¿Vive usted en un estado gobernado por republicanos, un estado gobernado por demócratas o uno donde los dos partidos comparten el poder?
Su respuesta podría ser el mejor indicador de qué esperar de su gobernador y legisladores estatales una vez el presidente electo Donald Trump asuma el cargo y se formen las legislaturas.
En muchos casos, la identificación con un partido político ha llegado a definir la política pública, desde la capital de la nación a las 50 legislaturas estatales.
Muchos funcionarios estatales republicanos están cerrando filas con Trump al comprometerse a ayudarle a combatir la inmigración ilegal, por ejemplo. Algunos funcionarios estatales demócratas organizan un movimiento de resistencia, buscando formas de proteger a sus estados de posibles políticas federales que restrinjan el aborto y los derechos de las personas transgénero, entre otras cosas. Algunos gobernadores demócratas destacados, por su parte, han adoptado un enfoque más conciliador en un esfuerzo por forjar una relación de trabajo con el nuevo gobierno.
A continuación, un vistazo a qué esperar en algunos temas de política:
Inmigración
Los gobernadores y legisladores en estados republicanos se están sumando al compromiso de Trump de combatir la inmigración ilegal y deportar a muchas personas que viven sin permiso de residencia en Estados Unidos. Una declaración conjunta de 26 gobernadores republicanos dijo que “están listos para utilizar todas las herramientas a su disposición — ya sea a través de la aplicación de la ley estatal o la Guardia Nacional — para apoyar al presidente Trump en esta misión vital”.
Legisladores republicanos en cada vez más estados han propuesto permitir que las fuerzas de seguridad detengan a personas que ingresaron al país ilegalmente, y una ley reciente de Texas ha sido suspendida mientras los tribunales consideran si usurpa inconstitucionalmente la autoridad federal. Un proyecto de ley en Missouri ofrecería una recompensa de 1.000 dólares a informantes que alerten a las autoridades sobre personas en el país sin permiso de residencia y permitiría a cazadores de recompensas privados encontrarles y detenerlos.
En algunos estados demócratas, los gobernadores han adoptado una estrategia de esperar a ver los planes de inmigración de Trump, dispuestos a cooperar en la deportación de personas que cometen delitos pero no a utilizar la Guardia Nacional para grandes redadas de inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos.
Otras jurisdicciones lideradas por demócratas se están preparando para un enfrentamiento. La Legislatura de California ha convocado una sesión especial para crear defensas contra las políticas de Trump sobre inmigración y otros temas.
Aborto
La mayoría de los abortos en Estados Unidos se realizan utilizando medicamentos en lugar de procedimientos quirúrgicos, y ahí es donde se centra la lucha actual sobre el aborto.
Al menos cuatro estados — Indiana, Missouri, Nueva Hampshire y Tennessee — han presentado proyectos de ley destinados a prohibir las píldoras. Ninguno toma el mismo enfoque que Luisiana, que el año pasado clasificó los medicamentos como sustancias peligrosas controladas.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, ha demandado a una doctora de Nueva York, a la que acusa de recetar de forma ilegal en una consulta a distancia y enviar píldoras a una mujer de Texas, aunque una ley de Nueva York tiene como objetivo proteger dichas recetas.
Y los fiscales generales republicanos de Idaho, Kansas y Missouri están en los tribunales tratando de revocar la autorización federal a una de las píldoras que suelen utilizarse en el aborto.
Educación
Varios esfuerzos para expandir el uso de dinero público para costear la asistencia a escuelas privadas sufrieron derrotas sonadas en las elecciones de noviembre, por ejemplo en Nebraska, Kentucky y Colorado.
Pero la victoria de Trump se ve como un impulso para esos esfuerzos, que en años recientes han ganado mucha popularidad. Una docena de estados, casi todos republicanos, tienen programas que permiten a cualquier estudiante solicitar fondos gubernamentales para educación privada, lo que incluye escuelas religiosas.
Con Trump en el cargo, los estados podrían ver más incentivos como subvenciones globales o beneficios fiscales para adoptar o expandir modelos como los subsidios a la matrícula escolar privada para familias. Por ejemplo, se espera que Texas impulse las opciones de elección escolar, después de que varios defensores de esos subsidios ganaran escaños parlamentarios.
Muchos estados conservadores también defienden la incorporación del cristianismo en la educación pública, desde preescolar a secundaria, a través de medidas como requerir que las escuelas enseñen la Biblia y expongan los Diez Mandamientos. Trump ha prometido promover la oración y la lectura de la Biblia en las escuelas, y los tribunales actuales son más receptivos a incorporar la religión en la esfera pública, incluidas las escuelas.
En Texas, los funcionarios aprobaron en noviembre un programa académico que entrelaza las clases de lenguaje con lecciones bíblicas, y el superintendente de educación del estado en Oklahoma quiere requerir lecciones relacionadas con la Biblia.
Diversidad
Se espera que los esfuerzos para poner fin a las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, o DEI, se expandan en estados liderados por republicanos durante el gobierno de Trump, quien ha prometido deshacerse de lo que percibe como una visión demasiado progresista en la educación. Más instituciones de educación superior pueden unirse a las filas de aquellas que ya están desmantelando oficinas de diversidad en estados como Florida, Kentucky, Carolina del Norte, Iowa, Missouri, Nebraska y Texas.
También es probable que fiscalías y congresos en estados republicanos presionen al sector privado para que reduzca las iniciativas de DEI. Una ley de Tennessee proporciona un modelo, al prohibir que las instituciones financieras tengan en cuenta la participación de un cliente en “capacitación de diversidad, equidad e inclusión”.
Cuestiones transgénero
Se espera que los legisladores republicanos sigan presionando para restringir los derechos de las personas transgénero, en especial de menores transgénero.
En Texas se han propuesto más de 30 proyectos de ley de este tipo. Aunque Texas y otros estados tienen prohibiciones sobre los tratamientos de confirmación de género para menores transgénero, hay peticiones de que se vaya más allá, con medidas como prohibir que Medicaid y otros programas gubernamentales financiados por el estado gasten en tratamientos de confirmación de género para personas de cualquier edad.
En su campaña el año pasado, Trump se inclinó por los ataques a los derechos transgénero, lo que apuntaba a un cambio inminente en la política federal.
El futuro de algunas de estas medidas podría depender de un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos esperado para este año sobre si Tennessee tenía derecho a prohibir los tratamientos de confirmación de género para menores transgénero.
La mayoría de los estados controlados por republicanos ya tienen leyes que prohíben o limitan los tratamientos de confirmación de género para menores y la participación en deportes femeninos y de niñas para mujeres y niñas transgénero. Varios también dictan qué baños escolares pueden usar las personas transgénero.
Salud pública
Con una presidencia entrante que ha indicado que el flúor y las vacunas podrían estar en su punto de mira, legisladores en algunos estados han presentado proyectos de ley que pondrían fin a los programas de fluoración y restringirían aún más las medidas contra el COVID-19.
El nominado a secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., un abogado sin títulos médicos o de salud pública, ha descrito el flúor como un “desecho industrial” y dijo en una publicación del 2 de noviembre en X que el gobierno de Trump “aconsejaría a todos los sistemas de agua de Estados Unidos” que dejen de poner flúor en el agua. La adición de niveles bajos de flúor al agua potable se considera desde hace mucho tiempo como uno de los mayores logros de salud pública del último siglo porque previene la caries dental.
Legisladores de Arkansas han presentado proyectos de ley para derogar un programa estatal de fluoración y permitir que los sistemas públicos de agua locales celebren elecciones para que los residentes decidan si quieren poner flúor en el agua. Montana también tiene un proyecto de ley propuesto para “prohibir el uso de flúor”, aunque el texto completo del proyecto de ley aún no está disponible.
Las leyes y mandatos de vacunación también están en juego en los gobiernos estatales. Alabama podría considerar cambiar sus leyes de vacunación para requerir el consentimiento de los padres para que cualquier vacuna se administre a un menor de 14 años o más. Actualmente, los niños de esa edad pueden decidir si quieren servicios médicos. Wyoming tiene un proyecto de ley que impondría una multa civil de hasta 5.000 dólares a un negocio o entidad que reciba dinero estatal o federal si se descubre que discrimina según si alguien lleva mascarilla, ha recibido una vacuna contra el COVID-19 o se ha hecho una prueba de COVID-19.
No está claro si estos u otros proyectos de ley saldrán adelante.
