Cuando la Corte Suprema anuló sus aranceles favoritos en febrero, el presidente Donald Trump puso en marcha de inmediato impuestos temporales a las importaciones para sustituirlos. Pero esos gravámenes provisionales vencen en menos de tres meses.
Ahora el gobierno se afana por establecer aranceles más duraderos para mantener el flujo de ingresos hacia el Tesoro de Estados Unidos y apuntalar el muro proteccionista del presidente en torno a la economía estadounidense.
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos comenzará audiencias esta semana en dos investigaciones que se espera conduzcan a una nueva ronda de aranceles de Estados Unidos, impuestos que pagan los importadores en Estados Unidos y que por lo general se trasladan a los consumidores mediante precios más altos, que ya están hartos del elevado costo de vida.
El nuevo impulso arancelario de Trump seguramente enfrentará más impugnaciones en los tribunales, pero probablemente resulte más sólido que el que la Corte Suprema desechó.
La primera audiencia se celebrará el martes y el miércoles para determinar si 60 economías —de Nigeria a Noruega y que representan el 99% de las importaciones de Estados Unidos— hacen lo suficiente para prohibir el comercio de productos elaborados con trabajo forzado.
“Durante demasiado tiempo, los trabajadores y las empresas estadounidenses se han visto obligados a competir contra productores extranjeros que pueden tener una ventaja artificial de costos obtenida a partir del flagelo del trabajo forzado”, afirmó en marzo el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer. El gobierno podría castigar a quienes incumplan con nuevos aranceles.
Luego, la próxima semana, el gobierno realizará audiencias sobre si 16 socios comerciales de Estados Unidos —incluidos China, la Unión Europea y Japón— están produciendo bienes en exceso, haciendo bajar los precios y colocando a los fabricantes estadounidenses en desventaja. Las economías investigadas representan el 70% de las importaciones de Estados Unidos, según Erica York, de la Tax Foundation. Una vez más, la pesquisa podría derivar en nuevos aranceles.
La mayoría de las grandes economías, incluidas China, la Unión Europea y Japón, figuran en ambas listas.
Greer insiste en que no prejuzgará las pesquisas
El gobierno ha presentado los casos al amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que autoriza aranceles y otras sanciones contra países que se determine incurren en prácticas comerciales “injustificables”, “no razonables” o “discriminatorias”.
Greer, quien supervisa las investigaciones, ha insistido en que no las prejuzgará.
Pero los importadores y los países extranjeros dudan de que el proceso sea justo. Al fin y al cabo, el secretario del Tesoro de Trump, Scott Bessent, no esperó a que concluyeran las investigaciones para proclamar que el gobierno de Estados Unidos reemplazará sus ingresos arancelarios originales con nuevos impuestos a las importaciones, incluidos los que se impondrían bajo la Sección 301. El propio presidente ha dicho que los nuevos aranceles “nos van a dar más dinero”.
“Si uno le cree al secretario del Tesoro y al presidente, entonces el pastel ya está horneado”, comentó Scott Lincicome, del Centro de Estudios de Política Comercial del instituto libertario Cato. “Estas investigaciones darán lugar a aranceles que se aproximan a lo que la Corte Suprema revocó en febrero”.
El 20 de febrero, el máximo tribunal dictaminó que Trump se había excedido en su autoridad al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA, por sus siglas en inglés) para imponer aranceles de dos dígitos a casi todos los países del planeta. Trump había usado esa ley para imponer impuestos a las importaciones con entusiasmo desbordado. Por ejemplo, se inventó un nuevo arancel contra Canadá (aunque en realidad nunca lo impuso) porque no le gustó un anuncio televisivo canadiense que criticaba sus políticas comerciales.
Utilizó la amenaza de aranceles bajo la IEEPA para presionar a los principales socios comerciales de Estados Unidos —incluidos la Unión Europea, Japón y Corea del Sur— a aceptar acuerdos comerciales desequilibrados. Los gravámenes también aportaron muchos ingresos —166.000 millones de dólares— antes de que la Corte Suprema los frenara, al dictaminar que la IEEPA no podía usarse para imponer aranceles. Ahora el gobierno federal debe reembolsar dinero a los importadores que pagaron esos aranceles.
Los aranceles siguen siendo el recurso predilecto de Trump
Trump tenía una forma práctica de recuperar rápidamente parte de los ingresos perdidos —que se esperaba alcanzaran 1,6 billones de dólares durante la próxima década—, al menos de manera temporal. La Sección 122, también de la Ley de Comercio de 1974, permite al presidente imponer aranceles globales de hasta el 15% por un máximo de 150 días.
El gobierno no perdió tiempo. Dos días después de la decisión de la Corte Suprema, impuso aranceles del 10% bajo la Sección 122 a las importaciones. Trump dijo que elevaría los gravámenes al máximo del 15%, pero no lo ha hecho.
El plazo de esos aranceles vence el 24 de julio. El Congreso podría prorrogarlos. Pero los legisladores muestran poco entusiasmo por aprobar lo que equivale a un gran impuesto a medida que se acercan las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre: los votantes estadounidenses ya están furiosos por los precios altos, de los cuales los aranceles son al menos parcialmente responsables.
La Sección 301 ofrece otra oportunidad de replicar el impacto proteccionista de los aranceles de la IEEPA. No hay límites para el tamaño de los aranceles bajo la Sección 301. Vencen después de cuatro años, pero pueden prorrogarse.
Quizá lo mejor de todo, desde la perspectiva del gobierno de Trump tras su derrota en la Corte Suprema, es que los aranceles de la Sección 301 resistieron impugnaciones legales cuando el presidente los usó en su primer mandato para golpear a China en una disputa por las políticas agresivas de Beijing para promover a sus propias empresas tecnológicas.
Cualquier nuevo arancel bajo la Sección 301 seguramente volverá a ser impugnado en los tribunales. Pero es posible que los jueces no los anulen.
“Aunque sea un intento velado —o no tan velado— de reiniciar los aranceles de la IEEPA, todavía cuenta con la cobertura del propio proceso”, señaló la abogada especializada en comercio Joyce Adetutu, socia del bufete Vinson & Elkins.
Un importador califica la investigación de “farsa”
Los críticos se han aferrado a la rapidez con la que avanzan las más recientes investigaciones de Trump. Imponer los aranceles de la Sección 301 contra China en el primer mandato del presidente tomó casi un año de investigación y comentarios públicos. Si las investigaciones actuales producen nuevos aranceles a tiempo para reemplazar los gravámenes de la Sección 122 que están por vencer, el proceso habrá tomado menos de la mitad de ese tiempo.
“Es un plazo muy corto”, dijo Kenya Davis, socia del bufete Boies Schiller Flexner, quien ha realizado trabajo pro bono sobre trata de personas y trabajo forzado. “Está tan condensado que no tiene mucho sentido que puedan hacerlo tan rápido”.
Los importadores que se preparan para el regreso de aranceles dolorosos pueden encontrar cierto consuelo al saber que los aranceles de Trump bajo la Sección 301 probablemente no serán tan erráticos como sus gravámenes de la IEEPA. Debe seguir procedimientos antes de imponerlos.
“Una de las razones por las que Trump usó la IEEPA es porque era una hoja en blanco total” —o eso parecía antes del fallo de la Corte Suprema—, explicó Lincicome, del Cato, al describirla como “un pequeño interruptor arancelario en la Oficina Oval que Trump podía encender y apagar cuando quisiera; se despierta por la mañana y no le gusta un comercial de televisión canadiense, acciona el interruptor… Con la 301 realmente no se puede hacer eso”.
