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Arrestan a más de 100 migrantes de México, Colombia y Centroamérica en una obra en Florida

migrantes
Fotografía cedida donde aparecen integrantes de la policía federal durante el arresto de más de 100 inmigrantes indocumentados en un sitio de construcción en Tallahassee, Florida (EE.UU.). EFE/HSI Tampa

Miami (EE. UU.)- Las autoridades de Estados Unidos y Florida arrestaron este jueves a más de 100 migrantes de México, Colombia, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras en una obra de construcción en Tallahassee, la capital del estado, la segunda redada de este tipo en menos de un mes.

Activistas de organizaciones como la Coalición Inmigrante de Florida (FLIC, en inglés) denunciaron la redada en sus redes sociales, en las que se viralizaron videos de los migrantes sorprendidos por los agentes y de una mujer que lloró al ver que se llevaban a su esposo.

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Tampa, parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), expuso en sus redes sociales que lideró el arresto de «más de 100 inmigrantes ilegales, algunos previamente deportados y otros con historial criminal, en una obra mayor de construcción».

La operación destacó porque participó también la Patrulla de Carreteras de Florida, a la que el gobernador, el republicano Ron DeSantis, ordenó ejecutar redadas migratorias para colaborar con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

«En Florida, estamos liderando el trabajo para ayudar a la Administración Trump a implementar la ley inmigratoria federal. La operación de hoy tuvo lugar aquí mismo en Tallahassee. Detener. Deportar. Entregar resultados al pueblo estadounidense», publicó el fiscal general del estado, James Uthmeier, en X.

El operativo, del que aún faltan más detalles oficiales, ocurrió en un sitio donde se construyen apartamentos cerca de la Universidad Estatal de Florida, según la prensa local, mientras que la imagen compartida por el HSI muestra que los agentes obligaron a los migrantes a hacer una larga fila.

La operación refleja las creciente redadas de migrantes que trabajan en la construcción en Florida, pues apenas hace dos semanas las autoridades arrestaron a más de dos docenas de inmigrantes indocumentados en The Villages, una pequeña ciudad del estado.

El estado del Sol también fue escenario de un operativo que marcó un récord en arrestos en una batida estatal en la historia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), con más de 1.100 detenciones en una semana el mes pasado.

Llega a Venezuela un avión con 315 migrantes, 146 de ellos niños, repatriados desde México

Venezuela
Fotografía de archivo en donde se ve un avión de la venezolana Conviasa. EFE/YURI KOCHETKOV

Caracas.- Un avión de la estatal Conviasa, procedente de México, aterrizó este jueves en el aeropuerto internacional de Maiquetía Simón Bolívar, que sirve a Caracas, con 315 migrantes repatriados, según informó el Ministerio de Interior y Justicia.

A través de Instagram, la cartera de Estado indicó que del total de migrantes, 146 son menores de edad y 169 adultos.

Igualmente, dijo que el Estado venezolano brinda la «atención necesaria» en cuanto al «protocolo de seguridad y salud» para cada uno de los retornados, «garantizando sus derechos humanos y facilitando su reincorporación a la cotidianidad venezolana».

El martes, un grupo de 90 migrantes venezolanos deportados de Estados Unidos regresó al país en un vuelo procedente de Honduras, informó el canal de televisión privado Globovisión.

En un avión de Conviasa viajaron 11 mujeres y 79 hombres, indicó la cadena televisiva, que detalló que no había niños ni embarazadas a bordo.

Los migrantes fueron recibidos por la jefa del programa gubernamental de repatriación ‘Plan Vuelta a la Patria’, Anahí Arizmendi, en el aeropuerto de Maiquetía.

Según cifras oficiales, con estos 315 migrantes ya son 5.203 los venezolanos que han retornado a la nación caribeña, la gran mayoría deportados por la Administración de Donald Trump desde el pasado febrero, tras un acuerdo suscrito en enero por Caracas y Washington, sin relaciones desde 2019.

El miércoles de la semana pasada, otros 90 migrantes deportados por Estados Unidos volvieron al país, comunicó entonces el ministro de Interior, Diosdado Cabello, quien agregó que en ese grupo llegaron siete menores de edad.

Los últimos indultos de Trump confirman que no quiere que «ningún MAGA quede atrás»

(Foto: EFE//SAMUEL CORUM/Archivo)

Los últimos indultos presidenciales firmados por Donald Trump, entre los que se incluyen aliados directos del neoyorquino o gente conectada a sus socios cercanos, confirman el lema publicitado por el letrado encargado de estos perdones especiales, Ed Martin: «que ningún MAGA quede atrás».

El pasado martes Trump firmó una amnistía para Scott Jenkins, un exsheriff de Virginia condenado en 2024 a diez años de prisión por recibir sobornos, que ha sido un gran defensor tanto de Trump como del derecho a portar armas.

A ese indulto le siguió una larga ristra el miércoles que incluyó perdones a John Rowland, excongresista republicano y exgobernador de Connecticut condenado por corrupción, Mark Bashaw, un exmilitar condenado por no obedecer protocolos sanitarios en su entorno laboral durante la pandemia o la pareja formada por Todd y Julie Chrisley, protagonistas de un «reality» televisivo y encarcelados por fraude y evasión fiscal.

Una de las hijas de los Chrisley, Savannah, es una gran defensora del presidente y ha aparecido en sus mitines denunciando que fiscales «corruptos» emprendieron una persecución política contra sus progenitores.

El mismo miércoles, Trump firmó también en la Casa Blanca varias conmutaciones de penas, entre ellas la de Imaad Zuberi, empresario estadounidense de origen paquistaní que ha aportado contribuciones que han superado el millón de dólares para comités ligados al republicano y que en 2021 fue condenado a 12 años de cárcel por donaciones ilegales y evasión de impuestos, entre otros cargos.

Como abogado encargado de estos indultos, Martin, exletrado del Gobierno en el Distrito de Columbia, ha estado publicitando esta semana en su perfil de la red X varias de estas acciones, que ya anticipó el lunes escribiendo en un mensaje «Que ningún MAGA quede atrás».

MAGA es el apelativo que se da a simpatizantes de Trump y que hace referencia a las siglas que se corresponden con su popular lema «Make America Great Again» («Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo»).

Esta lista reciente de personas que han recibido clemencia por parte del presidente terminan de confirmar el uso político que Trump, que ya perdonó a muchos de sus aliados en su primer mandato (2017-2021), quiere darle a estos indultos, que normalmente se realizan de acuerdo a un procedimiento formal a cargo del Departamento de Justicia, y que en este caso se han empleado para recompensar a figuras leales al neoyorquino.

Entre los indultos más destacados de su segundo mandato está el perdón masivo que firmó el pasado 20 de enero, el mismo día en que regresó al poder.

Afectó a unas 1.500 personas que participaron en el grave asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, agrediendo a las fuerzas de seguridad en muchos casos con el argumento de que se habían manipulado las elecciones presidenciales de noviembre de 2020, en las que Trump resultó derrotado.

Pastel Azteca

Pastel

El Pastel Azteca es un platillo prehispánico que se prepara con productos del maíz, el nombre representa la fusión de dos culturas: la indígena y la española. Es conocido como la lasaña mexicana y se elabora con tortillas en vez de la pasta; la tortilla, el chile y la salsa de jitomate fueron utilizados por los indígenas, por otra parte, los españoles aportaron el pollo, la crema y el queso creando así un delicioso platillo completo que es aceptado por todo tipo de personas y puede servirse en el desayuno, comida o cena.

Cabe mencionar que esta deliciosa receta puede variar de acuerdo con las diferentes regiones del país.

INGREDIENTES

1 pechuga de pollo cocida y deshebrada
12 tortillas de maíz
2 tazas de queso rallado (mozarela o gouda)
2 tazas de rajas de chile poblano
1 taza de granos de elote
1 taza de crema
½ cebolla partida en julianas
4 jitomates cocidos
1 taza de agua
2 chiles guajillo o mirasol
2 dientes de ajo
¼ de cebolla
½ cucharada de sal
½ cucharada de sal de ajo.
Aceite (puede ser vegetal o de oliva) el necesario

PROCEDIMIENTO PARA LA SALSA

Se cuece el jitomate y el chile en una taza de agua, ya cocidos se licuan con el ajo, la cebolla y sal.

PARA EL RELLENO

En una cazuela se agregan tres cucharadas de aceite, se fríe la cebolla hasta que se transparente, se añade el pollo deshebrado, el chile, elote y la sal de ajo, se incorpora el jitomate licuado y se deja hervir durante 4 minutos rectificando la sazón.

ARMADO DEL PASTEL

En un refractario cuadrado se colocan las tortillas cubriendo el fondo con la mitad del guisado de pollo, se pone otra cama de tortillas y el resto del pollo, se espolvorea con el queso y se mete al horno durante 25 min. A 180 C°

Se decora con la taza de crema y se acompaña con ensalada verde.

Las cortes migratorias, el nuevo objetivo de Trump para aumentar arrestos y deportaciones

(Foto: EFE/Laura Becquer /Archivo)

El Gobierno del presidente Donald Trump ha implementado una nueva estrategia para deportar de forma expedita a las personas que se presentan en los tribunales de inmigración al cerrar sus expedientes judiciales y convertir sus audiencias en «una trampa»,  advirtieron a EFE expertos.

Abogados de inmigración y activistas en California, Arizona, Washington y Nueva York, entre otros estados, han reportado múltiples casos en el que fiscales del gobierno estadounidense pidieron a los jueces rescindir los casos de inmigrantes que llevan menos de dos años en el país, lo que ha permitido a los agentes Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) detenerlos a la salida de la corte.

«Este es un plan con maña. Esta administración está convirtiendo las audiencias de inmigración en una trampa», dijo a EFE el abogado de inmigración Alex Gálvez.

La mayor preocupación de los abogados es que los detenidos en estas circunstancias enfrentan deportaciones expeditas. «Son expulsados en pocas semanas, por mucho un mes. Tampoco tienen derecho a fianza porque ya tuvieron su oportunidad en corte», ahonda el jurista

La organización comunitaria Detention Resistance, que opera en la región fronteriza entre California y México, informó al canal local de CBS que a inicios de semana los casos de al menos tres migrantes fueron desestimados en el Tribunal de Inmigración de San Diego y minutos más tarde fueron puestos bajo custodia de ICE.

Una escena parecida fue captada en video en Phoenix (Arizona) la semana pasada cuando agentes armados detuvieron a varias familias con niños tras presentarse en las audiencias programadas en la corte de inmigración de esa ciudad. Todos los detenidos eran solicitantes de asilo.

Detenciones similares se registraron en los tribunales migratorios en Los Ángeles, San Francisco, Seattle, y Nueva York. En esta última ciudad fue detenido un joven venezolano estudiante de una escuela pública, que ingresó al país en abril del año pasado, que ha generado una ola de protestas.

Fernando Romo, abogado de inmigración y asesor de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (Asosal), dijo a EFE que estas detenciones «no tienen precedentes» y han generado «una gran preocupación».

Al ser cuestionado sobre estos arrestos,  el Departamento de Seguridad Interna (DHS) declaró a EFE que «la mayoría» de los extranjeros que ingresaron por la frontera en los últimos dos años están sujetos a deportaciones aceleradas.

Además, la secretaria del DHS, Kristi Noem, revirtió la política del expresidente Joe Biden (2021-2025) que permitía a los inmigrantes detenidos quedar libres mientras esperaban su audiencia judicial.

«El ICE ahora está cumpliendo con la ley y colocando a estos extranjeros ilegales en deportación acelerada, como siempre debió haber sido», detalló el departamento.

Entre la espada y la pared

El plan coordinado de la Administración Trump también ha puesto en un dilema a los abogados de inmigración que han tenido que advertir a sus clientes sobre el actual escenario y el riesgo que enfrentan.

«La narrativa ha cambiado mucho con este gobierno, el año pasado que un fiscal decidiera cerrar el caso era una buena noticia, porque el inmigrante podía quedarse en el país sin ser deportado, pero ahora todo cambió», explica Gálvez.

Ante la disyuntiva un buen número de inmigrantes decidirá no presentarse en las audiencias, lo que «desafortunadamente» elevará el número de órdenes de deportación en ausencia, advierte Romo.

«Ahora los abogados no estamos seguros a quién le van a aplicar esta táctica. Es nuestro deber informarles y dejar que ellos (los inmigrantes) tomen la decisión de asistir o no a las audiencias», recalcó el jurista.

En ese sentido, el DHS indicó que si los inmigrantes tienen una solicitud válida de asilo en la que han comprobado el temor creíble, continuarán con los procedimientos de inmigración, pero si no estarán sujetos a una deportación «rápida».

No obstante, Gálvez opina que ICE está usurpando el trabajo de los jueces de decidir quien tiene una solicitud válida o no.

La estrategia supone un nuevo intento de la Casa Blanca para expulsar rápidamente a personas del país en medio de la presión para cumplir con la promesa de campaña del presidente Trump de expulsar a millones de inmigrantes indocumentados de los Estados Unidos.

¿Qué pasará con los aranceles de Trump ahora que un tribunal los anuló?

El presidente Donald Trump habla durante la 157ma Conmemoración Nacional del Día de los Caídos en Guerras, en el Cementerio Nacional de Arlington, el lunes 26 de mayo de 2025, en Arlington, Virginia. (Foto: AP/Jacquelyn Martin)

Un Tribunal Federal en Nueva York le propinó un gran revés el miércoles al presidente estadounidense Donald Trump, bloqueando su audaz plan de imponer enormes impuestos a las importaciones provenientes de casi todos los países del mundo.

Un panel de tres jueces del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos dictaminó que Trump se extralimitó en su autoridad cuando invocó la Ley de Poderes Económicos para Emergencias Internacionales (IEEPA, por sus siglas en inglés) de 1977 con el fin de declarar una emergencia nacional y justificar los aranceles generalizados.

Los aranceles revirtieron décadas de política comercial de Washington, interrumpieron el comercio global, sacudieron los mercados financieros y aumentaron el riesgo de que los precios suban y haya recesión en Estados Unidos y en todo el mundo.

El Tribunal de Comercio Internacional tiene jurisdicción sobre casos civiles relacionados con el comercio. Sus decisiones pueden ser apeladas ante la Corte Federal de Apelaciones para el Circuito Federal en Washington y, en última instancia, ante la Corte Suprema, donde se prevé que vayan a parar las impugnaciones jurídicas a los aranceles de Trump.

¿Qué aranceles bloqueó el tribunal?

La decisión del tribunal bloquea los aranceles que Trump impuso el mes pasado a casi todos los socios comerciales de Estados Unidos y los gravámenes que impuso antes a China, México y Canadá.

El 2 de abril, Trump impuso los llamados aranceles recíprocos de hasta el 50% a países con los que Estados Unidos tiene un déficit comercial, y aranceles de base del 10% a casi todos los demás. Posteriormente suspendió los aranceles recíprocos durante 90 días para dar tiempo a los países a acordar la reducción de barreras a las exportaciones estadounidenses. Pero mantuvo los aranceles de base. Amparándose en el alegato de que tenía un poder extraordinario para actuar sin la aprobación del Congreso, justificó los impuestos en virtud de la IEEPA, declarando que los añejos déficits comerciales de Estados Unidos son «una emergencia nacional».

En febrero había invocado la ley para imponer aranceles a Canadá, México y China, diciendo que el flujo ilegal de inmigrantes y drogas a través de la frontera estadounidense constituía una emergencia nacional y que los tres países necesitaban hacer más para detenerlo.

La Constitución de Estados Unidos otorga al Congreso el poder de establecer impuestos, incluidos los aranceles. Pero gradualmente los legisladores han permitido que los presidentes asuman más poder sobre los aranceles, y Trump ha aprovechado al máximo esta situación.

Los aranceles están siendo impugnados en al menos siete demandas. En el fallo del miércoles, el tribunal de comercio combinó dos de los casos: uno interpuesto por cinco pequeñas empresas y otro por 12 estados de Estados Unidos.

El fallo deja en vigor otros aranceles de Trump, incluidos aquellos sobre el acero, el aluminio y los automóviles extranjeros. Pero esos gravámenes fueron invocados bajo una ley diferente que requería una investigación del Departamento de Comercio y no podían ser impuestos a discreción del presidente.

¿Por qué falló el tribunal en contra del presidente?

El gobierno había argumentado que los tribunales habían aprobado el uso de emergencia de aranceles por parte del entonces presidente Richard Nixon en una crisis económica y financiera de 1971, la cual surgió cuando Estados Unidos devaluó repentinamente el dólar al poner fin a una política que vinculaba la moneda estadounidense al precio del oro. El gobierno de Nixon citó con éxito su autoridad bajo la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917, que precedió y de la cual se extrajo parte del lenguaje jurídico utilizado posteriormente en la IEEPA.

El tribunal no estuvo de acuerdo, y decidió que los aranceles generalizados de Trump estaban por encima de la autoridad de él para regular las importaciones bajo la IEEPA. También indicó que esos gravámenes no hicieron nada para abordar los problemas que se suponía debían resolver. En su caso, los estados pusieron de relieve que los déficits comerciales de Estados Unidos difícilmente constituyen una emergencia repentina. El país los ha acumulado durante 49 años consecutivos en tiempos buenos y malos.

Después de esto, ¿dónde queda la agenda comercial de Trump?

Wendy Cutler, exfuncionaria comercial de Estados Unidos que ahora es vicepresidenta del Asia Society Policy Institute —un centro de investigación—, dice que la decisión del tribunal «genera una turbulencia en la política comercial del presidente».

«Los socios que negocian arduamente durante el período de pausa de 90 días en la imposición de aranceles pueden verse tentados a abstenerse de hacer más concesiones a Estados Unidos hasta que haya más claridad jurídica», señaló.

Asimismo, las empresas tendrán que reevaluar la forma en que gestionan sus cadenas de suministro, quizás acelerando los envíos a Estados Unidos para compensar el riesgo de que los aranceles sean reinstaurados luego de una apelación.

El tribunal de comercio hizo notar que Trump retiene un poder más limitado para imponer aranceles con el fin de abordar los déficits comerciales bajo otro estatuto, la Ley de Comercio de 1974. Pero esa ley restringe los aranceles al 15% y sólo durante 150 días con países con los que Washington tiene grandes déficits comerciales.

Por ahora, el fallo del tribunal de comercio «destruye la justificación del gobierno de Trump para usar poderes de emergencia federales con el fin de imponer aranceles, lo que excede la autoridad del Congreso y contraviene cualquier noción de debido proceso», declaró Eswar Prasad, profesor de política comercial en la Universidad de Cornell. «El fallo deja claro que los amplios aranceles impuestos unilateralmente por Trump representan una extralimitación del poder ejecutivo».

Cómo los líderes terroristas están comprando la democracia

terroristas
A handout photo made available by Qatar News Agency shows Qatar's Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani (R) welcoming US President Donald Trump upon his arrival in Doha, Qatar, May 14, 2025. EFE/EPA/QATAR NEWS AGENCY HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

El mundo —y tú— deberían estar conmocionados por las acciones de nuestro actual presidente, quien está haciendo el ridículo públicamente, y hace quedar en ridículo a nuestro país, al reunirse con líderes de Medio Oriente, entre los que se les ha acusado de financiar a terroristas.

Muchos ya sabían que Trump y su familia están recibiendo regalos lujosos y concesiones comerciales de estos dictadores. Esto incluye un avión 747 de Qatar, valorado en más de 400 millones de dólares, que tomaría de 3 a 4 años adaptarlo para que el presidente pueda usarlo en asuntos oficiales.

El tema candente de los regalos de extranjeros, para el Partido Republicano durante años ha sido que Hunter Biden estaba recibiendo un par de millones de los chinos, y que su padre influía en esas transacciones y también se beneficiaba de ellas.

La derecha nunca pudo probar que Hunter o su padre hayan cometido alguna ilegalidad.

Esta Administración hizo creer que había una crisis en la frontera, afirmando que Biden había dejado entrar a millones de criminales a EE. UU. que estaban violando y matando. También dijeron que el Tren de Aragua, la conocida banda venezolana, estaba siendo usada por el Gobierno de Maduro para atacar a EE. UU.

La banda del Tren de Aragua llamó la atención de la campaña de Trump por información falsa que sugería que estaban tomando el control del proyecto de viviendas de Aurora y gran parte de Aurora, Colorado. Aunque todos los funcionarios electos importantes de Colorado negaron esto, Trump y compañía mantuvieron el discurso, junto con otra mentira: que los haitianos estaban comiéndose a los gatos y perros.

Y recientemente, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, despidió a los altos funcionarios del Consejo Nacional de Inteligencia, pocas semanas después de que el NIC escribiera un informe de inteligencia refutando algunas afirmaciones del Gobierno de Trump sobre el Tren de Aragua.

Según un informe de Fox News, Gabbard despidió al presidente interino del Consejo Nacional de Inteligencia, Mike Collins, y a su subdirectora, Maria Langan-Riekhof, el martes 20 de mayo. Según se informa, Collins y Langan-Riekhof fueron acusados por denunciantes de estar “radicalmente opuestos a la agenda de Trump.”

Los despidos ocurrieron pocos días después de que la oficina de Gabbard autorizara la desclasificación parcial de un informe del NIC que concluyó que el Gobierno de Venezuela no estaba dirigiendo el traslado de miembros del Tren de Aragua hacia Estados Unidos, y que no tenía control efectivo sobre las operaciones de la banda.

La evaluación de inteligencia contradijo las afirmaciones del Gobierno de Trump de que la banda estaba “llevando a cabo acciones hostiles y conduciendo una guerra irregular contra el territorio de Estados Unidos, directa o indirectamente, bajo la dirección, clandestina o no, del régimen de Maduro en Venezuela,” según escribió Trump en su comunicado invocando la Ley de Enemigos Extranjeros, la misma que usó para suspender los derechos de debido proceso de los inmigrantes venezolanos.

El informe del NIC es prueba de que no existía habeas corpus —es decir, no había cuerpo ni evidencia para que Trump pudiera invocar dicha ley.

Al mismo tiempo, Trump se reúne con Qatar, que se dice financia a Hamas —quienes, como saben, lideraron un ataque contra Israel, matando a muchos y tomando muchos rehenes. Y luego está Arabia Saudita, de donde vinieron los autores y ejecutores del 11 de septiembre. Sin mencionar que este supuesto “amigo” de Trump ha torturado y asesinado a un periodista estadounidense.

En ningún registro se encuentra que el Tren de Aragua o la MS-13 sean como Arabia Saudita o Qatar. Estos son países con graves acusaciones de violaciones de derechos humanos tanto en su territorio como internacionalmente.

Nadie en el Partido Republicano está cuestionando estos hechos, ni están pidiendo ver las computadoras portátiles de los hijos de Trump.

Tampoco la derecha ha cuestionado todas las acciones en la frontera ni las declaraciones escandalosas de Trump y su gabinete. Deberían exigir la publicación de sus registros, que mostrarían que sus mentiras están construidas sobre mentiras.

La Administración Trump dijo inicialmente que deportaría a todos los inmigrantes indocumentados, que según algunas estimaciones, suman hasta 12 millones. Esto significaría que tendrían que expulsar a 3 millones por año. Actualmente, se estima que el número de deportados hasta fines de mayo podría ser de entre 80,000 y 90,000. De estos, probablemente el 50% o más fueron deportados ilegalmente, sin audiencias de habeas corpus.

Trump ahora ha reducido su objetivo a 1 millón para el final de su primer año. Esto implicaría deportar a 115,000 por mes.

Los expertos estiman que después de un año, es casi imposible que la Administración alcance el millón, y que una cifra más realista sería 300,000. Sin mencionar que están abriendo las puertas a sudafricanos blancos, afirmando que está ocurriendo un genocidio contra ellos; otra mentira asombrosa. No hay evidencia de un genocidio contra los sudafricanos blancos.

Al mismo tiempo, los medios deben exponer todo el dinero que se está gastando en esta campaña de deportación: internamientos, contratos de encarcelamiento en el extranjero (como el de El Salvador) y el costo de tener personal militar desplegado en la frontera. ¿Cuál es el costo de deportar a una sola persona?

Así que, mientras la Casa Blanca proclama que solo está deportando inmigrantes criminales y terroristas, están haciendo negocios y durmiendo con terroristas evidentes.

En ningún lado se encuentra que el Tren de Aragua o la MS-13 estén vendiendo armas a grupos terroristas como Hamas, o implicados en las muertes relacionadas con el 11 de septiembre, o en el asesinato de un periodista estadounidense.

Al mismo tiempo, muchos de nuestros activistas por los derechos humanos no mencionan a las dos pandillas usadas como punta de lanza de toda la retórica antiinmigrante de Trump. Nuestros amigos, al no defender el derecho a pertenecer a una pandilla y tener un tatuaje, están cayendo directamente en la política de esta Administración.

Los pandilleros tienen derechos humanos como el resto de nosotros, y por supuesto, también los tienen todos los inmigrantes y refugiados.

La alcaldesa Parker firmó la Ley POWER en beneficio de los trabajadores de Filadelfia

Alcaldesa Cherelle Parker (Foto: Cortesía/Chris Mansfield /Concejo Ciudad de Filadelfia)

El pasado 28 de mayo, la alcaldesa Cherelle Parker firmó una nueva legislación pro-trabajador. La Ley POWER (Protect Our Workers, Enforce Rights, establece las herramientas legales necesarias para que el Departamento de Trabajo de Filadelfia haga cumplir las leyes laborales locales.

El Proyecto de Ley n.º 250065, mejor conocido como la Ley POWER (Proteger a Nuestros Trabajadores, Hacer Cumplir los Derechos), ofrece amplias protecciones para todos los trabajadores de Filadelfia, entre ellas:

  • Permitir que los trabajadores reciban una compensación financiera directa por los daños sufridos debido a represalias y otras violaciones.
  • Establecer un proceso para que el Departamento de Trabajo certifique protecciones migratorias, fundamentales para los trabajadores indocumentados.
  • Actualizar las normas para una “base de datos pública de malos actores”, que incluirá a empleadores que han cometido múltiples violaciones de la legislación laboral.
  • Autorizar al Departamento de Trabajo a realizar investigaciones integrales en lugares de trabajo e iniciar investigaciones independientes.

La Ley POWER fue apoyada por la AFL-CIO de Filadelfia, el proyecto de trabajadores negros de Filadelfia, la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar (NDWA, por sus siglas en inglés) y el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios.

Presidente Concejo Kenyatta Jonson. (Foto: Cortesía/Chris Mansfield/Concejo de la Ciudad de Filadelfia)

La introducción de esta ley se produce tras 10 años de progreso constante por parte de sindicatos y concejales pro-trabajadores, que han luchado por establecer protecciones para los trabajadores manuales de la ciudad. En 2020, el Ayuntamiento votó a favor de establecer un departamento de trabajo permanente para gestionar las iniciativas de educación y cumplimiento de una creciente lista de leyes laborales innovadoras, como las ordenanzas sobre robo de salario, semana laboral justa y licencia por enfermedad remunerada.

Sesión Concejo. (Foto: Cortesía Chris Mansfield/Concejo Ciudad de Filadelfia)

Desde entonces, muchos trabajadores han sufrido represalias por parte de sus empleadores al denunciar infracciones de estas leyes.

“Es nuestra responsabilidad vital abordar la disparidad en el lugar de trabajo y trabajar por una compensación equitativa para los trabajadores esenciales, como los trabajadores domésticos”, declaró la alcaldesa Cherelle L. Parker. “El Ayuntamiento y yo esperamos y creemos que, juntos, podemos seguir alzando la voz de algunos de los trabajadores más dedicados de nuestra ciudad, a la vez que logramos un cambio significativo”.

Concejala Katherine Gilmore Richarson. (Foto: Cortesía Chris Mansfield/Concejo de la Ciudad de Filadelfia)

“La Ley POWER es una ley contundente que consolida el compromiso de esta ciudad de luchar por y proteger a todos los trabajadores de Filadelfia”, afirmó Daniel P. Bauder, presidente de la AFL-CIO de Filadelfia.

Concejala Kendra Brooks. (Foto: Cortesía Chris Mansfield/Concejo de la Ciudad de Filadelfia)

“Esta es una de las leyes más completas del país para proteger a las trabajadoras del hogar de represalias”, señaló Abena Ruiz, niñera profesional y líder del capítulo en Pensilvania de la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar.

Concejala Quetcy Lozada. (Foto: Cortesía Chris Mansfield/Concejo Ciudad de Filadelfia)

La Ley POWER fue aprobada por el Ayuntamiento con apoyo unánime el 8 de mayo y entró en vigor de inmediato tras ser firmada por la alcaldesa Parker. La primera de su tipo en la nación, brinda nuevas protecciones laborales a más de 750,000 trabajadores en Filadelfia.

Participantes en actividad firma de la Ley Power. (Foto: Cortesía Chris Mansfield/Concejo Ciudad de Filadelfia)

Para más información sobre la ley del poder: https://phlcouncil.com/ en la ciudad de Filadelfia.

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AI advierte de las «devastadoras consecuencias» de los recortes en ayuda exterior de EE. UU.

En su informe, AI también cita los problemas que ha causado el drástico recorte en ayudas estadounidenses a programas de Sudáfrica, Siria o Sudán del Sur. Fotografía de archivo. (Foto: EFE/Johnson Sabin)

Amnistía Internacional (AI) advirtió este jueves de las devastadoras consecuencias de los abruptos recortes que la Administración de Donald Trump ha aplicado a la ayuda exterior de Estados Unidos, que amenazan los derechos humanos a nivel mundial.

«La abrupta, caótica y generalizada suspensión de la ayuda exterior estadounidense por parte de la Administración Trump está poniendo en riesgo millones de vidas y derechos humanos en todo el mundo», advierte la ONG en un comunicado.

En su informe de investigación «Vidas en riesgo», AI examina cómo los recortes han paralizado programas cruciales en todo el mundo, muchos de los cuales proporcionaban atención médica esencial, seguridad alimentaria, alojamiento, servicios médicos y apoyo humanitario a personas en situaciones de extrema vulnerabilidad, como mujeres, niñas, supervivientes de violencia sexual y otros grupos marginados, así como a personas refugiadas y quienes buscan seguridad.

Los recortes, ordenados por Trump el pasado 20 de enero, son «imprudentes y profundamente perjudiciales», declaró Amanda Klasing, directora nacional de relaciones gubernamentales e incidencia política de AI en Estados Unidos.

Según dijo, «la decisión de recortar estos programas de forma tan abrupta y poco transparente viola el derecho internacional» al que Estados Unidos está sometido, y «socava décadas de liderazgo estadounidense en las iniciativas humanitarias y de desarrollo a nivel mundial».

Si bien la financiación estadounidense a lo largo de las décadas ha tenido una relación compleja con los derechos humanos, la magnitud y la rapidez de estos recortes actuales han creado un vacío que pone en peligro la vida y que otros gobiernos y organizaciones de ayuda no pueden cubrir de forma realista a corto plazo, asegura la ONG.

Dos áreas en las que han causado un daño significativo a nivel mundial son los recortes forzosos, o el cierre total, de programas que garantizaban la atención médica y el tratamiento a las personas marginadas y a quienes apoyaban a migrantes y personas que buscaban seguridad en países de todo el mundo, agrega la nota.

En Guatemala, por ejemplo, la medida interrumpió los programas de apoyo a supervivientes de violencia sexual, incluyendo apoyo nutricional para niñas embarazadas que habían sido violadas, y afectaron a servicios clave para el VIH, como la prevención y el tratamiento.

En Haití, los servicios de salud y atención posviolación han perdido financiación, incluso para los niños supervivientes de violencia sexual, y los recursos para el VIH han dejado a mujeres, niñas y personas LGBTI con un acceso reducido a la prevención y el tratamiento.

En su informe, AI también cita los problemas que ha causado el drástico recorte en ayudas estadounidenses a programas de Sudáfrica, Siria o Sudán del Sur.

Philadelphia voters approve three amendments to the Philadelphia home rule charter

Philadelphia
Voters (Photo: courtesy of the City of Philadelphia)

The Philadelphia City Council did not hold a session on May 22 and will have its next meeting on Thursday, May 29, starting at 10 a.m.

Philadelphia voters approved three changes to the Philadelphia Home Rule Charter. This Charter establishes the framework for municipal government and serves as the city’s constitution. Three ballot questions, sponsored by members of the City Council, were approved by voters in the May 20 primary election.

Ballot Question #1, sponsored by Councilmember Katherine Gilmore Richardson (At-Large), creates an Ombudsperson for the office of homeless services. The ombudsperson will help homeless individuals access the services needed and will work with the office of homeless services to improve the services the city provides to this population.

Katherine Gilmore Richardson – At-Large councilmember (Photo: Courtesy of the Philadelphia City Council)

Ballot Question #2, sponsored by councilmember Jamie Gauthier (District 3), mandates additional dedicated funding for the Housing Trust Fund, which is used to build and maintain affordable housing.
The additional amount would equal the money developers pay the city each year in exchange for zoning benefits. Gauthier estimates this could add about $5 million annually to the Housing Trust Fund.

Jamie Gauthier – District 3 (Photo: courtesy of the Philadelphia City Council)

Ballot Question #3, sponsored by councilmember Isaiah Thomas (At-Large), proposes the creation of an independent community oversight board for Philadelphia’s prisons and a prison oversight office.
It also authorizes city council to determine the composition, powers, and responsibilities of the board and office.

Under the current home rule charter, an advisory council known as the Philadelphia prison board of trustees adopts rules and guidelines for the city’s prisons.
Philadelphia residents voted to replace the prison board of trustees with a new city office headed by a director of prison oversight and a community oversight board for Philadelphia prisons.

The office of prison oversight would be responsible for reviewing policies, investigating practices, and recommending changes in the department of prisons. It would also support the work of the community oversight board, which would hold regular public meetings and advise on how to improve and make prison operations in the city more just.

These ballot questions were proposed by city council and aim to modify key aspects of local government. Ultimately, they seek to reflect the current priorities of Philadelphia voters.

For more information: phila.gov

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