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11,000 Meals from Chobani Donated to Esperanza and Others for Distribution

Esperanza
(Photo: RDNE Stock project/Illustrative/Pexels)

As food prices continue to rise and we’re all feeling the pinch in the grocery stores, Esperanza and other organizations in Philadelphia are taking notice and working to respond to the community’s needs.

Last month, Chobani, La Colombe and other companies participated in an annual sales conference in downtown Philadelphia. While at the conference, on August 20th, conference attendees packed almost 75,000 meals, including a Spanish Rice variety. These meals were a good choice for families looking for something quick and easy, where you can add proteins and sides for a complete and balanced meal.

In early August, Chobani reached out to Esperanza to see if 11,000 of those meals could be donated to us for distribution in Hunting Park, as well as other partners. Esperanza was quick to respond and coordinate the pick-up and distribution of the meals, to benefit our students and their families at Esperanza’s schools and residents in the neighborhood.

Esperanza wanted to share this opportunity with other partners. They reached out to Small Things, a food distribution hub in Roxborough born out of Liberti Church East that is committed to fighting poverty by improving food security. Small Things was ready to pick up and distribute the extra meals. Barbara Delp, Director of Operations at of Small Things, remarked that, “The meals were really well received, they were easy to eat and most importantly nutritious. Multiple partners, especially our free grocery store that we run in Fairhill, benefited from the donated meals.” Small Things has been operating since 2010 and distributes about 50,000 meals a week across Philadelphia, with 50+ partner organizations collaborating as distribution sites.

The meals were picked up on August 21st and divided between Esperanza, Small Things, and the Salvation Army. Most of Esperanza’s meals went to Esperanza Academy, who distributed them to families as part of their back-to-school activities.

As part of Esperanza’s COVID-19 pandemic emergency response in 2020, our Housing and Economic Development team partnered with Small Things to distribute food on a monthly basis in Hunting Park, at the 5th Street Community Garden. Dominic Moret, who helps to coordinate this event, told me that “We find that households with 2+ generations really benefit from the distributions. They are able to supplement their regular grocery lists with what we hand out.”

Esperanza, Small Things and others involved are grateful to Chobani for their donation and continue to engage around issues of food security and poverty.

Policía niega que pandilla venezolana se haya apoderado de unidad habitacional en ruinas en Denver

Policía
Un manifestante sostiene una pancarta durante una protesta organizada por el Colectivo Comunitario de East Colfax para abordar los problemas crónicos en los edificios de apartamentos ocupados por personas desplazadas de sus países de origen en Centro y Sudamérica, el martes 3 de septiembre de 2024, en Aurora, Colorado. (Foto: AP/David Zalubowski).

La policía de Aurora, un suburbio de Denver, asegura que una pandilla venezolana con una pequeña presencia en la localidad no se ha apoderado de una unidad habitacional en mal estado. Sin embargo, la acusación sigue ganando fuerza entre conservadores y el expresidente Donald Trump declaró el miércoles en una audiencia pública transmitida en Fox News que los venezolanos se estaban “apoderando de toda la ciudad”.

La acusación infundada cobró fuerza después de que el mes pasado se difundió un video en el que un residente mostraba a hombres armados tocando en la puerta de un apartamento, intensificando los temores de que la pandilla del Tren de Aragua controlaba la unidad habitacional de seis edificios.

Sin embargo, funcionarios de la ciudad indican que los edificios, junto con otras dos unidades habitacionales, se encontraban en mal estado debido a la negligencia de la empresa administradora, CBZ Management.

Aurora es una ciudad con gran diversidad que lleva mucho tiempo luchando contra la delincuencia y las pandillas, y la policía dijo que hasta el momento había vinculado a 10 personas con el Tren de Aragua y había detenido a seis de ellas, incluidos los sospechosos de un intento de homicidio en julio.

Pero en una visita a los apartamentos donde se grabó a los hombres armados, la jefa interina de la policía de Aurora Heather Morris negó que las pandillas hubieran tomado el control y estuvieran cobrando el alquiler. Las declaraciones se produjeron después de que el alcalde de Aurora, Mike Coffman, dijo que “elementos criminales” se habían apoderado de algunos edificios no especificados y extorsionaban a los residentes.

El agente de policía de Aurora, Matthew Longshore, reiteró el jueves en un correo electrónico a The Associated Press que la policía ha constatado que los residentes no están pagando el alquiler a las pandillas, pero descubrieron que la administración ya no envía a representantes a la unidad habitacional.

La ciudad de Aurora ya ha emprendido acciones legales contra Zev Baumgarten, de CBZ, por haber “descuidado las propiedades durante años y numerosas violaciones de los códigos”, luego de que otro edificio gestionado por la empresa en Aurora fue clausurado después de haber sido declarado inhabitable. Sus residentes fueron desalojados a mediados de agosto. Los juicios contra Baumgarten, previstos para agosto y septiembre, han sido aplazados al menos seis meses.

CBZ no respondió de inmediato una llamada telefónica en busca de comentarios, y los números de teléfono de las dos unidades habitacionales gestionadas por CBZ en Aurora estaban desconectados.

Después de que los residentes realizaron una conferencia de prensa para desmentir los rumores relacionados con las pandillas, Coffman, un exlegislador republicano, admitió que no estaba “seguro de cuál era la verdad en todo esto”. En una entrevista concedida esta semana al canal de televisión Denver7, Coffman dijo que la afirmación de que toda Aurora era insegura no era cierta y perjudicaba a la economía local de una ciudad en rápido crecimiento con más de 400.000 habitantes.

Coffman no estuvo disponible el jueves para hablar del tema.

Trump ha tratado de sacar provecho de las inquietudes en materia de inmigración en momentos en que busca la reelección el próximo mes de noviembre. Durante la audiencia del miércoles repitió su llamado a ordenar deportaciones masivas después de exagerar sobre la presencia de pandillas en Aurora.

“Miren lo que está pasando en Aurora, en Colorado, donde los venezolanos se están apoderando de toda la ciudad, se están apoderando de los edificios, de toda la ciudad”, dijo Trump. “Lo vieron el otro día, están tirando puertas y ocupando los apartamentos de la gente”.

Entre los casi un millón de inmigrantes venezolanos que ingresaron a Estados Unidos en los últimos años había supuestos integrantes de pandillas vinculados a tiroteos con la policía, tráfico de personas y otros delitos, aunque no hay pruebas de que la pandilla haya establecido una estructura organizativa en Estados Unidos, declaró hace unas semanas a la AP Jeremy McDermott, codirector de InSight Crime, con sede en Colombia, quien publicó un informe reciente sobre la expansión del Tren de Aragua.

Publicaciones en redes sociales de un video en el que supuestamente se muestra a inmigrantes apoderándose de un autobús escolar en San Diego, y de una llamada al número de emergencias 911 para informar que inmigrantes venezolanos se habían apoderado de un edificio residencial en Chicago también han llamado la atención últimamente. Ambos casos resultaron ser infundados.

Muchos de los inmigrantes venezolanos y de otros países latinoamericanos que viven en la unidad habitacional de Aurora aseguran que allí no hay pandillas y que se les tacha injustamente como delincuentes.

Culpan a CBZ Management, con sede en Nueva York, por negarse a eliminar las plagas de chinches y roedores y a reparar las constantes fugas de agua en los edificios, a pesar de que el alquiler mensual cuesta 1.200 dólares o más. Los residentes temen que puedan ser desalojados, pero las autoridades dijeron el miércoles que no había planes inmediatos para llevar a cabo un desalojo.

“El único delincuente aquí es el propietario del edificio”, dijo el martes Moisés Didenot, de origen venezolano, a través de un traductor, en una rueda de prensa realizada en un polvoriento patio de la unidad habitacional.

Didenot mostró a los periodistas algunos de los ratones que había atrapado recientemente en trampas adhesivas que colocó en el apartamento del sótano donde vive con su esposa y su hija de 11 años. Sólo dos de las hornillas de su estufa funcionan, al ventilador del techo le falta un aspa y no terminan de limpiar la tina cuando ya se encuentra nuevamente llena de moho.

Las autoridades locales afirmaron en una publicación en redes sociales el 30 de agosto que se tomaban en serio la presencia de la pandilla venezolana e indicaron que se esperaban más detenciones. También dijeron que iban a “seguir abordando los problemas que los propietarios de estos inmuebles han permitido que se multipliquen sin control».

El video que contribuyó a alimentar la acusación infundada mostraba a hombres armados, uno de ellos con un arma larga, subiendo por las escaleras y tocando en la puerta de un apartamento. Los antiguos residentes que lo grabaron dijeron al canal de televisión KDVR-TV que lo grabaron antes de un tiroteo en la unidad habitacional el 18 de agosto en el que un hombre de 25 años fue baleado y posteriormente murió.

Una vocera de la policía de Aurora, Sydney Edwards, dijo que la policía tiene el video y que ha incautado evidencia mostrada en las imágenes. Añadió que no podía hacer más comentarios de una investigación en curso.

La policía de Aurora también ha anunciado la creación de un grupo de trabajo conjunto con agencias policiales a nivel local, estatal y federal para abordar específicamente las preocupaciones relacionadas con el Tren de Aragua y otras actividades delictivas que afectan a las comunidades de inmigrantes.

Arrestan al padre del sospechoso del tiroteo en una escuela de Georgia

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Varias personas se reúnen en el asta bandera ubicada frente a la entrada de la escuela secundaria Apalachee, el jueves 5 de septiembre de 2024, en Winder, Georgia, un día después de un tiroteo en la institución. (Foto: AP/Sharon Johnson)

El padre del adolescente acusado de abrir fuego en una escuela secundaria de Georgia, matando a cuatro personas e hiriendo a nueve, fue arrestado bajo varios cargos, incluido homicidio en segundo grado, informaron el jueves las autoridades.

Colin Gray, de 54 años y padre de Colt Gray, ha sido acusado de cuatro cargos de homicidio involuntario, dos cargos de homicidio en segundo grado y ocho cargos de crueldad hacia niños, informó la Oficina de Investigaciones de Georgia (GBI, por sus siglas en inglés) en una publicación en redes sociales.

“Estos cargos se derivan de que el señor Gray le permitió a sabiendas a su hijo, Colt, poseer un arma”, dijo el director de la GBI, Chris Hosey, en una conferencia de prensa vespertina.

«Sus cargos están relacionados directamente con las acciones de su hijo, y el permitirle poseer un arma”.

En Georgia, un cargo de homicidio en segundo grado significa que la persona ha causado la muerte de otra al tiempo que cometió crueldad en segundo grado con niños, independientemente de la intención. Se castiga con penas de 10 a 30 años de cárcel, mientras que el homicidio doloso y el asesinato criminal conllevan una pena mínima de cadena perpetua.

Las autoridades han acusado a Colt Gray, de 14 años, como un adulto con un cargo de homicidio por los disparos del miércoles en la escuela secundaria Apalachee, ubicada en las afueras de Atlanta. Órdenes de arresto obtenidas por The Associated Press lo acusan de utilizar un fusil semiautomático de asalto en el atentado, que resultó en la muerte de dos estudiantes y dos profesores y causó heridas a nueve personas más.

El adolescente negó haber amenazado con llevar a cabo un tiroteo en la escuela cuando las autoridades lo entrevistaron el año pasado con respecto a un mensaje amenazador en redes sociales, según un informe del departamento policial obtenido el jueves.

La evidencia contradictoria sobre el origen de la publicación les impidió a los investigadores detener a alguien, según el informe. La jefa policial del condado Jackson, Janis Mangum, dijo que revisó el informe de mayo de 2023 y no encontró nada que hubiera justificado presentar cargos en ese momento.

“No cometimos un error en esto en lo absoluto”, le dijo Mangum a la AP en una entrevista.

“Hicimos todo lo que podíamos hacer con lo que teníamos en ese momento”.

Cuando un investigador del departamento policial del vecino condado Jackson entrevistó a Gray el año pasado, su padre dijo que el chico había resultado afectado por la separación de sus padres y que frecuentemente era molestado en la escuela. El adolescente disparaba armas con frecuencia y cazaba con su padre, que le tomó una fotografía con la sangre de un ciervo en las mejillas.

“Conoce la gravedad de las armas y lo que pueden hacer, y cómo usarlas y cómo no usarlas”, dijo Colin Gray, de acuerdo con una transcripción obtenida del departamento policial.

El adolescente fue entrevistado luego de que el departamento policial recibió una pista del FBI acerca de que Colt Gray, en ese entonces de 13 años, “había posiblemente amenazado con perpetrar un tiroteo en una escuela secundaria”. La amenaza fue realizada en Discord, una plataforma de redes sociales popular entre jugadores de videojuegos, de acuerdo con el reporte del departamento policial.

Una serie documental mexicana cuenta el caso Ayotzinapa «desde la mirada de los 10 años»

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Fotografía sin fecha específica de toma cortesía de la plataforma HBO, donde se observa un fotograma de la serie documental, 'Los 43 de Ayotzinapa: un crimen de Estado'. EFE/HBO

Ciudad de México.- La serie documental de HBO ‘Los 43 de Ayotzinapa: un crimen de Estado’, que se estrenó este jueves, «abarca los 10 años del caso» con distintos archivos y testimonios exclusivos de funcionarios clave, como Tomás Zerón, exjefe de la extinta Agencia de Investigación Criminal (AIC), dicen a EFE el productor ejecutivo, Esteban Vidal, y el director, José Ortiz.

Vidal, productor ejecutivo y gerente de supervisión de producción en Warner Bros. Discovery, señaló en una entrevista que «uno de los grandes factores que determinaron que este proyecto se pudiese poner en marcha (fue) que es necesario retomar los hechos desde este último Gobierno» de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

«Como nosotros creemos que tiene que enfrentarse este tipo de proyectos, es desde la investigación más profunda, exhaustiva», afirmó.

Por ello, Vidal indicó que uno de los principales objetivos fue darle voz «a la mayor cantidad de personajes que hayan participado directamente en los hechos», con archivos y entrevistas exclusivas, «para que el espectador pueda sacar sus conclusiones».

El caso está por cumplir 10 años sin resolverse tras ocurrir el 26 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa, en el sureño estado de Guerrero, desaparecieron mientras se dirigían a Ciudad de México para manifestarse por el aniversario de la matanza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968.

«Nuestra intención, más allá de estos últimos 6 años, es hacer una recapitulación de los 10 años(…) abordarlo desde la mirada de los de los 10 años de los sucesos», sintetizó Vidal.

La serie consta de cinco episodios que se estrenarán cada semana, en la plataforma de Max y en HBO, al comenzar con los dos primeros este jueves, hasta el 26 de septiembre, cuando se cumple una década de la desaparición de los estudiantes.

Material ‘inédito’ del caso

Ortiz, director y miembro de la investigación periodística, comentó que la cronología incluye muchos testimonios de «gente de todos los gobiernos que han estado» durante esta década.

Entre ellos, Zerón, quien fue jefe de la AIC de la entonces Procuraduría (ahora Fiscalía) General de la República, exiliado en Israel desde 2020 tras enfrentar cargos relacionados con el caso, incluyendo tortura y desaparición forzada.

Ortiz narró que lo entrevistaron varias veces en Tel Aviv, a lo largo de los dos años que duró el proyecto, ofreciéndole la garantía de «que simplemente que lo que él dijera, sería lo que quedaría ahí plasmado».

El director comentó que ya tenían experiencia previa en ese tipo de entrevistas, por ejemplo, mencionó un proyecto en el que entrevistaron a cuatro expresidentes del Gobierno de España sobre un tema «muy duro» en el país, «la lucha contra la organización terrorista ETA».

«Una de las condiciones que ponemos siempre es que nosotros, con mucho respeto, que tenemos que hacer todas las preguntas, luego ellos son libres de contestar o no contestar, pero tenemos que hacer todas las preguntas por una cuestión, simplemente de respeto hacia la gente que lo va a ver», expuso.

Ortiz aseguró que Zerón respondió a todos los cuestionamientos, pero no adelantó si coincide con el cuestionario que se publicó hace unos días en medios como El Universal, donde el exfuncionario achacó la llamada «verdad histórica» del caso al entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

«Material inédito» de un caso emblemático

La serie documental, que promete «material inédito», contrasta las entrevistas con videos de las indagatorias, como interrogatorios policiales de Zerón, acusado de torturar a detenidos.

La cronología reúne testimonios de estudiantes sobrevivientes, familiares y el abogado de las víctimas, de autoridades estatales y federales, de periodistas y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigaron el caso.

Entre otras entrevistas exclusivas, presenta a Miguel Ángel Osorio Chong, entonces secretario de Gobernación, además de personajes que hablan por primera vez como Yazareth Abarca, hija de José Luis Abarca, exalcalde señalado como autor intelectual del ataque.

Además, la serie de Warner Bros. Discovery, producida por PAR Media, intercala recreaciones desde el lugar de los ataques a los estudiantes, e imágenes tomadas por ellos durante y después de las emboscadas.

Un informe revela un aumento de disparidad salarial entre mujeres y hombres en Puerto Rico

Puerto Rico
diseñadora de ropa en su tienda. (Foto: EFE/ Luis Eduardo Noriega A./Archivo)

San Juan.– El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) de Puerto Rico presentó este jueves el primer Informe de Equidad Salarial que refleja un aumento en la disparidad de salarios que reciben las mujeres trabajadoras en la isla caribeña, en comparación con los hombres que ocupan el mismo cargo.

Según el documento que está al amparo de la Ley Núm. 16-2017, conocida como ‘Ley de Igualdad Salarial de Puerto Rico’, la diferencia salarial entre mujeres y hombres aumentó tras la pandemia de la Covid-19, a pesar de que la participación laboral de ellas incrementó de 33 % a 38 % entre el 2017 y 2023.

El informe precisó que en el año 2019, las mujeres obtenían 92 centavos por cada dólar devengado por hombres, mientras que en el 2023 esta cifra disminuyó a 83 centavos.

Asimismo, entre el 2019 y 2023, la mediana de salarios devengados por ellos aumentó a razón de 15 %, mientras que solo aumentó un 2 % en el caso de las mujeres.

Según el estudio en 2023, el salario promedio por género para todas las industrias fue de 19.456 dólares para las mujeres y de 23.537 dólares para los hombres, una diferencia de 4.081 dólares.

Del mismo modo, la mediana salarial por género en el 2023 fue de 12.716 dólares para las mujeres y 15.577 dólares en el caso de los hombres, una diferencia de 2.861 dólares.

De acuerdo a los datos del DTRH, la diferencia es mayor cuando se obtienen más ingresos porque hay una menor cantidad de mujeres que reciben 40.000 dólares o más al año.

El documento fue presentado por el secretario del DTRH, Gabriel Maldonado, la fundadora y CEO de Women Who Lead, Frances Ríos y Kevin González, principal oficial ejecutivo de la firma Abexus LLC.

«El mandato de ley a favor de la equidad salarial existe desde hace décadas y, aunque reconocemos que muchos patronos sí hacen lo correcto, queda mucho camino por recorrer», zanjó Maldonado.

La Casa Blanca insiste en que Joe Biden no indultará a su hijo en caso de ser condenado

Joe Biden
(Foto: EFE/SHAWN THEW)

La Casa Blanca insistió este jueves en que el presidente estadounidense, Joe Biden, no utilizará su poder para indultar a su hijo Hunter en caso de ser condenado por un caso de presunta evasión fiscal del que este se ha ofrecido a declararse culpable.

«Sigue siendo un rotundo ‘no’ a las preguntas que he recibido sobre si el presidente va a indultar» a Hunter Biden, afirmó la portavoz presidencial, Karine Jean-Pierre, en una rueda de prensa.

El hijo del mandatario estadounidense ofreció este jueves por la mañana ante un tribunal de California presentar una declaración en la que aceptaría un veredicto de culpabilidad, aunque se considera inocente, según informó el canal CNN.

La decisión se tomó poco antes de que comenzara la selección del jurado en el segundo caso que afronta este año Hunter Biden, de 54 años.

Está acusado de no haber pagado aproximadamente 1,4 millones de dólares en impuestos federales durante un periodo de cuatro años, desde 2016 hasta 2019.

De acuerdo con la acusación, «gastó millones de dólares en un estilo de vida extravagante en vez de pagar sus impuestos».

El hijo del presidente enfrenta una imputación de nueve cargos, entre ellos la falta de declaración y pago de impuestos y declaración de impuestos falsa o fraudulenta.

Hunter Biden se declaró no culpable en una primera audiencia del caso celebrada el pasado 11 de enero, y alegó que, aunque tarde, pagó todas sus cuentas pendientes en 2019, una vez recuperado de sus adicciones.

La imputación está liderada por el fiscal especial David Weiss, el mismo que ya presentó una primera imputación al hijo del presidente demócrata a mediados de este año por tres cargos por haber ocultado sus adicciones al adquirir un arma en 2018.

Esta es la segunda vez que se le cita en el banquillo después de que el pasado 2 de junio fuese declarado culpable por un tribunal de en Delaware de los tres cargos que afrontaba por compra y posesión ilegal de un arma.

Por ese caso, que sentó un precedente en la historia de Estados Unidos al ser la primera vez que un hijo de un mandatario en activo era condenado, podría recibir una pena máxima de 25 años de cárcel.

La Fiscalía de EE. UU. podrá presentar nuevas pruebas contra Trump antes de las elecciones

Trump
(Foto: EFE/JIM LO SCALZO/Archivo)

La jueza que está al frente del caso en Washington DC contra Donald Trump por el asalto al Capitolio, Tanya Chutkan, indicó este jueves que permitirá a la Fiscalía dar a conocer nuevas pruebas contra el exmandatario antes de las presidenciales del 5 de noviembre.

La acusación tiene de margen hasta el 26 de septiembre para entregar nuevos documentos, como las transcripciones del gran jurado.

La orden de la magistrada, según señaló la cadena CBS News, abre la vía para que el material sea público antes de los comicios, en los que el magnate neoyorquino se enfrentará a la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris.

La defensa de Trump había intentado posponer la difusión pública de pruebas en este caso hasta después de las elecciones.

El fiscal especial a cargo de la investigación, Jack Smith, apuntó en la audiencia de este jueves que habrá información no incluida en el acta de acusación que presentó en agosto.

La jueza fijó además al 17 de octubre el plazo para que el equipo de Trump responda a los argumentos de Smith y entregue su propia petición para desestimar la acusación, tras lo cual el Gobierno tendrá hasta el 29 de octubre para contestar y la corte podrá determinar si son necesarios nuevos procedimientos.

Chutkan había añadido este jueves que intentar poner una fecha al inicio del proceso era un «ejercicio de inutilidad» debido a las discusiones en torno a la inmunidad del exmandatario.

Trump está acusado de conspirar para anular los resultados de las elecciones de 2020, algo que acabó en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

El 1 de julio el Supremo le concedió una inmunidad parcial al establecer que «un expresidente tiene derecho a inmunidad absoluta frente a un proceso penal por acciones dentro de su autoridad constitucional», pero que «no hay inmunidad para actos no oficiales».

Smith presentó el 27 de agosto una nueva acta de acusación manteniendo los cuatro cargos anteriores en su contra, como el de conspiración para obstruir un procedimiento oficial, pero rebajando las alegaciones para ajustarse a ese dictamen.

La jueza debe decidir qué partes de la acusación deben ser anuladas en virtud de esa sentencia, y antes de comunicar el calendario previsto ya había adelantado que el hecho de que haya elecciones en noviembre no era relevante ni para este juicio en sí ni para la eventual fecha del proceso.

Trump no acudió este jueves a la audiencia, pero tal y como había dicho esta semana, se declaró no culpable a través de sus abogados.

El día del asalto al Capitolio unas 10.000 personas -la mayoría simpatizantes de Trump- marcharon hacia la sede del Congreso y unas 800 irrumpieron en el edificio mientras se estaba certificando la victoria del demócrata Joe Biden. Hubo cinco muertos y cerca de 140 agentes heridos.

Eagles, reacios sobre juego en Brasil mientras se preparan para abrir contra los Packers

Eagles
Hombres trabajan para preparar el Soccer Neo Química Arena en Sao Paulo, el miércoles 4 de septiembre de 2024, mientras Brasil se prepara para albergar su primer partido de la NFL el 6 de septiembre de 2024, entre los Packers de Green Bay y los Eagles de Filadelfia. (Foto: AP/Andre Penner)

Abrir su temporada con un denominado partido en casa, a 7.700 kilómetros (4,800 millas) del Lincoln Financial Field, no parece entusiasmar demasiado a los Eagles de Filadelfia.

Los Eagles se enfrentan a los Packers de Green Bay el viernes por la noche en Sao Paulo, el primer partido de la NFL en Sudamérica.

El cornerback de los Eagles Darius Slay expresó en su podcast que “no quiero ir a Brasil”, aunque luego se disculpó. El wide receiver DeVonta Smith simplemente dijo: “Sin comentarios”, cuando se le preguntó sobre el juego en Brasil.

Mucho se debe a preocupaciones de seguridad. El cornerback de los Packers Eric Stokes dijo que le dijeron que no saliera del hotel mientras estuviera en Brasil. El wide receiver de los Eagles A.J. Brown recibió un mensaje similar.

“Había un montón de ‘Lo que no se debe hacer’”, dijo Brown. “Solo estoy tratando de ir allí y ganar un partido de fútbol y volver a casa. Esa es la mejor manera en que puedo decirlo”.

Pero también está el hecho de que los Eagles perdieron la oportunidad de jugar frente a su multitud de Filadelfia. Las Águilas son el equipo local designado en San Pablo.

Los Packers esperan haber aprendido de su último viaje internacional hace dos años.

Green Bay había ganado tres de sus cuatro partidos esa temporada, y el entrenador Matt LaFleur dejó claro en ese momento que no estaba ansioso por jugar en Londres. Los Packers cayeron ante los Giants de Nueva York en el Tottenham Hotspur Stadium y terminaron perdiendo cinco partidos seguidos.

Así que los Packers están siendo optimistas de que no habrá un efecto de resaca similar de este viaje porque no están cruzando tantas zonas horarias.

“Una vez que se enciendan esas luces, todo lo demás se irá por la ventana”, dijo Stokes.

Estos equipos terminaron la temporada pasada en direcciones opuestas.

Los Packers quieren aprovechar el impulso que establecieron al final de la temporada el año pasado que les permitió llegar a la ronda divisional en los playoffs de la NFC, con el equipo más joven de la liga.

Filadelfia comenzó con marca de 10-1 el año pasado, pero ganó solo una vez más el resto de la temporada y perdió ante Tampa Bay en la ronda de comodines de los playoffs. Este partido ofrece a los Eagles la oportunidad de dejar atrás el colapso.

“No estamos allí para ver la ciudad”, dijo Brown. “Esto no son unas vacaciones. Esto es un juego de fútbol americano. Eso es todo”.

Pennsylvania voters can cast a provisional ballot if their mail ballot is rejected, court says

Pennsylvania
Chester County, Pa., election workers process mail-in and absentee ballots at West Chester University in West Chester, Pa., Nov. 4, 2020. (Photo: AP/Matt Slocum/File)

HARRISBURG, Pa. — A court decided Thursday that voters in the presidential battleground of Pennsylvania can cast provisional ballots in place of mail-in ballots that are rejected for a garden-variety mistake they made when they returned it.

Democrats typically outvote Republicans by mail by about 3-to-1 in Pennsylvania, and the decision by a state Commonwealth Court panel could mean that hundreds or thousands more votes are counted in November’s election, when the state is expected to play an outsized role in picking the next president.

The three-member panel ruled that nothing in state law prevented Republican-controlled Butler County from counting two voters’ provisional ballots in the April 23 primary election, even if state law is ambiguous.

A provisional ballot is typically cast at a polling place on Election Day and is separated from regular ballots in cases when elections workers need more time to determine a voter’s eligibility to vote.

The case stems from a lawsuit filed by two Butler County voters who received an automatic email before the primary election telling them that their mail-in ballots had been rejected because they hadn’t put them in a blank “secrecy” envelope that is supposed to go inside the ballot return envelope.

They attempted to cast provisional ballots in place of the rejected mail-in ballots, but the county rejected those, too.

In the court decision, Judge Matt Wolf ordered Butler County to count the voters’ two provisional ballots.

Contesting the lawsuit was Butler County as well as the state and national Republican parties. Their lawyers had argued that nothing in state law allows a voter to cast a provisional ballot in place of a rejected mail-in ballot.

They have three days to appeal to the state Supreme Court.

The lawsuit is one of a handful being fought in state and federal courts over the practice of Pennsylvania counties throwing out mail-in ballots over mistakes like forgetting to sign or write the date on the ballot’s return envelope or forgetting to put the ballot in a secrecy envelope.

The decision will apply to all 67 counties, lawyers in the case say. It’s not entirely clear how many Pennsylvania counties haven’t let voters replace a rejected mail-in ballot with a provisional ballot, although the plaintiffs’ lawyers listed nine other counties that they say may have had followed such a policy in April’s primary election.

The voters were represented by the American Civil Liberties Union of Pennsylvania and the Public Interest Law Center. The state Democratic Party and Democratic Gov. Josh Shapiro’s administration also took their side in the case.

Approximately 21,800 mail ballots were rejected in 2020’s presidential election, out of about 2.7 million mail ballots cast in Pennsylvania, according to the state elections office.

Funcionarios del gobierno de Puerto Rico exigen respuestas de compañías eléctricas ante apagones

Trabajadores de electricidad realizan reparaciones en la comunidad de Puerta de Tierra tras el paso de la tormenta tropical Ernesto en San Juan, Puerto Rico, el jueves 15 de agosto de 2024. (Foto: AP/Alejandro Granadillo)

SAN JUAN.— Un creciente número de funcionarios del gobierno de Puerto Rico exigió el jueves respuestas de dos compañías eléctricas privadas mientras el territorio estadounidense batalla con persistentes apagones.

Decenas de miles de clientes, incluidas escuelas, viviendas y negocios, se quedaron sin luz esta semana en medio de apagones selectivos que se produjeron a causa de un déficit de generación, mientras varias unidades están fuera de servicio por mantenimiento.

El jueves, los legisladores exigieron que los presidentes de Luma Energy, que supervisa la transmisión y distribución de energía, y de Genera PR, que se encarga de la generación, comparezcan al día siguiente para responder preguntas sobre los continuos apagones que cada empresa atribuye a la otra.

“No hay más excusas, no queremos más explicaciones”, dijo Carlos Méndez, miembro de la Cámara de Representantes de la isla. “El pueblo se merece una respuesta clara y precisa”.

El miércoles, Luma emitió un comunicado en el que señaló que los apagones se debían a una falta de generación eléctrica y a la deficiente infraestructura que Genera PR opera, diciendo que “debería aceptar su responsabilidad”.

Por su parte, Genera PR ha dicho que Luma Energy le pidió que redujera la generación eléctrica, que dañó las unidades que estaban siendo reparadas.

Ambas compañías fueron contratadas luego de que la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico privatizó las operaciones mientras lucha para reestructurar una deuda de más de 9.000 millones de dólares y trata de modernizar una antigua infraestructura que data de mediados del siglo XX y cuyo mantenimiento fue descuidado durante muchos años.

El defensor de los derechos humanos para la isla, Edwin García Feliciano, pidió al gobernador del territorio que se reúna con los funcionarios energéticos para adoptar medidas concretas. En un comunicado el miércoles, García acusó a ambas compañías de mantener a los puertorriqueños como “rehenes”.

“No sienten la urgencia ni premura de resolver el problema”, señaló.

Los apagones se producen semanas después de que la tormenta tropical Ernesto azotó la isla y dejó a más de 730.000 clientes sin electricidad. Los equipos siguen haciendo reparaciones permanentes en el tendido eléctrico de la isla luego de que el huracán María impactó la isla en septiembre de 2017 como una tormenta de categoría 4.