La “Operación de Deportación Masiva” ya comenzó. Los oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron a miles de personas, según reportan, en su mayoría con cargos criminales (asesinatos, delitos sexuales…).

Actuaron en muchas ciudades de todo el país –incluida Filadelfia– donde arrestaron a siete personas provocando la protesta de la concejal Quetcy Lozada, la senadora estatal Christine Tartaglione y el representante estatal José Giral, al no haber recibido aviso previo en sus oficinas. Calificaron la redada como “injustificada” y provocadora de “perturbaciones innecesarias de nuestra comunidad”.

Filadelfia es una ciudad santuario y para actuaciones en estas áreas especiales, los fiscales federales recibieron hace unos días un memorando recordándoles que las políticas santuario a menudo violan la ley federal y que deben estar alerta ante posibles situaciones de obstrucción en su aplicación.

Si bien existe consenso entre relativamente varios miembros de ambos partidos sobre deportación de inmigrantes condenados por delitos violentos, no así respecto al uso de tácticas de arresto en “lugares seguros” (hospitales, escuelas o iglesias), ni a la cooperación de las autoridades locales con las federales de inmigración conforme encuesta de The Associated Press (AP)-NORC Center for Public Affairs.

La tensa calma de inmigrantes que “nada deben y por tanto nada temen” se transformó en miedo tras declaraciones del “zar de la frontera” Homan, que dio a conocer que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había anulado la directriz federal que prohibía a ICE llevar a cabo acciones en lugares “seguros”, la llegada de las primeras detenciones y la difusión viral en redes, de vídeos de detenciones sin previa verificación, y de muchos rumores.

Con el fin de tranquilizar a las familias inmigrantes, algunas autoridades del área triestatal están dando respuestas a las directivas del nuevo gobierno.

En Delaware, además de las mencionadas en artículo anterior, la fiscal general de Delaware, Kathy Jennings declaró en la presentación de la guía “Conozca sus derechos” que no toleraría los delitos de violencia en Delaware “pero tampoco me dejaré intimidar ni me asignarán como agente para realizar redadas de terror… (mi) objetivo sigue siendo abordar los delitos violentos, la violencia de pandillas y el tráfico de armas… no se equivoquen, las personas que cometan delitos y pongan en peligro a nuestra comunidad serán arrestadas y deportadas, punto. Pero no promueve la seguridad pública el aterrorizar a las familias…”.

La municipalidad de Norristown señaló en días pasados que no cooperará con ICE sin una orden judicial, a tal efecto emitió un memorando a finales de enero por el que los departamentos municipales “no compartirán información sobre el estatus migratorio de una persona a menos que la ley lo requiera o sea necesario para una investigación criminal específica”.

Estudiantes y padres han expresado a lo largo y ancho de los tres estados colindantes, ansiedad por posibles redadas de ICE, tal como sucedió en el norte de la ciudad de Filadelfia, pero ante un posible absentismo escolar de estudiantes inmigrantes, los distritos escolares también están movilizándose.

Al igual que el Distrito Escolar de Filadelfia, los distritos de Delaware están de acuerdo en que los estudiantes y su personal deben estar protegidos. Mientras unos son partidarios de anunciar su política de compromiso, otros ya han enviado cartas privadas a las familias para transmitirles la política interna de la escuela para proteger a los estudiantes (es el caso de Las Américas Aspira Academy) y unos terceros como Christina SD, están trabajando con abogados para redactar una resolución.

En Pensilvania, algunos distritos escolares como el de Wilkinsburg aprobaron resoluciones el pasado diciembre por las que cualquier solicitud de información realizada por ICE al Distrito debe ser procesada tanto por la Oficina del superintendente como por el «abogado del Distrito” prohibiéndose a las escuelas proporcionar a ICE acceso a los estudiantes en las instalaciones escolares sin antes contactar a las dos partes y procesar las solicitudes.

El Departamento de Educación de New Jersey (NJDOE) está ordenando a las escuelas públicas que hagan todo lo posible para mantener seguros a los estudiantes inmigrantes y al mismo tiempo cumplir con la ley federal. Para ello han preparado una  guía orientativa y han agregado una nueva página en su web reiterando que “mantiene un compromiso inquebrantable de garantizar que todos los estudiantes, independientemente de su estatus migratorio… puedan asistir a la escuela pública de manera segura” e incluyendo cómo debe actuar el personal de la escuela en caso de que se presenten agentes de inmigración.

En cuanto a las policías locales el jefe de la policía local de Georgetown, DE, Chief Ralph W. Holm Jr. abordó los rumores infundados sobre actividad en la ciudad de ICE y de agencias locales en la página de Facebook de Georgetown Police Department donde colocó una carta que decía que “… la policía de Georgetown no tiene conocimiento de ninguna agencia, incluida ICE … que esté operando dentro de los límites corporativos de la ciudad … Ha habido informes de que ICE/ERO* está operando dentro de la región, pero no específicamente en Georgetown. No hemos recibido ninguna llamada de residentes de Georgetown que informen que ICE haya detenido a alguien…”.

En New Jersey, la Immigrant Trust Directive (Directiva para Fortalecer la Confianza del Inmigrante) de 2018 impide que los agentes de policía del estado colaboren en la aplicación de leyes federales de inmigración.

Pase lo que pase, voces autorizadas que incluyen entre otros a representantes consulares y autoridades como la concejal de Filadelfia Quetcy Lozada instan a los inmigrantes “a tener un plan ya”.

*  ERO es Enforcement and Removal Operations es también ICE