ALLENTOWN, Pa. – El Concejo Municipal de Allentown aprobó por unanimidad una ordenanza el 5 de febrero por la noche que insta a la administración de la ciudad a obtener una designación de «ciudad acogedora» por parte de Welcome America, organización nacional sin fines de lucro. La ordenanza formaliza las prácticas actuales de la ciudad para proporcionar servicios municipales sin distinción de estatus migratorio o de refugiado y establece un marco de actuación en tiempos de incertidumbre.
La ordenanza alinea a Allentown con otras ciudades de Pensilvania como Lancaster y Erie, que han adoptado políticas similares. Además, establece el objetivo de obtener y mantener una calificación mínima de tres estrellas de Welcome America para 2025, con recertificaciones cada tres años.
Allentown tiene una larga tradición de recibir inmigrantes desde su fundación en 1762. Actualmente, el 24.3% de su población es nacida en el extranjero, el 54.3% se identifica como hispana y el 51.3% habla un idioma distinto al inglés en casa
El Distrito Escolar de Allentown atiende a estudiantes de 43 países, que hablan 26 idiomas. Además, la ciudad tiene una de las tasas más altas del país en reasentamiento de inmigrantes y refugiados per cápita.
La sesión especial de tres horas que precedió a la votación estuvo marcada por debates y una fuerte participación pública.
La concejal Ce-Ce Gerlach presentó inicialmente una versión de la ordenanza que habría obligado a la ciudad a obtener y mantener la designación de ciudad acogedora con una puntuación mínima de tres estrellas de Welcome America. Argumentó que era necesario codificar estas prácticas. «Si no está escrito, no existe», afirmó Gerlach, señalando que, aunque la ciudad ya funciona como una comunidad acogedora, su oficialización reforzaría este compromiso.
Sin embargo, el alcalde Matt Tuerk, el jefe de Policía Charles Roca y varios concejales se opusieron al mandato original. La asesora jurídica del concejo, Maria Montero, advirtió que, al ser Welcome America una entidad no gubernamental, el incumplimiento de sus criterios podría exponer a la ciudad a posibles litigios.
Tuerk aseguró que las políticas actuales de la ciudad ya impiden que la policía pregunte sobre el estatus migratorio de las personas y afirmó: «No preguntamos sobre el estatus migratorio cuando interactuamos con alguien que ha cometido un delito o con un testigo».
La vicepresidenta del Concejo, Cynthia Mota, quien emigró desde República Dominicana cuando era niña, hizo un emotivo llamado a favor de la ordenanza, compartiendo que sus propios hijos viven con miedo debido a su origen. «Sé lo que es vivir en las sombras», dijo Mota. Agregó que su hija de 13 años temía ir a la escuela y su hijo de 14 años había ideado un plan de escape en caso de una redada migratoria.
La reunión atrajo una gran asistencia, con muchas personas que tuvieron que quedarse fuera debido a la capacidad del recinto. Durante dos horas, líderes religiosos, activistas y estudiantes expresaron su apoyo a la legislación en el periodo de comentarios públicos.
Tras escuchar a la comunidad, Gerlach modificó la ordenanza para eliminar el mandato y convertirlo en una recomendación. La versión revisada fue aceptada por el alcalde, el jefe de Policía y la asesora jurídica, lo que llevó a su aprobación unánime.
