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Tres personas heridas en el desfile del Super Bowl viven con balas que siguen alojadas en sus cuerpos

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Holguín (izq.), Mireya Nelson (arriba a la derecha) y James Lemons (abajo a la derecha) todavía tienen una bala o fragmentos de bala en sus cuerpos después de recibir disparos en el desfile del Super Bowl de los Kansas City Chiefs, en Missouri, en febrero. La recuperación de esas heridas es sumamente personal e incluye una sorprendente zona gris en la medicina: si se deben o no retirar las balas. (Foto: KFF Health News /Christopher smith/Erika Nelson/ Brandie Lemons)

James Lemons, de 39 años, quiere que le extraigan la bala de su muslo para poder volver a trabajar.

Sarai Holguín, de 71 años y originaria de México, ha aceptado la bala alojada cerca de su rodilla como su “compa”, es decir, una amiga cercana.

A Mireya Nelson, de 15, la alcanzó una bala que atravesó su mandíbula y le rompió el hombro, donde quedaron fragmentos. Por ahora vivirá con ellos, mientras los médicos monitorean los niveles de plomo en su sangre por al menos dos años.

A casi tres meses del tiroteo en el desfile del Super Bowl de los Kansas City Chiefs, que dejó al menos 24 personas heridas, recuperarse de esas heridas es algo profundamente personal e incluye una sorprendente área gris de la medicina: si las balas deberían o no extraerse.

El protocolo médico no ofrece una respuesta clara. Una encuesta de 2016 entre cirujanos reveló que solo cerca del 15% de los encuestados trabajaban en instalaciones médicas que tenían normas sobre la extracción de balas.

Los médicos en Estados Unidos a menudo dejan las balas enterradas profundamente en el cuerpo de una persona, al menos al principio, para no causar más trauma.

Pero a medida que la violencia armada surge como una epidemia de salud pública, algunos investigadores se preguntan si esa práctica es la mejor.

Algunos de los heridos, como James Lemons, quedan en una situación precaria. “Si hay una manera de sacarla y se saca de forma segura, sáquenla fuera de la persona”, dijo Lemons. “Hagan que esa persona se sienta más segura consigo misma. Y que no tengas que estar caminando con ese recuerdo dentro de tí”.

Lemons, Holguín y Nelson están sobrellevando las cosas de manera muy diferente.

En el desfile del Super Bowl de los Kansas City Chiefs, Holguín escuchó lo que pensó que eran fuegos artificiales, sin darse cuenta que le habían disparado. Tuvo una cirugía y los médicos optaron por dejar la bala en su pierna. Ahora usa un andador para moverse.(CHRISTOPHER SMITH FOR KFF HEALTH NEWS)

El dolor se convirtió en un problema

Tres días después de que los Chiefs ganaran el Super Bowl, Lemons condujo las 37 millas desde Harrisonville, Missouri, hasta el centro de Kansas City para celebrar la victoria. Lemons, quien trabaja en un depósito, llevaba a su hija de 5 años, Kensley, en sus hombros cuando sintió una bala entrar en la parte posterior de su muslo derecho.

Los disparos se desataron en un área abarrotada de fans, dijeron más tarde los fiscales, después de una “confrontación verbal” entre dos grupos. Los detectives encontraron “múltiples cartuchos de bala calibre 9 mm y .40” en el lugar. Lemons dijo que entendió inmediatamente lo que estaba sucediendo.

“Conozco mi ciudad. No estamos lanzando fuegos artificiales”, dijo.

Mientras se tiraban al  suelo, Lemons protegió el rostro de Kensley para que no golpeara sobre el cemento. Su primer pensamiento fue llevar a su familia —su esposa, Brandie; su hija de 17 años, Kallie; y su hijo de 10 años, Jaxson— a un lugar seguro.

“Me dispararon. Pero no te preocupes”, recordó Lemons que le dijo a Brandie. “Tenemos que irnos”.

Llevó a Kensley en sus hombros mientras la familia caminaba una milla hasta su auto. Al principio su pierna sangraba a través de sus pantalones, pero después paró, dijo. Ardía de dolor. Brandie insistió en llevarlo al hospital, pero el tráfico estaba estancado, así que encendió las luces de emergencia y condujo en la dirección opuesta.

Lemons recordó que ella dijo: “’Te estoy llevando al hospital. Estoy cansada de que la gente se interponga en mi camino’”. “Nunca había visto a mi esposa así. La miré y pensé, ‘esto es algo sexy’”.

Contó que le sonrió a su esposa y aplaudió, a lo que ella respondió: “¿Por qué estás sonriendo? Acaban de dispararte”. Se mantuvo en silenciosa admiración hasta que los detuvo un sheriff, que llamó a una ambulancia, recordó Lemons.

Lo llevaron a la sala de emergencias de University Health, que ese día admitió a 12 pacientes del rally, incluidos ocho con heridas de bala. Las placas mostraron que la bala apenas había esquivado una arteria, dijo Lemons.

Los médicos limpiaron la herida, pusieron su pierna en un aparato ortopédico y le dijeron que regresara en una semana. La bala todavía estaba en su pierna.

“Me sentí un poco desconcertado, pero pensé, ‘Está bien, lo que sea, saldré de aquí’”, recordó Lemons.

Cuando regresó, los médicos le quitaron el aparato ortopédico pero le explicaron que a menudo dejan balas y fragmentos en el cuerpo, a menos que se vuelvan demasiado dolorosos.

“Entiendo, pero no me gusta eso”, dijo Lemons. “¿Por qué no la sacarías si pudieras?”

Leslie Carto, vocera de University Health, dijo que el hospital no puede comentar sobre la atención de pacientes debido a las leyes federales de privacidad.

Los cirujanos generalmente extraen las balas cuando las encuentran durante la cirugía o cuando están en lugares peligrosos, como en el canal espinal, o a punto de dañar un órgano, explicó Brendan Campbell, cirujano pediátrico del Connecticut Children’s.

Campbell también preside el Comité de Prevención y Control de Lesiones del Comité de Trauma del Colegio Americano de Cirujanos, que trabaja en la prevención de lesiones por armas de fuego.

LJ Punch, cirujano entrenado en trauma y fundador de la Bullet Related Injury Clinic  en St. Louis, dijo que los orígenes de la atención del trauma también ayudan a explicar por qué las balas generalmente no se extraen.

“La atención del trauma es medicina de guerra”, dijo Punch. “Está preparada para estar lista en cualquier momento, todos los días, para salvar una vida. No está equipada para cuidar la curación que se necesita después”.

En la encuesta a los cirujanos, las razones más comunes dadas para extraer una bala fueron el dolor, una bala palpable alojada cerca de la piel o una infección. Mucho menos comunes fueron la intoxicación por plomo y las preocupaciones de salud mental como el trastorno de estrés postraumático y la ansiedad.

Los cirujanos dijeron que lo que querían los pacientes también impactaba en sus decisiones.

Lemons quería que le quitaran la bala. El dolor en su pierna se irradiaba desde su muslo, lo que le dificultaba moverse durante más de una hora o dos. Era imposible trabajar en el depósito.

“Tengo que levantar 100 libras cada noche”, recordó Lemons que le dijo a sus médicos. “Tengo que levantar a mi hijo. No puedo trabajar así”.

Ha perdido sus ingresos y su seguro de salud. Otro racha de mala suerte: el dueño de la casa que alquilaban decidió venderla poco después del desfile, y tuvieron que encontrar un nuevo lugar para vivir.

La casa actual es más pequeña, pero era importante mantener a los niños en el mismo distrito escolar con sus amigos, dijo Lemons en una entrevista en el dormitorio rosa de Kensley, el lugar más tranquilo para hablar.

Han pedido dinero prestado y recaudaron $6,500 en GoFundMe para ayudar con el depósito y las reparaciones del automóvil, pero el tiroteo del desfile ha dejado a la familia en un profundo pozo financiero.

Sin seguro, Lemons temía no poder pagar para que le extrajeran la bala. Luego se enteró que su cirugía sería pagada por donaciones. Programó una cita en un hospital al norte de la ciudad, donde un cirujano tomó medidas en su radiografía y le explicó el procedimiento.

“Necesito que estés involucrado tanto como yo voy a estar involucrado”, recordó que le dijeron, “porque —adivina qué— esta no es mi pierna”.

La cirugía está programada para este mes.

Después de recibir un disparo en la pierna en el desfile del Super Bowl de los Kansas City Chiefs, a Lemons le dijeron inicialmente que no extraerían la bala, a menos que se volviera un problema. “Entiendo, pero no me gusta”, dice Lemons. “¿Por qué no la sacarían si pudieran?”(BRAM SABLE-SMITH/KFF HEALTH NEWS)

“Nos hicimos amigas”

Sarai Holguín no es gran fanática de los Chiefs, pero aceptó ir al rally en Union Station para mostrarle a su amiga el mejor lugar para ver a los jugadores en el escenario.

Era un día inusualmente cálido, y estaban paradas cerca de una entrada donde había muchos policías. Había papás con bebés en cochecitos, los niños jugaban al fútbol americano y Holguín se sentía segura.

Un poco antes de las 2 pm, escuchó lo que pensó que eran fuegos artificiales. La gente comenzó a correr lejos del escenario. Se dio vuelta, tratando de encontrar a su amiga, pero se sintió mareada. No se dio cuenta que le habían disparado. Tres personas rápidamente la ayudaron a tirarse al suelo, y un extraño se quitó la camisa e hizo un torniquete en su pierna izquierda.

Holguín, originaria de Puebla, México, ciudadana estadounidense desde 2018, nunca había visto tanto caos, tantos paramédicos trabajando bajo tanta presión. Fueron “héroes anónimos”, dijo.

Los vio atendiendo a Lisa López-Galván, una conocida DJ de 43 años y dos hijos. López-Galván murió en el lugar, y fue la única víctima mortal. A Holguín la llevaron a University Health, a unos cinco minutos de Union Station.

Allí, la operaron, pero dejaron la bala en su pierna. Holguín se despertó en medio de más caos. Había perdido su bolso y su teléfono celular, así que no pudo llamar a César, su esposo. La internaron en el hospital bajo un alias, una práctica común en los centros médicos para comenzar a atender al paciente de inmediato.

Su esposo e hija no la encontraron hasta cerca de las 10 pm, unas ocho horas después de que le dispararan.

“Ha sido un gran trauma para mí”, dijo Holguín a través de un intérprete. “Estaba herida y en el hospital sin haber hecho nada malo. [El rally] era un momento para jugar, relajarse, estar juntos”.

Holguín estuvo una semana internada, e inmediatamente tuvo dos cirugías ambulatorias más para eliminar el tejido muerto alrededor de la herida. Usó un dispositivo especial durante varias semanas y tuvo citas médicas cada dos días.

Campbell, el cirujano de trauma, dijo que esos dispositivos, llamados “de cierre asistido por vacío” son comunes cuando las balas dañan tejidos que no se pueden reconstruir fácilmente en la cirugía. (Ayudan a acelerar el proceso de cierre de la herida)

“No son solo las lesiones físicas”, dijo Campbell. “Muchas veces son las lesiones emocionales, psicológicas, que muchos de estos pacientes también experimentan”.

La bala sigue cerca de la rodilla de Holguín.

“La tendré por el resto de mi vida”, dijo, agregando que ella y la bala se han convertido en “compas”, amigas cercanas. “Nos hicimos amigas para que ella no me haga ningún otro daño”, dijo Holguín sonriendo.

Punch, de la Bullet Related Injury Clinic en St. Louis, dijo que algunas personas como Holguín pueden tener la fortaleza mental para vivir con una bala en el cuerpo.

“Si puedes crear una historia sobre lo que significa que esa bala esté en tu cuerpo, eso te da poder; te empodera”, dijo Punch.

La vida de Holguín cambió en un instante: está usando un andador para moverse. Su pie, dijo, actúa “como si hubiera tenido un derrame cerebral”, se queda colgando y es difícil mover los dedos de los pies.

La consecuencia más frustrante es que no puede viajar para ver a su padre de 102 años, que está en México. Lo ve en video a través de su teléfono, pero eso no ofrece mucho consuelo, dijo, y pensar en él la hace llorar.

En el hospital le dijeron que sus facturas médicas serían cubiertas, pero luego muchas de ellas llegaron por correo. Intentó obtener ayuda para las víctimas del estado de Missouri, pero le costo entender todos los formularios que tenía porque estaban en inglés.

Solo alquilar el dispositivo de cierre asistido por vacío costaba $800 al mes.

Finalmente escuchó que el Consulado de México en Kansas City podía ayudar, y el cónsul la remitió a la Oficina del Fiscal del condado de Jackson, donde se registró como víctima oficial. Ahora todas sus facturas están siendo pagadas, dijo.

Holguín no buscará tratamiento de salud mental, ya que cree que uno debe aprender a vivir con una situación determinada o se convertirá en una carga. “He procesado este nuevo capítulo en mi vida”, dijo Holguín. “Nunca me he rendido y seguiré adelante con la ayuda de Dios”.

Una bala atravesó la mandíbula de Mireya Nelson durante el desfile del Super Bowl de los Kansas City Chiefs el 14 de febrero. También tiene fragmentos de bala en el hombro y necesitará que le hagan pruebas de plomo en la sangre por al menos los próximos dos años.(ERIKA NELSON)

“Vi sangre en mis manos”

Mireya Nelson llegó tarde al desfile. Su madre, Erika, le dijo que se fuera temprano, por el tráfico y el millón de personas que se esperaba en el centro de Kansas City, pero ella y sus amigos adolescentes ignoraron el consejo. Los Nelson viven en Belton, Missouri, aproximadamente a media hora al sur de la ciudad.

Mireya quería sostener el trofeo del Super Bowl. Cuando ella y sus tres amigos llegaron, el desfile que había pasado por el centro ya había terminado y había comenzado el rally en Union Station. Estaban atrapados entre la multitud y se aburrieron rápido, dijo Mireya.

Mireya y una de sus amigas intentaron llamar al conductor de su grupo para irse, pero no tenían señal en el celular, por la gran multitud.

En medio del caos de personas y ruido, Mireya de repente se desplomó.

“Vi sangre en mis manos. Así que supe que me habían disparado. Sí, y simplemente me arrastré hacia un árbol”, dijo Mireya. “En realidad, al principio no sabía dónde me habían disparado. Solo ví sangre en mis manos”.

La bala rozó la barbilla de Mireya, atravesó su mandíbula, le rompió el hombro y salió por su brazo. Quedaron fragmentos de bala en su hombro. Los médicos decidieron dejarlos porque la joven ya había sufrido mucho daño.

Por ahora, la madre de Mireya apoya esa decisión, señalando que eran solo “fragmentos”. “Creo que si no la van a dañar el resto de su vida”, dijo Erika, “no quiero que siga volviendo al hospital y teniendo cirugías. Eso es más trauma para ella y más tiempo de recuperación, más terapia física y cosas así”.

Punch dijo que los fragmentos de bala, especialmente los que son solo superficiales, a menudo se abren paso como astillas, aunque a los pacientes no siempre se les dice eso. Además, agregó, las lesiones causadas por las balas se extienden más allá de aquellos con tejido dañado a las personas a su alrededor, como Erika. Pidió un enfoque holístico para recuperarse de todo el trauma.

“Cuando las personas permanecen en su trauma, ese trauma puede cambiarlas para toda la vida”, dijo Punch.

Mireya será sometida a pruebas de niveles de plomo en su sangre durante al menos los próximos dos años. Ahora sus niveles están bien, dijeron los médicos a la familia, pero si empeoran, necesitará cirugía para remover los fragmentos, dijo su madre.

Campbell, el cirujano pediátrico, dijo que el plomo es particularmente preocupante para los niños pequeños, cuyos cerebros en desarrollo los hacen especialmente vulnerables a sus efectos perjudiciales. Incluso una pequeña cantidad de plomo —3.5 microgramos por decilitro— es suficiente para informar a las autoridades de salud estatales, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Mireya habla sobre adolescentes lindos, pero todavía usa pijamas de Cookie Monster. Parece confundida por los tiroteos, por toda la atención en casa, en la escuela, de los periodistas. Cuando le preguntaron cómo se siente sobre los fragmentos en su brazo, dijo: “Realmente no me importan”.

Después de su estadía en el hospital, Mireya tomó antibióticos durante 10 días porque los médicos temían que hubieran bacterias en la herida. Ha tenido terapia física, pero es doloroso hacer los ejercicios. Tiene una cicatriz en la barbilla. “Una muesca”, dijo, que es “irregular”.

“Dijeron que tuvo suerte porque si no hubiera girado la cabeza de cierta manera, podría haber muerto”, dijo Erika.

Mireya enfrenta una evaluación psiquiátrica y sesiones de terapia, aunque no le gusta hablar de sus sentimientos.

Hasta ahora, el seguro de Erika está pagando las facturas médicas, aunque espera obtener algo de ayuda del fondo #KCStrong de United Way, que recaudó casi $1.9 millones, o de una organización de fe llamada Unite KC.

Erika no quiere limosnas. Tiene un trabajo en atención médica y acaba de tener un ascenso.

La bala ha cambiado la vida de la familia de muchas maneras. Ahora forma parte de sus charlas. Hablan sobre cómo desearían saber qué tipo de munición era, o cómo se veía.

“Como si quisiera quedarme con la bala que atravesó mi brazo”, dijo Mireya. “Quiero saber qué tipo de bala era”. Eso provocó un suspiro de su mamá, quien dijo que su hija había visto demasiados episodios de “Forensic Files”.

Erika se culpa por la herida, porque no pudo proteger a su hija en el desfile.

“Me duele mucho porque me siento mal, porque ella me suplicó que dejara el trabajo y no fui allí porque cuando tienes un puesto nuevo, no puedes simplemente irte del trabajo”, dijo Erika. “Porque yo hubiera recibido la bala. Porque haría cualquier cosa. Es lo que hace una mamá”.

Seis alumnos de la Universidad de Pensilvania están entre 19 detenidos por tratar de ocupar edificio

Un manifestante es arrestado en la calle S 34, cerca de la Universidad de Pensilvania, el viernes 17 de mayo de 2024, en Filadelfia. (Steven M. Falk/The Philadelphia Inquirer vía AP)

FILADELFIA — Media docena de estudiantes de la Universidad de Pensilvania están entre 19 manifestantes propalestinos detenidos durante un intento de ocupar un edificio escolar, dijo el sábado la policía universitaria.

Los arrestos se llevaron a cabo una semana después de que las autoridades desmontaran un campamento de protesta en el campus y arrestaran a nueve estudiantes, y mientras otras universidades de todo Estados Unidos, ansiosas por prepararse para la temporada de graduaciones, han negociado acuerdos con los alumnos o han convocado a la policía para que desmantele los campamentos.

Miembros de la organización Penn Students Against the Occupation of Palestine (Estudiantes de la Universidad de Pensilvania contra la ocupación de Palestina) anunciaron el viernes la acción en el salón Fisher-Bennett de la escuela, instando a sus seguidores a llevar “banderas, ollas, cacerolas, objetos que hagan ruido, megáfonos” y otros artículos, dijo en un comunicado la División de Seguridad Pública de la Universidad de Pensilvania

Fue posible ver a agentes policiales acercándose “en la hora siguiente”, informó el diario The Philadelphia Inquirer. La policía universitaria, apoyada por la policía de la ciudad, condujo a los manifestantes hacia el exterior y aseguró el edificio, informaron medios noticiosos.

La policía señaló que, después de desalojar el edificio, se habían recuperado “ganzúas y escudos de metal caseros, hechos a partir de barriles de petróleo”.

Las puertas de salida habían sido bloqueadas con bridas de plástico y alambre de púas y se les habían colocado barricadas con sillas y escritorios, mientras que las ventanas estaban cubiertas con periódico y cartón, y portabicicletas y sillas de metal bloqueaban las entradas, indicó la policía.

Siete de los estudiantes arrestados el viernes permanecían detenidos el sábado, a la espera de que se presenten cargos en su contra por delitos graves, y entre ellos había una persona que atacó a un oficial, señaló la policía del campus. A una docena de ellos se les entregaron citatorios por no dispersarse ni acatar las órdenes policiacas. Estos últimos fueron puestos en libertad.

El intento de ocupar el salón Fisher-Bennett ocurrió una semana después de que la policía de la ciudad y la del campus irrumpieran en un campamento que llevaba dos semanas en la institución, arrestando a 33 personas, nueve de las cuales eran estudiantes y las otras dos docenas “no estaban afiliadas a la Universidad de Pensilvania”, según las autoridades universitarias.

Mientras tanto, un grupo que protestaba contra la guerra en Gaza y que exigía que la Universidad de Chicago se deslinde de empresas que hacen negocios con Israel tomó temporalmente un edificio del campus el viernes por la tarde.

Miembros del grupo rodearon el edificio del Instituto de Política cerca de las 5 de la tarde, mientras que otros se abrieron paso al interior, informó el diario Chicago Sun-Times.

US prisoners are being assigned dangerous jobs. But what happens if they are hurt or killed?

prisoners
Blas Sanchez prepares to put on a prosthetic Friday, Jan. 26, 2024, in Winslow, Ariz.Sanchez's leg was mutilated while working near the chicken manure chute as a prison laborer at Hickman's Family Farms in 2015 in Tonopah, Ariz. (Photo: AP/John Locher)

Blas Sanchez was nearing the end of a 20-year stretch in an Arizona prison when he was leased out to work at Hickman’s Family Farms, which sells eggs that have ended up in the supply chains of huge companies like McDonald’s, Target and Albertsons. While assigned to a machine that churns chicken droppings into compost, his right leg got pulled into a chute with a large spiraling augur.

“I could hear ‘crunch, crunch, crunch, crunch,’” Sanchez said. “I couldn’t feel anything, but I could hear the crunch.”

He recalled frantically clawing through mounds of manure to tie a tourniquet around his bleeding limb. He then waited for what felt like hours while rescuers struggled to free him so he could be airlifted to a hospital. His leg was amputated below the knee.

Nationwide, hundreds of thousands of prisoners are put to work every year, some of whom are seriously injured or killed after being given dangerous jobs with little or no training, The Associated Press found. They include prisoners fighting wildfires, operating heavy machinery or working on industrial-sized farms and meat-processing plants tied to the supply chains of leading brands. These men and women are part of a labor system that – often by design – largely denies them basic rights and protections guaranteed to other American workers.

Blas Sanchez makes his way through a room in his home, Friday, Jan. 26, 2024, in Winslow, Ariz. Sanchez’s leg was mutilated while working near the chicken manure chute as a prison laborer at Hickman’s Family Farms in 2015 in Tonopah, Ariz. (AP Photo/John Locher)

The findings are part of a broader two-year AP investigation that linked some of the world’s largest and best-known companies – from Cargill and Walmart to Burger King – to prisoners who can be paid pennies an hour or nothing at all.

Prison labor began during slavery and exploded as incarceration rates soared, disproportionately affecting people of color. As laws have steadily changed to make it easier for private companies to tap into the swelling captive workforce, it has grown into a multibillion-dollar industry that operates with little oversight.

Laws in some states spell it out clearly: Prisoners aren’t classified as employees, whether they’re working inside correctional facilities or for outside businesses through prison contracts or work-release programs. That can exclude them from workers’ compensation benefits, along with state and federal laws that set minimum standards for health and safety on the job.

It’s almost impossible to know how many incarcerated workers are hurt or killed each year, partly because they often don’t report injuries, fearing retaliation or losing privileges like contact with their families. Privacy laws add to the challenges of obtaining specific data. In California, for instance, more than 700 work-related injuries were recorded between 2018 and 2022 in the state’s prison industries program, but the documents provided to the AP were heavily redacted.

Crystal Adams, wearing orange to identify her as a prison worker, inspects eggs as she works as an order runner at Hickman’s Family Farm egg-packaging operation in Tonopah, Ariz., Thursday, March 14, 2024. In many states, prisoners are denied everything from disability benefits to protections guaranteed by OSHA or state agencies that ensure safe and healthy conditions for laborers. In Arizona, for instance, the state occupational safety division doesn’t have the authority to pursue cases involving inmate deaths or injuries. (AP Photo/Carolyn Kaster)

At Hickman’s Family Farms, logs obtained by the AP from Arizona’s corrections department listed about 250 prison worker injuries during the same time frame. Most were minor, but some serious cases ranged from deep cuts and sliced-off fingertips to smashed hands.

“They end up being mangled in ways that will affect them for the rest of their lives,” said Joel Robbins, a lawyer who has represented several prisoners hired by Hickman’s. “If you’re going to come out with a good resume, you should come out with two hands and two legs and eyes to work.”

The AP requested comment from the companies it identified as having connections to prison labor. Most did not respond, but Cargill — the largest private company in the U.S. with $177 billion in revenue last year — said it was continuing to work “to ensure there is no prison labor in our extended supplier network.” Others said they were looking for ways to take action without disrupting crucial supply chains.

Prisoners across the country can be sentenced to hard labor, forced to work and punished if they refuse, including being sent to solitary confinement. They cannot protest against poor conditions, and it’s usually difficult for them to sue.

Most jobs are inside prisons, where inmates typically earn a few cents an hour doing things like laundry and mopping floors. The limited outside positions often pay minimum wage, but some states deduct up to 60 percent off the top.

In Arizona, jobs at Hickman’s are voluntary and often sought after, not just for the money, but also because employment and affordable housing are offered upon release.

Hickman’s Family Farm employee Ramona Sullins speaks during an interview with the Associated Press at Hickman’s Family Farm in Buckeye, Ariz., Thursday, March 14, 2024. Sullins worked more than eight years at Hickman’s while incarcerated and then after being released. (AP Photo/Carolyn Kaster)

During a daylong guided tour of the company’s egg-packaging operations and housing units, two brothers who run the family business stressed to an AP reporter that safety and training are top priorities. Several current and formerly incarcerated workers there praised the company, which markets eggs with brand names like Land O’ Lakes, Eggland’s Best and Hickman’s, and have been sold everywhere from Safeway to Kroger.

“We work on a farm with machinery and live animals, so it is important to follow the instructions,” said Ramona Sullins, who has been employed by Hickman’s for more than eight years before and after her release from prison. “I have heard and seen of people being hurt, but when they were hurt, they weren’t following the guidelines.”

AP reporters spoke with more than 100 current and former prisoners across the country – along with family members of workers who were killed – about various prison labor jobs. Roughly a quarter of them related stories involving injuries or deaths, from severe burns and traumatic head wounds to severed body parts. Reporters also talked to lawyers, researchers and experts, and combed through thousands of documents, including the rare lawsuits that manage to wind their way through the court system.

While many of the jobs are hidden, others are in plain view, like prisoners along busy highways doing road maintenance. In Alabama alone, at least three men have died since 2015, when 21-year-old Braxton Moon was hit by a tractor-trailer that swerved off the interstate. The others were killed while picking up trash.

In many states, laws mandate that prisoners be deployed during emergencies and disasters for jobs like hazardous material cleanup or working on the frontlines of hurricanes while residents evacuate. They’re also sent to fight fires, filling vital worker shortage gaps, including in some rural communities in Georgia where incarcerated firefighters are paid nothing as the sole responders for everything from car wrecks to medical emergencies.

A prison worker, wearing orange, stacks cartons of eggs onto a cart at Hickman’s Family Farm egg-packaging operation in Tonopah, Ariz., Thursday, March 14, 2024. (Photo: AP/Carolyn Kaster)

California currently has about 1,250 prisoners trained to fight fires and has used them since the 1940s. It pays its “Angels in Orange” $2.90 to $5.12 a day, plus an extra $1 an hour when they work during emergencies.

When a brush fire broke out in 2016, Shawna Lynn Jones and her crew were sent to the wealthy Malibu beach community near California’s rugged Pacific Coast Highway, which was built by prisoners a century ago. The 22-year-old, who had just six weeks left on her sentence for a nonviolent crime, died after a boulder fell 100 feet from a hillside onto her head – one of 10 incarcerated firefighters killed in the state since 1989.

Unlike many places, California does offer workers’ compensation to prisoners, which Jones’ mother, Diana Baez, said covered hospital expenses and the funeral.

Baez said her daughter loved being a firefighter and was treated as a fallen hero, but noted that even though she was on life support and never regained consciousness, “When I walked behind the curtain, she was still handcuffed to that damn gurney.”

The California corrections department said prisoners must pass a physical skills test to participate in the program, which “encourages incarcerated people to commit to positive change and self-improvement.” But inmates in some places across the country find it can be extremely difficult to transfer their firefighting skills to outside jobs upon their release due to their criminal records.

In most states, public institutions are not liable for incarcerated workers’ injuries or deaths. But in a case last year, the American Civil Liberties Union represented a Nevada crew sent to mop up a wildfire hotspot. It resulted in a $340,000 settlement that was split eight ways, as well as assurances of better training and equipment going forward.

Rebecca Leavitt said when she and her all-woman team arrived at the site with only classroom training, they did a “hot foot dance” on smoldering embers as their boss yelled “Get back in there!” One crew member’s burned-up boots were duct-taped back together, she said, while others cried out in pain as their socks melted to their feet during nine hours on the ground that paid about $1 an hour.

Two days later, Leavitt said the women finally were taken to an outside hospital, where doctors carved dead skin off the bottoms of their feet, which had sustained second-degree burns. Because they were prisoners, they were denied pain medicine.

“They treated us like we were animals or something,” said Leavitt, adding that the women were afraid to disobey orders in the field or report their injuries for fear they could be sent to a higher-security facility. “The only reason why any of us had to tell them was because we couldn’t walk.”

Officials at Nevada’s Department of Corrections did not respond to requests for comment.

Chris Peterson, the ACLU lawyer who brought the women’s lawsuit, said Nevada’s Legislature has passed laws making it harder for injured prisoners to receive compensation. He noted that the state Supreme Court ruled five years ago that an injured firefighter could receive the equivalent of only about 50 cents a day in workers’ compensation based on how much he earned in prison, instead of the set minimum wage.

“At the end of the day,” Peterson said, “the idea is that if I get my finger lopped off, if I am an incarcerated person working as a firefighter, I am entitled to less relief than if I am a firefighter that’s not incarcerated.”

Hickman’s Family Farm vice president Billy Hickman speaks during an interview with the Associated Press at Hickman’s Family Farm in Buckeye, Ariz., Thursday, March 14, 2024. Hickman said that the farm has hired more than 10,000 incarcerated workers over nearly three decades, with their safety being a top priority. Because they aren’t eligible for protections like workers’ comp, he said the company took steps to limit its exposure to lawsuits partially driven by what he described as zealous attorneys. (Photo: AP/Carolyn Kaster)

“HELP ME! HELP ME!”

A loophole in the 13th Amendment to the U.S. Constitution passed after the Civil War makes forced labor legal, abolishing slavery except “as punishment for a crime.” Efforts are underway to challenge that language at the federal level, and nearly 20 states are working to bring the issue before voters.

Today, about 2 million people are locked up in the U.S. – more than almost any country in the world – a number that began spiking in the 1980s when tough-on-crime laws were passed. More than 800,000 prisoners have some kind of job, from serving food inside facilities to working outside for private companies, including work-release assignments everywhere from KFC to Tyson Foods poultry plants. They’re also employed at state and municipal agencies, and at colleges and nonprofit organizations.

Few critics believe all prison jobs should be eliminated, but they say work should be voluntary and prisoners should be fairly paid and treated humanely. Correctional officials and others running work programs across the country respond that they place a heavy emphasis on training and that injuries are taken seriously. Many prisoners see work as a welcome break from boredom and violence inside their facilities and, in some places, it can help shave time off sentences.

In many states, prisoners are denied everything from disability benefits to protections guaranteed by the federal Occupational Safety and Health Administration or state agencies that ensure safe conditions for laborers. In Arizona, for instance, the state occupational safety division doesn’t have the authority to pursue cases involving inmate deaths or injuries.

Strikes by prisoners seeking more rights are rare and have been quickly quashed. And the U.S. Supreme Court has ruled that inmates cannot join or form unions. They also can’t call an ambulance or demand to be taken to a hospital, even if they suffer a life-threatening injury on the job.

The barriers for those who decide to sue can be nearly insurmountable, including finding a lawyer willing to take the case. That’s especially true after the federal Prison Litigation Reform Act was passed almost three decades ago to stem a flood of lawsuits that accompanied booming prison populations.

Kandy Fuelling learned that all too well after being gravely injured in 2015 while assigned to work at a Colorado sawmill. She said her lawyer never met with her face-to-face and her suit was dismissed after a court ruled she could not sue state entities, leaving her with zero compensation.

Fuelling, who said she received only a few hours of training at the Pueblo mill, was feeding a conveyor belt used to make pallets when a board got stuck. She said she asked another prisoner if the machinery was turned off, but was told by her manager to “hurry up” and dislodge the jam. She crawled under the equipment and tugged at a piece of splintered lumber. Suddenly, the blade jolted back to life and spiraled toward her head.

“That saw went all the way through my hard hat. … I’m screaming ‘Help me! Help me!’ but no one can hear me because everything is running,” Fuelling said. “All I remember is thinking, ‘Oh my God, I think it just cut my head off.’”

With no first aid kit available, fellow prisoners stuck sanitary pads on her gushing wound and ushered her into a van. But instead of being driven to a nearby emergency room, she was taken to the prison for evaluation. The 5-inch gash, which pierced her skull, eventually was sewn up at an outside hospital.

Despite being dizzy and confused, she said she was put back to work soon after in the prison’s laundry room and received almost no treatment for months, even when her wound oozed green pus. She said she had privileges stripped and eventually was diagnosed with MRSA, an antibiotic-resistant infection. She still suffers short-term memory loss and severe headaches, she said.

The Colorado Department of Corrections had no comment when asked about prisoner training and medical treatment for those injured on the job.

While prisoners have access to low-cost care in correctional facilities nationwide, a typical co-pay of $2 to $5 per visit can be unaffordable for those earning next to nothing. Many inmates say it’s not worth it because the care they receive is often so poor.

Class-action lawsuits have been filed in several states – including Illinois, Idaho, Delaware and Mississippi – alleging everything from needless pain and suffering to deliberate medical neglect and lack of treatment for diseases like hepatitis C.

Some prisoners’ conditions worsened even after getting care for their injuries.

In Georgia, a prison kitchen worker’s leg was amputated after he fell on a wet floor, causing a small cut above his ankle. He was susceptible to infection as a diabetic, but doctors in the infirmary did not stop the wound from festering, according to a lawsuit that was handwritten and filed by the prisoner. It was an unusual case where the state settled – for $550,000 – which kept the prison medical director from going to trial.

Noah Moore, who lost a finger while working at Hickman’s egg farm in Arizona, had a second finger later amputated due to what he said was poor follow-up treatment in prison after surgery at a hospital. That’s in a state where a federal judge ruled two years ago that the prison medical care was unconstitutional and “plainly, grossly inadequate.”

“I think the healing hurt worse than the actual accident,” Moore said.

The Arizona corrections department would not comment on injuries that occurred during a previous administration, but said prisoners have access to all necessary medical care. The department also stressed the importance of workplace safety training.

Prisons and jails can struggle to find doctors willing to accept jobs, which means they sometimes hire physicians who have been disciplined for misconduct.

A doctor in Louisiana, Randy Lavespere, served two years in prison after buying $8,000 worth of methamphetamine in a Home Depot parking lot in 2006 with intent to distribute. After his release, his medical license was reinstated with restrictions that banned him from practicing in most settings. Still, he was hired by the Louisiana State Penitentiary, the country’s largest maximum-security prison. His license has since been fully reinstated, and he now oversees health care for the entire corrections department.

Over the years, physicians who have worked at Louisiana prisons have had their medical licenses restricted or suspended following offenses ranging from sexual misconduct and possessing child pornography to self-prescribing addictive drugs, according to the state Board of Medical Examiners.

Lavespere could not be reached for comment, but corrections department spokesman Ken Pastorick said all prison doctors are licensed and that the board does not allow physicians to return to work unless they are “deemed competent and have the ability to practice medicine with skill and safety.”

Inmate firefighters cut down trees along the Highway 29 as wildfires continue to burn Thursday, Oct. 12, 2017, near Calistoga, Calif. California currently has about 1,250 prisoners trained to fight fires and has used them since the 1940s. It pays its «Angels in Orange» $2.90 to $5.12 a day, plus an extra $1 an hour when they work during emergencies. (Photo: AP/Jae C. Hong/File)

NO REMEDY FOR HARM

Across the country, it’s not uncommon for the relatives of prisoners who died on the job to struggle with determining who’s liable. When workers’ compensation is offered, the amount awarded is typically determined by the size of the worker’s paycheck and usually closes the door on future wrongful death suits.

The few cases that make their way to court can result in meager settlements compared to what the survivors of civilian workers might receive, in part because those behind bars are seen as having little or no future earning potential.

Matthew Baraniak was on work release in 2019 when he was killed at a Pennsylvania heavy machinery service center while operating a scissor lift. He was using a high-heat torch on a garbage truck that was rigged precariously with chains when its weight shifted, causing Baraniak to hit his head and lose control of the burning torch. His body was engulfed in flames.

Ashley Snyder, the mother of Baraniak’s daughter, accepted a workers’ comp offer made to benefit their then 3-year-old child, paying about $700 a month until the girl reaches college age. Family members said their claim against the county running the work-release program was dismissed, and their lawyer told them the best they could hope for was a small settlement from the service center.

“There are no rules,” Holly Murphy, Baraniak’s twin sister, said of the long and confusing process. “It’s just a gray area with no line there that says what’s acceptable, what the laws are.”

Michael Duff, a law professor at Saint Louis University and an expert on labor law, said some people think, “Well, too bad, don’t be a prisoner.” But an entire class of society is being denied civil rights, Duff said, noting that each state has its own system that could be changed to offer prisoners more protections if there’s political will.

“We’ve got this category of human beings that can be wrongfully harmed and yet left with no remedy for their harm,” he said.

Laws sometimes are amended to create even more legal hurdles for those seeking relief.

That’s what happened in Arizona. In 2021, a Hickman’s Family Farms lawyer unsuccessfully tried to get the corrections department to amend its contract to take responsibility for prisoner injuries or deaths, according to emails obtained by the AP. The next year, a newly formed nonprofit organization lobbied for a bill that was later signed into law, blocking prisoners from introducing their medical costs into lawsuits and potentially limiting settlement payouts.

Billy Hickman, one of the siblings who runs the egg company, was listed as a director of the nonprofit. He told the AP that the farm has hired more than 10,000 incarcerated workers over nearly three decades. Because they aren’t eligible for protections like workers’ comp, he said the company tried to limit its exposure to lawsuits partially driven by what he described as zealous attorneys.

“We’re a family business,” he said, “so we take it very seriously that people are safe and secure.”

At the height of the pandemic – when all other outside prison jobs were shut down – Crystal Allen and about 140 other female prisoners were sent to work at Hickman’s, bunking together in a large company warehouse. The egg farm is Arizona Correctional Industries’ biggest customer, bringing in nearly $35 million in revenue in the past six fiscal years.

Allen was earning less than $3 an hour after deductions, including 30 percent for room and board. She knew it would take time, but hoped to bank a few thousand dollars before her release.

One day, she noticed chicken feeders operating on a belt system weren’t working properly, so she switched the setting to manual and used her hand to smooth the feed into place.

“All of a sudden, the cart just takes off with my thumb,” said Allen, adding she had to use her sock to wrap up her left hand, which was left disfigured. “It’s bleeding really, really bad.”

She sued before the new state law took effect and settled with the company last year for an undisclosed amount. In legal filings, Hickman’s denied any wrongdoing.

Search and rescue crews work at the Mayfield Consumer Products candle factory early Sunday, Dec. 12, 2021 in Mayfield, Ky. Tornadoes and severe weather caused catastrophic damage across multiple states, killing several people overnight. (Photo: AP/Ryan C. Hermens/Lexington Herald-Leader/File)

THE PAIN LIVES ON

When a 2021 tornado flattened a Kentucky factory that made candles for Bath & Body Works and other major companies, Marco Sanchez risked his life to pull fellow employees from the debris. Eight people were killed, including the correctional officer overseeing Sanchez and other prisoners on a work-release program.

Sanchez fractured ribs and broke his foot and, after being treated at a hospital, was taken to the Christian County Jail. According to an ongoing civil rights lawsuit filed last year, he was sent to solitary confinement there and beaten by guards frustrated by his repeated requests for medical attention, which he said went unmet.

“They were retaliating against me,” said Sanchez , who was homeless when he talked to the AP. “They were telling me, ‘It should have been you … instead of one of ours.’”

Christian County Jail officials would not comment, citing the pending litigation. But attorney Mac Johns, who is representing the correctional officers, disputed Sanchez’s characterization of the care and treatment he received while incarcerated, without elaborating.

A few months after the tornado, Sanchez was portrayed on national television as a hero and given a key to the city, but he questions why he was treated differently than the civilian workers he was employed alongside.

He noted that they got ongoing medical attention and support from their family members at a difficult time. “I didn’t get that,” he said, adding that strong winds and sirens still leave him cowering.

The man who lost his leg while working at the composting chute in Arizona said he, too, continues to struggle, even though nearly a decade has passed since the accident.

Blas Sanchez settled for an undisclosed amount with Hickman’s, which denied liability in court documents. He now runs a motel in Winslow along historic U.S. Route 66 and said he’s still often in agony – either from his prosthetic or shooting pains from the nerves at the end of his severed limb.

And then there’s the mental anguish. Sometimes, he wonders if continuing to live is worth it.

“I wanted to end it because it’s so tiring and it hurts. And if it wasn’t for these guys, I probably would,” he said, motioning to his step-grandchildren playing around him. “End it. Finished. Done. Buried.”

Tormentas severas alimentadas por la crisis climática azotan Texas y Luisiana

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Antonieta Cádiz, directora ejecutiva adjunta de Climate Power En Acción.

Los recientes eventos de clima extremo han dejado devastación y casi un millón de personas sin electricidad.

HOUSTON—Fuertes tormentas asolaron la zona del Golfo y provocaron la pérdida de cuatro vidas. Casi un millón de hogares y negocios están sufriendo pérdida de energía, con una destrucción generalizada en Texas y Luisiana. A medida que los fenómenos meteorológicos extremos impulsados por el cambio climático se vuelven cada vez más comunes, las comunidades de todo el país, especialmente aquellas en zonas desfavorecidas, se ven desproporcionadamente impactadas por las consecuencias. Antonieta Cádiz, directora ejecutiva adjunta de Climate Power En Acción, emitió el siguiente comunicado en respuesta a las tormentas de hoy:

“Hace casi siete años, el huracán Harvey trastornó la vida de mi familia y nos obligó a evacuar nuestra casa inundada en un bote. Anoche, mi familia pasó acurrucada en el mismo baño donde pasamos dos días en 2017 refugiándonos del huracán. Ningún niño debería tener que crecer con estos niveles de ansiedad climática y devastación de primera mano. Estas tormentas recientes son un claro recordatorio de los desafíos a los que nos enfrentamos en ese entonces y de lo que nos espera debido a la crisis climática. Cuatro personas perdieron la vida en esta tormenta y sabemos que muchas más sufrirán destinos similares a medida que tormentas como ésta se vuelvan más feroces. Los latinos son especialmente vulnerables a la crisis climática. El 44 por ciento vive en condados con alto riesgo de inundaciones y una cuarta parte vive en áreas que experimentaron una declaración de desastre por inundaciones el año pasado. Si no protegemos y promovemos acciones climáticas sustanciales, esta escena se repetirá muchas veces para mi comunidad y para todos nosotros”.

Si está interesado en cubrir esta historia, Antonieta Cádiz, directora ejecutiva adjunta de Climate Power En Acción, está disponible para entrevistas.

Pennsylvania school district’s decision to cut song from student concert raises concerns

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ROARING SPRING, Pa. — A Pennsylvania school district’s decision to remove a song from a recent student choral concert has divided the community and spurred a review by a civil rights group.

“ Lift Every Voice And Sing,” a late-19th century hymn sometimes referred to as the Black national anthem, was among several songs that were to be performed during the May 7 show by the Spring Cove Middle School chorus. The Altoona Mirror reported that district officials cut the song the day before the concert, saying students had voiced concerns about the song and the “divisiveness and controversy in the nation.”

The district also received several calls from people regarding the song and its inclusion in the concert, officials said. This raised concerns about potential disruptions at the show.

School Board President Troy Wright called the decision a “lose-lose situation” and said parents were threatening to pull their children from the concert over the song.

“We can’t make everyone happy,” Wright told the newspaper. “We have to do the balancing act between who supports it and who doesn’t support it, and our job is trying to find the balance between it.”

The decision to cut the song was made by District Superintendent Betsy Baker and Middle School Principal Amy Miller. Baker said “Lift Every Voice and Sing” was one of many songs selected for the chorus by the music teachers who “picked songs that they felt were appropriate.” Because the chorus practiced other songs, one of those was picked to fill the slot.

“We wanted everyone to feel comfortable,” Baker told the newspaper, saying the decision to cut the song was “clearly a divisive issue here» and stressing that race had nothing to do with the decision.

«There was no right decision, but we focused on letting all of the kids participate in the concert,» Baker said.

Stephen Hershberger, whose son was among the students performing in the chorus concert, was among residents who criticized the decision.

“Cutting the song just sends the message that a few individuals’ discomfort outweighs the perspective and care and concern of minority students and others who don’t have the same beliefs as them,” Hershberger told the newspaper.

The Blair County NAACP has said it executive board will proceed with a formal investigation into the district’s decision, the newspaper reported.

Maratonistas corren ininterrumpidamente por Puerto Rico en contra de la violencia machista

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La actriz puertorriqueña Alexandra Fuentes lidera un grupo de corredoras durante un maratón de 13 millas (26 kilómetros) bajo el lema 'Cada Pisada Cuenta' y que hace parte del proyecto 'Kilómetros de Cambio' este viernes en el Parque Central de San Juan (Puerto Rico). (Foto: EFE/Thais LLorca)

San Juan, Puerto Rico.– Cientos de maratonistas iniciaron este viernes un recorrido de tres días por Puerto Rico como parte del proyecto ‘Kilómetros de Cambio’, cuyo propósito es recaudar dinero para hogares de protección de mujeres víctimas de violencia machista.

Con el lema ‘Cada Pisada Cuenta’, 27 «embajadoras» lideran grupos de un mínimo de 10 corredores que transitarán 13 millas (26 kilómetros) cada uno ininterrumpidamente hasta la noche del domingo para apoyar la Red de Albergues de Violencia de Género.

Según resaltaron a EFE algunos de estos corredores, entre ellos, Karla Vázquez, estos quisieron formar parte del movimiento para ser líderes «de cambio, de lucha, de unión, fuerza y la resistencia» en contra de la violencia machista.

Esfuerzo de la carrera es incomparable con el maltrato

 «No importa el entrenamiento, la hora y la distancia, jamás se va a comparar con el sufrimiento, la violencia y la agonía diaria, al saber, que en el hogar, que se supone que sea tu lugar seguro, es que esté ocurriendo la violencia», dijo Vázquez.

La «embajadora» del tramo 25 -de Fajardo a Río Grande (noreste)- trabaja en el Hogar Ruth, uno de los albergues que participa en este evento y brinda ayuda a las víctimas de violencia de género.

Los otros refugios que forman parte de la iniciativa son Casa Bondad, Casa Protegida Julia de Burgos, La Casa de Todos, Hogar Nueva Mujer, Hogar La Piedad y Capromuni I y II.

En lo que va de año en Puerto Rico, han asesinado a 23 mujeres, 9 de ellas por violencia machista, según la Policía, por lo que el gobernador Pedro Pierluisi extendió la Declaración de Emergencia por Violencia de Género, que se decretó en 2021, hasta el 31 de diciembre de 2024.

El acoso y la violencia son a deshora

En el mismo grupo de Vázquez estará Kimberly Ortiz, quien dijo que se quiso unir al movimiento para intentar erradicar la violencia machista, porque «es una causa que nos ha afectado a todos en cualquier momento y nos puede afectar a todos».

Ejemplo de ello es cuando las cientos de mujeres que salen a la calle a diario a correr para ejercitarse y tienen que hacerlo solas y en ocasiones en la madrugada a oscuras, arriesgando sus vidas ante cualquier ataque violento de un hombre.

Es por esto mismo que los 27 tramos se llevarán a cabo ininterrumpidamente, pues la violencia es a deshora, según reflexionó Ortiz.

«Yo creo que es importante dejar saber que cada embajadora no está sola, al igual que las mujeres que están siendo víctimas de violencia, tampoco están solas», agregó Ortiz.

Otra embajadora que liderará un pelotón de corredores será la internacional Yolanda Mercado, quien reconoció, que aunque «para nosotros es fácil correr porque lo amamos» el objetivo del movimiento es mucho mayor: «llevar el mensaje del cese de la violencia doméstica».

«Sé que a veces es difícil, pero hay que crear este precedente», aseguró Mercado, quien ha representado a Puerto Rico en Mundiales, Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe, y quien encabezará el tramo 11, de San Germán a Guánica (suroeste).

Los hombres se unen a la lucha

En principio, la vuelta solo sería hecha por mujeres. Pero, mientras se moldeaba el plan, se fueron integrando hombres, con el propósito de apoyar a las féminas en la causa y rechazar la violencia machista.

Entre esos está Edwin Joel Vázquez, quien hará el tramo 16, de Salinas a Guayama (sur), indicó que decidió integrarse al evento para ser un «ente de cambio» para la sociedad.

«Muchas personas, aunque no lo crean, al ver otros hombres seguir ‘Kilómetros de Cambio’ y aportar su grano de arena, pueden motivarse también. Lo que pasa es que por machismo, se van por la línea de que es solo de mujeres y piensan que no pueden entrar, cuando todos podemos hacer el cambio», sostuvo Vázquez.

Latinos found jobs and cheap housing in a Pennsylvania city but political power has proven elusive

Business owner Vianney Castro poses with a sign from the Hazleton mayoral race he lost last year at his tire store in Hazleton, Pa., on Thursday, May 16, 2024. About two-thirds of district students are Latino, and a federal lawsuit argues that the way representatives are elected to the Hazleton Area School Board is unfairly shutting Latino voters out of power. (Photo: AP/Mark Scolforo)

HAZLETON, Pa. — Latinos seeking jobs and affordable housing have transformed Hazleton, Pennsylvania, in recent decades, but a federal lawsuit argues the way representatives are elected to their local school board is unfairly shutting them out of power.

Nearly two-thirds of students in the Hazleton Area School District are Hispanic, but no Hispanic person has ever been elected to its school board, prompting the court challenge claiming non-Hispanic white voters have employed the district’s “at-large” election system to keep things that way.

Two mothers of children enrolled in the anthracite coal region district sued in February, asking for changes to a system they argue dilutes their voting strength and violates the federal Voting Rights Act and the constitutional right to equal protection of the law.

The district’s 78,000 residents are about 55% white, 40% Hispanic and 5% Black, Asian or multi-racial, according to the lawsuit, with Hispanics concentrated around Hazleton. Hazleton is among several smaller cities in eastern Pennsylvania where Latino populations have grown large enough to have significant impacts on elections, including this year’s hotly contested races for president and U.S. Senate.

The Hazleton board has shown “a significant lack of responsiveness” to the needs of the district’s Hispanic residents, the plaintiffs argued in the lawsuit.

“This includes, but is not limited to, disregard for serious concerns relating to disparate student discipline, student registration procedures founded on unfair stereotypes, inadequate school staffing, lack of qualified translators and lack of effective communication with parents,” according to the lawsuit.

The district requires three separate proofs of address to establish residency from those seeking to be registered for school. A bilingual sign to that effect is posted at the entrance to the administration building, with “must have three” underlined and “no exceptions!” added in handwriting.

Latino leaders say such proofs can be a challenge to produce for those who are new to the country and may lack stable living arrangements. Some say school translators are overworked and understaffed. And there is a feeling that students without strong English skills can be subject to harsher disciplinary treatment.

“We are in an area that is very conservative,” said Vianney Castro, a native of the Dominican Republican and a Democrat who lost November’s mayoral election in Hazleton by about 25 percentage points. “They have refused to change. And everything that is happening around us is change.”

Tony Bonomo, president of the Hazleton Area School Board, said electing voters by region may be more fair, but he and the other incumbent board members are not likely to initiate such a change.

“I do think we’re probably close to having that happen,” said Bonomo, a seven-term Democrat. “You almost have to. When you you have a district that is 60% Latino or whatever, something has to happen.”

In seeking dismissal of the case last month, the school district’s lawyer argued the two plaintiffs are not entitled to sue under the Voting Rights Act and that voters are divided more by partisan political affiliation than by race and ethnicity.

“Plaintiffs fail to allege with any credible specificity that the claimed Hispanic group of voters is politically cohesive or that the White majority votes sufficiently as a bloc to enable it usually to defeat the minority’s preferred candidate — both assumptions flatly refuted by the reality of the partisan demographics of Hazleton,” the board’s lawyer wrote.

The nine members of the all-white school board are elected in the district as a whole, an at-large election system the board adopted in 1989 amid policy disputes over spending. Previously, board members were elected from smaller regions within the district.

The Pennsylvania State Education Association says 310 of the state’s 500 school boards, like Hazleton Area, have boards elected entirely at-large, 175 elected from regions within the overall district and 15 using a hybrid system.

The Hazleton Area School Board filled vacancies with non-Hispanics twice in recent years, the Hazleton Standard-Speaker reported in February.

The Bethlehem Area School District settled a similar federal lawsuit in 2008 prompted by a decision to sidestep two Hispanic candidates and appoint a white man to fill a vacancy. Under that settlement, Bethlehem, about 50 miles (80 kilometers) from Hazleton, created three geographic seats but continues to elect the other six members at-large.

The influx of new residents has long been a topic of conflict in Hazleton. The City Council approved the Illegal Immigration Relief Act in July 2006, seeking to deny business permits to companies that employ people who are living in the country illegally, fine landlords who rent to them and require tenants to register and pay for a rental permit. A federal judge struck down the ordinance.

The state’s booming Latino population is experiencing growing pains as it works to translate raw numbers in political power, said state Rep. Manny Guzman, a Democrat from Reading and vice chair of the Pennsylvania Legislative Latino Caucus.

“We need to do a better job of turning out our voters and building a bench within these respective areas,” Guzman said.

The U.S. Justice Department earlier this month filed a document supporting the ability of private plaintiffs, such as the two women who are suing the Hazleton district, to bring such challenges under the 1965 Voting Rights Act.

Heading to the polls: historic presidential elections in the Dominican Republic

Dominican Republic
Leonel Fernández’s victory could herald a return to the policies of his previous administration, which focused on economic stability. (Photo: EFE/Wascar García)

Dominicans are at a pivotal juncture in an electoral showdown that could reshape the nation’s trajectory. Among the nine contenders vying for the ballots, three main candidates stand out, each representing distinct visions that could profoundly influence the course of the Caribbean nation.

Leading the charge is Luis Abinader, eyeing a second term, commanding the polls with 64.8% of the vote intention. The incumbent president, running under the banner of the Modern Revolutionary Party (PRM), has consistently urged citizens to exercise their voting rights and has voiced optimism regarding the outcome. Trailing behind, albeit by a significant margin, is former president Leonel Fernández, carrying the torch for the Fuerza del Pueblo party. Occupying a distant third spot is Abel Martínez, erstwhile mayor of Santiago, the nation’s second most significant city, aspiring for the Dominican Liberation Party (PLD) to regain power.

While forecasts paint a picture of victory for Abinader, positioning him strongly for a second term, the specter of a runoff looms if no candidate secures over 50% of the votes, with the decisive showdown slated for June 30th.

SIGNIFICANT CHALLENGES

The Dominican Republic’s electoral contest has been marked by several crucial issues for society, including the migration challenges posed by the crisis in Haiti, which has generated a significant influx of migrants into the Dominican Republic. This phenomenon has been a recurring theme in the campaign, addressed by each candidate from their own perspective.

Luis Abinader has advocated for a policy of secure and orderly borders and has emphasized the need for regional cooperation to address the crisis in Haiti. Leonel Fernández has proposed a policy of integration and solidarity and has even argued that the Dominican Republic has a moral and humanitarian responsibility towards Haitian migrants.

Abel Martínez has focused his proposal on strengthening Dominican institutions to effectively manage the migratory flow, through measures such as improving migrant care services and implementing integration policies. According to government data, the number of Haitians living in the national territory is around half a million.

In addition, despite being a leading economy in the region, Dominican society faces deep inequalities. According to the World Bank, a growth of 5.1% of the local economy is expected for 2024, driven by the lagged effects of monetary policy easing and increased public investment.

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Supporters march through the streets in a campaign caravan on May 12, in Santo Domingo, Dominican Republic. (Photo: EFE/Orlando Barría)

A HISTORIC DEBATE

In a new development for these elections, a historic debate among the leading presidential contenders took place on April 24. Abinader attended this groundbreaking event, marking him as the first presidential candidate to do so. Meanwhile, opposition candidate Leonel Fernández labeled the occasion as a «battle between democracy and moneycracy.»

At the heart of the debate was the pressing issue of citizen security. Abel Martínez directed a pointed question to Luis Abinader regarding the implementation of the «Giuliani Plan.» Abinader asserted that his policies had succeeded in «lowering the homicide rate per 100,000 inhabitants.» However, Leonel Fernández countered this claim, alleging it to be a product of «statistical manipulation.»

Tax reform emerged as another pivotal topic. Throughout the discussion, candidates debated whether trimming government spending should precede the implementation of reform. Such deliberations are poised to sway voter sentiments in the imminent general elections.

The televised debate wasn’t just a platform for candidates to throw around ideas; it was a window into the charged political climate leading up to the election. Despite the candidates’ clear disagreements and attempts to undermine each other, a glimmer of unity emerged: a shared concern for addressing the issue of undocumented immigrant deportations. This marked a rare moment of consensus in Dominican politics.

LUIS ABINADER: FOCUS ON THE ECONOMY

Part of Luis Abinader’s campaign has revolved around the economy. His victory could signal a continuation of current economic policies, which have emphasized investment in infrastructure and job creation. However, he may also face challenges in terms of social equity and sustainable development.

Key points of his proposals include: eliminating about nine public entities to ensure efficiency in the use of state resources; establishing new ministries to address emerging societal demands; increasing electricity generation; maintaining macroeconomic stability for industrial sectors; creating over 600,000 jobs; empowering Dominican women; tackling informality in the labor market; and establishing an agency to reduce public transportation costs and traffic in cities.

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ncumbent President and reelection candidate Luis Abinader speaks at a campaign event, on Saturday, in Santo Domingo, Dominican Republic. (Photo: EFE/Orlando Barría)

LEONEL FERNÁNDEZ: EXPERIENCE AND STABILITY

Former President Leonel Fernández presents himself as the candidate with the most experience, offering stability. His victory could herald a return to the policies of his previous administration, which focused on economic stability and investment in education. However, he may also face criticism for his handling of corruption and the lack of political reforms.

Among his proposals are: strengthening the rule of law by establishing efficient and timely mechanisms for transparency and accountability; fostering transparency through the implementation of clear indicators and rigorous methods; promoting the professionalization of the public service; implementing interactive digital platforms; encouraging citizen participation through public consultations; fostering collaboration with non-governmental organizations; prioritizing economic growth to generate more and higher-quality jobs; ensuring a more equitable distribution of wealth; improving food distribution chains; and lowering prices.

ABEL MARTÍNEZ: THE FRESH FACE

Abel Martínez embodies the new face and fresh ideas. His victory could usher in a renewed focus on local governance and citizen engagement. However, he may also encounter challenges in terms of experience and capability to handle the national economy.

The former mayor of Santiago proposes: bolstering police response in sensitive areas through three security rings; installing surveillance cameras to strengthen the 9-1-1 System; illuminating 50% of streets with 100 thousand LED bulbs in a first stage; securing the border with a real-time surveillance system; constructing the first maximum-security prison; implementing the «Seed Capital» plan, offering incentives of up to 300 thousand pesos to high school graduates to use for their university studies; building 15 higher education institutes; launching the «Zero Debt» program to erase Dominicans’ debts with banking institutions; and establishing childcare centers, along with more centers for the National Council for Childhood and Adolescence (Conani).

On May 19th, Dominicans will head to the polls to choose the next president of the country, as well as to elect deputies and senators. These elections mark the second round of voting this year, following the municipal elections held in February, where the ruling party won the majority of mayoralties. As the election date approaches, voters face the crucial task of reflecting on the direction they desire for the future of their nation.

Elecciones presidenciales en República Dominicana: cita histórica con las urnas

La victoria de Leonel Fernández podría traer un retorno a las políticas de su administración anterior, que se centraron en la estabilidad económica. (Foto: EFE/Wascar García)

SANTO DOMINGO, RD – Los dominicanos se encuentran en medio de una contienda electoral que podría cambiar el futuro del país. Los tres candidatos principales –de los nueve que estarán en las boletas– representan diferentes visiones: cada una de las propuestas podría tener un impacto significativo en la nación caribeña.

Luis Abinader, quien busca la reelección, lidera las encuestas con un 64,8 % de intención de voto. El actual presidente –candidato por el Partido Revolucionario Moderno (PRM)– ha reiterado su llamado a votar y ha expresado su confianza en los resultados. Le siguen en los sondeos, pero con una distancia considerable, el expresidente Leonel Fernández, candidato por el partido Fuerza del Pueblo, y, en un lejano tercer lugar, Abel Martínez, exalcalde de Santiago (segunda ciudad en importancia), quien tiene la vista puesta en que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) retorne al poder.

Las encuestas dan por vencedor a Abinader, quien se encuentra en una posición sólida para ganar un segundo mandato. Sin embargo, si ningún candidato recibe más del 50 % de los votos, se irá a una segunda vuelta entre los dos primeros el 30 de junio.

RETOS DE ENVERGADURA

La contienda electoral ha estado marcada por varios temas cruciales para la sociedad dominicana, entre ellos el desafío migratorio planteado por la crisis en Haití, que ha generado un importante flujo de migrantes hacia República Dominicana. Este fenómeno ha sido un tema recurrente en la campaña, abordado por cada candidato desde su propia perspectiva.

Luis Abinader ha abogado por una política de fronteras seguras y ordenadas, y ha enfatizado la necesidad de cooperación regional para hacer frente a la crisis en Haití. Leonel Fernández ha propuesto una política de integración y solidaridad, y ha llegado a argumentar que República Dominicana tiene una responsabilidad moral y humanitaria hacia los migrantes haitianos.

Por su parte, Abel Martínez ha centrado su propuesta en el fortalecimiento de las instituciones dominicanas para gestionar de manera efectiva el flujo migratorio, a través de medidas como la mejora de los servicios de atención a los migrantes y la implementación de políticas de integración. Según datos gubernamentales, la cantidad de haitianos que vive en el territorio nacional ronda el medio millón.

Además, a pesar de ser una economía líder en la región, la sociedad dominicana enfrenta profundas desigualdades. Según el Banco Mundial, se espera un crecimiento del 5,1 % de la economía local para 2024, impulsado por los efectos rezagados de la flexibilización de la política monetaria y el aumento de la inversión pública.

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Personas recorren las calles en una caravana de campaña electoral este 12 de mayo, en Santo Domingo (República Dominicana). (Foto: EFE/Orlando Barría)

UN DEBATE HISTÓRICO

Una novedad de estas elecciones es que se llevó a cabo por primera vez un debate entre los principales candidatos presidenciales el 24 de abril. Abinader, participó en este debate y marcó un hito al convertirse en el primer mandatario en hacerlo. Por otro lado, el candidato opositor, Leonel Fernández, describió el evento como un “debate entre la democracia y la dinerocracia”.

Uno de los temas más candentes durante este encuentro fue la seguridad ciudadana. En este contexto, Abel Martínez cuestionó a Luis Abinader sobre la implementación del “Plan Giuliani”. Abinader afirmó que sus políticas han logrado “disminuir la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes”. Sin embargo, Leonel Fernández refutó esta afirmación, argumentando que las cifras presentadas respondían a una “manipulación estadística”.

Otro tema relevante de discusión fue la reforma fiscal. Durante el debate, los candidatos discutieron si se debería reducir primero el gasto gubernamental antes de implementar la reforma. Asuntos como este probablemente influirán en las decisiones de los votantes en las próximas elecciones generales.

El debate televisado no solo funcionó como un espacio para exponer ideas, sino también como un reflejo de la atmósfera política previa a las elecciones. A pesar de las divergencias y los intentos de desacreditación entre los candidatos, se vislumbró un punto en común: la necesidad de abordar el problema de la deportación de indocumentados, lo que revela un consenso poco visto en la política dominicana.

LUIS ABINADER: ENFOQUE EN LA ECONOMÍA

Parte de la campaña de Luis Abinader se ha centrado en la economía. Su victoria podría significar la continuación de las políticas económicas actuales, que han tenido un enfoque en la inversión en infraestructura y la creación de empleo. Sin embargo, también podría enfrentar desafíos en términos de equidad social y desarrollo sostenible.

Entre los temas de sus propuestas sobresalen: eliminar unas nueve entidades públicas para garantizar la eficiencia en el uso de los recursos estatales; crear nuevos ministerios para atender a las nuevas demandas de la sociedad; generar más energía eléctrica; mantener la estabilidad macroeconómica para los sectores industriales; crear más de 600.000 empleos; empoderar a la mujer dominicana; revertir la informalidad en el sector laboral; y crear una agencia para reducir el gasto de transporte público y el tráfico en las ciudades.

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El presidente y candidato a la reelección Luis Abinader habla en un evento de su campaña electoral, este sábado, en Santo Domingo (República Dominicana). (Foto: EFE/Orlando Barría)

LEONEL FERNÁNDEZ: EXPERIENCIA Y ESTABILIDAD

El expresidente Leonel Fernández se presenta como el candidato de mayor experiencia que ofrece estabilidad. Su victoria podría traer un retorno a las políticas de su administración anterior, que se centraron en la estabilidad económica y la inversión en educación. Sin embargo, también podría enfrentar críticas por su manejo de la corrupción y la falta de reformas políticas.

Entre sus propuestas figuran: fortalecer el Estado de derecho con la creación de mecanismos eficientes y oportunos de transparencia y rendición de cuentas; fomentar la transparencia mediante la implementación de indicadores claros y métodos rigurosos; promover la profesionalización del servicio público; implementar plataformas digitales interactivas; promover la participación ciudadana a través de consultas públicas; estimular la colaboración con las organizaciones no gubernamentales; priorizar que la economía crezca para generar más empleo y de mayor calidad; lograr que la riqueza se distribuya de forma más equitativa; mejorar las cadenas de distribución de alimentos; y bajar los precios.

ABEL MARTÍNEZ: EL ROSTRO NUEVO

Abel Martínez representa el nuevo rostro y las nuevas ideas. Su victoria podría traer un enfoque renovado en la gobernanza local y la participación ciudadana. No obstante, también podría enfrentar desafíos en términos de experiencia y capacidad para manejar la economía a escala nacional.

El exalcalde de Santiago propone: reforzar la respuesta policial en los puntos más sensibles a través de tres anillos de seguridad; colocar cámaras de vigilancia para fortalecer el Sistema 9-1-1; iluminar el 50 % de las calles con 100 mil bombillas LED en una primera etapa; resguardar la frontera con un sistema de vigilancia con datos en tiempo real; construir la primera prisión de máxima seguridad; implementar el plan “Capital semilla”, que prevé incentivos de hasta 300 mil pesos a los bachilleres para que los utilicen en sus estudios universitarios; construir 15 institutos de educación superior; implementar el programa “Deuda cero” para eliminar las deudas de los dominicanos con las instituciones bancarias; y construir estancias infantiles, más centros del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

El 19 de mayo, los dominicanos se dirigirán a las urnas para decidir quién será el próximo presidente del país, así como para elegir a los diputados y senadores. Estas elecciones representan la segunda ronda de votaciones en el año, luego de los comicios municipales celebrados en febrero, donde el oficialismo ganó la mayoría de las alcaldías. Conforme se acerca la fecha de las elecciones, los votantes enfrentan la importante tarea de reflexionar sobre qué dirección desean para el futuro de su nación.

República Dominicana pone en ejercicio su democracia este 19 de mayo

República Dominicana llama a sus ciudadanos al ejercicio de la democracia saliendo a votar este domingo 19. En la boleta electoral están los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia, al Senado y a la Cámara de Diputados. Con los límites y defectos que pueda tener, la democracia dominicana ha dado señales de estabilidad, madurez y resiliencia desde que salió de su última dictadura, en 1961, cuando culminó el largo invierno de tiranía, bajo la mano férrea del dictador Trujillo.

Este domingo los dominicanos deberán elegir al próximo presidente de la República entre tres candidatos: el actual mandatario Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM); el tres veces expresidente Leonel Fernández, del partido Fuerza del Pueblo, y Abel Martínez, por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), actual alcalde de la segunda ciudad más grande de Quisqueya, Santiago de los Caballeros.

Las encuestas parecen favorecer al incumbente, Abinader, quien mantiene uno de los niveles más altos de favorabilidad (que ha llegado al 70 %) entre los mandatarios de la región. Se presume que esto se deba, principalmente, al buen desempeño de la economía del país desde su llegada al cargo; al buen manejo que le dio a la crisis del COVID-19 y a la recuperación pospandemia, y a que su gobierno, según él mismo afirma, se ha visto libre de escándalos de corrupción. El presidente-candidato ha hecho de la lucha anticorrupción una de sus banderas de campaña y de gobierno.

Sin embargo, hay preocupaciones que sus contrincantes han usado para atraer votos. De acuerdo con las más recientes encuestas de la firma Gallup, los temas que más preocupan a los dominicanos son el control del crimen y la inseguridad (63.6 %), la inflación y el alto costo de la vida (61.9 %) y el desempleo y la falta de trabajo (19.6 %).

Por otro lado, muchos de los dominicanos que han emigrado siguen atentos el quehacer político de su país. Entre el electorado dominicano en el exterior se encuentren 870.000 empadronados de la diáspora, que, según datos de la Junta Central Electoral (JCE), se hallan distribuidos en 34 países.

De estos, el mayor número corresponde a la diáspora radicada en Estados Unidos, que presenta 617.000 empadronados, lo que significa el 11 % de los votantes del país. De este grupo, a su vez, 48.540 se reportan en el estado de Pensilvania. Según datos del Pew Center, los dominicanos residentes en Estados Unidos pasaron de ser 800.000 en el año 2000 a 2.4 millones en 2021, para convertirse en el cuarto grupo más grande de hispanos del país, cifra que iguala a los cubanos.

Ese estudio también muestra que los dominicanos representaron cerca del 7 % de los inmigrantes totales a Filadelfia durante este período, y constata cómo ellos, junto a otros grupos de inmigrantes, han impactado en el renacimiento demográfico de la ciudad y han sido cruciales en el crecimiento de la fuerza laboral responsable del actual resurgir económico.

Los dominicanos en esta área geográfica también se han destacado por su gran nivel de involucramiento cívico y su participación en las causas por el mejoramiento de la vida de los barrios hispanos, en especial, y de las zonas inmigrantes en general. Sin embargo, también hay muchos dominicanos en la ciudad que viven por debajo de la línea de pobreza y que necesitan con urgencia el apoyo de las instituciones del gobierno que tutelan el bienestar de la población, y de las organizaciones que trabajan para la mejoría y el rápido acoplamiento de los inmigrantes a la población activa de la ciudad.

Mientras el pueblo dominicano se prepara para la mayor muestra de civismo y madurez de una democracia, que es el cumplimiento de la responsabilidad y el deber de salir a depositar el voto, en estas páginas de Impacto cubrimos algunos de los aspectos y de las opiniones del sentir dominicano ante esta fiesta democrática.

También seguiremos poniendo bajo luz el trabajo dedicado, laborioso, y a veces silencioso, de los miles de quisqueyanos que son parte de la fuerza productiva de Filadelfia y que enriquecen la comunidad hispana local con sus grandes aportes al comercio, la economía, la ciencia, la medicina, la música, las artes, el deporte y la cultura.