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Arrestan al padre del sospechoso del tiroteo en una escuela de Georgia

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Varias personas se reúnen en el asta bandera ubicada frente a la entrada de la escuela secundaria Apalachee, el jueves 5 de septiembre de 2024, en Winder, Georgia, un día después de un tiroteo en la institución. (Foto: AP/Sharon Johnson)

El padre del adolescente acusado de abrir fuego en una escuela secundaria de Georgia, matando a cuatro personas e hiriendo a nueve, fue arrestado bajo varios cargos, incluido homicidio en segundo grado, informaron el jueves las autoridades.

Colin Gray, de 54 años y padre de Colt Gray, ha sido acusado de cuatro cargos de homicidio involuntario, dos cargos de homicidio en segundo grado y ocho cargos de crueldad hacia niños, informó la Oficina de Investigaciones de Georgia (GBI, por sus siglas en inglés) en una publicación en redes sociales.

“Estos cargos se derivan de que el señor Gray le permitió a sabiendas a su hijo, Colt, poseer un arma”, dijo el director de la GBI, Chris Hosey, en una conferencia de prensa vespertina.

«Sus cargos están relacionados directamente con las acciones de su hijo, y el permitirle poseer un arma”.

En Georgia, un cargo de homicidio en segundo grado significa que la persona ha causado la muerte de otra al tiempo que cometió crueldad en segundo grado con niños, independientemente de la intención. Se castiga con penas de 10 a 30 años de cárcel, mientras que el homicidio doloso y el asesinato criminal conllevan una pena mínima de cadena perpetua.

Las autoridades han acusado a Colt Gray, de 14 años, como un adulto con un cargo de homicidio por los disparos del miércoles en la escuela secundaria Apalachee, ubicada en las afueras de Atlanta. Órdenes de arresto obtenidas por The Associated Press lo acusan de utilizar un fusil semiautomático de asalto en el atentado, que resultó en la muerte de dos estudiantes y dos profesores y causó heridas a nueve personas más.

El adolescente negó haber amenazado con llevar a cabo un tiroteo en la escuela cuando las autoridades lo entrevistaron el año pasado con respecto a un mensaje amenazador en redes sociales, según un informe del departamento policial obtenido el jueves.

La evidencia contradictoria sobre el origen de la publicación les impidió a los investigadores detener a alguien, según el informe. La jefa policial del condado Jackson, Janis Mangum, dijo que revisó el informe de mayo de 2023 y no encontró nada que hubiera justificado presentar cargos en ese momento.

“No cometimos un error en esto en lo absoluto”, le dijo Mangum a la AP en una entrevista.

“Hicimos todo lo que podíamos hacer con lo que teníamos en ese momento”.

Cuando un investigador del departamento policial del vecino condado Jackson entrevistó a Gray el año pasado, su padre dijo que el chico había resultado afectado por la separación de sus padres y que frecuentemente era molestado en la escuela. El adolescente disparaba armas con frecuencia y cazaba con su padre, que le tomó una fotografía con la sangre de un ciervo en las mejillas.

“Conoce la gravedad de las armas y lo que pueden hacer, y cómo usarlas y cómo no usarlas”, dijo Colin Gray, de acuerdo con una transcripción obtenida del departamento policial.

El adolescente fue entrevistado luego de que el departamento policial recibió una pista del FBI acerca de que Colt Gray, en ese entonces de 13 años, “había posiblemente amenazado con perpetrar un tiroteo en una escuela secundaria”. La amenaza fue realizada en Discord, una plataforma de redes sociales popular entre jugadores de videojuegos, de acuerdo con el reporte del departamento policial.

Una serie documental mexicana cuenta el caso Ayotzinapa «desde la mirada de los 10 años»

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Fotografía sin fecha específica de toma cortesía de la plataforma HBO, donde se observa un fotograma de la serie documental, 'Los 43 de Ayotzinapa: un crimen de Estado'. EFE/HBO

Ciudad de México.- La serie documental de HBO ‘Los 43 de Ayotzinapa: un crimen de Estado’, que se estrenó este jueves, «abarca los 10 años del caso» con distintos archivos y testimonios exclusivos de funcionarios clave, como Tomás Zerón, exjefe de la extinta Agencia de Investigación Criminal (AIC), dicen a EFE el productor ejecutivo, Esteban Vidal, y el director, José Ortiz.

Vidal, productor ejecutivo y gerente de supervisión de producción en Warner Bros. Discovery, señaló en una entrevista que «uno de los grandes factores que determinaron que este proyecto se pudiese poner en marcha (fue) que es necesario retomar los hechos desde este último Gobierno» de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

«Como nosotros creemos que tiene que enfrentarse este tipo de proyectos, es desde la investigación más profunda, exhaustiva», afirmó.

Por ello, Vidal indicó que uno de los principales objetivos fue darle voz «a la mayor cantidad de personajes que hayan participado directamente en los hechos», con archivos y entrevistas exclusivas, «para que el espectador pueda sacar sus conclusiones».

El caso está por cumplir 10 años sin resolverse tras ocurrir el 26 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa, en el sureño estado de Guerrero, desaparecieron mientras se dirigían a Ciudad de México para manifestarse por el aniversario de la matanza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968.

«Nuestra intención, más allá de estos últimos 6 años, es hacer una recapitulación de los 10 años(…) abordarlo desde la mirada de los de los 10 años de los sucesos», sintetizó Vidal.

La serie consta de cinco episodios que se estrenarán cada semana, en la plataforma de Max y en HBO, al comenzar con los dos primeros este jueves, hasta el 26 de septiembre, cuando se cumple una década de la desaparición de los estudiantes.

Material ‘inédito’ del caso

Ortiz, director y miembro de la investigación periodística, comentó que la cronología incluye muchos testimonios de «gente de todos los gobiernos que han estado» durante esta década.

Entre ellos, Zerón, quien fue jefe de la AIC de la entonces Procuraduría (ahora Fiscalía) General de la República, exiliado en Israel desde 2020 tras enfrentar cargos relacionados con el caso, incluyendo tortura y desaparición forzada.

Ortiz narró que lo entrevistaron varias veces en Tel Aviv, a lo largo de los dos años que duró el proyecto, ofreciéndole la garantía de «que simplemente que lo que él dijera, sería lo que quedaría ahí plasmado».

El director comentó que ya tenían experiencia previa en ese tipo de entrevistas, por ejemplo, mencionó un proyecto en el que entrevistaron a cuatro expresidentes del Gobierno de España sobre un tema «muy duro» en el país, «la lucha contra la organización terrorista ETA».

«Una de las condiciones que ponemos siempre es que nosotros, con mucho respeto, que tenemos que hacer todas las preguntas, luego ellos son libres de contestar o no contestar, pero tenemos que hacer todas las preguntas por una cuestión, simplemente de respeto hacia la gente que lo va a ver», expuso.

Ortiz aseguró que Zerón respondió a todos los cuestionamientos, pero no adelantó si coincide con el cuestionario que se publicó hace unos días en medios como El Universal, donde el exfuncionario achacó la llamada «verdad histórica» del caso al entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

«Material inédito» de un caso emblemático

La serie documental, que promete «material inédito», contrasta las entrevistas con videos de las indagatorias, como interrogatorios policiales de Zerón, acusado de torturar a detenidos.

La cronología reúne testimonios de estudiantes sobrevivientes, familiares y el abogado de las víctimas, de autoridades estatales y federales, de periodistas y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigaron el caso.

Entre otras entrevistas exclusivas, presenta a Miguel Ángel Osorio Chong, entonces secretario de Gobernación, además de personajes que hablan por primera vez como Yazareth Abarca, hija de José Luis Abarca, exalcalde señalado como autor intelectual del ataque.

Además, la serie de Warner Bros. Discovery, producida por PAR Media, intercala recreaciones desde el lugar de los ataques a los estudiantes, e imágenes tomadas por ellos durante y después de las emboscadas.

Un informe revela un aumento de disparidad salarial entre mujeres y hombres en Puerto Rico

Puerto Rico
diseñadora de ropa en su tienda. (Foto: EFE/ Luis Eduardo Noriega A./Archivo)

San Juan.– El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) de Puerto Rico presentó este jueves el primer Informe de Equidad Salarial que refleja un aumento en la disparidad de salarios que reciben las mujeres trabajadoras en la isla caribeña, en comparación con los hombres que ocupan el mismo cargo.

Según el documento que está al amparo de la Ley Núm. 16-2017, conocida como ‘Ley de Igualdad Salarial de Puerto Rico’, la diferencia salarial entre mujeres y hombres aumentó tras la pandemia de la Covid-19, a pesar de que la participación laboral de ellas incrementó de 33 % a 38 % entre el 2017 y 2023.

El informe precisó que en el año 2019, las mujeres obtenían 92 centavos por cada dólar devengado por hombres, mientras que en el 2023 esta cifra disminuyó a 83 centavos.

Asimismo, entre el 2019 y 2023, la mediana de salarios devengados por ellos aumentó a razón de 15 %, mientras que solo aumentó un 2 % en el caso de las mujeres.

Según el estudio en 2023, el salario promedio por género para todas las industrias fue de 19.456 dólares para las mujeres y de 23.537 dólares para los hombres, una diferencia de 4.081 dólares.

Del mismo modo, la mediana salarial por género en el 2023 fue de 12.716 dólares para las mujeres y 15.577 dólares en el caso de los hombres, una diferencia de 2.861 dólares.

De acuerdo a los datos del DTRH, la diferencia es mayor cuando se obtienen más ingresos porque hay una menor cantidad de mujeres que reciben 40.000 dólares o más al año.

El documento fue presentado por el secretario del DTRH, Gabriel Maldonado, la fundadora y CEO de Women Who Lead, Frances Ríos y Kevin González, principal oficial ejecutivo de la firma Abexus LLC.

«El mandato de ley a favor de la equidad salarial existe desde hace décadas y, aunque reconocemos que muchos patronos sí hacen lo correcto, queda mucho camino por recorrer», zanjó Maldonado.

La Casa Blanca insiste en que Joe Biden no indultará a su hijo en caso de ser condenado

Joe Biden
(Foto: EFE/SHAWN THEW)

La Casa Blanca insistió este jueves en que el presidente estadounidense, Joe Biden, no utilizará su poder para indultar a su hijo Hunter en caso de ser condenado por un caso de presunta evasión fiscal del que este se ha ofrecido a declararse culpable.

«Sigue siendo un rotundo ‘no’ a las preguntas que he recibido sobre si el presidente va a indultar» a Hunter Biden, afirmó la portavoz presidencial, Karine Jean-Pierre, en una rueda de prensa.

El hijo del mandatario estadounidense ofreció este jueves por la mañana ante un tribunal de California presentar una declaración en la que aceptaría un veredicto de culpabilidad, aunque se considera inocente, según informó el canal CNN.

La decisión se tomó poco antes de que comenzara la selección del jurado en el segundo caso que afronta este año Hunter Biden, de 54 años.

Está acusado de no haber pagado aproximadamente 1,4 millones de dólares en impuestos federales durante un periodo de cuatro años, desde 2016 hasta 2019.

De acuerdo con la acusación, «gastó millones de dólares en un estilo de vida extravagante en vez de pagar sus impuestos».

El hijo del presidente enfrenta una imputación de nueve cargos, entre ellos la falta de declaración y pago de impuestos y declaración de impuestos falsa o fraudulenta.

Hunter Biden se declaró no culpable en una primera audiencia del caso celebrada el pasado 11 de enero, y alegó que, aunque tarde, pagó todas sus cuentas pendientes en 2019, una vez recuperado de sus adicciones.

La imputación está liderada por el fiscal especial David Weiss, el mismo que ya presentó una primera imputación al hijo del presidente demócrata a mediados de este año por tres cargos por haber ocultado sus adicciones al adquirir un arma en 2018.

Esta es la segunda vez que se le cita en el banquillo después de que el pasado 2 de junio fuese declarado culpable por un tribunal de en Delaware de los tres cargos que afrontaba por compra y posesión ilegal de un arma.

Por ese caso, que sentó un precedente en la historia de Estados Unidos al ser la primera vez que un hijo de un mandatario en activo era condenado, podría recibir una pena máxima de 25 años de cárcel.

La Fiscalía de EE. UU. podrá presentar nuevas pruebas contra Trump antes de las elecciones

Trump
(Foto: EFE/JIM LO SCALZO/Archivo)

La jueza que está al frente del caso en Washington DC contra Donald Trump por el asalto al Capitolio, Tanya Chutkan, indicó este jueves que permitirá a la Fiscalía dar a conocer nuevas pruebas contra el exmandatario antes de las presidenciales del 5 de noviembre.

La acusación tiene de margen hasta el 26 de septiembre para entregar nuevos documentos, como las transcripciones del gran jurado.

La orden de la magistrada, según señaló la cadena CBS News, abre la vía para que el material sea público antes de los comicios, en los que el magnate neoyorquino se enfrentará a la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris.

La defensa de Trump había intentado posponer la difusión pública de pruebas en este caso hasta después de las elecciones.

El fiscal especial a cargo de la investigación, Jack Smith, apuntó en la audiencia de este jueves que habrá información no incluida en el acta de acusación que presentó en agosto.

La jueza fijó además al 17 de octubre el plazo para que el equipo de Trump responda a los argumentos de Smith y entregue su propia petición para desestimar la acusación, tras lo cual el Gobierno tendrá hasta el 29 de octubre para contestar y la corte podrá determinar si son necesarios nuevos procedimientos.

Chutkan había añadido este jueves que intentar poner una fecha al inicio del proceso era un «ejercicio de inutilidad» debido a las discusiones en torno a la inmunidad del exmandatario.

Trump está acusado de conspirar para anular los resultados de las elecciones de 2020, algo que acabó en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

El 1 de julio el Supremo le concedió una inmunidad parcial al establecer que «un expresidente tiene derecho a inmunidad absoluta frente a un proceso penal por acciones dentro de su autoridad constitucional», pero que «no hay inmunidad para actos no oficiales».

Smith presentó el 27 de agosto una nueva acta de acusación manteniendo los cuatro cargos anteriores en su contra, como el de conspiración para obstruir un procedimiento oficial, pero rebajando las alegaciones para ajustarse a ese dictamen.

La jueza debe decidir qué partes de la acusación deben ser anuladas en virtud de esa sentencia, y antes de comunicar el calendario previsto ya había adelantado que el hecho de que haya elecciones en noviembre no era relevante ni para este juicio en sí ni para la eventual fecha del proceso.

Trump no acudió este jueves a la audiencia, pero tal y como había dicho esta semana, se declaró no culpable a través de sus abogados.

El día del asalto al Capitolio unas 10.000 personas -la mayoría simpatizantes de Trump- marcharon hacia la sede del Congreso y unas 800 irrumpieron en el edificio mientras se estaba certificando la victoria del demócrata Joe Biden. Hubo cinco muertos y cerca de 140 agentes heridos.

Eagles, reacios sobre juego en Brasil mientras se preparan para abrir contra los Packers

Eagles
Hombres trabajan para preparar el Soccer Neo Química Arena en Sao Paulo, el miércoles 4 de septiembre de 2024, mientras Brasil se prepara para albergar su primer partido de la NFL el 6 de septiembre de 2024, entre los Packers de Green Bay y los Eagles de Filadelfia. (Foto: AP/Andre Penner)

Abrir su temporada con un denominado partido en casa, a 7.700 kilómetros (4,800 millas) del Lincoln Financial Field, no parece entusiasmar demasiado a los Eagles de Filadelfia.

Los Eagles se enfrentan a los Packers de Green Bay el viernes por la noche en Sao Paulo, el primer partido de la NFL en Sudamérica.

El cornerback de los Eagles Darius Slay expresó en su podcast que “no quiero ir a Brasil”, aunque luego se disculpó. El wide receiver DeVonta Smith simplemente dijo: “Sin comentarios”, cuando se le preguntó sobre el juego en Brasil.

Mucho se debe a preocupaciones de seguridad. El cornerback de los Packers Eric Stokes dijo que le dijeron que no saliera del hotel mientras estuviera en Brasil. El wide receiver de los Eagles A.J. Brown recibió un mensaje similar.

“Había un montón de ‘Lo que no se debe hacer’”, dijo Brown. “Solo estoy tratando de ir allí y ganar un partido de fútbol y volver a casa. Esa es la mejor manera en que puedo decirlo”.

Pero también está el hecho de que los Eagles perdieron la oportunidad de jugar frente a su multitud de Filadelfia. Las Águilas son el equipo local designado en San Pablo.

Los Packers esperan haber aprendido de su último viaje internacional hace dos años.

Green Bay había ganado tres de sus cuatro partidos esa temporada, y el entrenador Matt LaFleur dejó claro en ese momento que no estaba ansioso por jugar en Londres. Los Packers cayeron ante los Giants de Nueva York en el Tottenham Hotspur Stadium y terminaron perdiendo cinco partidos seguidos.

Así que los Packers están siendo optimistas de que no habrá un efecto de resaca similar de este viaje porque no están cruzando tantas zonas horarias.

“Una vez que se enciendan esas luces, todo lo demás se irá por la ventana”, dijo Stokes.

Estos equipos terminaron la temporada pasada en direcciones opuestas.

Los Packers quieren aprovechar el impulso que establecieron al final de la temporada el año pasado que les permitió llegar a la ronda divisional en los playoffs de la NFC, con el equipo más joven de la liga.

Filadelfia comenzó con marca de 10-1 el año pasado, pero ganó solo una vez más el resto de la temporada y perdió ante Tampa Bay en la ronda de comodines de los playoffs. Este partido ofrece a los Eagles la oportunidad de dejar atrás el colapso.

“No estamos allí para ver la ciudad”, dijo Brown. “Esto no son unas vacaciones. Esto es un juego de fútbol americano. Eso es todo”.

Pennsylvania voters can cast a provisional ballot if their mail ballot is rejected, court says

Pennsylvania
Chester County, Pa., election workers process mail-in and absentee ballots at West Chester University in West Chester, Pa., Nov. 4, 2020. (Photo: AP/Matt Slocum/File)

HARRISBURG, Pa. — A court decided Thursday that voters in the presidential battleground of Pennsylvania can cast provisional ballots in place of mail-in ballots that are rejected for a garden-variety mistake they made when they returned it.

Democrats typically outvote Republicans by mail by about 3-to-1 in Pennsylvania, and the decision by a state Commonwealth Court panel could mean that hundreds or thousands more votes are counted in November’s election, when the state is expected to play an outsized role in picking the next president.

The three-member panel ruled that nothing in state law prevented Republican-controlled Butler County from counting two voters’ provisional ballots in the April 23 primary election, even if state law is ambiguous.

A provisional ballot is typically cast at a polling place on Election Day and is separated from regular ballots in cases when elections workers need more time to determine a voter’s eligibility to vote.

The case stems from a lawsuit filed by two Butler County voters who received an automatic email before the primary election telling them that their mail-in ballots had been rejected because they hadn’t put them in a blank “secrecy” envelope that is supposed to go inside the ballot return envelope.

They attempted to cast provisional ballots in place of the rejected mail-in ballots, but the county rejected those, too.

In the court decision, Judge Matt Wolf ordered Butler County to count the voters’ two provisional ballots.

Contesting the lawsuit was Butler County as well as the state and national Republican parties. Their lawyers had argued that nothing in state law allows a voter to cast a provisional ballot in place of a rejected mail-in ballot.

They have three days to appeal to the state Supreme Court.

The lawsuit is one of a handful being fought in state and federal courts over the practice of Pennsylvania counties throwing out mail-in ballots over mistakes like forgetting to sign or write the date on the ballot’s return envelope or forgetting to put the ballot in a secrecy envelope.

The decision will apply to all 67 counties, lawyers in the case say. It’s not entirely clear how many Pennsylvania counties haven’t let voters replace a rejected mail-in ballot with a provisional ballot, although the plaintiffs’ lawyers listed nine other counties that they say may have had followed such a policy in April’s primary election.

The voters were represented by the American Civil Liberties Union of Pennsylvania and the Public Interest Law Center. The state Democratic Party and Democratic Gov. Josh Shapiro’s administration also took their side in the case.

Approximately 21,800 mail ballots were rejected in 2020’s presidential election, out of about 2.7 million mail ballots cast in Pennsylvania, according to the state elections office.

Funcionarios del gobierno de Puerto Rico exigen respuestas de compañías eléctricas ante apagones

Trabajadores de electricidad realizan reparaciones en la comunidad de Puerta de Tierra tras el paso de la tormenta tropical Ernesto en San Juan, Puerto Rico, el jueves 15 de agosto de 2024. (Foto: AP/Alejandro Granadillo)

SAN JUAN.— Un creciente número de funcionarios del gobierno de Puerto Rico exigió el jueves respuestas de dos compañías eléctricas privadas mientras el territorio estadounidense batalla con persistentes apagones.

Decenas de miles de clientes, incluidas escuelas, viviendas y negocios, se quedaron sin luz esta semana en medio de apagones selectivos que se produjeron a causa de un déficit de generación, mientras varias unidades están fuera de servicio por mantenimiento.

El jueves, los legisladores exigieron que los presidentes de Luma Energy, que supervisa la transmisión y distribución de energía, y de Genera PR, que se encarga de la generación, comparezcan al día siguiente para responder preguntas sobre los continuos apagones que cada empresa atribuye a la otra.

“No hay más excusas, no queremos más explicaciones”, dijo Carlos Méndez, miembro de la Cámara de Representantes de la isla. “El pueblo se merece una respuesta clara y precisa”.

El miércoles, Luma emitió un comunicado en el que señaló que los apagones se debían a una falta de generación eléctrica y a la deficiente infraestructura que Genera PR opera, diciendo que “debería aceptar su responsabilidad”.

Por su parte, Genera PR ha dicho que Luma Energy le pidió que redujera la generación eléctrica, que dañó las unidades que estaban siendo reparadas.

Ambas compañías fueron contratadas luego de que la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico privatizó las operaciones mientras lucha para reestructurar una deuda de más de 9.000 millones de dólares y trata de modernizar una antigua infraestructura que data de mediados del siglo XX y cuyo mantenimiento fue descuidado durante muchos años.

El defensor de los derechos humanos para la isla, Edwin García Feliciano, pidió al gobernador del territorio que se reúna con los funcionarios energéticos para adoptar medidas concretas. En un comunicado el miércoles, García acusó a ambas compañías de mantener a los puertorriqueños como “rehenes”.

“No sienten la urgencia ni premura de resolver el problema”, señaló.

Los apagones se producen semanas después de que la tormenta tropical Ernesto azotó la isla y dejó a más de 730.000 clientes sin electricidad. Los equipos siguen haciendo reparaciones permanentes en el tendido eléctrico de la isla luego de que el huracán María impactó la isla en septiembre de 2017 como una tormenta de categoría 4.

Pharmaceutical company pays $25 million to resolve alleged false claims act liability for price-fixing of generic drug

Pharmaceutical
(Photo: Illustrative/Pexels)

PHILADELPHIA. – United States Attorney Jacqueline C. Romero announced that Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA, a generic pharmaceutical manufacturer located in Mahwah, New Jersey, has agreed to pay $25 million, based on its ability to pay, to resolve its alleged liability under the False Claims Act for conspiring to fix the price of a generic drug.

The government alleged that, between 2013 and 2015, Glenmark paid and received compensation prohibited by the Anti-Kickback Statute through arrangements on price, supply and allocation of customers with other pharmaceutical manufacturers for a generic drug manufactured by Glenmark, pravastatin, which is widely used to treat high cholesterol and triglyceride levels.

“At a time when excessive drug costs are already imposing unprecedented burdens on our country’s vulnerable citizens, an illegal conspiracy to fix the prices of generic drugs is alarming,” said U.S. Attorney Romero. “My office is proud to work with the rest of the department and our investigative partners to hold companies accountable when they illegally inflate prices on drugs used for the health and well-being of our citizens.”

“Conspiring to raise prices on generic medications is illegal and could prevent patients from being able to afford their needed prescription drugs. Americans have the right to purchase generic drugs set by fair and open competition, not collusion,” said Special Agent in Charge Maureen R. Dixon of the Department of Health and Human Services Office of the Inspector General (HHS-OIG), Philadelphia Regional Office. “HHS-OIG will continue to work with our law enforcement partners to investigate allegations of health care fraud that put the public and the Medicare program at risk.”

“The Defense Criminal Investigative Service (DCIS), the law enforcement arm of the Department of Defense Office of Inspector General, seeks to protect the integrity of TRICARE, the healthcare system for U.S. military members and their dependents,” said Special Agent in Charge Patrick J. Hegarty of the DCIS Northeast Field Office. “When pharmaceutical corporations artificially inflate prices, they place an unnecessary financial burden on the TRICARE program. The settlement agreement announced today demonstrates our commitment to partner with investigative agencies, the Justice Department’s Civil Division and the U.S. Attorney’s Office for the Eastern District of Pennsylvania to combat healthcare fraud.”

The Anti-Kickback Statute prohibits companies from receiving or making payments in return for arranging the sale or purchase of items such as drugs for which payment may be made by a federal health care program. These provisions are designed to ensure that the supply and price of health care items are not compromised by improper financial incentives. This settlement reflects the important role of the False Claims Act to ensure that the United States is fully compensated when it is the victim of kickbacks paid to further anticompetitive conduct.

Glenmark previously entered into a deferred prosecution agreement with the Justice Department’s Antitrust Division to resolve related criminal charges. Glenmark paid a criminal penalty of $30 million based on its ability to pay and admitted to conspiring with two other generic drug companies to fix prices on pravastatin. The civil settlement payment announced today is in addition to the criminal penalty paid by the company.

The civil settlement is the sixth resolution arising from the Justice Department’s investigation of price fixing by generic drug manufacturers and was handled by the Civil Division’s Commercial Litigation Branch, Fraud Section, and U.S. Attorney’s Office for the Eastern District of Pennsylvania, with support from HHS-OIG, the Defense Health Agency Program Integrity Office and DCIS.

The investigation and resolution of this matter illustrates the government’s emphasis on combating healthcare fraud. One of the most powerful tools in this effort is the False Claims Act. Tips and complaints from all sources about potential fraud, waste, abuse and mismanagement, can be reported to HHS at 1-800-HHS-TIPS (1-800-447-8477).

The matter was handled by Assistant U.S. Attorneys Landon Y. Jones III, Rebecca S. Melley, and Anthony D. Scicchitano of the U.S. Attorney’s Office, along with Senior Trial Counsel Jennifer L. Cihon and Senior Litigation Counsel Laurie A. Oberembt of the Civil Division.

Except for those facts admitted to by Glenmark in the deferred prosecution agreement, the claims resolved by the civil settlement are allegations only, and there has been no determination of liability.

Shapiro administration highlights work training program for SNAP recipients during hunger action month

SNAP

Pittsburgh, PA – Department of Human Services (DHS) Secretary Dr. Val Arkoosh yesterday toured an employment and training program job site that provides voluntary employment and training programs for people receiving food assistance through the Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), giving participants the opportunity to develop job skills, gain real-world work experience, find good-paying jobs, and succeed in the workforce.

Secretary Arkoosh met with staff and crews from Landforce, a nonprofit that invests in Western Pennsylvania’s workforce while working to repair the local environment. DHS partners with Landforce on its SNAP 50/50 program, which is a collaboration between community-based non-profit organizations, the United States Department of Agriculture (USDA), and DHS.

“Programs like SNAP help Pennsylvanians live with dignity and safety by ensuring they can feed themselves and their families. But we know that food insecurity does not happen in isolation and often there are underlying structural factors that contribute to someone not having enough food to eat,” said Secretary Arkoosh. “In addition to providing nutrition benefits, we also must address the root causes of food insecurity such as lack of stable employment, training, or access to good paying jobs and larger societal issues like racism and intergenerational poverty. Landforce shows that this is possible every day by serving those who face structural barriers to employment and giving them the skills and confidence to take a step forward.”

Non-profit organizations leverage their own funding and funds from USDA to provide career-specific skills training for people receiving SNAP benefits that can help them achieve greater economic security. The programs also help their graduates secure and retain employment and connect them to support services, like transportation and childcare assistance. SNAP 50/50 partnerships come at no cost to the Commonwealth and create great value by helping individuals achieve greater economic security.

Founded in 2015, Landforce combines workforce development and environmental stewardship to recruit, train, and hire individuals who have historically been excluded from jobs that pay family sustaining wages. This may include individuals returning from incarceration, with substance use disorders, mental health diagnoses, almost all of whom have experienced generational poverty. During their nine to 12 months with Landforce, all of which is paid, crew members receive intensive skills training, work on environmental restoration projects, and participate in career coaching sessions. Ultimately, more than 90 percent of program finishers retain jobs for at least the following 12 months after leaving Landforce. 

“SNAP 50/50 funding enables us to provide intensive training and certifications, one-on-one career coaching, and meet many of the individual outstanding needs of our crew members,” said Landforce Executive Director Ilyssa Manspeizer, PhD. “Crucially, because it was the first federal or state funding that Landforce ever received, SNAP 50/50 played a critical role in enabling us to prove our model, increase our capacity, and ultimately to attract significant additional federal dollars into our program and our region. We will be forever grateful for their early support.”

There are currently 27 SNAP 50/50 programs throughout Pennsylvania, offering an array of education and training opportunities. Learn more about SNAP 50/50 partnerships in PA here

September is Hunger Action Month, which recognizes the prevalence of food insecurity in Pennsylvania and nationally as well as the daily and long-term impacts of not having enough to eat. Inadequate food and chronic nutrient deficiencies have profound effects on a person’s life and health, including increased risks for chronic diseases, higher chances of hospitalization, poorer overall health, and increased health care costs.

For more information on DHS’ employment and training programs and to apply for SNAP or other public assistance programs, visit dhs.pa.gov.