Escuelas en todo Estados Unidos evalúan sus pasos a seguir en caso de que agentes de inmigración se presenten en sus instalaciones, mientras el presidente electo Donald Trump se prepara para asumir el cargo después de haber hecho campaña con la promesa de deportar a millones de personas.
En varias de las principales ciudades del país, los sistemas escolares están defendiendo los derechos de los estudiantes inmigrantes de asistir a la escuela, independientemente de si están legalmente en el país, y aseguran que no colaborarán con los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
En California, las autoridades ofrecieron esta semana orientación a las escuelas sobre la ley estatal que limita la participación local en la aplicación de medidas migratorias.
“Sé que existe mucho miedo y ansiedad en torno a los cambios en las políticas de inmigración del gobierno entrante”, dijo el secretario de Justicia de California, Rob Bonta, “y quiero asegurarme de que los estudiantes, sus padres, y sus maestros y administradores escolares estén preparados”.
La guía de California describe a lo largo de 54 páginas las protecciones estatales y federales para los estudiantes y los procedimientos para responder a las solicitudes de las fuerzas del orden que van desde documentos hasta entrevistas con los estudiantes.
En muchas de las comunidades se debatió sobre si las escuelas deben cooperar, y hasta que punto, con las autoridades migratorias durante el primer mandato de Trump, cuando los sistemas escolares , incluido el de Chicago, asumieron posturas contra las medidas migratorias.
Durante muchos años, los agentes del ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus iniciales en inglés) se han apegado a los lineamientos en los que se disuade de arrestar a padres o estudiantes dentro de instalaciones escolares y otros lugares en donde se proporciona acceso a cuestiones como atención médica, alimentación y albergue. Pero la reelección de Trump y sus discursos de campaña en torno a las políticas de inmigración han desatado debates sobre si permanecerán estas medidas.
“Aunque la política de área protegida sigue vigente… se puede modificar, reemplazar o anular en cualquier momento con poca anticipación”, se señala en la guía de California. “Debido a esto, y porque existen excepciones a esta medida, las agencias educativas locales deberían tener planes en caso de que un agente policial solicite información o acceso a una instalación escolar o a un estudiante por motivos migratorios”.
Un portavoz del equipo de transición de Trump no respondió de inmediato a un correo electrónico en busca de comentarios.
Se calcula que 733.000 niños en edad escolar se encuentran en Estados Unidos sin autorización, según el Instituto de Política Migratoria.
Los educadores están actuando al menos en parte para abordar las preocupaciones de las familias inmigrantes y asegurarles que sus hijos son bienvenidos y están a salvo dentro de la escuela.
“Entendemos ese miedo e incertidumbre, especialmente en lo que concierne a la posible deportación de familiares, que puede afectar significativamente el bienestar de nuestros estudiantes, su asistencia y su capacidad de aprendizaje”, dijo el mes pasado el sistema de escuelas públicas de Des Moines, Iowa, donde uno de cada cuatro estudiantes está aprendiendo inglés. El distrito ratificó una resolución de 2017 que limita las interacciones de los agentes del ICE.
La Junta de Educación de Escuelas Públicas de Chicago aprobó en noviembre una resolución en la que se establece que las escuelas no colaborarán con el ICE en materia de inmigración. A los agentes no se les permitirá acceso a las escuelas sin una orden, estableció el organismo. Y el mes pasado, el distrito le recordó a la junta de directores de la ciudad de Nueva York sobre diversas políticas, entre las que se incluye una contra la recolección de información sobre el estatus migratorio de un estudiante.
Chris Young, director de una escuela secundaria de Vermont, dijo que su distrito, entre cuyos estudiantes se incluye a hijos de trabajadores migrantes y agrícolas, cuenta con una añeja política que requiere que las autoridades policiales externas presenten una orden si quieren tener acceso a los estudiantes.
“Claramente, los estudiantes que están preocupados por que sus padres sean deportados o que ellos mismos sean deportados, creo que se encuentran entre nuestras prioridades, dijo Young, director de la escuela secundaria Union del condado North y presidente electo de la Asociación de Directores de Vermont.
“Nos gustaría que pensaran que, obviamente, la escuela es un lugar seguro y que estamos haciendo todo lo posible para reforzar nuestras políticas sobre quién puede y no puede estar en las instalaciones”, subrayó. “Y queremos asegurarnos de que mantenemos las necesidades de los niños en primer plano”.
