En su distrito escolar, mayoritariamente blanco, los estudiantes negros escuchaban de forma habitual insultos racistas. Compañeros blancos les lanzaban agravios como “esclavo”, “mono” o peores. A menudo quedaba impune.

Los padres hicieron esas denuncias en una queja de 2024 en la que pidieron al Departamento de Educación de Estados Unidos que investigara el acoso racial en el Distrito Escolar de Pennridge, en Pensilvania. Creían que su queja tenía el poder de mejorar las cosas. En cambio, se convirtió en una de miles que permanecen en una oficina federal con pocas esperanzas de recibir atención tras los despidos de la administración Trump.

Las familias dicen que no tienen a dónde más acudir.

Adrienne King, que tiene dos hijas en el distrito y es presidenta de la filial de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color (NAACP) en el condado Bucks, afirmó: “Había una expectativa de que algo iba a pasar”. Cuando no ocurrió nada, añadió, “es una sensación muy hueca, vacía”.

Una de las tareas más importantes del Departamento de Educación es vigilar la discriminación en las escuelas de Estados Unidos. Pero, en medio de despidos masivos y cambios de prioridades, ese papel se ha debilitado. En su lugar, está surgiendo un impulso para que los estados den un paso al frente.

En Pensilvania, una legisladora propone una nueva agencia estatal que investigaría a las escuelas y haría valer los derechos civiles de los estudiantes, una función que tradicionalmente ha correspondido al gobierno federal. Al mismo tiempo, defensores allí y en otros estados gobernados por demócratas presionan a las agencias estatales existentes para que intervengan cuando los estudiantes enfrentan discriminación por raza, discapacidad o sexo.

La idea conlleva riesgos. Trasladar el trabajo a los estados podría crear un mosaico de sistemas con protecciones desiguales. Algunos temen que eso envalentone a la administración Trump a replegarse aún más en materia de derechos civiles.

Los legisladores proponen agencias estatales con más fuerza

La senadora de Pensilvania Lindsey Williams lanzó un mensaje contundente el otoño pasado cuando propuso una nueva oficina estatal de derechos civiles, inspirada en su equivalente federal. “Si el gobierno federal no va a defender a nuestros estudiantes más vulnerables, yo lo haré”, expresó Williams, quien es demócrata.

Su proyecto de ley, que se presentará esta primavera, enfrenta pocas probabilidades en el Senado estatal, controlado por los republicanos. Sin embargo, incluso si fracasa allí, Williams cree que tiene potencial para convertirse en un modelo nacional. Ya ha escuchado interés de legisladores de otros estados, y se han presentado propuestas similares en Maryland e Illinois.

De forma más inmediata, defensores en Pensilvania piden una mayor inversión en una agencia existente, pero a menudo pasada por alto. La Comisión de Relaciones Humanas de Pensilvania ya tiene la facultad de investigar a las escuelas y hacer cumplir los derechos de los estudiantes, pero rara vez se utiliza con ese fin. Es más conocida por gestionar disputas laborales, y solo el 5% de sus casos recientes involucran educación.

Kristina Moon, abogada del Education Law Center en Pensilvania, ha empezado a animar a las familias a llevar sus quejas por discriminación ante la comisión en lugar de acudir al gobierno federal. Lo ve como la siguiente mejor opción para las familias que han quedado en el limbo en medio de la turbulencia federal.

“Es increíblemente importante que los estudiantes y las familias conozcan cualquier otra opción disponible para ellos”, señaló Moon, que representa a familias en la queja de Pennridge.

La comisión está recibiendo quejas que se han estancado a nivel federal. Sin embargo, los funcionarios también son realistas sobre sus limitaciones. La agencia cuenta con unos 100 empleados —frente a más de 200 en el pasado— y algunos cuestionan su capacidad para manejar un aumento brusco de quejas.

El Departamento de Educación de Estados Unidos tenía más de 300 investigaciones abiertas en Pensilvania hasta enero de 2025, según los datos federales más recientes. Cada una es una posible candidata para trasladarse al estado.

“Sería difícil, para ser totalmente honesta”, comentó Desireé Chang, directora de educación de la comisión. “Una afluencia marcada sin duda añadiría presión a nuestra agencia. Pero lo haríamos porque es para eso que se nos ha encomendado”.

El trabajo de derechos civiles se ha ralentizado durante la administración Trump

Antes de que el presidente Donald Trump asumiera el cargo el año pasado, la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación ya tenía dificultades por una carga de trabajo elevada. El trabajo se ha ralentizado aún más tras despidos generalizados, que cerraron oficinas completas en Filadelfia, Boston, Chicago y otros lugares. Algunos empleados que permanecen dicen que las investigaciones que consumen mucho tiempo se han vuelto poco frecuentes, ya que se concentran en las quejas más rápidas.

Al mismo tiempo, funcionarios de Trump han utilizado la oficina para ir contra escuelas que hacen adaptaciones para estudiantes y atletas transgénero, al argumentar que eso discrimina a niñas y mujeres.

Funcionarios actuales culpan a la administración anterior de haber dejado un atraso de quejas. El gobierno de Trump ha reincorporado a algunos empleados despedidos para ayudar a despejar casos.

Las consecuencias se sienten en todo el país. En Maryland, un proyecto de ley propuesto recientemente daría a la Comisión de Derechos Civiles del estado nuevas facultades para investigar la discriminación en las escuelas. La oficina ha gestionado durante mucho tiempo casos de discriminación en ámbitos como vivienda y empleo, pero los estudiantes no tienen una opción comparable para presentar quejas.

En una audiencia la semana pasada, funcionarios de la comisión respaldaron el proyecto de ley y dijeron que ya no pueden depender del gobierno federal para defender los derechos de los estudiantes.

“Se han cerrado oficinas, se ha despedido a gente, los casos se están acumulando o ni siquiera avanzan; por eso buscamos cubrir ese vacío y ofrecer a los estudiantes de Maryland una opción”, señaló Glendora Hughes, asesora jurídica general de la comisión.

En Massachusetts, defensores están dirigiendo la atención a una oficina existente en el departamento de educación del estado. El Sistema de Resolución de Problemas investiga quejas de familias que dicen que sus escuelas violaron la ley estatal o federal, pero los defensores señalan que no está claro qué tipos de casos asume la oficina y por qué. Una coalición de defensores pidió recientemente a la oficina que aclare ese punto.

Algunos grupos de asistencia legal también están cubriendo vacíos. El Southern Poverty Law Center está demandando a un distrito escolar de Luisiana en nombre de un niño de 10 años con autismo. La demanda sostiene que el Distrito Escolar de la Parroquia de St. Tammany redujo ilegalmente el tiempo de aula del niño a solo dos horas al día a partir de 2024, frente a una jornada completa. La organización sin fines de lucro dijo que es el tipo de caso que en el pasado habría sido atendido por el gobierno federal.

Una de las herramientas más poderosas del Departamento de Educación de Estados Unidos es la capacidad de retirar fondos federales a las escuelas que violen las leyes de derechos civiles. Ante esa amenaza, las escuelas por lo general han aceptado hacer cambios cuando la agencia las presiona.

Las propuestas a nivel estatal tienen distintas facultades de cumplimiento. Algunas permitirían a los estados mediar disputas entre familias y escuelas, y emitir órdenes legales. En contraste, una Oficina de Derechos Civiles creada recientemente en California busca principalmente ofrecer orientación y capacitación contra la discriminación a las escuelas locales.

En Pennridge, las familias están sopesando sus próximos pasos. King dijo que tiene pocas esperanzas en la queja federal, y el acoso no se ha detenido. Sus hijas todavía escuchan insultos racistas en la escuela, y estudiantes hacen comentarios insensibles sobre su cabello. Se pregunta cómo moldeará todo esto la vida de sus hijas.

“Me siento como si mis niñas hubieran normalizado mucho de esto, pero por cuestión de supervivencia —la secundaria es difícil”, expresó. “Solo quieres ser como todos los demás”.