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Tras el fallecimiento del papa Francisco, filadelfianos recuerdan su visita y el mundo su legado

“Indudablemente es uno de los momentos más importantes en mi vida. No todos los días te escucha la persona más influyente en el planeta. Tuve la oportunidad de explicarle que miles de personas unieron sus fuerzas para darle ese regalo que no se podía llevar, pude darle las gracias por ser lo que es junto con el cambio que trae consigo y pedir por el descanso en el corazón de los padres en dolor. Cumplí lo que me prometí y él sonrió, asintió y lo firmó”. Cesar Viveros. RRSS (Foto: Irving Viveros)

El mundo se despertó el lunes 21 de abril con la noticia de que pasadas las 7.35 de la mañana de Roma había fallecido el prelado argentino Jorge Mario Bergoglio, quien ocupaba la “Catedra de San Pedro” bajo el nombre de papa Francisco. La noticia causó cierta sorpresa, porque Francisco estaba, recuperándose «sorprendentemente a decir de sus doctores», tras regresar al Vaticano una semana atrás, luego de pasar cerca de 40 días recluido en el Policlínico Gemelli de la capital italiana.

Aunque se sabía que la situación del pontífice era delicada, la noticia causó conmoción en Roma y en las comunidades católicas distribuidas a lo largo y ancho del mundo, ya que Francisco fue un pontífice que generó muchos cambios y trajo un impulso de renovación desde el momento mismo de su llegada a la sede central del catolicismo, tras ser elegido pontífice el 13 de marzo de 2013. Jorge Bergoglio sucedió al papa Benedicto XVI, quien había anunciado su renuncia en febrero de 2013 por agotamiento y quebrantos de salud.

Católicos de Filadelfia, y otros testigos de su visita, han llenado las redes sociales con recuerdos de su visita a la “ciudad del amor fraternal” en el otoño de hace casi 10 años.

El Encuentro Mundial de las Familias 2015, cuyo lema oficial fue Love is Our Mission: The Family Fully Alive (“El Amor es Nuestra Misión: La Familia Plenamente Viva”), marcó un hito al ser la primera vez que este evento se celebró en territorio estadounidense. El evento reunió a miles de asistentes en Filadelfia y fue seguido por millones de personas a través de transmisiones en vivo en todo el mundo.

Dentro de los muchos hispanos que recordaron al papa por su paso en Filadelfia y lamentaron su muerte, esta el veracruzano César Viveros Herrera, quien fue el autor de la obra que se pintó al norte de la ciudad, durante la visita del papa Francisco el 26 y 27 de septiembre del 2015.

Viveros fue seleccionado para la realización de un mural que obtuvo un récord Guinness por la participación de más de 2 mil personas pintando en un solo mural. La obra se pintó como un mensaje de recibimiento a las familias del mundo, ya que llegaron cientos de familias de todo el mundo para celebrar con el papa.

Francisco despertó rápidamente la simpatía de muchos católicos de los sectores más progresistas de la Iglesia, y poco a poco, también de cristianos de otras iglesias, lo mismo que de personalidades del mundo político, artístico y deportivo, después de mostrar con gestos y hechos simbólicos, que quería encabezar un papado menos jerárquico y principesco, y más desde la simplicidad de un ministerio orientado al servicio de los pobres y de los “cristianos de las periferias”; es decir, las comunidades de creyentes ubicadas en los rincones más alejados del planeta, o en naciones donde ser cristiano o ser católico es una elección y un desafío que fácilmente se paga con la muerte.

Bergoglio no solo era el primer pontífice en surgir del continente americano y el primer no europeo en casi 1300 años. Al elegir el nombre de Francisco, el sucesor de Pedro quiso dar una indicación desde el comienzo de su llamado a trabajar por los más pobres, y a convertir la Iglesia misma en un “hospital de campaña”; en una institución que supiera vivir más en la pobreza, invitando a muchos obispos y cardenales a evitar los privilegios de los palacios para vivir una vida más acorde y parecida a la de nuestro Señor Jesucristo.

El papa argentino sorprendió poco después de la elección, cuando dijo que renunciaría a vivir en los antiguos y tradicionales apartamentos papales, y que se trasladaría a vivir a una sencilla suite en la Casa Santa Marta, el pequeño “Hotel” que en el interior del Vaticano atiende a las docenas de clérigos, obispos y funcionarios de la Iglesia que pasan por Roma durante todo el año.

A dos años del inicio de su pontificado, Francisco causaría de nuevo revuelo al publicar la carta encíclica “Laudato Si”, sobre el cuidado del planeta; pues era la primera vez que un papa intervenía en temas no religiosos y le hablaba clara y decididamente al mundo, haciéndole, de una parte, una fuerte crítica a la sociedad del consumismo desenfrenado, del desarrollismo económico irresponsable y de la contaminación de los mares y la degradación del ambiente; y por la otra, invitaba a las naciones ricas a abrirse más a las necesidades de las regiones pobres, a invertir más en la protección de “la casa común”, y a acoger a los inmigrantes y desplazados por el hambre, la violencia, los conflictos políticos y el cambio climático.

ARCHIVO – El papa Francisco sale al final de su audiencia semanal general en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, el miércoles 15 de mayo de 2019. (AP Foto/Andrew Medichini, Archivo)

A pesar de todo, Francisco no se vio libre de críticas y desacuerdos, desde fuera y desde dentro de la misma Iglesia. Le tocó enfrentar controversias, especialmente por el tema de los abusos sexuales de los que fueron acusados muchos clérigos, sobre todo en países como Estados Unidos, Francia e Irlanda, pero también en otros de Europa y América; y aunque el papa intentó establecer nuevos reglamentos y cortafuegos para que esos hechos no se repitan, los escándalos han dejado una secuela y una mancha difícil de reparar.

El papa también ha sido cuestionado desde sectores más conservadores por la mayor apertura que ha mostrado hacia temas como que los divorciados vueltos a casar puedan recibir la comunión; o la mayor apertura de la Iglesia hacia las personas LGTB. Su carta apostólica “Fiducia Supplicans”, en la cual Francisco parece indicar que se podían bendecir las uniones entre parejas homosexuales, se encontró con el fuerte rechazo de muchos sectores de la iglesia en diferentes países y continentes.

Sin embargo, el papa se mantuvo siempre en su línea de apertura al diálogo con el mundo, con las otras religiones y con representantes de organizaciones sociales y de organismos multilaterales. También abogó por que las mujeres pudieran ocupar posiciones de mayor responsabilidad dentro de la jerarquía de la Iglesia, y le pidió a las diócesis y parroquias que “se concentraran en servir al pueblo de Dios y no en ser una aduana que impone reglamentos y condiciones a quienes quieren entrar en la Iglesia”.

Francisco se ha ido sin poder cumplir un sueño que había manifestado, y era su deseo de realizar una visita oficial a la gran China Comunista. Igualmente, los creyentes argentinos se quedaron con el dolor de que el pastor que salió de su suelo nunca regresó a su nación de origen después de ser elegido pontífice, principalmente, según explicaron sus voceros, por temor a que los partidos políticos en el poder quisieran aprovecharse de su visita para buscar apalancamiento popular.

El vicepresidente J. D. Vance visita al papa en el Vaticano, justo un día antes de su muerte. (Foto: AP News)

Habrá que esperar hasta después de sus exequias y de la elección del nuevo papa para poder hacer un balance más profundo y completo de los cambios, frutos y los desafíos que enfrentó con tanta paciencia y tesón el primer papa latinoamericano, el humilde pastor de las barriadas de Buenos Aires que, la noche de su elección, se presentó ante el pueblo de Roma como “el papa venido del fin del mundo”. Paz en su tumba.

Tennessee frena iniciativa de ley que afecta derecho a la educación sin importar estatus migratorio

Tennessee
Una mujer abraza a su hijo fuera de una audiencia de la cámara baja durante protestas en contra de un proyecto de ley que permitiría que escuelas públicas y chárter nieguen la inscripción de estudiantes inmigrantes, el 11 de marzo de 2025, en Nashville, Tennessee. (AP Foto/George Walker IV, Archivo)

NASHVILLE, Tennessee, EE. UU.— Legisladores republicanos de Tennessee pusieron en pausa un proyecto de ley que tenía como objetivo impugnar el derecho constitucional de los niños a asistir a escuelas públicas sin importar su estatus migratorio. En cambio, con poco tiempo restante en la sesión legislativa, han solicitado a funcionarios federales orientación sobre si la iniciativa pondría en riesgo los fondos federales para la educación.

La medida anunciada el lunes por el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes del estado, William Lamberth —promotor del proyecto de ley— reduce las posibilidades de que la iniciativa sea aprobada este año mientras los legisladores se preparan para un probable cierre de sesión esta semana. The Tennessee Journal fue el primero en informar sobre la decisión de Lamberth.

Cientos de niños se han presentado este año en el Capitolio del estado para expresar su rechazo a una iniciativa de ley que va en contra de las protecciones establecidas en una decisión histórica de la Corte Suprema federal en 1982, en el caso Plyler vs Doe. El fallo invalidó una ley de Texas que buscaba negar la inscripción a cualquier estudiante que no hubiera sido «admitido legalmente» en el país.

El Senado de Tennessee, de mayoría republicana, ya ha aprobado una versión del proyecto de ley, el cual requeriría una prueba de residencia legal en el país para poder inscribirse en escuelas públicas de kínder a 12do grado y le otorgaría a los distritos escolares la opción —más no la obligación— de rechazar o cobrar matrícula a los estudiantes que no presenten los documentos requeridos. La versión de la cámara baja, que permanece inactiva en una subcomisión, difiere en cuanto a que permitiría que las escuelas públicas verifiquen el estatus migratorio, en lugar de requerirlo.

Lamberth destacó que Tennessee recibe cada año aproximadamente 1.100 millones de dólares en fondos federales para la educación.

“Confiamos plenamente en que el gobierno del presidente (Donald) Trump no retendrá dólares federales para nuestras escuelas debido a la aprobación del Proyecto de Ley 793 de la Cámara/Proyecto de Ley 836 del Senado”, expresó Lamberth. “Sin embargo, por precaución, queremos ser excepcionalmente cuidadosos antes de continuar para garantizar que no se ponen en riesgo los dólares de los contribuyentes federales”.

Cada vez más líderes conservadores presionan a los estados para anular el fallo del caso Plyler vs Doe, incluido al grupo de expertos The Heritage Foundation. Los legisladores republicanos de Tennessee fueron algunos de los más agresivos en cuanto a ir tras la idea que va directamente en contra del precedente de la Corte Suprema.

Los defensores de la iniciativa han restado importancia en gran medida a la negación del derecho a la educación de los niños, enfocándose en cambio en el impacto fiscal que enfrentan los estados al educar a niños que residen ilegalmente en Estados Unidos. Sin embargo, se desconoce si la propuesta de ley resultaría en algún ahorro.

Al expresar su oposición, los estudiantes se han derrumbado en lágrimas frente a las comisiones legislativas, abrumados ante la posibilidad de que sus compañeros sean expulsados de su escuela y preocupados por quién podría ser el siguiente. Algunos activistas aplaudieron la noticia del lunes, pero advirtieron que el proyecto de ley no está muerto hasta que los legisladores cierren la sesión anual.

“Lo que es innegable es esto: los legisladores se han visto obligados a reconocer la abrumadora oposición bipartidista de todo el estado de ir contra los niños y negarles una educación”, afirmó Lisa Sherman Luna, directora ejecutiva de Tennessee Immigrant & Refugee Rights Coalition.

Legisladores y otros partidarios conservadores han resaltado en varias ocasiones la votación de 5-4 en la Corte Suprema que resolvió el caso de Plyler vs. Doe en 1982, argumentando que el estrecho margen significa que existe una mejor oportunidad para que la Corte Suprema actual anule el precedente. Cabe destacar que el máximo tribunal ya invalidó el derecho al aborto.

Cuatro legisladores demócratas estadounidenses están en El Salvador por el caso Ábrego

El Salvador
(Foto: EFE/Rodrigo Sura)

San Salvador.- Cuatro legisladores demócratas estadounidenses llegaron este lunes a El Salvador para abogar, así como lo hizo el senador Chris Van Hollen, por el salvadoreño Kilmar Ábrego García, que está detenido en una cárcel de El Salvador tras ser deportado desde Estados Unidos a pesar de tener un estatus legal en el país norteamericano.

Se trata de los representantes Robert García (demócrata de California), Maxwell Frost (demócrata de Florida), Yassamin Ansari (demócrata de Arizona) y Maxine Dexter (demócrata de Oregón).

Los legisladores brindarán una conferencia de prensa en un hotel de la capital San Salvador, según informó un contacto de prensa de Maxwell Frost.

La semana pasada, el senador demócrata Chris Van Hollen estuvo en el país centroamericano para solicitar la liberación de Ábrego, a quien logró ver luego que se le negara su entrada a la megacárcel Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) donde se sabía que estaba el salvadoreño.

Sin embargo, tras la conversación con Ábrego el senador Van Hollen señaló que el salvadoreño fue trasladado a otra cárcel en el departamento de Santa Ana, el oeste del país, pero sigue sin poder comunicarse con el exterior y está «traumatizado» tras su experiencia en la megacárcel, dijo.

El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, con quien Van Hollen también se reunió, le dijo al legislador que Ábrego estaba encarcelado porque el presidente estadounidense, Donald Trump, «está pagando» para mantenerlo detenido.

Ábrego García, quien residía en el estado de Maryland, huyó de El Salvador por las extorsiones y amenazas que él y su familia recibieron por parte de la pandilla Barrio 18, de acuerdo con documentos judiciales presentados por su defensa.

El salvadoreño Ábrego es uno de los más de 200 migrantes -en su mayoría venezolanos- expulsados de EE. UU. y enviados a la prisión de alta seguridad sin posibilidad de apelar sus casos ante una corte, en lo que grupos en defensa de los derechos humanos calificaron como «desaparición forzada».

Directrices de gobernador de Wisconsin para lidiar con ICE desatan críticas del Partido Republicano

ICE
El gobernador de Wisconsin, Tony Evers, durante su informe anual el 22 de enero de 2025, en el Capitolio estatal, en Madison, Wisconsin. (Foto: AP/Morry Gash/Archivo)

Las recomendaciones que emitió la oficina del gobernador de Wisconsin, el demócrata Tony Evers, para que los empleados estatales sepan qué hacer si agentes de inmigración o miembros de otras agencias federales se presentan en su lugar de trabajo recibieron fuertes críticas el lunes por parte de los republicanos, quienes aseguraron que las directrices violan la ley y desafían al presidente Donald Trump.

El memorando que la oficina de Evers envió la tarde del viernes se produce en un momento en que el gobierno federal ha intensificado sus esfuerzos para deportar a personas que viven en el país sin autorización legal, lo que ha dado origen a una serie de demandas y oposición por parte de los demócratas.

A continuación, lo que hay que saber sobre lo que hizo Evers en Wisconsin.

El memorando detalla cómo responder a ICE

Anne Hanson, subsecretaria de Gobernación de Evers, indicó en el correo electrónico a los empleados estatales que se enviaron las directrices después de recibir preguntas sobre cómo responder si agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus iniciales en inglés) o algún otro elemento de una agencia federal se presentan en su lugar de trabajo.

El memorando, el cual cuenta con cinco puntos, pide a los empleados del estado que conserven la calma e informen de inmediato a su supervisor. Después de pedir a los agentes que se identifiquen y presenten documentación para justificar su presencia, se recomienda que el trabajador se ponga en contacto con el departamento jurídico de su oficina.

El memorando recomienda que los empleados estatales no respondan a las preguntas de los agentes, no les den permiso para ingresar a zonas restringidas ni les den acceso a archivos en papel o digitales sin primero hablar con un abogado.

Todos los empleados estatales de Wisconsin tienen la responsabilidad de proteger datos e información confidenciales, asegura el memorando.

“Debido a esto, los empleados estatales no le pueden otorgar al ICE ni a ningún otro agente acceso a dichos datos o información sin la autorización de su asesor legal o una orden judicial válida”, concluye la recomendación.

Consejos estándar

Hanson afirma que las directrices se pusieron a disposición de forma similar a lo hecho por otras entidades públicas.

Las recomendaciones son similares a las que emitió el gobernador de Connecticut, también demócrata, en enero pasado. El documento también refleja lo que el Centro Nacional de Leyes de Inmigración y otros grupos de defensa han dicho que se debe hacer cuando agentes de inmigración se presentan en un lugar de trabajo.

Similar a las recomendaciones de Wisconsin, el National Immigration Law Center aconseja a los empleados ponerse en contacto con un abogado, no hablar con agentes federales y no permitirles ingresar a ninguna zona restringida del lugar de trabajo a menos que presenten una orden judicial.

Republicanos acusan al gobernador de desafiar la ley

Los republicanos intentaron usar el memorando contra Evers, quien aún no ha dicho si se postulará para un tercer mandato el próximo año en un estado sin clara preferencia política.

El representante federal Tom Tiffany, quien representa el norte de Wisconsin y sopesa la posibilidad de postularse para gobernador en 2026, dijo que las recomendaciones equivalen a “ordenar a los empleados estatales que le impidan al ICE hacer su trabajo”.

“Wisconsin merece algo mejor”, publicó Tiffany en la red social X. En su mensaje añadió a la secretaria de Justicia federal, Pam Bondi.

El presidente del Partido Republicano de Wisconsin, Brian Schimming, calificó las directrices como una orden para “impedir que se haga justicia”.

“Este flagrante desafío a la ley y el orden, en oposición directa al enfoque del gobierno de Trump en materia de seguridad pública, pone en riesgo a nuestras comunidades, familias y niños”, dijo Schimming en un comunicado.

Enfoques opuestos en cuestiones de inmigración

El memorando se produce en un momento en que los republicanos que controlan la Legislatura de Wisconsin y la minoría demócrata toman posturas opuestas en materia de inmigración.

La Asamblea de Wisconsin aprobó el mes pasado un proyecto de ley que requiere que la policía del condado colabore con las autoridades federales de inmigración. Evers ha dicho que probablemente vetará la medida.

Los demócratas presentaron una propuesta competidora que le impediría a los funcionarios locales y estatales cooperar con los esfuerzos federales de deportación a menos que cuenten con una orden judicial. Sin embargo, ese proyecto de ley no tiene futuro en la Legislatura, de mayoría republicana.

El presentador de radio conservador Dan O’Donnell fue el primero en dar a conocer las directrices de Evers mediante una publicación en sus redes sociales.

El departamento de Elon Musk accederá a información sensible de inmigrantes en EE. UU.

Elon Musk
EFE/EPA/SHAWN THEW / POOL

Washington.- El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido temporalmente por Elon Musk, ha recibido autorización para acceder a un sistema de la Justicia estadounidense que contiene información sensible sobre inmigrantes, según informó este lunes The Washington Post.

Un equipo de cerca de media docena de asesores del DOGE tendrá acceso al Sistema de Tribunales y Apelaciones de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (ECAS), manejado por el Departamento de Justicia de EE. UU., que almacena los datos de los inmigrantes que han interactuado con el sistema de inmigración estadounidense, según documentos obtenidos por el rotativo.

Entre la información que tiene el ECAS se encuentran los nombres, las direcciones, los testimonios ante las cortes de inmigración, y sus interacciones con las fuerzas del orden, entre otros detalles de inmigrantes tanto documentados como sin estatus legal.

No está claro que información espera encontrar el DOGE en este sistema y para que la utilizará.

Esta no es la primera vez que el criticado DOGE ha buscado datos sensibles sobre inmigrantes, la semana pasada solicitó, junto al Departamento de Seguridad Interna, información sensible de las bases del sistema de salud pública de EE.UU. para ayudar a las autoridades de inmigración a localizar indocumentados.

El mes pasado una jueza federal bloqueó temporalmente el acceso a los miembros de este departamento a la información personal de los estadounidenses en los sistemas de la administración de la Seguridad Social.

La orden judicial está relacionada con la concesión a diez personas afiliadas al DOGE del acceso sin restricciones a dichos registros de millones de estadounidenses.

La información contenida en esos registros incluye números de la Seguridad Social, historial médico y de salud mental personal, información fiscal y del permiso de conducir, datos de cuentas bancarias, historial de ingresos, domicilios particulares y laborales, registros de nacimiento y matrimonio y de inmigración y/o naturalización, entre otros.

Student loans in default to be referred to debt collection, Education Department says

The U.S. Department of Education building is seen in Washington, Dec. 3, 2024. (Photo: AP/Jose Luis Magana/File)

The Education Department will begin collection next month on student loans that are in default, including the garnishing of wages for potentially millions of borrowers, officials said Monday.

Currently, roughly 5.3 million borrowers are in default on their federal student loans.

The Trump administration ’s announcement marks an end to a period of leniency that began during the COVID-19 pandemic. No federal student loans have been referred for collection since March 2020, including those in default. Under President Joe Biden, the Education Department tried multiple times to give broad forgiveness of student loans, only to be stopped by courts.

“American taxpayers will no longer be forced to serve as collateral for irresponsible student loan policies,” Education Secretary Linda McMahon said.

Beginning May 5, the department will begin involuntary collection through the Treasury Department’s offset program, which withholds government payments — including tax refunds, federal salaries and other benefits — from people with past-due debts to the government. After a 30-day notice, the department also will begin garnishing wages for borrowers in default.

The decision to send debt to collections drew criticism from advocates, who said borrowers had experienced whiplash and confusion with the changing student loan policies between the Biden and Trump administrations.

“This is cruel, unnecessary and will further fan the flames of economic chaos for working families across this country,” said Mike Pierce, executive director of the Student Borrower Protection Center.

Already, many borrowers have been bracing for obligations coming due.

In 2020, President Donald Trump paused federal student loan payments and interest accrual as a temporary relief measure for student borrowers. The pause in payments was extended multiple times by the Biden administration through 2023, and a final grace period for loan repayments ended in October 2024. That meant tens of millions of Americans had to start making payments again.

Borrowers who don’t make payments for nine months go into default, which is reported on their credit scores and can go to collections.

Along with the borrowers already in default, around another 4 million are 91 to 180 days late on their loan payments. Less than 40% of all borrowers are current on their student loans, department officials said.

Layoffs at the Federal Student Aid office at the Education Department have made it harder for students to get their questions answered, even if they wanted to pay their loans, said Kristin McGuire, executive director for Young Invincibles, a group that focuses on economic security for younger adults.

And questions are swirling about certain income-driven repayment programs after a February court ruling blocked some of the payment plans. Borrowers in the more lenient, Biden-era SAVE Plan were placed in forbearance, in which borrowers receive relief from payments but still accrue interest. The Education Department in February took down applications for income-driven repayment programs — which tie a monthly payment to a person’s income level — only to bring them back online a month later.

“Things are really difficult to understand right now. Things are changing every day,” McGuire said. “We can’t assume that people are in default because they don’t want to pay their loans. People are in default because they can’t pay their loans and because they don’t know how to pay their loans.”

For borrowers in default, one step to avoid wage garnishment is to get into loan rehabilitation, said Betsy Mayotte, president of The Institute for Student Loan Advisors.

Borrowers must ask their loan servicer to be placed into such a program. Typically, servicers ask for proof of income and expenses to calculate a payment amount. Once a borrower has paid on time for nine months in a row, they are taken out of default, Mayotte said. A loan rehabilitation can only be done once.

Biden oversaw the cancellation of student loans for more than 5 million borrowers. Despite the Supreme Court’s rejection of his signature proposal for broad relief, he waived more than $183.6 billion in student loans through expanded forgiveness programs.

In her statement Monday, McMahon said Biden had gone too far.

“Going forward, the Department of Education, in conjunction with the Department of Treasury, will shepherd the student loan program responsibly and according to the law, which means helping borrowers return to repayment — both for the sake of their own financial health and our nation’s economic outlook,” she said.

Super Bowl champion Eagles and Pro Bowl center Cam Jurgens agree to a 4-year extension through 2029

Super Bowl
Philadelphia Eagles center Cam Jurgens (51) looks on during warm-ups prior to the NFL divisional playoff football game against the Los Angeles Rams, Jan. 19, 2025, in Philadelphia. (AP Photo/Chris Szagola, File)

PHILADELPHIA— The Super Bowl champion Philadelphia Eagles and Pro Bowl center Cam Jurgens have agreed to a four-year contract extension through 2029, the team announced Monday.

The 25-year-old Jurgens made the Pro Bowl for the first time last season following a switch back to center after six-time All-Pro Jason Kelce retired. Jurgens was a backup as a rookie in 2022 after being drafted out of Nebraska in the second round and made 11 starts at right guard in 2023.

Philadelphia went 14-3 last season and dominated Patrick Mahomes and the Kansas City Chiefs in winning its second Super Bowl title. The Eagles, led by mobile quarterback Jalen Hurts and a strong offensive line, rushed for a franchise-record 3,048 yards last season.

Barkley, the 2024 AP Offensive Player of the Year, set an NFL record for most yards rushing in a regular season and playoffs combined with 2,504. In March, Barkley signed a two-year, $41.2 million contract extension with $36 million guaranteed that made him league’s highest-paid player at the position.

Autor del tiroteo de El Paso (EE. UU.) suma una nueva sentencia de cadena perpetua

tiroteo
Fotografía de un letrero de Walmart sobre unas cruces durante un acto en homenaje a las víctimas de un tiroteo en El Paso, Texas (EE.UU.). Archivo. EFE/ Jesús Rosales

Los Ángeles.- Patrick Crusius fue condenado este lunes a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por los cargos estatales del tiroteo de 2019 en una tienda Walmart, en El Paso (EE. UU.) que dejó 23 muertos y 22 heridos, en su mayoría latinos, con lo que suma una nueva sentencia por la masacre.

En la audiencia, Crusius, de 26 años, se declaró culpable de la acusación formulada por la Fiscalía de El Paso (Texas), con lo que evitó la pena de muerte.

La masacre, ocurrida el 3 de agosto de 2019, se convirtió en el tiroteo más mortal dirigido contra la comunidad hispana hasta el momento.

El juez Sam Medrano dijo este lunes al acusado que “la comunidad que intentaste destruir se ha convertido en un símbolo de resiliencia, de amor que supera al odio, de humanidad que resiste ante el mal”, según información citada por el periódico El Paso Matters.

“Esta comunidad siempre recordará a aquellos cuyas vidas robaste: sus nombres, sus historias, sus logros. Su luz nunca se apagará. Mientras que tú, tu nombre y tu odio, serán olvidados”, agregó el juez ante el joven que permaneció callado y sin ninguna expresión durante la audiencia.

Crusius confesó después de su arresto haber publicado un manifiesto con proclamas antiinmigrantes y de nacionalismo blanco, y reconoció que su ataque había sido dirigido a mexicanos.

El tiroteo se produjo en una tienda Walmart de la ciudad fronteriza de El Paso al que suelen acudir a comprar muchos ciudadanos mexicanos.

En la audiencia de hoy el abogado defensor de Crusius, Joe Spencer, dijo que si bien su cliente afirmó en su manifiesto que sus opiniones eran anteriores al entonces presidente (Donald Trump) y que las figuras políticas no eran responsables, también declaró explícitamente que el ataque fue una respuesta a la invasión hispana de Texas, haciéndose eco del lenguaje empleado por las figuras políticas”, de acuerdo a la información citada por el periódico.

Añadió que de hecho Patrick creía que actuaba en la línea del presidente en ese momento.

La condena de hoy se suma a la de 2023, cuando Crusius fue condenado en un tribunal federal a 90 cadenas perpetuas consecutivas por ese ataque, luego de haberse declarado culpable de 90 cargos federales de asesinato y crímenes de odio, a cambio de lo cual el Gobierno estadounidense no pidió la pena de muerte.

Por más de cinco años la acusación local había estado estancada en el tribunal de El Paso, que inicialmente dejó en pie la pena capital.

El mes pasado, el fiscal de distrito del condado de El Paso, el demócrata James Montoya, había anunciado que retiraba la petición de la pena en el caso a cambio que se declarara culpable.

Montoya hoy también se refirió a la retórica antiinmigrante y pidió centrarse en recordar a las víctimas.

Federal judge will wait to rule on an effort to block Trump’s executive order on elections

Trump
Supervisor of the Checklist for the State of New Hampshire Leslie Dombroski, left, registers Elise Collins, 18, to vote in Derry, N.H., Tuesday, March 11, 2025. (Photo: AP/Reba Saldanha)

A federal judge on Thursday said she would wait to decide whether to grant a preliminary injunction to national Democrats and voting rights groups that are challenging President Donald Trump’s recent executive order on elections.

U.S. District Judge Colleen Kollar-Kotelly in Washington, D.C., said she would consider each party’s responses to her questions and aim for a ruling in the next week.

The Democratic National Committee, the League of United Latin American Citizens, the League of Women Voters Education Fund and others are seeking to block Trump’s sweeping overhaul of federal election processes, which, among other changes, would require proof of citizenship to register to vote in federal elections.

The Republican president’s executive order says the U.S. has failed “to enforce basic and necessary election protections” and calls on states to work with federal agencies to share voter lists and prosecute election crimes. It threatens to pull federal funding from states where election officials don’t comply.

It also aims to mandate major changes to election processes, including adding a proof-of-citizenship requirement to the federal voter registration form and requiring all mail ballots to be received, rather than just postmarked, by Election Day nationwide.

The plaintiffs argue Trump’s order is illegal because it asserts power that he does not have over an independent agency. That agency, the U.S. Election Assistance Commission, sets voluntary voting system guidelines and maintains the federal voter registration form.

The plaintiffs also argue the order violates the Constitution, which says that states — not the president — get to decide the “times, places and manner” of how elections are run. The Constitution’s so-called Elections Clause also gives Congress the power to “make or alter” election regulations, at least for federal office, but it doesn’t mention any presidential authority over election administration.

During the hearing, Danielle Lang, counsel for the nonpartisan groups suing the Trump administration, said requiring citizenship proof would complicate her clients’ voter registration drives at grocery stores and other public places.

It would make them “far more cumbersome, far more difficult, and far less effective,” she said.

Aria Branch, counsel for the Democrats, said her clients would face similar harms. She also argued a provision in the executive order to tighten mail ballot deadlines would irreparably harm her clients by forcing them to reallocate resources to help voters navigate the changes.

“That’s time, money and organizational resources and strategy that can’t be recouped,” she said. “And with elections, I’m sure your honor knows, every single day is important.”

The judge asked Michael Gates, counsel for the Trump administration, if it would constitute harm if a federal voter registration agency declined to provide a voter registration form to an eligible person because they could not immediately assess citizenship.

“They can go down the street to the DMV,” Gates said. “Inconvenience is not a harm.”

Also at issue during the hearing was whether the government has already begun implementing the documentary proof-of-citizenship requirement in the order. The plaintiffs pointed to an April 11 letter from the U.S. Election Assistance Commission to states “seeking consultation” on how they would want to see it implemented.

Gates said the official process to implement the provision hasn’t begun.

“The executive order hasn’t been implemented, and the federal form won’t be updated for many, many, many many months,» he said. “That alone undermines the need for an injunction.”

The hearing comes as other lawsuits against Trump’s executive order are pending.

Earlier this month, 19 Democratic attorneys general asked the court to reject Trump’s executive order. The following day, Washington and Oregon, two states that hold all-mail elections, followed up with their own lawsuit against the order.

Gunman who killed 23 in a racist attack at a Walmart in El Paso pleads guilty to capital murder

Gunman
Patrick Crusius attends a sentencing hearing with Judge Sam Medrano in the 409th district Commissioners Courtroom at the Enrique Moreno County Courthosue during in El Paso, Texas, April 21, 2025. (Ruben R. Ramirez/Pool Photo via AP)

EL PASO, Texas— The gunman who killed 23 people when he targeted Hispanic shoppers at a Walmart in Texas in 2019 pleaded guilty Monday to capital murder and was scolded by a judge over the racist attack in El Paso near the U.S.-Mexico border.

Patrick Crusius, a white 26-year-old community college dropout, wore a striped jumpsuit, shackles and a protective vest in the El Paso courtroom, as many dozens of victims’ relatives waited in the gallery to address him face-to-face.

Crusius did not address the families while accepting the plea deal, which he made after local prosecutors agreed to take the death penalty off the table. He had already been sentenced to 90 consecutive life terms on federal hate crime charges. His accepting of the plea agreement from Texas prosecutors ends six years of efforts to punish him by state and federal authorities.

Crusius drove more than 700 miles (1,100 kilometers) from Dallas to carry out the shooting on Aug. 3, 2019.

«You came to inflict terror, to take innocent lives and to shatter a community that had done nothing but stand for kindness, unity and love. You slaughtered fathers, mothers, sons and daughters,” State District Judge Sam Medrano said.

“Now as you begin the rest of your life locked away, remember this: your mission failed,” he continued. “You did not divide this city, you strengthened it. You did not silence its voice, you made it louder. You did not instill fear, you inspired unity. El Paso rose, stronger and braver.”

“Are you pleading guilty because you are guilty and for no other reason?” Medrano asked him.

“Yes, your honor,” Crusius calmly responded.

Medrano sentenced Crusius to life in prison without the possibility of parole.

While one of his lawyers, Joe Spencer, told the court, «We offer our deepest condolences,” Crusius did not explicitly apologize Monday for his actions.

“Patrick will leave prison only in a coffin on God’s time,” Spencer said.

He also pleaded guilty Monday to 22 counts of aggravated assault with a deadly weapon, which were enhanced with violence and prejudice findings, in relation to 22 victims who were injured but survived the shooting. He was sentenced to 22 additional life sentences on those counts.

Crusius has acknowledged he targeted Hispanics in the attack at the Walmart in the border city that was crowded with weekend shoppers from the U.S. and Mexico.

In a posting to an online message board just before the massacre, Crusius said the shooting was “in response to the Hispanic invasion of Texas.” He said Hispanics were going to take over the government and economy.

On social media, he appeared consumed by the nation’s immigration debate. After the shooting, Crusius told officers that he had targeted Mexicans.

Spencer told the court Crusius has been diagnosed with schizoaffective disorder, which can be marked by hallucinations, delusions and mood swings. “His thinking became increasingly divorced from reality,” he said.

“We share this not as an excuse, but as part of the explanation for the inexplicable,” he said.

Before the attack, Crusius appears to have been consumed by the immigration debate, posting online in support of building a border wall and praising the hard-line border policies of President Donald Trump, who was in his first term at the time.

“He latched onto hateful rhetoric, particularly the dangerous and false narratives surrounding immigration being repeated in political discourse,” Spencer said.

Victims’ families were expected to begin giving victim impact statements on Monday afternoon. Dozens made emotional statements during a similar hearing in federal court in 2023 that lasted for three days.

The people who were killed at Walmart ranged in age from a 15-year-old high school athlete to elderly grandparents. They included immigrants, a retired city bus driver, a teacher, tradesmen including a former iron worker, and several Mexican nationals who had crossed the U.S. border on routine shopping trips.