6.000 máquinas de votación de Dominion, y la empresa declaró que los problemas de software se debían a los archivos digitales utilizados para exportar los resultados de las máquinas.

El contrato entre Dominion y la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico finaliza el 30 de junio.

José Varela, vicepresidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, hizo un llamado a Padilla para que comparezca el jueves en una audiencia pública para tocar el tema.

“No podemos permitir que se siga minando la confianza ciudadana en el ejercicio del voto de cara a las elecciones generales”, dijo.

Los problemas hicieron recordar las controvertidas primarias de la isla en 2020, cuando la falta de boletas en algunos centros obligó al gobierno a reprogramar la votación, un hecho inédito en el territorio estadounidense.

Puerto Rico celebró elecciones primarias el 2 de junio para elegir a los candidatos a gobernador del Partido Nuevo Progresista (PNP), de corte estadista, y del Partido Popular Democrático (PPD), que está a favor del estatus actual de la isla como territorio.

Sorprendentemente, Jenniffer González, representante de Puerto Rico ante el Congreso, venció al gobernador Pedro Pierluisi en las primarias del Partido Nuevo Progresista. Por su parte, el representante de Puerto Rico, Jesús Manuel Ortiz, derrotó al senador Juan Zaragoza en la contienda del Partido Popular Democrático.

Ambos partidos reportaron cientos de boletas con resultados inexactos. El PNP informó sobre más de 700 errores, por alrededor de 350 discrepancias del PPD. Estas imprecisiones se registraron en boletas para cargos como los de gobernador, alcalde y comisionado residente.

En respuesta a las discrepancias, la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico llevó a cabo un recuento completo de los votos y auditó los recibos en papel de cientos de máquinas de conteo de boletas.

Edwin García Feliciano, Procurador del Ciudadano de Puerto Rico, calificó el incidente como una “amenaza” para el sistema electoral de la isla y pidió al gobernador y a la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, que supervisa las finanzas de la isla, que establezcan un plan para garantizar un mejor resultado en las próximas elecciones generales.

“Toda planificación está fundamentada en resolver situaciones de emergencia incluso, de improbables”, dijo García Feliciano. “Pero circunstancias predecibles, y de total conocimiento público, no pueden atenderse improvisadamente y a la carrera”.

La isla se prepara ahora para las elecciones generales de noviembre, en las que los votantes elegirán un nuevo gobernador y representantes locales. Aunque los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses, no pueden votar en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.