El director del FBI, Kash Patel, no formó parte de un chat en la aplicación Signal en que otros funcionarios de seguridad nacional del gobierno del presidente Donald Trump discutieron planes de ataque detallados, pero eso no lo libró de ser cuestionado por los legisladores esta semana sobre si la principal agencia de cumplimiento de la ley del país investigará el asunto.

Patel no hizo tales compromisos durante el transcurso de dos días de audiencias en el Senado y la Cámara de Representantes, negándose a comentar sobre la posibilidad y testificando que no había revisado personalmente los mensajes de texto que se compartieron inadvertidamente con el editor en jefe de la revista The Atlantic, quien fue incluido por error en un chat de Signal no clasificado.

Que Patel fuera interrogado sobre lo que podría hacer el FBI no fue sorprendente. Incluso cuando el presidente Donald Trump insistió en que “realmente no es un asunto del FBI”, la realidad es que el FBI y el Departamento de Justicia durante décadas han sido responsables de hacer cumplir los estatutos de la Ley de Espionaje que rigen el manejo indebido, ya sea intencional o negligente, de información de defensa nacional como la compartida a través de Signal, una aplicación disponible públicamente que proporciona comunicaciones encriptadas pero no está aprobada para información clasificada.

El Departamento de Justicia tiene amplia discreción para abrir una investigación, aunque la secretaria de Justicia Pam Bondi, quien presentó a Trump en un evento del Departamento de Justicia este mes, señaló en una conferencia de prensa no relacionada el jueves que no estaba inclinada a hacerlo. Repitió los puntos de conversación del gobierno de Trump de que la información altamente sensible en el chat no estaba clasificada, aunque funcionarios actuales y anteriores de Estados Unidos han dicho que la publicación de los tiempos exactos de lanzamiento de aviones y los momentos en que se lanzarían bombas antes que esos pilotos estuvieran siquiera en el aire habría sido clasificada.

También cambió rápidamente el enfoque hacia dos demócratas, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton y el expresidente Joe Biden, quienes se encontraron bajo investigación pero nunca fueron acusados por presuntamente manejar mal información clasificada. De hecho, el Departamento ha llevado a cabo múltiples pesquisas de alto perfil en los últimos años, aunque con diferencias en los hechos subyacentes y los resultados.

Varias figuras de alto perfil se han encontrado bajo investigación en los últimos años por su manejo de secretos gubernamentales, pero las diferencias en los hechos subyacentes y los resultados hacen imposible pronosticar lo que podría suceder en este caso o si se puede esperar alguna responsabilidad. También hay precedentes de que los funcionarios públicos evitan cargos penales o se les perdona un castigo considerable.

“En términos de investigaciones previas, había estándares establecidos que el Departamento siempre consideraba y trataba de seguir al tomar determinaciones sobre qué tipos de divulgaciones iban a perseguir”, incluyendo la sensibilidad de la información expuesta y la intencionalidad de la conducta, explicó el exfiscal del Departamento de Justicia Michael Zweiback, quien ha dirigido pesquisas de información clasificada.

Un vistazo a algunas de las investigaciones previas notables:

Hillary Clinton

La candidata presidencial demócrata de 2016 fue investigada pero no acusada por su uso de un servidor de correo electrónico privado por conveniencia durante su tiempo como secretaria de Estado en el gobierno de Barack Obama. Parece haber algunos paralelismos con el episodio del chat de Signal.

La pesquisa penal políticamente cargada fue iniciada por una remisión de 2015 del inspector general de las agencias de inteligencia, que alertó al FBI sobre la presencia de potencialmente cientos de correos electrónicos que contenían información clasificada en ese servidor. Las fuerzas del orden luego se propusieron determinar si Clinton, o sus asistentes, habían transmitido información clasificada en un servidor que no estaba destinado a alojar dicho material.

Las conclusiones generales fueron algo mixtas. El entonces director del FBI, James Comey, en una declaración pública altamente inusual, afirmó que la agencia había encontrado evidencia de que Clinton fue “extremadamente descuidada” en su manejo de información clasificada, pero recomendó no presentar cargos al argumentar que los funcionarios no podían probar que ella tenía la intención de violar la ley o sabía que la información sobre la que ella y sus asistentes estaban comunicándose era clasificada.

La decisión fue ridiculizada por los republicanos, que pensaban que el Departamento de Justicia del gobierno de Obama había ayudado a un compañero demócrata a evadir responsabilidades. Entre los críticos estaban algunos de los mismos participantes en el chat de Signal, así como Bondi, quien como fiscal general de Florida habló en la Convención Nacional Republicana de 2016 e imitó el coro de la audiencia de ”¡Enciérrenla!”.

David Petraeus

Entre los nombres más importantes que realmente fueron acusados se encuentra Petraeus, el exdirector de la CIA sentenciado en 2015 a dos años de libertad condicional por divulgar información clasificada a una biógrafa con la que estaba teniendo una aventura extramatrimonial.

Ese material consistía en ocho carpetas de información clasificada que Petraeus mantuvo indebidamente en su casa desde su periodo como el principal comandante militar en Afganistán. Entre los detalles secretos en los “libros negros” estaban los nombres de operativos encubiertos, la estrategia de guerra de la coalición y notas sobre las discusiones de Petraeus con el presidente Barack Obama y el Consejo de Seguridad Nacional, han dicho los fiscales.

Petraeus, un general retirado de cuatro estrellas del Ejército que lideró las fuerzas de Estados Unidos en Irak y Afganistán, terminó declarándose culpable de un solo cargo menor de retención y eliminación no autorizada de material clasificado como parte de un acuerdo con los fiscales del Departamento de Justicia. Algunos expertos en seguridad nacional dijeron que parecía un doble estándar por su resultado indulgente.

El propio Comey se quejó más tarde sobre la resolución, escribiendo en un libro de 2018 que argumentó ante el Departamento de Justicia que Petraeus también debería haber sido acusado de un delito grave por mentir al FBI.

“Una persona pobre, una persona desconocida, digamos un joven ministro bautista negro de Richmond, sería acusada de un delito grave y enviada a la cárcel”, sostuvo.

Joe Biden y Donald Trump

Estas pesquisas no tienen mucho paralelismo con el episodio de Signal, pero no obstante sirven como ejemplos de investigaciones de alto perfil lanzadas por el Departamento de Justicia sobre el manejo indebido de información clasificada.

Ambos fueron investigados por fiscales especiales del Departamento de Justicia, con Trump siendo acusado de acumular registros ultrasecretos en su finca de Mar-a-Lago en Florida. Trump había tomado esos registros luego de dejar el cargo. También fue acusado de mostrar un plan de ataque del Pentágono a un visitante en su club de golf de Bedminster.

El caso fue desestimado por un juez con sede en Florida que concluyó que el fiscal especial Jack Smith había sido nombrado de manera inapropiada. Los fiscales abandonaron el caso después que Trump ganara en noviembre.

Biden, también, fue investigado por su retención de información clasificada en su hogar después de su mandato como vicepresidente. Un fiscal especial encontró algunas pruebas de que Biden había retenido intencionalmente los registros, pero concluyó que no se justificaban cargos penales.

Jeffrey Sterling

Un exoficial de la CIA, Sterling fue condenado por filtrar a un reportero detalles de una misión secreta para frustrar las ambiciones nucleares de Irán al deslizar planos nucleares defectuosos a los iraníes a través de un intermediario ruso.

Fue sentenciado en 2015 a tres años y medio de prisión, un castigo que los defensores de los denunciantes y otros partidarios denunciaron como imposible de conciliar con la declaración de culpabilidad por delito menor de Petraeus solo un mes antes.

Los detalles de la operación divulgados por Sterling fueron publicados por el periodista James Risen en su libro de 2006 “State of War”.

Sterling fue acusado en 2010, pero el juicio se retrasó durante años, en parte debido a disputas legales sobre si Risen podría ser obligado a testificar. Finalmente, los fiscales optaron por no llamar a Risen como testigo, a pesar de ganar batallas legales que les permitían hacerlo.