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Los estados se preparan para apoyar o frenar los planes de Trump para un segundo mandato

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Una gaviota vuela en las cercanías del edificio del Capitolio de los Estados Unidos en Washington, D.C., el 2 de enero de 2025. (Foto: VOA)

¿Vive usted en un estado gobernado por republicanos, un estado gobernado por demócratas o uno donde los dos partidos comparten el poder?

Su respuesta podría ser el mejor indicador de qué esperar de su gobernador y legisladores estatales una vez el presidente electo Donald Trump asuma el cargo y se formen las legislaturas.

En muchos casos, la identificación con un partido político ha llegado a definir la política pública, desde la capital de la nación a las 50 legislaturas estatales.

Muchos funcionarios estatales republicanos están cerrando filas con Trump al comprometerse a ayudarle a combatir la inmigración ilegal, por ejemplo. Algunos funcionarios estatales demócratas organizan un movimiento de resistencia, buscando formas de proteger a sus estados de posibles políticas federales que restrinjan el aborto y los derechos de las personas transgénero, entre otras cosas. Algunos gobernadores demócratas destacados, por su parte, han adoptado un enfoque más conciliador en un esfuerzo por forjar una relación de trabajo con el nuevo gobierno.

A continuación, un vistazo a qué esperar en algunos temas de política:

Inmigración

Los gobernadores y legisladores en estados republicanos se están sumando al compromiso de Trump de combatir la inmigración ilegal y deportar a muchas personas que viven sin permiso de residencia en Estados Unidos. Una declaración conjunta de 26 gobernadores republicanos dijo que “están listos para utilizar todas las herramientas a su disposición — ya sea a través de la aplicación de la ley estatal o la Guardia Nacional — para apoyar al presidente Trump en esta misión vital”.

Legisladores republicanos en cada vez más estados han propuesto permitir que las fuerzas de seguridad detengan a personas que ingresaron al país ilegalmente, y una ley reciente de Texas ha sido suspendida mientras los tribunales consideran si usurpa inconstitucionalmente la autoridad federal. Un proyecto de ley en Missouri ofrecería una recompensa de 1.000 dólares a informantes que alerten a las autoridades sobre personas en el país sin permiso de residencia y permitiría a cazadores de recompensas privados encontrarles y detenerlos.

En algunos estados demócratas, los gobernadores han adoptado una estrategia de esperar a ver los planes de inmigración de Trump, dispuestos a cooperar en la deportación de personas que cometen delitos pero no a utilizar la Guardia Nacional para grandes redadas de inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos.

Otras jurisdicciones lideradas por demócratas se están preparando para un enfrentamiento. La Legislatura de California ha convocado una sesión especial para crear defensas contra las políticas de Trump sobre inmigración y otros temas.

Aborto

La mayoría de los abortos en Estados Unidos se realizan utilizando medicamentos en lugar de procedimientos quirúrgicos, y ahí es donde se centra la lucha actual sobre el aborto.

Al menos cuatro estados — Indiana, Missouri, Nueva Hampshire y Tennessee — han presentado proyectos de ley destinados a prohibir las píldoras. Ninguno toma el mismo enfoque que Luisiana, que el año pasado clasificó los medicamentos como sustancias peligrosas controladas.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, ha demandado a una doctora de Nueva York, a la que acusa de recetar de forma ilegal en una consulta a distancia y enviar píldoras a una mujer de Texas, aunque una ley de Nueva York tiene como objetivo proteger dichas recetas.

Y los fiscales generales republicanos de Idaho, Kansas y Missouri están en los tribunales tratando de revocar la autorización federal a una de las píldoras que suelen utilizarse en el aborto.

Educación

Varios esfuerzos para expandir el uso de dinero público para costear la asistencia a escuelas privadas sufrieron derrotas sonadas en las elecciones de noviembre, por ejemplo en Nebraska, Kentucky y Colorado.

Pero la victoria de Trump se ve como un impulso para esos esfuerzos, que en años recientes han ganado mucha popularidad. Una docena de estados, casi todos republicanos, tienen programas que permiten a cualquier estudiante solicitar fondos gubernamentales para educación privada, lo que incluye escuelas religiosas.

Con Trump en el cargo, los estados podrían ver más incentivos como subvenciones globales o beneficios fiscales para adoptar o expandir modelos como los subsidios a la matrícula escolar privada para familias. Por ejemplo, se espera que Texas impulse las opciones de elección escolar, después de que varios defensores de esos subsidios ganaran escaños parlamentarios.

Muchos estados conservadores también defienden la incorporación del cristianismo en la educación pública, desde preescolar a secundaria, a través de medidas como requerir que las escuelas enseñen la Biblia y expongan los Diez Mandamientos. Trump ha prometido promover la oración y la lectura de la Biblia en las escuelas, y los tribunales actuales son más receptivos a incorporar la religión en la esfera pública, incluidas las escuelas.

En Texas, los funcionarios aprobaron en noviembre un programa académico que entrelaza las clases de lenguaje con lecciones bíblicas, y el superintendente de educación del estado en Oklahoma quiere requerir lecciones relacionadas con la Biblia.

Diversidad

Se espera que los esfuerzos para poner fin a las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, o DEI, se expandan en estados liderados por republicanos durante el gobierno de Trump, quien ha prometido deshacerse de lo que percibe como una visión demasiado progresista en la educación. Más instituciones de educación superior pueden unirse a las filas de aquellas que ya están desmantelando oficinas de diversidad en estados como Florida, Kentucky, Carolina del Norte, Iowa, Missouri, Nebraska y Texas.

También es probable que fiscalías y congresos en estados republicanos presionen al sector privado para que reduzca las iniciativas de DEI. Una ley de Tennessee proporciona un modelo, al prohibir que las instituciones financieras tengan en cuenta la participación de un cliente en “capacitación de diversidad, equidad e inclusión”.

Cuestiones transgénero

Se espera que los legisladores republicanos sigan presionando para restringir los derechos de las personas transgénero, en especial de menores transgénero.

En Texas se han propuesto más de 30 proyectos de ley de este tipo. Aunque Texas y otros estados tienen prohibiciones sobre los tratamientos de confirmación de género para menores transgénero, hay peticiones de que se vaya más allá, con medidas como prohibir que Medicaid y otros programas gubernamentales financiados por el estado gasten en tratamientos de confirmación de género para personas de cualquier edad.

En su campaña el año pasado, Trump se inclinó por los ataques a los derechos transgénero, lo que apuntaba a un cambio inminente en la política federal.

El futuro de algunas de estas medidas podría depender de un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos esperado para este año sobre si Tennessee tenía derecho a prohibir los tratamientos de confirmación de género para menores transgénero.

La mayoría de los estados controlados por republicanos ya tienen leyes que prohíben o limitan los tratamientos de confirmación de género para menores y la participación en deportes femeninos y de niñas para mujeres y niñas transgénero. Varios también dictan qué baños escolares pueden usar las personas transgénero.

Salud pública

Con una presidencia entrante que ha indicado que el flúor y las vacunas podrían estar en su punto de mira, legisladores en algunos estados han presentado proyectos de ley que pondrían fin a los programas de fluoración y restringirían aún más las medidas contra el COVID-19.

El nominado a secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., un abogado sin títulos médicos o de salud pública, ha descrito el flúor como un “desecho industrial” y dijo en una publicación del 2 de noviembre en X que el gobierno de Trump “aconsejaría a todos los sistemas de agua de Estados Unidos” que dejen de poner flúor en el agua. La adición de niveles bajos de flúor al agua potable se considera desde hace mucho tiempo como uno de los mayores logros de salud pública del último siglo porque previene la caries dental.

Legisladores de Arkansas han presentado proyectos de ley para derogar un programa estatal de fluoración y permitir que los sistemas públicos de agua locales celebren elecciones para que los residentes decidan si quieren poner flúor en el agua. Montana también tiene un proyecto de ley propuesto para “prohibir el uso de flúor”, aunque el texto completo del proyecto de ley aún no está disponible.

Las leyes y mandatos de vacunación también están en juego en los gobiernos estatales. Alabama podría considerar cambiar sus leyes de vacunación para requerir el consentimiento de los padres para que cualquier vacuna se administre a un menor de 14 años o más. Actualmente, los niños de esa edad pueden decidir si quieren servicios médicos. Wyoming tiene un proyecto de ley que impondría una multa civil de hasta 5.000 dólares a un negocio o entidad que reciba dinero estatal o federal si se descubre que discrimina según si alguien lleva mascarilla, ha recibido una vacuna contra el COVID-19 o se ha hecho una prueba de COVID-19.

No está claro si estos u otros proyectos de ley saldrán adelante.

Puerto Rico descarta algún caso humano de gripe aviar por la muerte de 60 gallinas

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Fotografía de archivo que muestra un criadero de gallinas. EFE/Ulises Ruiz Basurto

San Juan.- El designado secretario de Salud de Puerto Rico, Victor Ramos, descartó que se haya reportado algún caso de gripe aviar en la isla, luego de que 60 gallinas ponedoras murieran por la enfermedad en una finca en la isla-municipio de Culebra.

«Confirmamos que, hasta el momento, no se ha detectado ningún caso de gripe aviar en personas en Puerto Rico», aseguró Ramos en un comunicado de prensa.

«Los resultados de pruebas moleculares realizadas hasta ahora han sido negativos en personas que están bajo vigilancia. El Departamento de Salud reitera su compromiso con la transparencia en todo momento y recuerda que somos la única fuente oficial de información», abundó.

A pesar de que se han reportado estos decesos, no se han registrado casos de infección en humanos, confirmó el viernes la agencia sanitaria.

Las 60 gallinas murieron paulatinamente en la finca desde el pasado diciembre y la prueba realizada a una de ellas dio positivo.

Salud aseguró que, hasta el momento, «la situación relacionada con la detección de la influenza aviar H5N1 en gallinas, en la isla municipio de Culebra está bajo control y en vigilancia».

Las autoridades identificaron ocho personas que tuvieron contacto con los animales, entre ellos empleados de la finca y familiares del propietario del lugar.

También elevaron el nivel de alerta de 4, que es observación, a 3, de monitoreo de las personas que tuvieron contacto con las aves.

La situación ha provocado que se sacrificara el resto de las aves que quedaban con vida y también se dispuso de la producción de huevos.

Por su parte, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) avisó de que la amenaza actual de la gripe aviar de alta patogenicidad (IAAP, en inglés) exige una atención mundial «urgente», porque trasciende sus orígenes aviares para afectar, cada vez con mayor frecuencia, a mamíferos domésticos y salvajes.

Más de una treintena de especies ya ha sido infectada por esta enfermedad y se prevé que vaya en aumento, lo cual supone una «amenaza para la fauna salvaje, los animales domésticos y la salud pública», en palabras de la OMSA.

La situación ha llevado a esta organización a pedir a sus 183 países miembros que aumenten la vigilancia para detección precoz en ejemplares susceptibles, efectúen diagnósticos en las no aviares y notifiquen los casos en todas las especies animales.

Además, aconseja aplicar medidas preventivas tempranas para romper el ciclo de transmisión y proteger a las personas en estrecho contacto o que manipulen ganado enfermo y sus productos; y reclama a los países que eviten aplicar restricciones comerciales «injustificadas».

México envía equipo especial a California para apoyar al combate de los incendios forestales

Fotografía cedida por la Presidencia de México, de un equipo de ayuda para combatir en California, Estados Unidos, los incendios forestales este sábado, desde el Aeropuerto Internacional Felipe Angeles, en el municipio de Zumpango (México). EFE/ Presidencia de México

 El Gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, informó que este sábado viajó un grupo especial de ayuda humanitaria a California (EE.UU.) para apoyar en el combate contra los incendios forestales que afectan la región sur de ese estado.

En un comunicado conjunto se precisó que el equipo está conformado por seis especialistas en protección civil; 30 combatientes de incendios forestales de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); 32 especialistas en incendios forestales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defenesa) y dos representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

«Somos un país generoso y solidario. Gracias al equipo del Plan DN-III-E de la Secretaría de la Defensa, a los combatientes forestales y a Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil. Llevan con ustedes la valentía y el corazón de México», apuntó Sheinbaum en un mensaje en redes sociales.

La misión despegó desde la base militar de Santa Lucía, durante la mañana de este sábado, en dos aeronaves pertenecientes a la Defensa.

El titular de a Defensa, Ricardo Trevilla, destacó la labor solidaria y la gran experiencia que el equipo mexicano brindará a la población y a las autoridades de California y los conminó a poner en alto los valores que caracterizan al pueblo de México.

Mientras que Laura Velázquez informó que se ha diseñado una estrategia especial de coordinación con los combatientes en California.

“Vamos a apoyar con un equipo con amplia experiencia en el combate de incendios forestales y en la atención a la población, el cual ha participado efectivamente en eventos nacionales e internacionales”, agregó.

El viernes, Sheinbaum había adelantado que el Gobierno mexicano enviaría militares y un equipo de combatientes de incendios de la Conafor a la ciudad estadounidense de Los Ángeles, donde el fuego ha dejado al menos 10 muertos.

Sheinbaum expuso en su conferencia matutina que el canciller, Juan Ramón de la Fuente, «habló tanto con las autoridades del Gobierno del presidente Joe Biden como con el gobernador de California», Gavin Newsom, para ofrecer apoyo del Gobierno de México.

Los Ángeles vive los incendios más devastadores de la historia con más de 180.000 personas bajo órdenes de evacuación y cerca de 10.000 edificaciones y estructuras dañadas o destruidas.

Por ahora, la SRE no ha registrado ciudadanos mexicanos entre las víctimas, pero está en alerta porque Los Ángeles es la ciudad con más mexicanos fuera de México, con al menos un millón de habitantes de origen mexicano.

En Venezuela sigue la incertidumbre, decepción e “ilusiones intactas” después de juramentación de Maduro

El presidente venezolano Nicolás Maduro ondea la bandera de la nación durante su investidura para un tercer mandato en el Palacio de Miraflores, en Caracas, el viernes 10 de enero de 2025. (AP Foto/Matias Delacroix)

Mientras el liderazgo opositor venezolano asegura que sigue trabajando en las condiciones para “cobrar”, “muy pronto”, la victoria electoral que se acredita con actas, opositores aseguran estar viviendo momentos de gran incertidumbre y expectativa.

El hecho de que el gobernante Nicolás Maduro haya sido juramentado para un tercer mandato, a pesar de las denuncias de fraude en las elecciones del 28 de julio del año pasado, y que el liderazgo opositor no haya logrado, para el 10 de enero, cumplir su compromiso de “cobrar” el triunfo que se adjudica con actas, mantiene a muchos venezolanos en una situación de incertidumbre y decepción.

“Me siento triste, confundida, un poco decaída. Sentía que había un plan y una estrategia para todos los escenarios posibles. Pero, sigo con fe, creyendo en mis líderes, esperando directrices”, dice a la VOA una opositora que tiene a la mayor parte de su familia fuera del país, y que asegura tener más preguntas que respuestas sobre los acontecimientos registrados desde el jueves.

“Estaba un poco ilusionado, pero en el fondo, mi lado racional tenía claro que es un proceso que inicia, que no es tan rápido, no es que estoy desesperanzado, pero me hubiera gustado que fuera más rápido. Mis ilusiones están intactas, lo importante es que la estrategia siga andando. Lo que pasa es que la gente está desesperada”, comenta otro venezolano que participó como testigo de mesa en las elecciones del año pasado.

Las redes sociales están inundadas de comentarios similares. Algunos cuestionan que la oposición haya creado expectativas, otros dicen que se trata de una lucha de «banderas» contra un «poder armado», en referencia a una escalada represiva denunciada por instancias internacionales y activistas de derechos humanos.

“Yo no tengo expectativas ahorita, yo pasé mucho tiempo en la calle cuando fueron las primeras protestas. Estoy a la misma espera que puedo estar o no estar si pasa o no pasa algo, simplemente teniendo paciencia y resiliencia que es lo que nos ha quedado”, expone a VOA una mujer, en Caracas.

¿Qué opinan los venezolanos sobre la cuestionada jura de Maduro para un nuevo periodo presidencial?

“Lo único que me queda pensar es que en algún momento haya una fractura interna, que ellos mismas reconozcan que están haciéndolo muy mal y le pidan un cambio a las personas que están dirigiendo, de otra manera yo no lo veo muy fácil”, comenta otro ciudadano.

Simpatizantes del chavismo, en tanto, opinan que, a través de las instituciones del Estado, Maduro demostró que ganó, y hoy hay «paz».

“Los venezolanos lo que queremos es tranquilidad. Que si hay inconformidad en lo político y electoral, allí están los canales regulares”, afirma Jesús García, un funcionario público.

Maduro, de 62 años, fue investido el viernes para un nuevo periodo de seis años, en medio de manifestaciones de “lealtad” de las fuerzas militares y policiales, y acusaciones de la oposición sobre la consumación de un “golpe de Estado”.

Mientras, el líder opositor que se acredita con actas el triunfo electoral, Edmundo González Urrutia, reconocido como presidente electo por varios gobiernos, aseguró que sigue trabajando en las condiciones para lograr volver a Venezuela para asumir el cargo, y llamó a los militares a “preparar” su seguridad en ese sentido.

Tanto Maduro como González Urrutia, de 75 años, en el exilio desde septiembre, se acreditan la victoria electoral.

A pesar de la insistencia de parte de la comunidad internacional que pidió resultados transparentes y verificables, el organismo electoral no divulgó datos disgregados, pero la oposición publicó actas que conservaron sus testigos de mesa.

La líder opositora, María Corina Machado, ganadora de la primaria presidencial, pero inhabilitada para formalizar su inscripción como candidata, explicó este viernes que ante los riesgos para su integridad física, para garantizar la seguridad de González Urrutia, se tomó la decisión de que regrese en el momento “correcto”.

“Le he pedido que no lo haga, porque su integridad es fundamental para la derrota final del régimen y la transición a la democracia que está muy cerca”, dijo en un video, horas después de haber denunciado que fue capturada y posteriormente liberada por fuerzas de seguridad, tras participar en una movilización opositora que exigía respeto a la soberanía popular.

Altos funcionarios del gobierno de Maduro negaron que hubiera sido arrestada y lo calificaron como un “show”.

Analistas habían advertido que el 10 de enero no era sólo una fecha, sino un “hecho político” que abre la puerta a futuros eventos y a una “mayor presión internacional”.

En horas recientes Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea anunciaron sanciones individuales contra funcionarios señalados de cometer violaciones a los DDHH y de socavar la democracia.

Además, se incrementan las expectativas sobre las acciones que podría implementar el presidente electo de EE. UU., Donald Trump, que pronto tomará posesión del cargo y que, tras semanas de silencio, manifestó apoyo a González Urrutia.

De acuerdo a cifras de ACNUR, ante la crisis económica y humanitaria, más de 7 millones de personas han salido de Venezuela buscando mejores condiciones de vida. Sondeos coinciden en que la región puede enfrentar una nueva oleada migratoria si no se alcanza una solución que permita destrabar la crisis política del país.

Maximiliano J. Trujillo-Ortega Informed of $6.6 million in Grants For Renewable Energy Project and Water Infrastructure

Maximiliano

San Juan, PR.,– USDA Rural Development Director for Puerto Rico, Maximiliano J. Trujillo-Ortega announced during a Press Conference with DOE Secretary Grandholm in the Puerto Rico Convention Center, that USDA Rural Development has awarded $5,520,498 to 22 Rural Busssines in Puerto Rico. The awardees have invested from their own funds $6,774,002 for a total investment of $14,815,210.  These awards will help farmers and small business owners to expand access to clean energy, create jobs and help lower their energy bills through the Rural Energy for America Program (REAP).

“Farmers, and rural business owners are the backbone of our economy, and we are partnering with them to expand their operations while creating jobs and lowering energy costs,” Trujillo-Ortega said. “This investment supports rural communities as they transition to clean energy and drive economic prosperity across the Archipelago of Puerto Rico.” 

REAP Investments Lower Costs and Create Jobs 

Since the start of the Biden-Harris Administration, USDA has invested more than $2.4 billion in approximately 8,500 renewable energy and energy efficiency improvements since President Biden took office. This includes more than 3,000 clean energy projects totaling more than $800 million which were made possible because of President Biden’s Inflation Reduction Act.  

The investments announced today will help make it possible for agricultural producers and rural small business owners to expand renewable energy sources, and make energy efficiency improvements.

Some examples:

  • Bach and Stern LLC a rural small business located in Carolina was awarded $844,662 to develop a renewable energy system that will realize $510,749 per year savings. They contributed $2,021,262 from their own funds for a total investment of $2,865,924.
  • Trofima Corporation a rural small business located in Arecibo was awarded $1,000,000 to develop a renewable energy system that will realize a $532,663 per year savings. They contributed $1,076,901 from their own funds for a total investment of $2,076,901.
  • Bananera Fabre Inc. an agricultural producer farm located in Sabana Grande was awarded $200,000 to make energy-efficiency improvement to their operations. They contributed $200,000 from their own funds for a total investment of $400,000.
  • Other 19 rural small business and agricultural producer were awarded funds to develop renewable energy system or energy-efficiency improvements.

Also, the municipality of Aibonito was awarded $993,000 to repair Storm Water System the funds came from FY 2025 Disaster Community Facilities Funds.

Under the Biden-Harris Administration, USDA Rural Development provides loans and grants to help expand economic opportunities, create jobs and improve the quality of life for millions of Americans in rural areas. This assistance supports infrastructure improvements; business development; housing; community facilities such as schools, public safety and health care; and high-speed internet access in rural, Tribal and high-poverty areas. Visit the Rural Data Gateway to learn how and where these investments are impacting rural America. For more information, visit www.rd.usda.gov. To subscribe to USDA Rural Development updates, visit the GovDelivery Subscriber Page.

Shapiro administration awards more than $4.5 million for career and technical education to help students chart their own courseand succeed

Shapiro
Governor Josh Shapiro.

Continued investments in public education, equipment, and supplies help the Shapiro Administration “Get CTE Done” for learners across the Commonwealth

Harrisburg, PA – The Pennsylvania Department of Education (PDE) today announced that more than $4.5 million in competitive grant funding has been awarded to 58 career and technical centers (CTCs) and school districts to help Pennsylvanians chart their own course through career and technical education programs. 

“Pennsylvania’s schools and career and technical centers are providing today’s learners with the tools, skills, and knowledge for the jobs of tomorrow, and these grants enable students to learn on the most up-to-date industry equipment,” said Interim Acting Secretary of Education Angela Fitterer.“The Shapiro Administration is committed to offering students multiple pathways to career success, and this funding will give them a jump start on whichever pathway they choose.”

The full list of recipients can be found on PDE’s Competitive Equipment Grants page.

Here are some great examples:

  • The A.W. Beattie Career Center in Allegheny County will use its $85,000 grant to modernize its Homeland Security Law Enforcement, Firefighting and related programs with a new ambulance trainer package.
  • The Crawford County CTC will use its $85,000 grant to meet manufacturing demands in the region by purchasing a new compact machining center for their Precision Machining Technology program.
  • The Keystone Central CTC in Clinton County will use its $85,000 grant to meet the changing automotive industry demands by purchasing new equipment and certifications for learners.
  • The Octorara Area School District in Chester County will use its $85,000 grant to modernize its Homeland Security Law Enforcement, Firefighting and related programs by purchasing self-contained breathing equipment.
  • The Middle Bucks Institute of Technology in Bucks County will use its $85,000 grant to purchase new welding equipment that will help its learners build in-demand skills and understand automation in the manufacturing industry.
  • The York County School of Technology will use its $85,000 grant to purchase new welding equipment for its Metal Fabrication program to meet the growing demands of the manufacturing industry and best prepare learners for changing workforce needs.   

Under the program, grants of up to $85,000 are awarded to school entities to update or purchase equipment used in the training of students in approved career and technical education programs. The equipment must be aligned with the needs of employers, and programming must provide students with hands-on use of the equipment as part of the curriculum.

This funding is helping the Shapiro Administration “Get CTE Done” through sustained investments in career and technical education across the Commonwealth. In his 2024-25 budget, Governor Josh Shapiro secured historic funding for public education, with a $1.1 billion increase for basic education, a $100 million increase for special education, and a $30 million increase to expand access to career and technical education statewide. Over two years, the Shapiro Administration has delivered more than $65 million for career and technical education and apprenticeships to better serve students as they determine the next steps in their education and career journeys.

Career and technical education provides students with the skills and knowledge to obtain high-priority occupations through a combination of classes and hands-on learning experiences, which allows them to apply academics to real-world problems.

More than 80 CTCs in Pennsylvania offer a combination of classes and hands-on learning in programs approved by the Pennsylvania Department of Education. Thousands of students earn industry credentials or certifications for local jobs in high demand, so they graduate on a path for success.

Más de 18.000 médicos piden Senado no confirme a Kennedy como secretario de Salud de EE. UU.

Kennedy
Imagen de archivo. EFE/EPA/WILL OLIVER

Nueva York.- Más de 18.000 médicos han unido sus voces a la de cerca de un centenar de premios Nóbel y una amplia coalición de defensores de la salud que han pedido al Senado de EE. UU. que no confirme al abogado ambientalista Robert Kennedy a la secretaría de Salud y Servicios Humanos (HHS por siglas en inglés) del país..

El Comité para la Protección de la Atención Sanitaria, una organización médica sin ánimo de lucro, ha publicado una carta online con la meta de lograr 20.000 firmas, de las que ya tienen 18.477, teóricamente todos profesionales de la salud.

«Sus décadas de difusión de desinformación peligrosa, de socavar los esfuerzos de salud pública y de promover teorías conspirativas lo convierten en alguien totalmente inadecuado para dirigir la agencia de salud más importante del país», argumentan sobre Kennedy, a quien el presidente electo, Donald Trump, designó el pasado noviembre para dirigir la agencia sanitaria.

Aquella designación de Trump provocó una ola de rechazo al miembro del clan Kennedy, conocido por sus teorías de la conspiración sobre las vacunas, que comenzó a difundir durante la pandemia del covid-19, cuando alegó que ese virus tenía como objetivo atacar a los caucásicos y a los negros y que las personas más inmunes son los chinos y los judíos asquenazíes.

Kennedy ha vinculado además los tiroteos masivos en las escuelas con antidepresivos como el Prozac, ha denunciado que los demócratas reciben mucho más dinero de las farmacéuticas que los republicanos y está convencido de que las vacunas provocan autismo.

«La salud y bienestar de 336 millones de estadounidenses depende del liderazgo del HHS que prioriza la ciencia, medicina basada en evidencia, y fortalecimiento de la integridad de nuestro sistema de salud pública», indica la misiva de los médicos

Indican además que Kennedy no sólo no está calificado para dirigir esa agencia, «sino que es sumamente peligroso» por lo que piden al Senado rechazar su nombramiento

El pasado diciembre, 75 premios Nóbel también escribieron al Senado que no confirme ese nombramiento, argumentando que la salud pública estaría en riesgo, en la primera ocasión que hacen este tipo de intervención.

Igualmente una coalición de unas 40 organizaciones realiza una campaña con miras a bloquear su nombramiento, en momentos en que el Senado comenzará a evaluar los nombrados por Trump para integrar su gabinete.

Trump planea emitir 100 decretos sobre frontera, deportaciones y otros temas desde su primer día

Trump
El presidente electo de EEUU, Donald Trump, habla con reporteros tras una reunión con legisladores republicanos en el Capitolio de Washington el miércoles 8 de enero de 2025. (AP Foto/Steve Helber)

WASHINGTON— El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, está preparando más de 100 decretos sobre seguridad fronteriza, deportaciones y otras prioridades políticas que pretende emitir desde su primer día de vuelta en la Casa Blanca.

Trump informó a los senadores republicanos sobre el futuro paquete de medidas durante una reunión privada en el Capitolio. Se espera que muchas de las acciones se lancen el día de su investidura, el 20 de enero. Stephen Miller, asesor de Trump, describió a los senadores republicanos las medidas de seguridad fronteriza y de inmigración que probablemente se lanzarán primero. Axios fue el primero en informar sobre la presentación de Trump y su equipo.

“Habrá un número sustancial”, dijo el senador John Hoeven.

Los aliados del presidente electo han estado preparando un conjunto de órdenes ejecutivas que Trump podría firmar rápidamente sobre una amplia gama de temas, desde el endurecimiento de la frontera de Estados Unidos con México hasta el desarrollo energético, las reglas de la fuerza laboral federal, políticas de género escolar y mandatos de vacunas, entre otras promesas hechas durante su campaña.

Aunque las acciones ejecutivas son comunes en el primer día de un nuevo gobierno, ya que el nuevo presidente imprime su sello en ciertas prioridades, lo que Trump y su equipo están planeando es un golpe ejecutivo no visto en tiempos modernos mientras se prepara para ejercer el poder de maneras no probadas, soslayando la maquinaria legislativa del Congreso.

Algunas podrían ser significativas, otras podrían ser más mensajes simbólicos de la dirección del nuevo presidente.

Los senadores que fueron informados por Trump y su equipo durante una larga sesión en el Capitolio esta semana esperan que la nueva administración revierta muchas de las órdenes ejecutivas del gobierno del presidente Joe Biden mientras implementa sus propias propuestas.

Finalizar el muro en la frontera sur de Estados Unidos y establecer instalaciones de detención para alojar a migrantes hasta que sean expulsados son parte de la mezcla, unos 100.000 millones de dólares en propuestas —dijeron los senadores—, dinero que la administración entrante de Trump y el Congreso de mayoría republicana están trabajando para financiar.

Los senadores esperan que Trump vuelva a muchas de las mismas medidas fronterizas que estaban en vigor durante su primer mandato, incluidas aquellas que requieren que los migrantes soliciten asilo en otros países o permanezcan en México mientras se procesan sus peticiones en Estados Unidos, así como acciones policiales masivas para deportar a aquellos que actualmente están en Estados Unidos de manera ilegal.

El senador James Lankford, quien lideró las negociaciones sobre seguridad fronteriza e inmigración durante el último Congreso, dijo que espera que el equipo de Trump se enfoque inicialmente en cerca de 1 millón de migrantes que, según dijo, ingresaron recientemente al país, han sido condenados por delitos o que no son elegibles para permanecer en el país.

“Esa es la fruta que está al alcance de la mano”, dijo Lankford. “Personas que cruzaron recientemente, personas que estaban legalmente y cometieron delitos, personas a las que el tribunal ha ordenado que sean removidas, eso es bien más de 1 millón de personas. Comenzar a trabajar en ese proceso”.

Trump mismo una vez planteó durante la campaña presidencial la idea de tener un “escritorio pequeño” en el Capitolio el día de su investidura, donde se sentaría y firmaría rápidamente sus órdenes ejecutivas.

Aunque no hay señales públicas de que esté considerando eso, los senadores republicanos están planeando darle la bienvenida a Trump dentro del edificio después de que tome el juramento del cargo. El nuevo presidente típicamente firma la documentación necesaria para las nominaciones formales de su gabinete y los nombramientos administrativos.

Muchos de los nominados de Trump para los principales puestos administrativos pasarán por audiencias de confirmación en el Senado la próxima semana. Tradicionalmente, el Senado comienza a votar sobre los nominados de un presidente tan pronto como asume el cargo, y algunos incluso son confirmados el día de la investidura.

Secretaria de Energía de EE. UU. advierte a Puerto Rico sobre debilidad en la generación de energía

Puerto Rico
ARCHIVO – Un poste de la red eléctrica con cables sueltos se alza sobre una vivienda en Loiza, Puerto Rico, el 15 de septiembre de 2022. (AP Foto/Alejandro Granadillo, Archivo)

SAN JUAN— La secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, advirtió el viernes en Puerto Rico que la isla necesita más generación de energía en su lucha por recuperarse de un apagón masivo reciente.

Esta fue la última visita oficial de Granholm a este territorio estadounidense, en un momento en que a muchas personas les preocupa el tipo de recursos y financiación que podría recibir la deteriorada red eléctrica puertorriqueña en el gobierno del presidente electo Donald Trump, quien eligió a un ejecutivo de combustibles fósiles para que sea su secretario de Energía.

Granholm señaló que Puerto Rico ha sido afectado por 232 apagones desde que el huracán Fiona azotó la isla en septiembre de 2022, los cuales se deben a la insuficiente generación de energía.

Dijo que sólo alrededor de la mitad de la capacidad de generación instalada está activa, aun cuando el Departamento de Energía de Estados Unidos ha invertido millones de dólares en proyectos solares en toda la isla, los cuales generan más de 1.200 megavatios de nueva capacidad renovable.

Aunque el exgobernador puertorriqueño Pedro Pierluisi consideraba a Granholm una aliada, la recién investida gobernadora de la isla, Jenniffer González, desairó a la secretaria de Energía federal y no estuvo presente en la conferencia de prensa del viernes.

El miércoles, González, quien apoya a Trump, dijo que Granholm visitaría Puerto Rico “en su tour de fotos, así que nosotros le estamos pidiendo, en blanco y negro, que además del tour de fotos, atienda los problemas medulares. Yo no me voy a prestar para el juego de las fotos”.

González también nombró a un llamado zar de la energía para que revise los contratos de dos empresas energéticas privadas que supervisan la generación, transmisión y distribución de electricidad en la isla mientras criticaba al gobierno de Estados Unidos, diciendo que aún no ha liberado 18.000 millones de dólares destinados a la red eléctrica puertorriqueña.

“El (Departamento de Energía) no controla los fondos relacionados con la red. Esa es prerrogativa de la FEMA”, señaló Granholm en una conferencia de prensa el viernes cuando se le preguntó sobre los comentarios de González, refiriéndose a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias por sus siglas en inglés.

Granholm señaló que se han comprometido 6.000 millones de dólares en fondos federales para ayudar a reconstruir la red después de que el huracán María la arrasara en septiembre de 2017, cuando golpeó la isla con fuerza de categoría 4. Añadió que la FEMA ha aprobado 200 de más de 440 proyectos que le han sido presentados a la agencia para reparar y fortalecer la red. De los proyectos aprobados, 125 están en construcción.

Pero a pesar del trabajo continuo para estabilizar y fortalecer la red, los apagones siguen siendo constantes.

El 31 de diciembre, un apagón afectó a casi toda la isla de 3,2 millones de habitantes mientras se preparaba para la víspera de Año Nuevo. Hasta el viernes, más de 1.200 clientes seguían sin electricidad, algunos debido a mejoras que se realizan en el sistema.

Javier Rúa Jovet, director de política pública de la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico, dijo en una entrevista telefónica que el Departamento de Energía de Estados Unidos ha sido un aliado en cuestiones de energía renovable durante la gestión de Granholm.

Pero le preocupa el futuro de la red en el gobierno de Trump.

“La energía solar necesita una red en buen estado”, señaló. “La reconstrucción de la red de Puerto Rico depende básicamente en su totalidad del flujo de dólares de la FEMA… Si no se invierte realmente en ella, está en peligro, especialmente cuando se tiene un nuevo gobierno que llega a nivel federal, el cual buscará dinero en todas partes para financiar recortes fiscales a los ricos”.

En noviembre, Trump eligió al donante de campaña y ejecutivo de combustibles fósiles Chris Wright para que sea su secretario de Energía. Hizo la nominación en un momento en que Puerto Rico lucha por disminuir su dependencia del petróleo y abrazar la energía renovable en una isla azotada casi todos los años por huracanes y tormentas tropicales.

Las centrales eléctricas que dependen de combustibles fósiles proporcionan el 93% de la energía en Puerto Rico. De ellas, 23% son alimentadas por gas natural, 8% por carbón y sólo 6% por energías renovables.

Una ley de política pública de 2019 exige que Puerto Rico cubra el 40% de sus necesidades eléctricas con energía renovable para 2025, el 60% para 2040 y el 100% para 2050.

“Puerto Rico tiene una ley”, declaró Granholm. “Espero que esa ley se cumpla”.

Department of Human services highlights research, resources on trauma-informed training to improve community safety for individuals with intellectual disabilities, autism 

autism 
(Foto: Ilustrativa/Pexels)

Harrisburg, PA – The Pennsylvania Department of Human Services (DHS) today released the latest issue of the Positive Approaches Journal, which aims to provide the most recent research for people with mental and behavioral health challenges, intellectual disabilities, autism, and other developmental disabilities to help them live an everyday life. This edition focuses on the importance of trauma-informed training so that interactions between law enforcement and individuals with autism can be de-escalated and handled safely for all involved.  

“DHS works to ensure that Pennsylvanians with intellectual disabilities and autism have the services and supports they need, but we also want to make sure that all Pennsylvanians have these resources,” said DHS Secretary Dr. Val Arkoosh. “We know that there is no one way to approach a law enforcement interaction but it is our hope that the research in this edition of the Positive Approaches Journal can help law enforcement, as well as individuals with intellectual disabilities and autism and their families, find the resources they need to improve their everyday lives.” 

In June 2024, informed by conversations with individuals with autism and their families, the Pennsylvania State Police created a card that can be carried by people with autism and presented during any encounter with law enforcement to ensure the interaction is as safe and productive as possible. PSP’s Office of Community Engagement developed the informational card, which is available on the Safety Resources page of PSP’s website. Individuals may print the card from the website and carry it in a wallet, or they can choose to save it on their phone. 

“Trauma-informed training and resources like this are critical in fostering safer and more effective interactions between law enforcement and individuals with intellectual disabilities and autism,” said Colonel Christopher Paris, Commissioner of the Pennsylvania State Police. “When officers are aware of and prepared for the unique needs of these individuals, they can respond in ways that promote safety and reduce the risk of misunderstandings.” 

The Shapiro Administration believes that every Pennsylvanian with intellectual disabilities and autism deserves to receive the supports they need to achieve an everyday life with dignity and opportunity to pursue their goals and live, work, and recreate among their families and peers. Life-changing investments in Governor Josh Shapiro’s bipartisan 2024-25 budget secured historic increases in funding for home and community-based services for Pennsylvanians with intellectual disability and autism (ID/A) as well as increases in rates for the providers responsible for essential care and support of these individuals every day. 

This edition of the Positive Approaches Journal features research and articles on the following:

  • Data Discoveries investigates encounters between the justice system and individuals with autism and outlines how interactions can be prevented or deescalated and can result in more equitable outcomes. 
  • How WE Can Keep Our Autistic Loved Ones Safer details trainings and provides case studies for both law enforcement and individuals with autism and their loved ones to help have safer interactions with law enforcement.
  • Police Department Mental Health Liaison Program details the successes of a pilot program in Lehigh County to assess the needs of individuals who engage with the police and refer them to the appropriate service providers. 
  • Aid in PA: Resources for Emergency Preparedness demonstrates the Aid in PA website, which was launched during the COVID-19 pandemic as a source for accurate emergency information and resources for Pennsylvanians who are autistic and/or have an intellectual/developmental disability (IDD).
  • Pennsylvania Crisis Intervention Teams: Enhancing Police Responses to Mental Health Crises details the development of Crisis Intervention Teams (CITs) in police departments across the Commonwealth to respond appropriately to behavioral health crises.
  • THE POINT: Empowering Youth outlines an organization that provides an after-school community center, on-campus support and mentoring, and a program to support students in juvenile detention.

The journal is a collaboration of DHS’ Office of Developmental Programs and Office of Mental Health and Substance Abuse Services. It collects resources, observations, and advancements in mental and behavioral health in order to better serve people in their communities.